Jornada: Mario Di Costanzo

Cuando señalamos a la luna, los legisladores ven el dedo

Mario Di Costanzo Armenta

En las últimas semanas se ha desatado un tremendo debate sobre la conveniencia de que se regulen las tasas de interés y el costo de los servicios bancarios en el país.

Más aún (y dado que son tiempos electorales), legisladores del PRI encabezados por Manlio Fabio Beltrones, perredistas encabezados por Carlos Navarrete y hasta algunos panistas (no encabezados, puesto que no tienen cabeza) se han convertido en unos verdaderos ombudsmanes financieros que, ahora sí, al menos en el discurso se envalentonan contra los bancos y sus abogados, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, y parecen muy decididos a ponerles tope tanto a las tasas de interés que estas instituciones cobran como al costo de los servicios bancarios.

Sin embargo, nuevamente (y como ya se ha hecho costumbre) con el único objetivo de conseguir votos para sus causas, se enfrascan en una absurda discusión que versa sobre el dilema de regular o no las tasas de interés, cuando el problema de fondo radica en la competencia que existe en el mercado bancario mexicano. En otras palabras, en las reglas del juego que, como siempre, favorecen por mucho a un selecto grupo de instituciones que además de ser extranjeras son las que controlan al sistema financiero.

Basta recordar que la extranjerización de la banca en México se dio como resultado de una crisis bancaria y de su ilegal rescate y no como producto de una política bancaria y financiera que buscara garantizar que el control del sistema quedara en manos del Estado y de los mexicanos.

De hecho, si los legisladores quisieran hacer su chamba deberían haber empezado por revisar los comentarios que hiciera en este sentido Michael W. Mackey, quien fue el auditor del Fobaproa. Pero, desafortunadamente, tanto a los priístas como a los panistas y hasta algunos perredistas el tema todavía los indigesta.

Y señalo lo anterior porque en materia de reglas del juego el sistema bancario que opera en México enfrenta dos graves problemas: primero, una tremenda concentración de mercado (oligopolio); y, segundo, una fuerte discriminación a la incipiente banca mexicana.

Pero como dijera Jack El destripador, vámonos por partes.

Primero: de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en México existen 43 bancos –desde BBVA-Bancomer hasta el Banco Amigo, pasando por Banorte–; sin embargo, de este total, cinco instituciones (BBVA, Banamex, Santander, HSBC y Scotiabank, todas ellas de capital 100 por ciento extranjero) controlan 70 por ciento de los activos y la captación bancaria; 69 por ciento de la cartera total; 61 por ciento de las 10 mil 354 sucursales y 55 por ciento de los 75 millones de cuentas de depósito que existen. Esto quiere decir que tan sólo 11 por ciento de las instituciones bancarias controlan en promedio 65 por ciento del mercado en el país.

Esta imperfección de mercado –como dicen los que dicen saber– permite que estos cinco bancos impongan las reglas del juego a las demás instituciones bancarias y al propio Estado mexicano, incluyendo a la Comisión Federal de Competencia, que no ha podido o no ha querido regular y romper este oligopolio.

Segundo: la situación se complica si a lo anterior añadimos que dentro de la propia banca que opera en México se observan clases sociales. Al respecto, vale decir que bancos mexicanos pequeños no participan de algunos tratos con el gobierno. Así, por ejemplo, Ixe o Banco Azteca no manejan la tesorería de Pemex o bien no son los encargados de bajar los recursos que el gobierno dice que canaliza a través de Nafin o Bancomext a diversas empresas.

Es decir, a esta incipiente banca no se le permite quedarse con los jugosas comisiones que aquello representa, permitiendo con ello que sean fundamentalmente los bancos extranjeros los que se benefician directa o indirectamente de esta situación. Sólo que sus utilidades las remiten a sus matrices en el exterior.

Esto es una pequeña muestra de que tanto para las autoridades que ejercen la regulación y la supervisión como dentro de la misma Asociación de Bancos de México (ABM) se da un proceso de discriminación a la incipiente banca nacional, lo que da como resultado que tengamos un mercado bancario con falta de competencia, costoso y con una fuerte discriminación a la banca nacional.

Desafortunadamente (y en gran medida debido a la ignorancia de los legisladores, a la falta de compromiso que han mostrado con el país algunos dueños de bancos mexicanos y a la necesidad de ganar votos), ahora los legisladores buscan resolver el problema de arribita y no de fondo. Desgraciadamente, en ese intento pueden llegar incluso a violar hasta la ley de la oferta y la demanda –que, creo, es la única que les falta por violar–, olvidándose del problema de fondo y perjudicando con ello a las pequeñas instituciones bancarias y financieras mexicanas, y a los usuarios de estos servicios.

No se trata de resolver en un mes lo que se ha gestado por la complicidad de gobernantes, banqueros y algunos empresarios en años.

Por ello, si se quiere contar con un sistema bancario eficaz y eficiente se deben corregir las imperfecciones que no permiten que exista una verdadera competencia en el sistema, sin discriminaciones.

Entonces: los legisladores deben primeramente obligar al cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica en el sistema bancario que opera en México; y deben adecuar el marco jurídico, para que se promueva el surgimiento de una banca mexicana apegada a las sanas prácticas bancarias, buscando un balance entre beneficio para el país y la rentabilidad de las instituciones, ya que de no poderlo hacer así, se tendría que valorar la nacionalización de la banca que opera en nuestro país.

Desafortunadamente la decisión de la SHCP en torno a Banamex, muestra que el Estado está empeñado en seguir como rehén de estas cinco instituciones, y lo peor de todo, es que tal parece que los legisladores continuarán haciéndoles el juego.

Por ello, como dice mi amigo el vocal incómodo: la discusión y el análisis deben ir más allá del dilema de regular o no regular tasas. De no ser así, lamentablemente, seguiré sosteniendo que cuando señalamos a la luna, los legisladores ven el dedo.