miércoles, 7 de mayo de 2008
Jornada: PEMEX
■ La gente debe saber que no conviene la privatización, señala
Consulta sobre el destino del petróleo, exige López Obrador
■ Arranca en Cancún recorrido por el país para fortalecer la resistencia
Cancún, QR, 6 de mayo. Al empezar un recorrido por el país para impulsar la defensa del petróleo, Andrés Manuel López Obrador señaló que después de las sesiones del debate convocado por la Cámara de Senadores para hablar sobre la reforma en la materia, debe realizarse una consulta popular para que el pueblo decida el destino de la nación. Pero sobre todo, advirtió, que la gente sepa “que no nos conviene la privatización del petróleo”.
Al reunirse con brigadistas de este estado, y más tarde en Mérida, Yucatán, indicó que es una condición llevar a cabo la consulta “y que no se imponga nada, porque en la democracia es el pueblo el que manda”.
Puede ser, agregó, que la última palabra la tengan los legisladores, pero “la primera, el pueblo siempre la va a tener y eso es lo que vamos a defender”.
López Obrador comenzó esta nueva etapa de recorridos después de suspender sus visitas a municipios para dar paso a la resistencia civil pacífica y frenar el intento de madruguete que, sostuvo, pretendían hacer PRI y PAN en el Senado para aprobar las iniciativas de reforma enviadas por Felipe Calderón.
Resaltó la importancia de la toma de tribunas del Congreso de la Unión por parte de los legisladores del Frente Amplio Progresista para frenar ese “albazo”, porque la intención era que “se aprobaran (las propuestas de Calderón) sin que el pueblo de México se enterara… Querían hacer todo en sigilo, de puntitas, para hacer un atraco”.
Sumar 200 mil brigadistas
Por esta razón demandó a los participantes en la defensa del petróleo “organizarnos mejor” y fortalecer el movimiento para, el 29 de junio, día en que convocó a asamblea informativa en el Zócalo capitalino, sumar 200 mil brigadistas en todo el país. Y a partir de esto, sostuvo, “contrarrestar las campañas de manipulación que la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo las televisoras, realizan, diciendo que esto nos va a beneficiar cuando es al contrario: va a perjudicar a la mayoría de los mexicanos”.
Durante su visita a este puerto fue cuestionado acerca de las opiniones del ex presidente Carlos Salinas de Gortari en su reciente libro La década perdida y, a pregunta expresa, respondió: “ya Salinas está en la historia; está en el basurero de la historia”.
Además, en la reunión informativa que sostuvo con brigadistas de Mérida prefirió no hablar sobre el conflicto en el PRD. “No me quiero meter en los asuntos del partido, porque la verdad estamos ahora en un momento decisivo, defendiendo el petróleo, que es defender la patria.
“Yo quiero mucho a mi partido, me gustaría que se resolvieran los problemas y considero que por encima de este conflicto está el interés general. Ahora nos vamos a dedicar a defender a la patria, que no se salgan con la suya estos ambiciosos”, apuntó ante las personas que se reunieron para escucharlo y refrendarle su apoyo.
El ex candidato presidencial afirmó que Calderón pretende violentar el artículo 27 constitucional, reformar varias leyes y crear otras para construir un nuevo marco jurídico con el propósito de privatizar la industria petrolera, porque junto con la “minoría rapaz quiere entregar exploración, explotación, almacenamiento, refinación, transportación, ductos y petroquímica a empresas extranjeras”.
Pero nosotros, indicó, “no queremos que esto se imponga, porque dejaríamos de ser un país; ya no seríamos una nación soberana; nos manejarían por entero desde el extranjero. Ya no haría falta tener un presidente de la República; con un gerente de las grandes compañías extranjeras sería suficiente”, alertó.
Insistió en que es necesario estar bien informados y pidió a sus seguidores actuar de manera consciente y libre. Recordó que quincenalmente cada uno recibirá 50 historietas –elaboradas por El Fisgón–, así como igual número de folletos con cuatro artículos relacionados con el petróleo –escritos por Cuauhtémoc Cárdenas, Lorenzo Meyer, Víctor Flores Olea y Arnaldo Córdova–, para que sean entregados casa por casa; además de un video semanal para que realicen grupos de reflexión sobre el tema.
Sostuvo que privatización “es sinónimo de corrupción”, y citó el caso del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien, recordó, como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y después como funcionario de la Secretaría de Energía entregó contratos en beneficio de su familia.
“Los que estamos en el sureste sabemos cómo la familia Mouriño hace 20 años no representaba nada y ahora es de las más ricas. ¿Por qué? Por los negocios que hacen al amparo del poder”. Por eso “no podemos quedarnos cruzados de brazos cuando se pretende violar flagrantemente la Constitución”, agregó.
López Obrador advirtió que el 22 de julio, cuando concluya el debate, “vamos a tomar nuevas decisiones”. Aseveró que en el movimiento tienen cuatro principios básicos de lucha: “no aceptamos nada que viole la Constitución; que comprometa a la soberanía nacional; que signifique privatización del petróleo y que fortalezca la corrupción en Petróleos Mexicanos”.
Jornada: PEMEX
■ Busca modificar leyes secundarias para privatizar la paraestatal, concluyen en foro del FAP
En Pemex, Calderón intenta trampear la Constitución, advierten especialistas
■ Él y los legisladores que aprueben esa iniciativa serían sujetos de juicio político, coinciden Lorenzo Meyer, Juventino Castro y Castro, Bernardo Bátiz, Manuel Bartlett y Jaime Cárdenas
El intento de Felipe Calderón de “trampear” la Constitución modificando leyes secundarias para privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex) lo hace sujeto de juicio político, advirtió el doctor en derecho Raúl Carrancá y Rivas, al participar en el simposio Petróleo y seguridad energética, que organiza el Frente Amplio Progresista (FAP).
En ese foro, ponentes como Lorenzo Meyer, Juventino Castro y Castro, Bernardo Bátiz, Manuel Bartlett y Jaime Cárdenas, coincidieron en que la propuesta presidencial de reforma intenta “un golpe de Estado constitucional”, y enfatizaron que la única forma de detener esta maniobra para privatizar Petróleos Mexicanos es la movilización social.
Luego de advertir que los mexicanos están en su derecho de reclamarle a Felipe Calderón el cumplimiento de la Constitución, los participantes convinieron en que también serían sujetos de juicio político aquellos legisladores que llegasen a aprobar dicha iniciativa pues, a juicio de Bernardo Bátiz, “ceder una posición estratégica como Pemex”, en la forma que pretende el Ejecutivo federal, “es o una tontería o un acto de traición”, mientras Jaime Cárdenas advirtió que los senadores del PRI Francisco Labastida, “responsable del Pemexgate”, y del PAN Juan Bueno Torio, ex funcionario de la paraestatal, o el diputado priísta Emilio Gamboa, entre otros, deben excusarse de participar en los debates sobre el tema, “por su evidente conflicto de intereses”.
En sus intervenciones, cada uno de los ponentes que participaron en la mesa de discusión denominada Expropiación petrolera y soberanía nacional, subrayaron que es imprescindible la movilización social para detener el “fraude constitucional” que pretende llevar a cabo el gobierno calderonista, al tiempo que el ex senador priísta Manuel Bartlett condenó el papel de los medios electrónicos, destacadamente de las televisoras, “que hacen una brutal labor de zapa en la conciencia nacional, transmitiendo el discurso mentiroso del gobierno y asegurando que la única salvación posible para México es que la ayuda venga de afuera”.
Al frente de la Comisión de Energía y Desarrollo del FAP, responsable de la organización del simposio, Porfirio Muñoz Ledo adelantó –al presentar a los integrantes de la mesa– que de prosperar la iniciativa de Calderón, México se encontraría “en el dintel de la ruptura del orden constitucional”, y confió en que el debate sobre la iniciativa de reformas a Pemex “no sea un debate a la antigüita en el que se oye a muchos, se escucha a pocos y no se hace caso a nadie”.
La apertura de las intervenciones ante el colmado auditorio de la antigua Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, estuvo a cargo del ex consejero del Instituto Federal Electoral Jaime Cárdenas, quien sostuvo que la pretensión de Calderón Hinojosa de violar la Constitución a través de cambios en las leyes secundarias, rompe el pacto social y político que dio origen al Estado mexicano.
Cárdenas, quien dijo haberse “espantado” ante la lectura de las iniciativas del Ejecutivo, destacó que la propuesta concede a un comité de transparencia y auditoría la facultad de legislar en materia de adquisiciones, contratos y obras, y al comité de remuneraciones la de fijar salarios, potestades ambas que son responsabilidad del Congreso; establece límites a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y otros órganos de control para que no fiscalicen las actividades de la paraestatal; crea consejeros al margen de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; permite la adjudicación directa de contratos y otorga facultades a la empresa petrolera para contratar deuda externa, entre otros ejemplos de violaciones concretas a la Constitución.
“Con esta reforma, el gobierno federal pretende dos cosas simultáneamente: maximizar la extracción del petróleo y traer inversión extranjera, que equivale a tener el pastel y comérselo”, señaló en su turno Lorenzo Meyer, quien sostuvo que en el tema del petróleo está en juego la naturaleza del nacionalismo mexicano.
Tras un breve recuento de la historia del petróleo en México, Meyer destacó que a diferencia de otras etapas, destacadamente las del siglo pasado, por primera vez se logró que antes de la aprobación de alguna ley se le abriera espacio a la opinión pública. “En el caso del Congreso, PAN y PRI dan la mayoría para aprobar la iniciativa de Calderón, y si no entra en el debate otro actor, que es la sociedad, que es el pueblo, esto no se podrá impedir.”
A su vez, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juventino Castro aseveró que cualquier reforma –“y en mi concepto ésta lo es”– que promueva que un área estratégica fundamental para el país acepte la intervención de particulares, debe clasificársele como inconstitucional, además de que en la iniciativa se propone claramente “trampear” a la Constitución.
Referendo y plebiscito
Al plantear vías de acción para la participación social en la defensa del petróleo, los ponentes recordaron que si bien no se contempla en la Carta Magna las figuras del referendo o plebiscito, sí se establece la obligación del gobierno de consultar al pueblo, particularmente en lo que toca a reformas como las que propone.
Mencionaron los ponentes que el artículo 26 constitucional encomienda al Estado mexicano la organización de “un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional”. Y para propiciar este encargo constitucional, el tercer párrafo ordena: “La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo.
“Los mexicanos deben honrar la sabiduría política de su Constitución: lo que se proponga para el mejor manejo de los recursos naturales del subsuelo, que son del exclusivo manejo de la nación, debe consultarse, analizarse y votarse directamente por la nación”, subrayó el ministro Castro y Castro.
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