miércoles, 12 de septiembre de 2007
Jornada: Astillero
Astillero
Julio Hernández López Fax: 56 05 20 99 • juliohdz@jornada.com.mx
Lágrimas electrónicas de cocodrilo
¡Oh, la libertad de expresión!
Asonada (casi) en cadena nacional
Fraude confirmado: Ugalde se va
Así como Luis Carlos Ugalde llegó a convertirse, en defensa de su cargo, en impensable gladiador tardíamente defensor de la democracia, los concesionarios de radio y televisión, con sus estrellas conductoras al frente, se revelaron ayer, durante largas horas difundidas por canales insignia, como apasionados y en ocasiones insurrectos paladines de la antes mencionada democracia (ajonjolí de todas las facturaciones), la libertad de expresión, los derechos cívicos, la voz del pueblo, los supremos anhelos nacionales… ¡Oh, cuántos muros de honor habrán de faltar para esculpir en letras de oro los nombres (y las razones sociales) de tan súbitos héroes movidos por el patriótico interés de que no les sean retirados los fondos publicitarios electorales ni les sean tocados sus tiempos privilegiados de programación a las desinteresadas empresas que ayer se sacrificaron transmitiendo sin comerciales el intento de golpe mediático al Congreso, el respingo de última hora, el elogio del chapoyismo y el rating como cimientos morales de una nueva sociedad (facturable)!
Fariseísmo en virtual cadena nacional para defender los intereses empresariales en peligro. Víctimas los verdugos, peticionarios de voz quienes se la niegan a las causas nacionales importantes y las deforman y agreden, demandantes de pluralidad quienes juegan a la diversidad mediante mesas endogámicas de opinión con participantes con cola de cochino, mártires de la democracia quienes se prestaron a las maniobras de instalación y consolidación del fraude electoral presidencial, reclamantes de que sean escuchadas todas las voces involucradas en un asunto quienes han silenciado las grandes protestas populares por temas como la Ley del ISSSTE, por dar un ejemplo. El Estado somos nosotros, quisieron decir los concesionarios que con su estriptís de ayer enseñaron las intimidades que les unen con la histérica derecha venezolana (hubo ayer quienes calificaron de “virtual expropiación” la probable decisión unánime de los senadores en materia de tiempos oficiales para propaganda partidista). Día de hipocresías en pantalla, con segmentos de censores, chantajistas y corruptos disfrazados de luchadores sociales. ¡Oh, Patria mía!
El motín del Ejército del Rating y el Espot opacó la visita de López Obrador a San Lázaro, además de que un discurso sobrio y de propuestas no daría la misma nota que una gresca o algún incidente susceptible de ser manipulado para adjudicar violencia al ex candidato presidencial perredista. El tabasqueño insistió en su tesis de que con honestidad y austeridad puede evitarse el sacrificio económico del pueblo y llamó a los legisladores miembros del Frente Amplio Progresista a que practiquen la resistencia civil pacífica contra pretensiones de aprobar impuestos a la gasolina y el dísel (que a la hora de redactar esta columna parecían ir en vías de disminución respecto del proyecto original) y una propuesta fiscal calderónica que pretende congraciarse con los empresarios.
En el fragor de la revuelta de las cámaras y los micrófonos apenas se escuchó el crac que hizo el cuello del consejero presidente del IFE que sí había copelado (al 0.56 por ciento). Las bancadas legislativas involucradas en el caso acordaron la salida escalonada de los actuales miembros del Instituto del Fraude Electoral, con el profesor Elbo Esther Ugalde por delante. Nada garantiza que del venidero reparto partidista de cuotas en el IFE surja una composición confiable, pero por lo pronto es de justicia la destitución de los cómplices del 2 de julio de 2006, además de confirmar en los hechos la tesis sostenida por el propio Ugg Alde: su defenestración prueba el fraude electoral (se abre, desde luego, la temporada de caza de hueso súper bien pagado: intelectuales e intelectualas “independientes”, críticos amoldables y asesores varios se montan la escopeta de la redituable ecuanimidad para aspirar a las quincenas venideras del IFE).
El licenciado Calderón, mientras tanto… mientras tanto… ¡ah, anda fuera del país!, haciendo… haciendo… haciéndose preparativos para el próximo Grititito (diminutivo por cortesía del Perro con Bermudas). Por lo pronto, sus edecanes militares se permitieron ayer una amable ampliación del cerco en el Zócalo con el que pretenden impedir que el próximo 15 una ceremonia cívica se convierta en rechazo y rechifla personalizada. Duelo de poderes entre una rueda de la fortuna, una lotería (en la que Isela Vega, Margarita Isabel y otros personajes han cantado las cartas) y una feria cultural que han visto achicado su espacio por el avance de vallas y botas.
Más datos para la programación de la magna telenovela nacional: el EPR dice desde fuentes imposibles de confirmar que sí es el responsable de los estallidos de ductos petroleros y tal versión es dada sin chistar como oficial, mientras representaciones empresariales aseguran que mil firmas están en problemas de abasto y eventual paro por las explosiones que tomaron en la India a Calderón promoviendo la estabilidad y la paz sociales de México que según eso invitan a la confiada inversión extranjera. Ah, y el licenciado Felipe sigue rebasándose a sí mismo por la izquierda, de tal manera que este jueves recibirá las cartas credenciales de los embajadores de Cuba y Venezuela aunque, en tanto, el embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza, habla en tono de mal agüero de que ambos países están trabajando unidos para enfrentar el narcotráfico y el terrorismo (una traducción posible significaría que los gringos están por meter las manos en territorio mexicano por cuestiones “de seguridad”).
Y, mientras los jubilados ferrocarrileros insisten en exigir que sea castigado el saqueador de fondos sindicales llamado Víctor Flores, presunto líder que en realidad ha sido un aprovechadísimo verdugo, ¡hasta mañana, en este país de telenovelas políticas!
Jornada: Editorial
Editorial
CIRT: en defensa del dinero
Ayer, representantes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), encabezados por las dos principales empresas televisivas del país, comparecieron ante las comisiones dictaminadoras del Senado que discuten la aprobación de la llamada reforma electoral. El encuentro, una culminación de la campaña de presiones, chantajes y mentiras emprendida por las propias televisoras para impedir que el Congreso apruebe la supresión de la libre contratación de publicidad electoral en los medios electrónicos, derivó en una manifestación inequívoca de insolencia, característica de los dueños del dinero y de sus empleados, en la que se denostó al Poder Legislativo y a sus integrantes, se impugnó la Constitución y se distorsionó la verdad en cadena nacional.
Con la insolencia característica de los dueños del dinero, los concesionarios, sus ejecutivos y hasta sus estrellas del espectáculo y la farándula hicieron uso y abuso de las radiofrecuencias –que son una extensión del territorio nacional y, por tanto, un bien público– para efectuar una defensa multitudinaria, y en ocasiones vitriólica, de sus intereses económicos privados, y para denostar el proyecto legal que propone eliminar los gastos publicitarios discrecionales en las elecciones y canalizar la propaganda partidaria a los tiempos oficiales del Estado. Se ampararon en la pretendida defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la democracia política, para abogar por lo contrario: el mantenimiento de un orden mediático que excluye a la enorme mayoría de la población, que desinforma a conciencia y que ha dado surgimiento a fortunas económicas e influencias políticas incompatibles con la democracia y la transparencia.
Tales discursos exhibieron su falsedad minutos después de pronunciados, cuando el duopolio televisivo censuró sin ningún pudor la intervención del senador panista Ricardo García Cervantes, contraria a sus intereses. La misma actitud censora se impuso el 1º de septiembre para sacar del aire la intervención de la diputada Ruth Zavaleta, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, arguyendo que no se les había ordenado cadena nacional, y en cambio ayer la hicieron motu proprio.
Los propietarios de medios electrónicos y sus ayudantes hablaron en nombre de una ciudadanía que ha sido por décadas desinformada, engañada e intoxicada por los contenidos transmitidos a través de los canales del duopolio televisivo y parte importante de los concesionarios radiales. Como si no hubiesen sido los mismos consorcios los que han restringido o suprimido la libertad de expresión de los comunicadores y cancelado el derecho ciudadano a la información. Como si la televisión privada y parte de la radio comercial, que hoy se benefician con la libertad de expresión arduamente conquistada por generaciones de mexicanos a un costo humano enorme –incluida la pérdida de muchas vidas– no fueran un lastre histórico para el desarrollo de la democracia en el país, un obstáculo a veces insalvable para que los ciudadanos ejerzan su derecho a la información y un factor de palmaria inequidad pues, en la lógica mediática actual, los dueños de medios gozan de una libertad de expresión inimaginable para el resto de los ciudadanos.
En esa historia vergonzosa y exasperante destacan episodios como el autismo cómplice de la televisión ante la represión del movimiento estudiantil de 1968 y ante la guerra sucia que siguió en los sexenios siguientes; la convalidación de Televisa al fraude electoral de 1988; las distorsiones de Tv Azteca con motivo del asesinato de Francisco Stanley, y el vergonzoso linchamiento mediático de Andrés Manuel López Obrador durante la campaña presidencial del año pasado. A este respecto, en el proceso electoral de 2006 se puso de manifiesto un fenómeno alarmante e inaceptable: como lo admitió un legislador panista, uno de los componentes fundamentales del triunfo oficial de Felipe Calderón fue el poder del dinero, dinero que se empleó en la compra masiva de mensajes publicitarios que denigraban la imagen de su principal oponente. Se violentó, de esa manera, el principio básico de que la soberanía emana del pueblo en su conjunto, no de los potentados, y que los procesos electorales sirven para poner de manifiesto la voluntad ciudadana, no la de los grandes capitales.
En abril de 2006 los empresarios televisivos emplearon su colosal e ilegítimo poder fáctico para someter al Senado, el cual aprobó un engendro popularmente llamado ley Televisa, por medio del cual se regalaba a los grandes concesionarios una enorme tajada de frecuencias que son de propiedad pública. La legislación era tan impresentable que fue devuelta al Legislativo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer, los intereses mencionados pretendieron, una vez más, intimidar y chantajear a los senadores. Lograron, en cambio, poner en evidencia ante la opinión pública que tras sus alegatos no hay más que descarnados intereses comerciales, monetarios y de poder. Es posible que su arrogancia haya logrado otro efecto indeseado: el de fortalecer el acuerdo entre las bancadas legislativas para acabar con el injustificable gasto publicitario pagado por los contribuyentes y capitalizado por los accionistas de las grandes cadenas televisivas y radiales.
La estructura de la propiedad de los medios electrónicos –especialmente los televisivos– y las formas de concesión del espacio radioeléctrico en el país deben ser modificadas a fondo para suprimir el poder fáctico que ejercen los propietarios de las empresas mediáticas, ensanchar la libertad de expresión, el derecho a la información y el pluralismo, y para hacer posible la democratización efectiva del país. En lo inmediato, los senadores tienen ante sí la obligación moral y política de preservar la soberanía popular que representan de los embates de corporaciones insaciables, y de defender su propio trabajo de concertación legislativa que, en esta ocasión, es digno de reconocimiento.
Jornada: AMLO
Pide a diputados del FAP utilicen la resistencia civil para impedir que se apruebe
Aberrante y errónea, la propuesta de gravar los combustibles: AMLO
Presenta plan alterno para ahorrar 100 mil millones de pesos en el presupuesto 2008
Plantea 5 medidas para obtener $22 mil millones que el Ejecutivo pretende recaudar
Enrique Méndez y Roberto Garduño
La propuesta de aumento de impuestos en el actual clima económico es aberrante y técnicamente errónea, advirtió Andrés Manuel López Obrador, quien propuso que el Frente Amplio Progresista (FAP) presente a la Cámara de Diputados una iniciativa para ahorrar 100 mil millones de pesos del ejercicio presupuestal 2008.
En el salón verde de la Cámara, abarrotado de diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Convergencia y del Trabajo (PT), asesores legislativos y cientos de periodistas, López Obrador solicitó a los legisladores federales “que por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se permita el aumento a la gasolina y el diesel”, y propuso cinco medidas para obtener los 22 mil millones de pesos que la administración federal pretende recaudar con el nuevo gravamen a los combustibles.
El encuentro, a pesar de ser el más importante ocurrido ayer en San Lázaro, no fue difundido por el Canal del Congreso, cuando en otras ocasiones por conducto de esa señal se transmiten actividades hasta de carácter social.
La presencia de López Obrador llamó la atención a grado tal que en las dos principales entradas del Palacio Legislativo de San Lázaro se apostaron cientos de seguidores para expresarle su respaldo. Incluso, minutos más tarde, en la explanada, cuando el líder nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, salía de una reunión con los diputados de su partido, un grupo de ciudadanos que lo reconocieron le gritaron de frente: “¡Viva Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente legítimo…! ¡Es un honor, estar con Obrador…!” El panista salió por piernas.
La propuesta para obtener los 22 mil millones de pesos la desglosó el “presidente legítimo” de la siguiente forma:
Que se ajuste a la baja la partida 1509 para reducir a la mitad las percepciones “desde el presidente espurio” hasta los directores generales adjuntos del Poder Ejecutivo federal; disminuir a la mitad las percepciones de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación, y en la misma proporción los sueldos de diputados y senadores. Esto permitiría, dijo, un ahorro de 10 mil millones de pesos.
Asimismo, suprimir la partida 1407 del seguro de separación individualizada, que consiste en un fondo de ahorro especial para la alta burocracia, que se estima en 5 mil 60 millones de pesos para este año.
Cancelar la partida 1406 de gastos médicos mayores para la atención de la alta burocracia en hospitales privados, que equivale a 2 mil 300 millones de pesos. “Que vayan al ISSSTE para que vean lo que se siente”, expresó.
Terminar con las pensiones destinadas a los ex presidentes de la República, que equivalen a 260 millones de pesos, y eliminar la entrega de fondos discrecionales de fin de año. “Con sólo estos ajustes al gasto no habría necesidad de aumentar el precio de la gasolina y del diesel”, expresó.
López Obrador fue recibido en la entrada principal de la Cámara de Diputados, donde está un mural de José Chávez Morado, por los coordinadores parlamentarios del PRD, Javier González Garza; Convergencia, Alejandro Chanona Burguete, y del PT, Ricardo Cantú Garza.
González Garza refirió que sin la unidad del FAP no se podría avanzar en la lucha legislativa que propuso López Obrador contra medidas impopulares, como el incremento de impuestos. “Sabremos tomar las decisiones que competan, dentro de la Cámara, y estaremos atentos para ligarnos a los asuntos del movimiento. Ese será nuestro trabajo, a eso nos comprometemos todos en el Frente Amplio Progresista”, dijo.
Alejandro Chanona aseguró que el FAP está más unido que nunca porque tiene un compromiso y una visión de país, “no le demos muchas vueltas, sabemos y tenemos muy claro que hoy, Andrés Manuel, vienes a atajarle el camino a varios intentos por construir más burocracia y menos país, y que podemos, en el Frente Amplio, no votar una reforma fiscal estrictamente neoliberal y un impuesto a la gasolina que se convierte en un acto de represión al pueblo de México”.
Austeridad, asunto de principios
En el salón verde –el segundo recinto más importante de San Lázaro, donde sesiona la Comisión Permanente en el receso del primer periodo ordinario de sesiones–, López Obrador utilizó el atril para expresar su repudio al manejo de los recursos públicos por parte del gobierno federal.
“En ninguna circunstancia, menos en situación de estancamiento económico, desempleo y empobrecimiento, los servidores públicos pueden disponer del presupuesto para obtener altos salarios, prestaciones, beneficios y comodidades. La austeridad no es sólo un asunto administrativo sino de principios; significa rigor y eficiencia, pero también justicia”, afirmó.
Con dureza se refirió al manejo faccioso del presupuesto público que del gobierno del presidente Vicente Fox a la fecha aumentó el gasto corriente en 75 mil millones de dólares, y al crecimiento desorbitado de los recursos que maneja el Poder Judicial, que de 13 mil millones de pesos ejercidos en 2000 pasó a un gasto de 32 mil 800 millones en 2007.
“La propuesta de reforma fiscal del presidente espurio no sólo es injusta, sino que significa golpear más al sector productivo; es aberrante y técnicamente errónea”, expuso. Entonces la emprendió contra la intención de PAN y PRI de aprobar un nuevo impuesto al consumo de gasolina y diesel. “Durante la campaña electoral, imitando una propuesta nuestra, Felipe Calderón se comprometió a reducir los precios de la gasolina, el gas y la energía eléctrica. Sin embargo, como el mentiroso vulgar que es, se ha esmerado en hacer exactamente lo opuesto. En lo que va de este gobierno usurpador no sólo han aumentado los precios de los energéticos, sino el costo de los principales alimentos de la canasta básica, como el frijol, el huevo, la leche, el pollo y la tortilla”, afirmó.
Al comentar que la política económica antipopular del régimen panista cancela el futuro de millones de mexicanos, solicitó a los legisladores del FAP negarse y rechazar los impuestos que propone la administración federal, entre ellos el de la gasolina y el diesel.
“De manera respetuosa les recomiendo –dijo– que si este tema se llegara a tratar en esta Cámara, no vacilen en oponerse. Pero no sólo se trata de que voten en contra, porque, como todos sabemos, siempre hay enjuagues en las cúpulas del PRI y del PAN y es probable que los diputados de estos partidos logren mayoría de votos para aprobar el aumento a la gasolina y el diesel.
“De ahí, mi sugerencia respetuosa es que, como verdaderos representantes del pueblo, pongan en práctica, si es necesario, acciones de resistencia civil pacífica al interior de esta Cámara, hasta lograr que se retire dicha iniciativa. No nos preocupemos tanto por lo que dirán nuestros adversarios y por la campaña en contra en los medios de comunicación, con honrosas excepciones. Nosotros, sinceramente, no queremos la violencia. Precisamente por eso no debemos permitir que se actúe de manera irresponsable dejando sin salida a millones de mexicanos que quieren vivir en paz”.
Al concluir, González Garza advirtió que si PAN y PRI aprueban una reforma fiscal a modo del gobierno federal, “el desempleo en el país puede ser brutal”.
Jornada: Los mafiosos de la Radio y la TV
Arrogancia, prepotencia e injurias enmarcaron los reclamos de concesionarios de radio y televisión
Senado y poderes fácticos chocan en el marco de la reforma electoral
La libertad de expresión, bandera de empresarios y conductores; al final reconocieron que su molestia es por la prohibición de contratar propaganda política en medios electrónicos
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Las grandes cadenas de televisión y radio enviaron ayer al Senado de la República a sus representantes legales y a la mayoría de los conductores y comentaristas de sus principales noticieros, con el fin de exigir que se posponga la aprobación de la reforma electoral bajo el argumento –esgrimido entre otros por Joaquín López Dóriga– de que restringe la libertad de expresión.
Sin embargo, los directivos de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) acabaron por reconocer que su molestia es por la prohibición de contratar propaganda electoral en medios electrónicos.
Los senadores que dictaminan esa reforma constitucional se enfrentaron a un poder fáctico que ayer tuvo nombres y apellidos, presionó a fondo y no dudó en cuestionar, amenazar e inclusive insultar a los legisladores, a los que se acusó de tratar de regresar a la era de la URSS. La respuesta más puntual de los senadores la dieron el perredista Pablo Gómez, el panista Ricardo García Cervantes y María de los Angeles Moreno, del PRI.
Gómez Alvarez les recordó a los empresarios que tienen bajo concesión un bien propiedad de la nación. Ante ello, la postura de los visitantes fue subiendo de tono. “Aquí está la CIRT junta, completa y unísona; nunca habíamos estado tan unidos como en esta ocasión. No venimos a dialogar, venimos a reaccionar”, advirtió a gritos Pedro Ferriz de Con, conductor de noticias de Grupo Imagen, propiedad del empresario Olegario Vázquez Raña.
“¡Nos van a arruinar los ratings!”
Antes, el dueño de una de las radiodifusoras más poderosas del país, Radio Fórmula, Rogerio Azcárraga, resumió el descontento de los concesionarios: “¡Nos van a quitar 30 por ciento del tiempo sin pagar un solo centavo, además de arruinar los ratings!”, exclamó. Sostuvo que pasará lo mismo que con el programa radiofónico La Hora Nacional, porque nadie verá los anuncios de los partidos.
Entre aplausos de los comunicadores que llenaron el salón del quinto piso de la Torre de El Caballito, donde las comisiones dictaminadoras recibieron a los representantes de los concesionarios, Azcárraga –quien aclaró que nada tiene que ver con el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean– sostuvo que la reforma “es casi expropiatoria” y aseguró que llevará a la quiebra a 950 estaciones de radio.
Hasta antes de la intervención del empresario, los concesionarios, sus comentaristas y conductores de noticieros se habían centrado en defender la libertad de expresión, apoyados por senadores de Convergencia y del Verde Ecologista, entre estos últimos, Javier Orozco, uno de los impulsores de la llamada ley Televisa, que luego invalidó la Suprema Corte de Justicia.
La defensa de Luis Carlos Ugalde y los demás consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), que por varios días fue su tema favorito, ayer quedó en el olvido. Poco después de las 2 de la tarde, los directivos de la CIRT y su séquito de “estrellas” mediáticas fueron recibidos por los integrantes de las comisiones dictaminadoras, que previamente presentaron los cambios al proyecto de reforma electoral consensuados entre las tres principales fuerzas políticas.
El presidente de la CIRT, Enrique Pereda, se quejó de que no fueron consultados para llevar a cabo un cambio tan importante, que da a los partidos políticos el derecho de “usar la radio y la televisión” a través de los tiempos del Estado.
Francisco Aguirre, presidente del Grupo Radiocentro, y Francisco Ibarra, de Grupo Acir, reforzaron los cuestionamientos y acusaron a los legisladores de no sujetar a los partidos a reglas de transparencia. Tristán Canales, de TvAzteca, preguntó si no es mucho 48 minutos al día en cada estación de radio y televisión.
López Dóriga criticó a su vez el contenido del artículo 41, en el que se prohíbe difundir mensajes en radio y televisión “susceptibles de influir en las preferencias electorales de los ciudadadanos, ni a favor ni en contra de partidos o candidatos”.
Sostuvo que esa redacción atenta contra la libertad de expresión, pues la crítica a políticos equivaldría a violar la Constitución, “lo que me parece algo gravísimo”.
Un poco después, Paty Chapoy, del programa Ventaneando, de Tv Azteca, reforzó esa idea al preguntar a los senadores si se convertiría en “criminal” al hablar de políticos y señalar –por ejemplo– que un gobernador “es guapo”.
El senador Ricardo Monreal Avila aclaró a López Dóriga que la redacción del artículo 41 constitucional fue modificada para evitar que la prohibición del pago de propaganda electoral en radio y televisión se interprete como la prohibición de la crítica a políticos en los medios electrónicos.
Igualmente, el senador del Partido Revolucionario Institucional Jesús Murillo Karam respondió a los concesionarios que no hay intención alguna de atentar contra la libertad de expresión y aclaró que en este sexenio el ahorro por la disminución de gastos en campañas será de 4 mil millones de pesos.
Sin embargo, los concesionarios de radio y televisión siguieron insistiendo. Javier Tejado Dondé, funcionario de Televisa, acusó a los senadores de pretender estatizar la radio y la televisión, de otorgar en realidad más recursos a los partidos políticos, y deseó que la reunión no fuera sólo “para tapar el ojo al macho”.
Pero fue la intervención de Pedro Ferriz de Con la que mostró la verdadera y furibunda cara de los concesionarios. Representante de la emisora beneficiada durante el sexenio foxista, el conductor dijo a los legisladores: “Se me hace una postura pueril y ridícula que le pasen a terceros el costo de los gastos de campaña”.
También, a gritos, señaló: “Ya estoy cansado de tanta palabrería. Nosotros pagamos impuestos, nadie nos ha regalado nada, se los recuerdo”. Además, acusó a los representantes populares de frenar el desarrollo del país y les reprochó que no hubieran permitido a Felipe Calderón rendir su Informe de gobierno.
A los empresarios de la radio y la televisión se sumaron los legisladores de los partidos Verde y Convergencia. Dante Delgado, de esta última fuerza política, se sumó a la demanda de los concesionarios de posponer la aprobación de la reforma.
Entonces, el perredista Pablo Gómez hizo frente a la andanada. De entrada, señaló que la Constitución es muy clara al precisar que la soberanía reside en el pueblo y que el Congreso tiene la representación popular y es sujeto de “críticas, insultos y denuestos, porque forman parte de la libertad de expresión”.
Recordó también que la libertad de expresión de que hoy se goza en el país fue producto de un movimiento democrático que costó muchas vidas, y que lo que se quiere restringir en la reforma electoral es el poder del dinero, para que los partidos no estén bajo la presión de tener que conseguir donde sea y como sea recursos económicos para poder aparecer en las pantallas.
Están en contra de que se legisle, sostuvo Gómez, porque “ustedes recibían en conjunto miles de millones de pesos, la mayoría, las grandes cadenas de televisión”. Mordaz, el perredista les pidió no preocuparse, ya que no es ahora cuando se busca modificar al duopolio televisivo. “Eso será después, en la ley de radio y televisión”.
La priísta María de los Angeles Moreno aclaró a su vez que no se intenta tener el control de los órganos electorales, sino que sean instituciones ciudadanizadas, y el panista Ricardo García Cervantes cerró la pinza al desmentir a Tejado Dondé y señalarle que es falso que se vaya a duplicar el gasto de campaña en los procesos electorales.
“Vamos a salir al paso a cualquier intención ilegítima que irrumpa en procesos electorales y la principal irrupción es el dinero, porque no se sabe si es dinero sucio o limpio”, agregó.
Después de casi cuatro horas, el poder mediático abandonó la sede senatorial; querían seguir hablando, pero el priísta Pedro Joaquín Coldwell dio por concluido el encuentro. Al despedirse, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, Pereda, le pidió a varios senadores no aprobar “con prisas” la reforma electoral. Pero no tuvo éxito, el dictamen se aprobó horas después.
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