jueves, 13 de septiembre de 2007
Universal:Editorial
Debate, no catarsis
Editorial EL UNIVERSAL El Universal Jueves 13 de septiembre de 2007
La aguda, ríspida polémica desatada en torno de los trabajos del Congreso en materia de legislación electoral es, debe ser, el inicio no de una confrontación más grave aún, sino de un debate en el que prevalezcan no los insultos, sino las razones; no los exabruptos, sino la reflexión.
En uso de las atribuciones que la República le ha otorgado, el Congreso de la Unión, integrado por representantes electos bajo un régimen constitucional —no con base en un concurso de popularidad—, está desarrollando una tarea que debe ser respetada en su esencia por todos los actores. Lo mismo vale por lo que se refiere a los partidos. Resulta una sinrazón mayúscula sugerir que debe cancelarse la tarea que una democracia les tiene reservada.
No cabe duda que nos asomamos a una redefinición sobre el papel de los medios electrónicos en el sistema político mexicano. Esta revisión debe reconocer los legítimos derechos de los empresarios concesionarios, lo mismo que su responsabilidad en el usufructo de un bien de la nación, como es el espacio radioeléctrico. A ello deben apuntar no sólo las determinaciones aprobadas ayer por los senadores en el campo electoral, sino la propia ley de medios que ha empezado a ser discutida en el seno del Congreso mismo.
Es imposible no rescatar referencias del pasado inmediato para explicar lo que ahora vivimos. El país fue orillado en el 2006 a una crisis que pudo haber revestido características mucho más graves. Entre los ejes de este panorama destacó el ilimitado apetito por dinero, para librar una batalla que no puede estar radicada en el campo de los spots, sino en el de las ideas, las propuestas y la participación ciudadana. Los excesos llevaron el péndulo hasta el absurdo, y hoy presenciamos correcciones que pueden despertar reacciones encontradas, pero que son necesarias, inevitables. Que cada actor, políticos y medios, asuma la responsabilidad que le corresponde.
Es un derecho ciudadano irrenunciable participar de la confección de leyes que afectarán el devenir cotidiano de los mexicanos. Grupos y sectores pueden y deben hacerlo. La reforma electoral no es la excepción. Aun así vale la pena reiterar un llamado a la mesura y la civilidad.
En efecto, la reforma electoral presente no es la mejor. Habría sido más completa si incluyera temas como una mayor transparencia por parte de los partidos y más amplias garantías para la autonomía del IFE, entre otras la atribución de poder iniciar controversias constitucionales en los asuntos de su competencia. Pero el relevo de consejeros no puede asimilarse a un atentado contra la institución, que en su propia historia incluye ya un ajuste similar sobre aquellos primeros consejeros ciudadanos, para dar paso a reglas más claras y más ampliamente aceptadas por los contendientes.
Jugar a las vencidas es innecesario. Los legisladores harán bien si evitan la confrontación y, en cambio, abren avenidas más amplias para el debate y la participación ciudadana en este y en los temas que estén por venir. Por otra parte, siempre es oportuno recordar por parte de los medios que la credibilidad —insumo básico de nuestra tarea— está sujeta a la observancia de estándares éticos, y que se construye durante décadas, pero puede ser destruida en un solo día.
Jornada: Adolfo Sánchez Rebolledo
Adolfo Sánchez Rebolledo
La reforma electoral o la arrogancia mediática
La reforma electoral, cuyos términos fueron discutidos y aprobados en lo esencial por el Senado, luego de varias semanas de tormentosos debates extraparlamentarios, es la modificación más profunda introducida desde la famosa “reforma definitiva” de 1996. Queda pendiente un trecho del análisis legislativo, pero a estas alturas puede decirse que el dictamen aprobado arroja un saldo positivo en términos generales, pues ha tocado algunos de los temas espinosos que estaban pendientes, sobre todo los relativos al financiamiento de las campañas políticas y el uso electoral de los medios electrónicos de comunicación, cuestión clave si las hay. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido hace 11 años, cuando la voluntad reformadora de los partidos fue reconocida y saludada por la mayoría de los actores sociales e intelectuales como un avance, ahora, en cambio, la modificación constitucional se realiza en medio del escándalo y las acusaciones en contra de la llamada “partidocracia”, a la que se ubica como única beneficiaria del proceso de ajuste legal en curso, peligrosa falacia destinada a contaminar el ya de por sí envenenado ambiente nacional. Y es que, en rigor, tampoco se trata de ejecer la crítica necesaria a la actuación de éste o aquel partido, cuyas debilidades nadie cuestiona, sino de algo más grave y significativo: otra vez resurge en México la desafiante tendencia a imaginar el funcionamiento institucional sin mediaciones, como resultado de la hegemonía de los intereses particulares sobre el conjunto de la sociedad.
La recuperación que hizo el Congreso de sus atribuciones constitucionales, usurpadas bajo el viejo presidencialismo, es vista, a la inversa, como un retroceso “parlamentarista” y no como un imperativo de la reforma del Estado exigible hoy, actualizada por la amarga experiencia de la sucesión de 2006 y el desastre foxista, cuyas lecciones algunos no se atreven a extraer sin ocultar cierta nostalgia por el pasado. Se ha llegado al extremo de asegurar, como escribe el politólogo Luis F. Aguilar (Reforma, 12/09/07) que “la democracia sepultó el presidencialismo y engendró la partidocracia que es la dueña de las Cámaras que son las dueñas de la política nacional (...) Los legisladores de ahora, como la Presidencia de antaño, se han vuelto socialmente independientes, intocables, autónomos. Sin embargo, han comenzado ya a escuchar pasos en la azotea (sic en clara alusión a la campaña mediática en curso inaugurada contra la “remoción” del Consejo General del IFE). Septiembre puede comenzar a ser el principio del fin de la soberanía de las Cámaras”.
Ideas semejantes surgieron durante el debate sostenido el martes por los voceros de la industria de la radio con los senadores. A la propuesta de usar los tiempos oficiales en la campañas, en vez de gastar ingentes sumas para ello, algún asesor refirió que era como un “mecanismo de la era soviética para mantener el status quo de los grandes partidos”. La imprecisión como norma, la desconfianza como única fuente de credibilidad: la palabra “expropiación” se pronuncia con la boca llena, conjurando a los fantasmas del pasado. Acaso por ello el locutor Pedro Ferriz de Con fabricó la frase del día al señalar: “Estamos absolutamente en sus manos, somos de ustedes, ésta es una concesión del país y el país es suyo”. Nada que agregar a tamaña arrogancia. En una mentalidad donde solo cabe ser “dueño” o vasallo es imposible vislumbrar el “interés público”, aun cuando el tema sean las concesiones de un bien de la nación o el permiso del Estado para utilizarlo.
Es obvio que una democracia moderna y consolidada requiere de la existencia de medios profesionales y respeto riguroso a la libertad de expresión, pero nada indica que el único modelo válido y legítimo para las campañas electorales sea el que favorece el esquema comercial tristemente admitido hasta hoy. Hay otras experiencias exitosas en el mundo para probar que es posible hacer las cosas de manera diferente. Y si, hasta dónde se entiende, el objetivo de la reforma actual es velar por el mejor funcionamiento de las instituciones democráticas, no preservar el negocio cautivo de las empresas, ¿por qué no intentarlo? Identificar la libertad de mercado con la libertad de expresión ha sido y es hasta hoy la suprema “filosofía” de los “dueños”, pero ésta no tiene por qué convertirse en la piedra angular de la actuación del Estado en favor de los intereses generales de la sociedad, como, por desgracia, ha venido ocurriendo en variados aspectos de la vida pública.
Hay grupos privados que siguen anclados en el pasado o, peor, alientan “recomposiciones” excluyentes para el futuro. Se dicen demócratas, pero en el fondo no ven con buenos ojos un régimen de partidos plural, fuerte, representativo, capaz de disputar el poder y gobernar sin el acoso permanente de los intereses fácticos. En cierto sentido, podría pensarse que en ese camino han ido demasiado lejos, si tomamos en cuenta el famoso decretazo de Fox y el intento de ajustar las leyes de comunicaciones, radio y televisión al tamaño de sus libros contables, pero la ambición mueve montañas. Y esta campaña apenas comienza. Ojalá y los legisladores mantengan sus posturas sin ceder a las presiones. Eso se espera de ellos.
Jornada: Astillero
Astillero
Julio Hernández López Ugaldismo confeso
No leyes, sino encuestas
¿Referéndum estilo 0.56%?
Tiempo en tv y radio a ciudadanos
Alejandro Zapata (PAN) escucha a Pablo Gómez (PRD), ayer durante la sesión ordinaria del Senado de la República, donde se discute la reforma electoral Foto: Marco Peláez
La rebelión comercial de los micrófonos mandó ayer al diablo las instituciones y opuso a un proceso legislativo consumado la tesis sin sustento legal de un referéndum particular, espot por espot y rating por rating. Golpistas televisivos y radiofónicos engallados (con las cúpulas empresariales agregadas) que pretenden fabricarse su propio fuero, con Paty Chapoy preguntándose si podrá ser candidata ciudadana a la Presidencia de la República y Pedro Ferriz de Con adjudicando al papel de los conductores de programas periodísticos electrónicos una validez constitucional equivalente a la de los diputados y senadores: los mandatarios “legítimos” de la República ventaneados por sí mismos en la histérica parodia denominada Cuando está en riesgo el privilegio de mandar.
Ridícula asonada en las televisoras del duopolio, con la fuerza de ventas distribuida en distintos horarios noticiosos para lanzar cargas de terrible incultura política contra los senadores que hicieron lo que han hecho miles de veces sin que nadie en esos foros se haya asombrado ni haya protestado (porque en todas esas ocasiones no eran esos bolsillos empresariales ni esos intereses particulares los que eran tocados). Argumentaciones exageradas, con adornitos patrioteros, de los presuntos defensores de la libertad de expresión y del recto ejercicio periodístico que no pueden entender cómo a ellos se les ha tratado de la misma manera que diariamente sucede a millones de mexicanos a los que los cauces institucionales juegan el dedo en la boca, y que tampoco se explican cómo es posible que simples senadorcillos y diputadillos no hubiesen cambiado el curso de sus procesos de aprobación de leyes y reformas legales sólo porque ellos, Radio Televisión de Caracas, capítulo México, habían concurrido a menos de un cuarto para las doce a participar en una consulta que sabidamente no obligaba por sí misma a cambiar ni detener nada.
Cámara (la de radio y televisión) que de verdad se cree cámaras (de diputados y de senadores); poder fáctico que amenaza y se mofa del Poder Legislativo constituido. Pero es sabido que los reflectores deslumbran, y en este caso los barones de la telecracia han equivocado el método y han exhibido su verdadero carácter simulador y falseador. Si no hubiese otras razones para legislar como de manera insólitamente unida lo están haciendo los senadores de los tres principales partidos, lo sucedido desde las dos de la tarde de este martes pasado sería suficiente para frenar las pretensiones de altanera preponderancia que principalmente las televisoras han asumido en relación con la vida institucional del país.
Tan desmesurada ha sido la ofensiva de los poderes electrónicos que ha provocado una activa unidad de legisladores y siglas partidistas como pocas veces se ha visto (lo cual ¡irrita a los que en otras ocasiones se desgañitan regañando a los partidos y sus legisladores porque no llegan a acuerdos!). El 90 por ciento de las voluntades que votaron en 2006 para constituir el Poder Legislativo está representado en los tres partidos que se han aliado sin fisuras para defender el proyecto de reforma electoral, pero las televisoras y las radios despechadas prefieren ensalzar a los partidos minoritarios (mayoritariamente veletas, paleros y acomodaticios ante el dinero y las prebendas: Dante Delgado, por ejemplo, se muestra comprensivo con las televisoras en espera de ser favorecido con espots cuando sea candidato a gobernador de Veracruz, y de la otra pedacería ni qué decir, por ejemplo, de la corrupción verde ecologista).
Tan desesperados están los estrategas electrónicos que en medio de masas que exigen atención a sus planteamientos de interés social, no empresarial (en busca de justicia, no de lucro), se avientan la puntada de pedir un referéndum privado, una consulta particular, para que supla el proceso constitucional de legislar (¿y por qué no proponen esos próceres de las ventas publicitarias, y sus comisionistas a cuadro, que se hagan similares tareas de votación colectiva para definir aumentos a las gasolinas, políticas fiscales, renuncia de gobernadores como Ulises Ruiz, montos y tarifas de telefonía celular, reformas a leyes como la del ISSSTE y otros asuntos de gran importancia?). Y enseñando el cobre chantajista y manipulador piden que ese golpe a la institucionalidad (que hasta hace días tanto defendían) sea organizado… ¡por el IFE ciudadano que va de vergonzosa y estigmatizada salida! ¡IFE ciudadano, dicen los que también fueron Ugaldes a la hora del fraude electoral, seguros de que en esta ocasión obtendrían una victoria cuando menos por 0.56 por ciento de diferencia!
Vaya cinismo: los cómplices de la farsa de las encuestas arregladas para inventar un espectacular repunte del más retrasado (es decir, el que más atrás iba) de los candidatos presidenciales, que luego han sido los lavadores oficiales de imagen del producto electoral fraudulento, con sus plantillas de intelectuales, académicos y periodistas que sólo ven lo que las escenografías les montan, ahora quieren que haya una suerte de elección pública para bien de sus cajas registradoras. ¡Ah, pero la gran pantalla es la libertad de expresión, el derecho a la información, la democracia, la sociedad que no debe ser secuestrada por la partidocracia, y el heroico sacrificio pooooor Méxicoooo!
Y, mientras hoy se aprueba que los bolsillos populares sean saqueados de centavo en centavo a la hora de cargar gasolina y dísel, ¡hasta mañana, en esta columna que expresa adhesión a la tarea de los legisladores que no están dañando ninguna libertad de expresión, sino negocios particulares abusivos, y que se pregunta cuántos ciudadanos sistemáticamente silenciados en tele y radio (sobre todo a raíz del fraude electoral) estarán dispuestos a aprovechar la convocatoria, leída ayer por Sergio Sarmiento, en nombre de la CIRT, para que, en los “tiempos necesarios” haya “participación ciudadana” y se fijen libremente “posturas de los diferentes puntos de vista” sobre el papel de estos medios electrónicos!
Jornada: Los mafiosos de la Radio y la TV
MafiososNo podemos permitir que la sociedad sea secuestrada por la partidocracia: CIRT
Exigen concesionarios referendo acerca de la reforma electoral
Proponen que lo organice el IFE y ofrecen tiempos para convocar a los ciudadanos
Alonso Urrutia
Esta vez dejaron de lado los matices. En nombre de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), Sergio Sarmiento fijó la postura de los concesionarios acerca de la reforma electoral: “exigimos un referendo, una consulta popular, para que los mexicanos se expresen de manera directa y sin participación alguna de la partidocracia. No podemos permitir que la sociedad sea secuestrada por unos dirigentes de partidos políticos”.
Asimismo, solícitos, los concesionarios ofrecieron los “tiempos necesarios” en los medios de comunicación “para convocar la participación ciudadana”.
Ahí estaban los representantes de los poderes fácticos: Bernardo Gómez, de Televisa; Ricardo Salinas Pliego, de Tv Azteca, y el resto de concesionarios que controlan el mercado radiofónico, para estrechar el cerco mediático sobre la Cámara de Senadores. Junto a ellos, los representantes de otras cúpulas empresariales cerraron filas en defensa de los intereses de los empresarios de la comunicación.
Presentes también, los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Armando Paredes Arroyo, y de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Ismael Plascencia Núñez. Todos unidos en su afán de descarrilar la reforma electoral consensuada en el Senado e impedir la proscripción de la compra de publicidad electoral que tantos millones de pesos les arrebatará cada año electoral.
Cambio de tono
Así, de la propuesta que a título personal hicieran la víspera varios conductores de televisión, los concesionarios pasaron a la exigencia en voz de Sarmiento. “Exigimos –aseveró el periodista de Tv Azteca y Radio Centro al hablar en nombre de los empresarios de la comunicación– que el actual IFE ciudadano supervise la consulta popular”.
En cadena nacional “voluntaria”, utilizaron sus frecuencias para arremeter contra los legisladores y clamaron contra la reforma electoral que, dijeron, significa una “agresión no sólo a los medios de comunicación, sino que afecta derechos fundamentales de todos los mexicanos”.
Acudieron a la cita el presidente del CCE, Armando Paredes –cuyo organismo fue señalado por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por haber violado la legislación electoral–, así como el de la Concamin, Ismael Plascencia, para respaldar la postura de la CIRT.
Las cúpulas empresariales se congregaron para presionar en favor de sus intereses –como lo hicieron en los tiempos de Luis Echeverría Álvarez o en el ocaso del sexenio de José López Portillo, entonces para condenar las políticas económicas–, pero esta vez no hubo mención a la reforma fiscal: el objetivo fue directo: descalificar la electoral.
De acuerdo con los empresarios, esta reforma viola la libertad de expresión, “porque despoja a la gente de la posibilidad de expresar sus posiciones en medios electrónicos”, además del derecho de los ciudadanos a ser informados, por cualquier medio lícito; el derecho a una autoridad electoral ciudadana, y el derecho a optar por cargos de elección popular.
Los empresarios de la comunicación hablaron también, en forma inusual, de la violación al “derecho a la información”, porque “la cancelación de transmisiones de radio y televisión por procedimientos sumarios plasma la censura a nivel constitucional”.
El conductor de Tv Azteca y Radio Centro utilizó un tono solemne para apelar a la necesidad de realizar el que llamaron “referéndum por la libertad” y, al mismo tiempo, para condenar a los senadores acusándolos de negociar “en lo oscuro”, por lo que el contenido de la reforma sólo nos fue revelado unos días antes.
Con esta lógica, los integrantes de la CIRT plantearon convocar a los ciudadanos a una consulta para fijar posturas de los diferentes puntos de vista, exponer sus motivos y explicar sus propuestas, cerró Sarmiento.
La nueva sociedad civil
Minutos antes, en nombre del CCE, Paredes Arroyo se asumió como parte de una sociedad civil que reclama que “la libertad de expresión no debe ser sujeta a negociaciones, (y) resulta inaceptable que se pretenda privar de esta libertad a la sociedad”. Habló también de la falta de profundidad de la reforma electoral y de la existencia de un sesgo favorable a los partidos políticos.
La reducción de los tiempos de campaña, manifestó, no se corresponde con la reducción de los gastos y no se refleja en una disminución real de las prerrogativas de los partidos políticos.
Ismael Plascencia, de la Concamin, condenó la actitud de los legisladores por “agarrar de rehén a este país. No es posible, después de que ellos quieren, sacar la reforma fiscal, (porque) la están amarrando a una reforma electoral”. Esta situación, dijo, tiene muy molestos a los industriales.
Durante la transmisión, Luis Niño de Rivera, vocero de Tv Azteca, leyó un desplegado que pagó el Consejo Nacional de la Comunicación Voz de las Empresas, en el que también condenan la reforma electoral. Con similares cuestionamientos que el resto de las cúpulas empresariales, el documento concluye con una “sugerencia respetuosa” para ampliar el periodo de consulta de la reforma.
Jornada: Réquiem para las televisoras
Legislan PAN, PRI y PRD para sacar el poder del dinero de la lucha por el poder
La magia de la televisión une a los senadores en su contra
La embestida de concesionarios junta a los adversarios, que culminan la tarde abrazados
Arturo Cano
La televisión hace magia. Esta noche del Senado junta como hermanos al PRI, al PAN y al PRD. Esta noche iguala los discursos y los votos. Queremos sacar el poder del dinero de la lucha por el poder, dicen los tres partidos. El panista Santiago Creel, en una ruda pieza oratoria repleta de dardos irónicos contra las televisoras, se lanza más allá: “No celebremos, todavía quedan muchos grupos de interés que reordenar en este país. Éste es el primer paso”.
La reforma electoral, como se dice en el argot parlamentario, está “planchada”. Hay acuerdo general, salvo en puntos particulares y en la oposición de los partidos pequeños que verán achicados sus dineros. El debate de esta noche no es entre las fuerzas políticas, sino entre el Senado y las poderosas cadenas de televisión del país.
El desenlace arrancó la tarde del martes, cuando la televisión –es decir, Televisa y Tv Azteca– trajo a sus abogados y sus figuras a pegar a los senadores. Esta noche, los legisladores responden con una reforma que, entre muchas otras cosas, quita a las televisoras un pastel de 3 mil millones de pesos (o la mayor parte de ese pastel, del que también comen las radiodifusoras), es decir, el dinero de los espots en las campañas electorales.
La sesión del Senado, citada para el mediodía, se pospone para la tarde en un afán de que se sumen los partidos chicos que se oponen.
Pasadas las seis, abre la tarde el petista Alejandro González Yáñez: “Lo costoso no es la democracia, lo costoso son los espots”, dice, condensando el ambiente interesado y festivo a la vez que se reproduce en los pasillos desde antes del inicio de la sesión.
“Les salió el chirrión por el palito”, dicen, de todas las formas posibles, felices de los resultados de la cadena nacional que hicieron las televisoras la tarde del martes pasado.
Los estamos parando en seco
Carlos Navarrete, coordinador de los senadores del PRD, hace un discurso articulado, emotivo, fincado en las líneas trazadas por Pablo Gómez el martes durante el encuentro con los representantes de las televisoras.
“Estamos tocando por la vía de la reforma constitucional a intereses fácticos mediáticos, intereses que asumen que porque son concesionarios de un bien público pueden imponerse al Estado y a sus órganos, y pueden poner de rodillas a partidos, a candidatos, a legisladores y a todos en la sociedad, porque controlan el acceso a la televisión y a la radio, y eso no puede seguir más. Eso es lo que estamos parando en seco.”
El desliz de Navarrete (todos los partidos, dice, “fuimos a tocar las puertas traseras de las empresas para entrar a la competencia electoral”) se pierde en sus elogios a las bancadas del PAN y del PRI. A la primera, por su “valentía”, porque “los que gobiernan deben cuidar muchos factores de equilibrio”. A la segunda, porque “con toda su experiencia ha decidido transitar en la reforma”.
El perredista acusa recibo de la andanada de las televisoras contra el Congreso: “Los poderes fácticos nunca se imaginaron que al agredir, como lo han hecho, a la Cámara de Senadores, iban a encontrar la solidez, el cierre de filas, la altura que están encontrando”.
Navarrete termina con una cita de Belisario Domínguez, y acto seguido el cierre de filas brinca de la retórica a las curules. Se levantan primero, en el aplauso, los senadores del PRD, y les siguen priístas, panistas y petistas. El aplauso es largo y lo coronan palmadas y abrazos. La magia de la televisión junta a los adversarios.
La escena ha de repetirse al finalizar los discursos de los coordinadores del PRI y del PAN.
Manlio Fabio Beltrones trae a cuento las elecciones de 2006. “A la vista aún están las secuelas provocadas por la inequidad y el uso indiscriminado del dinero para salvaguardar intereses particulares. ¿Qué se defiende, el país de los espots y los ratings, o el derecho de los ciudadanos a obtener información que sirva para orientar sus decisiones?”
El coordinador de los priístas se refiere también al Instituto Federal Electoral y acusa a los medios electrónicos de mentir cuando dicen que se afectan la autonomía y la independencia de ese organismo. “Al IFE la reforma lo fortalece institucional y procedimentalmente”, dice, y alguien comenta por lo bajo que también saca del instituto a Luis Carlos Ugalde, puesto ahí por la acérrima enemiga de Beltrones, Elba Esther Gordillo.
Por esa línea va el siguiente en el turno, Santiago Creel, cuando dice que la reforma “también limita al dinero, porque rompe con la vinculación entre partidos políticos y organizaciones gremiales, vinculación muchas veces basada no solamente en intereses políticos, sino en algunos casos también en intereses de carácter económico”.
Uno tras otro, en las intervenciones de apertura, los senadores responden a las críticas que los medios electrónicos, encabezados por las televisoras, han lanzado en días y horas recientes.
Por la mañana, las cabezas de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) vuelven a la carga y exigen un referendo sobre la reforma. Defienden al ya caído Consejo General del IFE, pero sólo para arropar una idea que ya nadie les cree: que la reforma está coja e incompleta y que a ellos no les interesa seguir ganando millonadas, sino proteger la democracia.
En una conferencia de prensa, cuya versión es repartida a lo largo de la tarde en el Senado, el periodista Sergio Sarmiento resume la postura de “representantes y trabajadores” de los medios electrónicos. Como el martes, la industria dice que la reforma no sólo es una “agresión a los medios, sino que afecta derechos fundamentales de los mexicanos”, como los derechos a la libertad de expresión e información.
Es el dinero, responde Creel, “la fuente de la inconformidad de los concesionarios de la radio y la televisión”. Y sigue: “Los intentos por disfrazar esta inconformidad, y por llamarla de otro modo, son inútiles. Así la engañen con la misma libertad de expresión”.
Santiago Creel, enfrentado en el pasado reciente con las televisoras, se va a fondo: “El dinero es lo que ha distorsionado, es lo que ha pervertido la relación entre medios electrónicos, partidos y candidatos… Una relación, por cierto también, en la que nadie o casi nadie puede arrojar la primera piedra, y hay que decirlo con claridad, y yo por delante”.
Ya en esa ruta, Creel critica a las televisoras por sacar de las pantallas la intervención de Ricardo García Cervantes. “Ayer mismo se dijo que la programación política no tiene rating, se dijo también que no es popular, a pesar de que se dio un encadenamiento de señales por más de cuatro horas y –por cierto– sin interrupciones comerciales”.
¿Qué será de las frase de Creel en el Canal de las Estrellas? “La finalidad es que nuestros actos y nuestras decisiones se orienten más por las ideas y los principios que por los espots”, dice él. “Que pensemos más en la Constitución y menos en la televisión”.
¿Quién miente?
En la televisión, en tanto, se sigue diciendo que los partidos van a gastar más. Ricardo García Cervantes, el senador sacado de las pantallas, afirma que se trata de otra mentira de los medios electrónicos y que en 2009 los partidos recibirán 70 por ciento menos dinero para sus campañas. “¿Quién dice mentira? ¿Quién dice verdad?”
Pablo Gómez acusa recibo de la solicitud de referendo hecha por la CIRT. “Los perredistas lamentamos que el IFE no sea autoridad para organizar un referendo, pues esa figura todavía no existe en la Constitución”.
Los partidos chicos patalean por el reparto de los dineros y los espacios en los medios, un asunto de trámite.
Llega la votación, al filo de las 10 de la noche. Ciento diez senadores en favor y 11 en contra. Largo aplauso corona la noche, media hora antes del noticiero estelar.
¿Serán quemados los senadores en el fuego eterno de las pantallas?
Aquí están seguros de que no. Recuerdan que está pendiente la ley de radio y televisión, que toca las concesiones, las nuevas tecnologías, los intereses de los ahora adversarios del Senado.
Presente como testigo, el secretario general del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, suelta: “Ellos tienen las pantallas, pero acá está grande el machete, ¿no?”
Jornada: Nueva Ley Electoral
Campañas y comicios más baratos y mayores facultades al IFE, ejes del dictamen
Avala el Senado la reforma electoral; quedan prohibidas las guerras sucias
Se ratifica la negativa para contratar propaganda en medios electrónicos; se van consejeros
Víctor Ballinas y Andrea Becerril
La reforma electoral aprobada anoche en el Senado de la República disminuye el costo de las elecciones y las campañas, prohíbe a partidos y terceros la contratación de propaganda en medios electrónicos, impide la guerra sucia en las contiendas, la promoción de funcionarios y da mayores facultades a las autoridades comiciales a fin de impedir un escenario similar al que se dio en julio de 2006.
La reforma incluye modificaciones a ocho artículos constitucionales, contiene un artículo transitorio para remover a los nueve consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) –su actual presidente, Luis Carlos Ugalde, será el primero en salir–, como un primer paso para establecer la elección escalonada de los integrantes de ese órgano.
En el dictamen de la reforma se destaca que tan sólo con la incorporación al artículo 41 constitucional de “la prohibición total a los partidos políticos para adquirir tiempo bajo cualquier modalidad en radio y televisión para las campañas electorales, a cambio de la utilización de los tiempos del Estado”, significará un ahorro de 3 mil 308 millones de pesos en las elecciones de 2009 y la presidencial de 2012.
Se detalla que, sin la reforma, los gastos de campaña en 2009 ascenderían a 2 mil 670 millones de pesos –si se destinaran los mismos recursos que en la elección de 2006– pero, con la aprobación de esas modificaciones los gastos que se destinarán a los procesos electorales en 2009 ascenderán a 697 millones de pesos; significa un ahorro, sólo en ese año, de mil 973 millones de pesos.
Y si los partidos políticos continuaran comprando propaganda a la radio y la televisión en 2009 –se anota en el dictamen–, los gastos que se destinarían a la compra de espots hubiesen sido de mil 68 millones de pesos, y con la prohibición de comprar espacio en los medios electrónicos esos recursos se ahorrarán a los contribuyentes.
Para el caso de la elección presidencial de 2012, los gastos de campaña serían de 2 mil 670 millones de pesos –si los recursos fueran iguales a los gastos de 2006–, pero con la reforma aprobada serán de mil 335 millones, una reducción de 50 por ciento, se subraya en el documento.
Si los partidos políticos en 2012 compraran tiempos a televisión y radio erogarían por ese concepto mil 602 millones de pesos; sin embargo, los organismos políticos no erogarán esos recursos al utilizar los tiempos del Estado.
Al respecto, el senador del Partido de la Revolución Democrática Ricardo Monreal destacó que con las disposiciones actuales se estima que el financiamiento para las campañas sería de 3 mil 368 millones de pesos que, divididos entre los 75 días que durarán las actividades proselitistas para diputados federales, alcanzaría los 44 millones 909 mil pesos diarios.
Con la reforma aprobada, subrayó, el costo de campañas será de 753 millones de pesos; dividido entre 60 días da un total de 12 millones 500 mil pesos diarios, que dividido en 300 distritos electorales de mayoría daría un gasto diario de 41 mil 483 pesos.
En el caso de la elección presidencial de 2012, el costo de la campaña sería de 4 mil 483 millones de pesos, con un gasto diario de 24.5 millones en seis meses, pero con la reforma los gastos totales serán de mil 412 millones, con un gasto diario en 90 días del orden de 15.6 millones de pesos, aseveró el senador Monreal.
Reveló que el ahorro al erario, con la reforma aprobada en materia electoral, será de 13 mil 90 millones de pesos.
La reforma destaca en el apartado A del artículo 141 constitucional que, desde las precampañas hasta el día de la jornada electoral, el IFE distribuirá 48 minutos diarios, que serán repartidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario de 7 de la mañana a 23 horas.
En precampañas, añade, los partidos dispondrán en conjunto de un minuto por cada hora de transmisión de radio y televisión, y en las campañas se deberá destinar al menos 85 por ciento del tiempo total disponible.
Por lo que respecta al artículo 6 constitucional, se apunta que el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.
Sobre el fortalecimiento del IFE, se amplían sus facultades para que fiscalice a fondo las finanzas de los partidos –sin que los secretos bancario, fiduciario y fiscal sean obstáculo– a través de la creación de un órgano técnico de fiscalización y, previo convenio con autoridades electorales de los estados, podrá organizar elecciones locales.
Asimismo, la reforma electoral precisa en el artículo 134 constitucional el impedimento a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para realizar propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social durante las campañas electorales, salvo las excepciones de ley, y establece un procedimiento administrativo expedito con sanciones para inhibir violaciones a las reglas de comunicación.
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