Milenio: Los empresarios y la democracia.

En 2006, la IP donó 210 mdp; 70% fue para Calderón

Los mecenas del PAN, Servitje y Arango; de AMLO, constructores, y de Madrazo, Hank.

Las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón y Roberto Madrazo recibieron una inyección económica sin precedentes de prominentes empresarios durante las elecciones federales de 2006, al captar aproximadamente 210 millones de pesos en donativos de los dueños de los emporios económicos más poderosos del país.

La Relación Personalizada de Aportaciones de Militantes en Efectivo, elaborada por el Instituto Federal Electoral, detalla que en 2006 medio centenar de directivos de Telmex, Grupo Caliente, Sicartsa, Peñoles, Chedraui, Grupo Danhos, Wal-Mart y Cervecería Modelo, entre otras empresas, aportaron recursos para PRI, PAN y PRD.Del reporte se desprende que mientras Calderón recibió el apoyo de directivos de trasnacionales mexicanas como Bimbo e ICA, López Obrador captó donativos millonarios de media docena de empresas del ramo de la construcción, así como de líderes sindicales del sector.Acorde a los datos contenidos en el informe, también hubo empresarios que decidieron apostar a más de un frente: favorecieron a dos candidatos presidenciales con depósitos equitativos, como Carlos Slim, dueño de Telmex.

El hombre más rico del país donó un millón de pesos tanto al panista como al perredista, lo mismo que la familia Villarreal, dueña del emporio minero Sicartsa, que aportó dos millones de pesos a cada campaña.De la relación de aportaciones, entregada por los partidos al IFE cada año, se establece que el PAN se convirtió en el partido más atractivo para la iniciativa privada y con mayor efectividad recaudatoria interna: ingresó 143 millones de pesos por concepto de donativos, y 246 millones por aportaciones de sus militantes, algunos de ellos reconocidos empresarios.

El PRD incluso logró mejores ingresos del frente empresarial que de la militancia: recibió aportaciones de empresarios y simpatizantes por 61 millones, mientras que de sus militantes obtuvo apenas 25 millones de pesos.

El PRI captó, en tanto, 7 millones entre el empresariado, aunque entre el priismo oficial recopiló otros 75 millones, con Jorge Hank Rohn y su socio en Grupo Caliente, Alberto Murguía, convertidos en los dos principales donantes.

Entregaron, cada uno, 2.5 y 3 millones de pesos a la campaña de Madrazo Pintado.AMLO: apoyo de constructorasLos datos disponibles señalan que el PAN fue más atractivo entre directivos de las principales empresas del país, que se volcaron en su mayor parte a apoyar la campaña blanquiazul con donativos millonarios de hasta 7.5 millones de pesos por persona.

El PRD y López Obrador, por otro lado, acumularon apoyos entre compañías hacendadas en la Ciudad de México, en especial las del ramo de la construcción que participaron en las grandes obras de la administración del ex jefe de Gobierno.En ese sentido, encabezaron los donativos a las arcas perredistas Jaime Dayan, presidente de CABI administradora, dedicada a la construcción de malls y condominios con 900 mil pesos; y Daniel Kabbas, de Grupo Danhos, —que participó en el fallido intento de construir la Torre Bicentenario—con un millón de pesos.

Además, con un millón de pesos, se ubicó a Mariano Martínez, socio de Operadora Mexicana de Estacionamientos, que ha recibido contratos para la instalación de parquímetros en distintos puntos del Distrito Federal; y a José Miguel Padilla, dirigente del Sindicato de Trabajadores en la Rama de Construcción y Terrajeros en Zonas Federales y Locales de la República Mexicana.

Al frente entre los constructores simpatizantes del perredismo se posicionó también la familia Romano Jafif —responsable de la construcción de la Torre Reforma, adjudicada bajo el gobierno lopezobradorista—, con donativos de los hermanos Alberto, David, Félix, León Benjamín, Moisés y Salomón, que dieron a AMLO 167 mil pesos cada uno. A la lista de constructores que apoyaron al ex aspirante presidencial perredista se sumaron Elías Sacal Cababie —donó 700 mil pesos—, dueño la empresa BVG, conocida por sus desarrollos inmobiliarios en Yucatán, además de Enyd Sánchez, representante legal de la constructora de vivienda más grande de México, Homex.Sánchez aportó 400 mil pesos. Y hubo más constructores en el fondo perredista.

El presidente de la Inmobiliaria Emar, Adrián Cornú, puso a disposición de ese partido 220 mil pesos.En el mismo renglón, José Antonio Attias, presidente de Grupo COPRI, responsable de la construcción de los puentes de Santa Fe dispuso, por su lado, de 360 mil pesos para financiar la campaña de la Coalición por el Bien de Todos.Los empresarios Alfredo y Antonio Chedraui, a su vez, depositaron en las cuentas del aspirante de izquierda un millón de pesos cada uno, al igual que una de las herederas de la fortuna O’Farill, Lorenza O’Farrill, quien transfirió al PRD 980 mil pesos.

Entre los nombres de alto nivel que participaron en el fortalecimiento de las finanzas perredistas también se encuentran los de Alfredo y José Miguel Bejos, socios de la empresa Servicios Aéreos del Centro, propiedad del prófugo Alfredo Miguel Afif, buscado por fraude a Petróleos Mexicanos.Cada uno dio a la causa de la Revolución Democrática un millón de pesos.Calderón y el top 500 de FortuneEn el frente panista, los apoyos fueron de mayor escala: tan sólo en junio de 2006, el blanquiazul logró recopilar un promedio de 2 millones 740 mil pesos diarios o 114 mil pesos la hora y mil 904 pesos el segundo, gracias a donativos generosos de empresarios con registro de militante oficial.

En este rubro —panistas con credencial activa— se encuentran María Asunción Arámburuzabala, vicepresidenta de Grupo Modelo; Manuel Arias Arango, codueño de Wal Mart y Aurrerá; José Kuri Harfush, del Consejo de Administración de Telmex; y Lorenzo Servitje, de Grupo Bimbo, entre otros.Con donativos acumulados por siete millones 500 mil pesos, Arias Arango se convirtió en el principal donante de Acción Nacional durante 2006, al igual que José y Julio Kuri Harfush, del consejo de administración de Telmex y de Grupo Janel respectivamente,Ambos donaron siete millones 500 mil pesos, cifra idéntica a la donada por María de las Nieves Fernández González –accionista en Televisa.

En términos globales, la familia Arámburuzabala-Larregui asumió el papel de principal donante del PAN durante 2006, al entregar al partido casi 23 millones de pesos.María Asunción Arámaburuzabala, su hermana Lucrecia y la madre de ambas, Lucrecia Larregui, donaron cada una siete millones 400 mil pesos el 9 de junio de 2006.

La familia Kuri-Kauffman, por su parte, aportó 21 millones de pesos, divididos en las aportaciones de Patricia Kauffman, así como Julio Kuri y Gerardo Kuri Kauffman. Las aportaciones a la campaña federal de Acción Nacional se complementaron con Carlos Orozco y Juan Bordes Aznar, directivos ambos del Consejo Directivo de la siderúrgica Peñoles. Aportaron 6 millones 500 mil pesos y 6 millones, respectivamente.Rafael Mac Gregor, también de Grupo Peñoles, aportó cuatro millones 500 mil pesos.Alberto López de Nava, presidente de Grupo Alden –dedicado a la comercialización de vehículos—puso en la causa panista, por su lado, 3 millones de pesos.

Otros empresarios prominentes que como militantes aportaron su cuota millonaria al triunfo electoral del 2006 son Diego Quintana Kawage y Luis Urrutia, de Grupo ICA; Enrique Terrazas, de Grupo Monex, casa de Cambio; y José Ramón Gutiérrez de Velasco, ex presidente municipal del PAN en Veracruz y accionista de Casa de Cambio Puebla, investigada por la DEA de Estados Unidos por presunto lavado de dinero.

El rubro de simpatizantes da cuenta de que hubo aportaciones de la familia Sánchez Navarro —de la Cervecería Modelo—, responsable de depositar 6 millones de pesos en total. Los hijos de Carlos Slim se sumaron a Jaime Chico Pardo de Telmex en el apoyo al PAN. Entre los tres sumaron dos millones trescientos mil pesos para la campaña calderonista. Magras cuentas tricoloresLa campaña de Madrazo Pintado pudo recopilar fondos solo entre algunos empresarios del país, como José Antonio Anguiano, dedicado a la construcción de escuelas en el Estado de México y Martín de Jesús Assad, del ramo textilero de Tamaulipas.

El primero donó un millón de pesos al tricolor. El segundo, un millón 510 mil pesos. Vicente Coss, del sindicato de transportistas de Ecatepec, colaboró con 450 mil pesos, superados por el millón de pesos donado por Vidal González, vicepresidente ejecutivo del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco.Solo las donaciones de María Magdalena y Yamilé Elena Kuri Harfush superaron el bajo promedio priista: dieron 2 millones de pesos cada una a Madrazo Pintado.

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Cartón: Jabaz

Milenio: Mouriño

Carlos Marín

Germán Martínez, presidente del PAN, dijo el viernes con Carlos Loret que la ética de los servidores públicos “es la ley”, lo cual es mentira: la ética es el espacio, la atmósfera, el ecosistema de los servidores públicos, obligados todos, por supuesto, a cumplir y hacer cumplir la ley.

La noche del mismo viernes, con Joaquín López-Dóriga, Juan Camilo Mouriño recordó que su familia empezó a hacer negocios con Pemex cuando poseía diez camiones; que él era entonces un niño; que la flotilla es hoy de ocho, y que su firma en los contratos que se han vuelto combustible de su hoguera es “legal y ética”.Para sus enemigos, Mouriño es la encarnación del mal (ratero, “español”, de “la pandilla del espurio”, “traidor a México” que quiere “privatizar Pemex”).

Más allá del linchamiento, para efectos legales están contra Mouriño los artículos 217, 220 y 221 del Código Penal Federal, así como el 47 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos.

Universal: Mouriño

Dime quién te rescató y te diré…

Alberto Aziz Nassif El Universal Martes 11 de marzo de 2008

El caso de Juan Camilo Mouriño no es una novedad. México está harto de que los intereses privados invadan la esfera de lo público, de que el patrimonio de todos se lo apropien unos cuantos. Esa ha sido la historia del país: primero los generales de la Revolución hicieron sus negocios; luego llegaron los civiles, también revolucionarios, e hicieron sus negocios; más tarde arribaron los empresarios que se asociaron con los políticos y también hicieron sus negocios. Ahora van de regreso: los empresarios que llegaron con el discurso de la democracia quieren probar suerte en la política y hacen negocios.

Por primera vez después del 2 de julio de 2006 López Obrador da un tiro de precisión con el expediente de Mouriño el 24 de febrero. El golpe al corazón del gobierno de Calderón fue contundente. Dos semanas después del anuncio que hizo AMLO no se ha terminado de asimilar la explosión del misil. Se han equivocado en la respuesta y cada día el problema se enreda más.

Después de la publicación que hizo EL UNIVERSAL el 28 de febrero se tardaron una semana en armar una salida. Fue en el noticiario de López Dóriga, Canal 2 de Televisa, donde Mouriño se presentó a decir que sí había firmado los contratos, que se habían asignado de forma directa sin licitación y todo estaba dentro de la legalidad.

Hoy en día cualquier cosa es “legal”, desde los incrementos salariales de los consejeros del IFE y de los ministros de la Suprema Corte, pasando por los viajes de lujo del director de Conaculta, hasta los contratos de Mouriño con Pemex, todo es completamente “legal”. Se ha llegado al ridículo de que ahora la Secretaría de la Función Pública dice que puede investigar de oficio, pero que está a la espera de alguna denuncia (EL UNIVERSAL, 10/III/08). Según la lógica del gobierno, lo que denuncia la oposición es por dos razones: porque son “enemigos de este gobierno” y/o porque no se ven a ellos mismos, que también son corruptos.

El problema tiene varias dimensiones. El lado jurídico indica a primera vista que un representante popular o un funcionario público pueden caer en conflicto de intereses cuando se da este tipo de contratos, como han señalado varios abogados a la revista Proceso. Sin embargo, la vía legal tiene varias complicaciones; la primera es que las instancias son casi todas gubernamentales; y la segunda es que en el Congreso de la Unión han privado las componendas entre el PAN y el PRI, para evitar que se forme una comisión para el caso de Mouriño. Un día el PRI dijo que acompañaba la iniciativa del PRD de formar la comisión, y dos días después los dos coordinadores del tricolor, Beltrones y Gamboa, negociaron y rescataron al secretario de Gobernación.

Qué bonita democracia, ahora el PRI le da la mano al PAN para sacarlo del problema. ¿A qué costo se habrá dado el rescate? ¿Qué consecuencias habrá del espacio que dio Televisa para el rescate? La vía jurídica se ve sumamente limitada por las componendas políticas. Estamos ante el viejo problema de un país con un estado de derecho que se manipula a conveniencia de los actores.

Se equivocó Calderón al nombrar a Mouriño, pero todo indica que no lo van a mover de su posición, a pesar de lo debilitado que puede quedar después de pasar de ser el joven poderoso a ser el joven de los contratos. Algunos piensan que Calderón debería imitar a otros políticos que han dado pasos en contra de la corrupción con la remoción de colaboradores cercanos, como lo hizo Lula en Brasil.

En este caso todo indica que va ganando la estrategia contraria: mantener en la posición al secretario de Gobernación. Para hacer cambios de este tipo se necesita un liderazgo de estadista, y hasta la fecha no parece ser el caso mexicano. La tentación de apostarle al olvido, a que pase la tormenta, es grande. Mejor nadar entre las aguas y flotar con los intereses que enfrentar la adversidad.

El propio PAN salió a defender al funcionario, faltaba más. A pesar de que el PAN todavía no ha logrado armar un modelo de partido gobernante distinto al del PRI, ya sabe muy bien, de forma instintiva, que tiene que defender a Mouriño al costo que sea, así lo ha planteado Germán Martínez. Luego está el PRI, que sabrá cobrar caro su rescate. Los priístas, aliados de este gobierno, se han vuelto indispensables. Para qué son los amigos, para qué se tiene el control del partido, para qué son los aliados que sí piensan en el futuro del país y no están de amargados sacando trapos sucios. El tufo de pragmatismo que ha impregnado a la política partidista ha calado hasta el hueso.

Los primeros efectos sociales están en una opinión pública que rechaza abiertamente lo que hizo Mouriño. Esta es la otra dimensión, lo que piensa la sociedad. Un 85% de los ciudadanos consideran que lo que hizo Mouriño, legal o no, va en contra de la ética y no es “moralmente correcto”. Pero eso no es todo, porque 68% considera que el secretario de Gobernación debería renunciar. Así lo destaca una encuesta de María de las Heras que se hizo el sábado pasado y que tiene 95% de confianza (Milenio, 10/III/2008).

Sin embargo, a quién en el gobierno le importa que casi nueve de cada 10 ciudadanos consideren que lo que hizo Mouriño no es ético; a quién en el PAN le importa que para siete de cada 10 mexicanos el secretario de Gobernación debería renunciar. El cálculo parece ser diferente desde dentro. Todo indica que están dispuestos a esperar que pase la tormenta; tal vez consideran que a lo mejor las elecciones internas del PRD no salen bien, y eso pondrá la atención en otros problemas. Sin embargo, la tormenta parece que se alargará: se menciona que vienen otros contratos más.

El expediente Mouriño afecta en el corto plazo la negociación sobre la reforma energética, y a mediano plazo se puede convertir en una carga para la política interna del país, sin perder de vista que en 2009 viene la elección intermedia y el cuadro de alianzas cambiará de forma importante. Lo único cierto es que las cosas ya no serán iguales para la joven promesa del gobierno calderonista. Por lo pronto, veremos en los próximos días si se forma o no la comisión legislativa que impulsa el PRD para investigar a Mouriño. En suma, veremos si el rescate que ha tenido Mouriño resiste la siguiente tormenta…

Universal: PEMEX

Cartón: Helioflores

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Universal: Mouriño

Jornada: PEMEX

Jornada: Mouriño

Editorial
Crisis de gobierno
En su calidad de presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, como coordinador de asesores del secretario de Energía, y en tanto que subsecretario de Electricidad, Juan Camilo Mouriño actuó en representación de una empresa de su familia para firmar contratos con Pemex, como reconoció recientemente él mismo. El que pueda hallarse, o no, una rendija legal para exonerar al actual secretario de Gobernación de los posibles delitos en que pudo incurrir (artículos 47 y 88 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y artículos 214 y 221 del Código Penal, entre otros), dependerá, en primer lugar, de la voluntad del gobierno del que forma parte, y de las bancadas priístas en las cámaras de Diputados y de Senadores, para esclarecer ésas y otras transacciones. En caso de que las pesquisas tengan lugar, y en tanto no culminen en el hallazgo de responsabilidades específicas, el funcionario estará protegido, en lo jurídico, por el principio de presunción de inocencia.
En el ámbito de la opinión pública, en cambio, las reacciones defensivas del secretario de Gobernación y de sus entornos institucionales, partidistas, parlamentarios y mediáticos, no han hecho más que alimentar una presunción de culpabilidad y de inmoralidad que se incrementa conforme se multiplican los intentos por blindarlo ante procesos administrativos, políticos y penales. Las sospechas se han expandido mucho más allá del movimiento lopezobradorista y han desembocado en una crisis de gobierno que se hará más profunda mientras más tiempo tarde en reconocerla el grupo en el poder.
El propio Mouriño ha fallado en el fondo y en la forma de sus respuestas. Una vez divulgados los contratos que firmó en su doble calidad de funcionario público del sector energético y de apoderado de sus propias empresas del ramo de hidrocarburos, el secretario de Gobernación se limitó a ensayar, sin pruebas, una descalificación de su impugnador, y posteriormente, en vez de comparecer ante el conjunto de la opinión pública, se limitó a presentarse en algunos medios electrónicos –afectados, a su vez, en la percepción pública por su tendencia a favorecer al discurso oficial–, desde los que tampoco desvirtuó con documentos los señalamientos en su contra. En cambio, se exoneró a sí mismo y pidió a la sociedad creer que la divulgación de los contratos sospechosos es parte de “una apuesta por el fracaso de nuestro país”. Así, de paso, las réplicas del funcionario han sembrado dudas sobre su capacidad para ejercer en forma adecuada el cargo que ostenta y para manejar crisis que vayan más allá de las impugnaciones a su persona.
De manera inexorable, la circunstancia por la que atraviesa el secretario de Gobernación genera severos impactos en el conjunto del Ejecutivo federal. La contundencia de los cuestionamientos a su paso por la Cámara de Diputados y por la Secretaría de Energía coloca a Mouriño ante el dilema de defenderse, en la forma que sea, o dedicarse a procurar una gobernabilidad que, paradójicamente, tiene uno de sus principales desafíos inmediatos en la situación del propio funcionario impugnado. Por añadidura, el estrecho colaborador del titular del Ejecutivo viene a ser, en su calidad de coordinador del gabinete presidencial (el que “tramita lo relacionado con los nombramientos, remociones, renuncias y licencias de los secretarios de Estado” e “interviene en los nombramientos, aprobaciones, designaciones, destituciones renuncias y jubilaciones de servidores públicos que no se atribuyan expresamente por ley a otras dependencias del Ejecutivo”), el superior jerárquico de quienes tendrían que analizar sus posibles responsabilidades administrativas y penales: el procurador federal y el secretario de la Función Pública.
Así, a menos de dos meses de su llegada al Palacio de Cobián, Juan Camilo Mouriño ha dejado de ser un activo y se ha convertido en un pesado lastre para el gobierno federal, cuyo titular tendría que evaluar la conveniencia de mantenerlo en un cargo para el que perdió buena parte de su margen de maniobra –particularmente como operador de la privatización petrolera eufemísticamente llamada “reforma energética”–, no sólo porque la Presidencia tendría que operar por sí misma, sin mediaciones ni parapetos políticos, en la resolución de difíciles conflictos, sino también porque las sospechas ciudadanas sobre la moralidad y la legalidad de los contratos de Mouriño se convertirían en percepciones de inmoralidad, opacidad e ilegalidad del Ejecutivo federal en su conjunto, y con ello se incrementaría gravemente el déficit de legitimidad que padece de origen la actual administración.

Jornada: Mouriño

El ex candidato presidencial reta a Felipe Calderón a “dar la cara” en este asunto
Exhibe AMLO otros dos contratos firmados por Mouriño con Pemex
■ Los convenios fueron otorgados sin licitación y corresponden al 20 de diciembre de 2000 y la misma fecha de 2001
■ Transporte de productos derivados del petróleo, el rubro del negocio
Alma E. Muñoz

Andrés Manuel López Obrador exhibió ayer dos contratos más firmados por Juan Camilo Mouriño como apoderado legal de su empresa familiar, Transportes Especializados Ivancar, con Petróleos Mexicanos Refinación, cuando era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
El ex candidato presidencial emplazó al secretario de Gobernación a demostrar, con documentos en mano, que cuando ingresó al servicio público dejó de ser socio o apoderado legal de la empresa y por tanto no incurrió en tráfico de influencias. Asimismo, a Felipe Calderón lo retó a “dar la cara” en este asunto.
Dio a conocer, en conferencia de prensa, que los convenios fueron otorgados sin licitación y signados por Mouriño e Irma Alejandra Rodríguez Baeza, gerente de Transporte Terrestre de Pemex Refinación, el 20 de diciembre de 2000 y la misma fecha de 2001, para que Ivancar transportara productos derivados del petróleo por año, en cada caso. Eso representó para la familia del funcionario montos contratados, en conjunto, por un mínimo de 5 millones 893 mil 851 pesos y hasta 14 millones 709 mil 627.
Por otra parte, López Obrador aseguró que ya se cuenta con más de los 125 diputados necesarios para integrar la comisión investigadora en el Congreso y que se realicen auditorías a todo el sector energético, porque los documentos se firmaron –indicó– violando flagrantemente las leyes mexicanas, y porque detrás está “el interés concertado de este grupo con empresas extranjeras para apropiarse de la renta petrolera”. Aunque Mouriño quisiera –expuso– que fuese una dependencia que “ellos controlan” la que investigara, para que “no pasara nada”.
Pasadas las 11 de la mañana, el dirigente se presentó ante los medios en sus oficinas ubicadas en la calle San Luis Potosí, en la colonia Roma, para engrosar la carpeta que entregó el 24 de febrero pasado a los coordinadores parlamentarios del Frente Amplio Progresista –PRD, PT y Convergencia–, la cual contenía tres convenios signados por Mouriño como diputado y subsecretario de Energía, cuando Calderón era titular de esta secretaría. En todos los casos, los contratos fueron otorgados sin licitación, es decir, por el procedimiento de adjudicación directa, y abarcan cuatro años, de 2001 a 2004.
Con la exhibición de los documentos se demuestra –aseguró– el tráfico de influencias “que han ejercido quienes ahora están promoviendo la privatización de Pemex. Además de que ya entregué minutas de la compra de gas a la empresa española Repsol, por 15 mil millones de dólares, en 2007”.
López Obrador insistió en que detrás de la firma de los convenios “está ese afán privatizador, los negocios tanto del grupo del que forma parte Mouriño como de petroleras extranjeras”. Advirtió que tiene información sobre un acuerdo entre las cúpulas del PRI, Calderón y el secretario de Gobernación para presentar la reforma energética, “regresando de Semana Santa, el martes 25 de marzo”.
Parte del acuerdo entre el senador priísta Manlio Fabio Beltrones con Mouriño, agregó, “no es sólo para darle protección, porque (el segundo) está confeso como traficante de influencias, sino para llegar a este acto de traición a la patria, que sería reformar las leyes para permitir la asociación con empresas extranjeras en todo lo que tiene que ver con la explotación del petróleo”.
Por eso “es muy importante que todos los mexicanos que queremos que se mantenga el petróleo como propiedad de la nación nos reunamos el 18 de marzo, a las 5 de la tarde, en el Zócalo capitalino y reafirmemos nuestra decisión, además de conmemorar el 70 aniversario de la expropiación petrolera”.
El artículo 108 de la Constitución, resaltó, establece “con mucha claridad la responsabilidad de los funcionarios públicos que hacen negocios con su cargo, como él hizo”, y queda demostrada su actuación en una cláusula contenida en todos los convenios que firmó como transportista, y que dice así: “manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos que establece el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.
Ese artículo plantea a su vez que “las dependencias o entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta ley con las personas siguientes: uno, aquellas en que el servidor público intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación, tenga intereses personal, familiar o de negocios”. Así que él tiene que demostrar –retó– “que renunció a sus acciones en 80 empresas, incluyendo Ivancar, porque ha incurrido en una mentira del tamaño del mundo, al afirmar que, como el trámite dura muchos meses, no se pudo acreditar. ¿Con cuál notario público fue? Yo conozco a los notarios y no se tardan tanto, basta con hacer una reunión ante uno y en un día o dos se resuelve”, dijo.
En este punto, López Obrador aclaró que no está en contra del origen o la nacionalidad de Mouriño, sino “contra la riqueza mal habida, que éste es el caso. Que nadie se confunda con eso”.
–El silencio de Felipe Calderón, ¿cómo se puede interpretar?
–Sí, el presidente usurpador debería dar la cara, pues es de dominio público que son socios; él debería dar una explicación. Le recuerdo que el presidente del consejo de administración de Pemex es el secretario de Energía, y en la firma de contratos (exhibidos), ¿quién era el secretario de Energía? Calderón, y ¿quién era su asesor? Mouriño.
“De modo que él tiene que informar sobre este asunto, dar la cara sobre éste y otros temas. Porque estamos recibiendo más información, mucha gente está contribuyendo y estamos haciendo la investigación a fondo sobre la compra de gas a Repsol.” Inclusive, añadió, “queremos calcular la utilidad y la ganancia de este jugoso contrato por 15 mil millones dólares, en el cual intervino el gobierno de Perú, cuando lo encabezaba Alejandro Toledo”.
López Obrador exhibió ayer los contratos –ambos por adjudicación directa– GTT-0142-01/2001, con monto contratado entre 2 millones 750 mil y 6 millones 850 mil pesos, con vigencia de enero 2001 a diciembre del mismo año, y el GTT-0142-01/2002, por un monto mínimo de 3 millones 143 mil 851 pesos, y hasta un máximo de 7 millones 859 mil 27, a partir del primero de enero y hasta el 31 de diciembre de 2002.
También hizo referencia a la publicación de un medio de comunicación por Internet, donde se informa que el secretario de Gobernación colocó a sus amigos cercanos en áreas claves de Pemex.

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