miércoles, 12 de marzo de 2008
Universal: Mouriño
El valor superior
Mauricio Merino El Universal Miércoles 12 de marzo de 2008
Es muy probable que los contratos suscritos por Juan Camilo Mouriño como apoderado legal de las empresas de su familia hayan sido perfectamente legales. Pero el mensaje ético y político que este episodio está enviando a la sociedad mexicana es de todos modos inaceptable, pues no está en juego el derecho de un empresario a ganar dinero ni el de un profesional a ejercer su oficio, sino la autoridad moral del secretario de Gobernación que es responsable de conducir las relaciones políticas del Ejecutivo y que, entre otras cosas, tiene en puerta la negociación de una reforma energética.
Se puede decir, con toda razón, que la divulgación de los famosos contratos tuvo el propósito perverso de anular la capacidad de maniobra del secretario de Gobernación y de poner en tela de juicio, de paso, la honestidad del equipo que rodea al Presidente. Se puede decir que se trata de una jugada orquestada por los partidarios de López Obrador para impedir la reforma energética. Se puede insistir en que la descalificación de Juan Camilo Mouriño es injusta, mientras no se pruebe ante tribunales que efectivamente abusó de los cargos públicos que tuvo para obtener beneficios privados.
Y se puede repetir hasta el cansancio que todas las decisiones tomadas hasta el día de hoy han sido perfectamente legales. Pero ya no se puede ocultar el negocio que revelaron los contratos suscritos, ni los intereses que representó entonces el ahora secretario de Gobernación. Alegar la legalidad de esas operaciones podrá salvar la honra de la persona, pero no resolverá la pérdida de autoridad del servidor público.
Para todo efecto práctico, el golpe asestado al secretario de Gobernación ocurre en un entorno político polarizado y en un ambiente social poblado de desconfianza. Si la razón principal que ha sostenido López Obrador para oponerse a la reforma energética es que, desde su punto de vista, ésta quiere privatizar las ganancias de la renta petrolera con el aval del gobierno, resulta devastador advertir que el negociador más importante de esa reforma fue el apoderado legal de empresas dedicadas a hacer negocios con el petróleo. Si esos negocios fueron legales o no, o si el ahora secretario de Gobernación utilizó su influencia política para favorecer a las empresas de su familia, resulta ya secundario. El hecho indiscutible es que el secretario de Gobernación hizo negocios en el sector energético y que su familia los sigue haciendo, aunque sus activos hayan disminuido. ¿Con qué autoridad moral puede defender el interés público un funcionario que tiene intereses privados en el mismo sector? Probablemente no sea ilegal, pero es éticamente contradictorio.
La confianza es un bien que se acumula con lentitud y se pierde muy rápido. Y el país está plagado de ejemplos de funcionarios que se han beneficiado a manos llenas de sus influencias políticas. La lista es tan larga como la historia de nuestros gobiernos.
De modo que en México tenemos una amplia predisposición, ganada a pulso y largamente documentada, para creer que las grandes fortunas privadas se han hecho gracias a las relaciones y los favores personales entre empresarios y gobernantes. Y muy en particular, las que han reunido los parientes de los funcionarios de mayor jerarquía política. Los casos más recientes y más lamentables son, por supuesto, los de Raúl Salinas de Gortari y el de los hijos de Marta Sahagún. Pero hay muchos más, cuya conducta siempre se ha defendido alegando la legalidad de sus actos: fortunas acumuladas al amparo de procedimientos legales, pero protegidas también por el poder político.
No se puede afirmar en definitiva que sea el caso de la familia del secretario de Gobernación, ni tampoco que éste haya influido en algún momento desde el gobierno para incrementar el capital de las empresas que fueron suyas. Es cierto que todo eso tendría que probarse mediante investigaciones formales. Pero la acción política reclama mucho más que un largo juicio para establecer la frontera entre los negocios privados y la influencia pública.
Si el secretario de Gobernación ya tenía una tarea formidable para asentarse como un interlocutor válido entre poderes, gobiernos y partidos, y ya tenía que remontar su falta de experiencia en la vida política del país y sobreponerse a la polarización planteada por quienes desconocen la legitimidad del gobierno, ahora tendría que añadir la prueba de su honestidad personal.
De la defensa de las causas del gobierno de Calderón y de la confección de una ruta exitosa de negociaciones políticas habría pasado repentinamente a los alegatos en defensa propia. Y si el gobierno ya tenía problemas de sobra para operar la agenda quebrada de la política, ahora tendrá que sumar una estrategia eficaz de control de daños para evitar que las dudas sembradas sobre el comportamiento de su operador principal acaben minando sus propios márgenes de actuación. Y nada de esto tiene que ver ya con la legalidad de los negocios de la familia Mouriño.
La mezcla entre los negocios privados y los asuntos públicos ha sido la causa de casi todos los escándalos que conoce la historia política, dentro y fuera de México. Y por eso sabemos que una vez que el escándalo estalla, la prueba de la honestidad personal no hace más que alargarlo.
Sin embargo, si el gobierno opta por hacer la vista gorda y apuesta por el alivio que otorgan el tiempo y la desmemoria, sus enemigos se encargarán sin duda de mantener el asunto vigente como prueba inequívoca de complicidad. En este sentido, la bomba que colocó López Obrador no podrá desmantelarse sin más mediante un nuevo intercambio de acusaciones. Esta vez ya no se trata de una guerra de campañas sucias para ganar elecciones, sino de la capacidad del gobierno para resolver los problemas públicos del país, con autoridad moral y política suficiente.
La polarización que le sirvió a Felipe Calderón hace dos años para remontar las preferencias electorales hoy serviría mucho más a sus adversarios. El valor superior es la ética pública, no la legalidad de los contratos firmados.
Profesor investigador del CIDE
Universal: Mouriño
Itinerario Político
Ricardo Alemán
El Universal Miércoles 12 de marzo de 2008
Sí, mohína; pero también ilícito
Mouriño fue declarado culpable por la opinión pública porque eligió una defensa suicida
Nos guste o no, él no es más que un invento de Calderón. Por eso sorprende la vehemencia por protegerlo
Nota aclaratoria: Debido a un infortunado accidente de redacción, en el décimo primer párrafo de la columna pareció como si el autor se declarase panista. La frase debió decir: "Nos guste o no, les guste o no a los panistas..." Ofrecemos una disculpa a los lectores y al autor.
Germán Martínez Cázares, el dirigente nacional del PAN, dice de Andrés Manuel López Obrador (EL UNIVERSAL 11/03/08, Pág. A16): “Está enojado. Sigue violento, no se sosiega. Pasar el trago de la derrota electoral le sigue costando muchísimo trabajo. Vivir el trance del fracaso en la elección presidencial pasada debe ser duro, máxime cuando ya despachaba en dos cuartos en Palacio Nacional…”.
Con prosa que quiere ser cáustica y sorna que pretende elocuencia, Germán Martínez taladra: “Es humanamente comprensible la mohína. Pero no puede convertir el descalabro en una causa nacional, y oponerse sistemáticamente a cualquier medida impulsada por el gobierno o el Congreso. Eso no sólo es un despropósito… es simple y llanamente una deslealtad a la República y sus instituciones”.
Luego, el dirigente del PAN parece rematar: “Cuando López Obrador manda al diablo a las instituciones tiene, ¿faltaba más?, el derecho de sacar del infierno a las que le garanticen el aplauso a sus pamplinas. Ahora quiere una comisión de investigación para crucificar a todos los que fueron los responsables de su derrota, empezando por Juan Camilo Mouriño”.
Y en efecto, no le falta razón al señor Germán Martínez Cázares. Sí, la persecución emprendida por el señor “legítimo” y por un sector del PRD contra el secretario de Gobernación —como en su momento se desplegó una persecución contra el IFE y su presidente— tiene buena dosis de rencor, enojo y cobro de facturas. Queda claro que el señor López Obrador quiere la cabeza del señor Mouriño, primero, y luego la del propio Felipe Calderón, por eso que en política llaman “cobro de facturas”. Y es cierto que AMLO no digiere la derrota. Y que nunca la va a digerir.
Pero lo que Germán Martínez Cázares se niega a ver, lo que sus sentidos no quieren percibir o, de plano, no le aportan sus “entendederas”, es que en la guerra del señor “legítimo” contra el secretario de Gobernación el asunto ya no es de “enojos”, “desasosiegos” o “mohínas”. El dirigente del Partido Acción Nacional parece no entender que el de su amigo y “hombre del Presidente” ya es un caso perdido, porque más allá de la simpática y desesperada defensa del joven Mouriño; más allá de que sea o no culpable por tráfico de influencias, lo cierto es que para esos poderes fácticos que son la opinión pública y el árbitro mediático, el señor Juan Camilo Mouriño ya fue juzgado. Y sí, la sentencia dice “culpable”.
¿Por qué culpable? ¿Culpable de qué?
En efecto, el dirigente del PAN debiera buscar —de lo perdido, lo que aparezca—, precisamente en la respuesta a las anteriores interrogantes. ¿Que por qué es culpable el señor Mouriño? Por lo menos —y a reserva de que las investigaciones oficiales del caso digan lo conducente— por algo que los señores del PAN y del gobierno de Calderón parece que no quieren ver o no quieren entender. Por un asunto de principios que se llama ética.
Si los panistas creen que la ética es el arte de verse bien —como en su momento los caciques de horca y cuchillo del viejo PRI creían que moral era un árbol que da moras—, resulta que los ciudadanos en general sí saben que un servidor público no puede ser al mismo tiempo empresario y menos servirse del cargo para beneficiar a su empresa. ¿Qué cuestionó durante décadas el PAN doctrinario del que forma parte el señor Germán Martínez, del que es líder el señor Felipe Calderón y del que parece que no entiende nada el señor Mouriño? Precisamente eso, que los gobiernos del PRI se valían del poder para beneficio personal o familiar.
El señor Mouriño fue declarado culpable por la opinión pública —y sólo basta que le echen una mirada a la encuesta reciente de María de las Heras—, no por los contratos, no por los rencores y enojos del señor “legítimo”, sino porque eligió una defensa suicida —verdadera estupidez—, que rompió una de las reglas de oro de la política: la del sentido común. Y en esa dizque simpática y candorosa defensa, el señor Mouriño cruzó la línea que lo colocó en el territorio del cinismo. “Sí, firmé los contratos, pero eso no es ilegal”. Pues sí, puede ser que no sea ilegal, pero todos creen que es inmoral. Por eso es culpable.
¿Que de qué es culpable? La respuesta se pudiera dar con muchas palabras, adjetivos que son fuertes y ofensivos. Pero no es el caso. En realidad la culpa de que Mouriño haya llegado como titular a la Secretaría de Gobernación, que se haya creado una grosera mitología de poder sobre sus supuestas capacidades —hoy sabemos que nunca fueron reales— y que muchos se hayan tragado el anzuelo, no es del señor Mouriño, sino de su jefe, el presidente Calderón.
Nos guste o no, les guste o no a los panistas, el señor Mouriño no es más que un invento del candidato presidencial Felipe Calderón y luego del presidente Calderón. Por eso sorprende la vehemencia presidencial por protegerlo —aunque en realidad quienes conocen a Felipe Calderón dicen que no es novedad su terquedad—, al grado de que son muchos los que se preguntan: ¿Vale más Juan Camilo Mouriño que el gobierno de Calderón? Si la respuesta es afirmativa, entonces tenemos derecho a afirmar que el gobierno de Calderón vale muy poco. Si es negativa, podemos suponer que muy pronto dejará su cargo. Y en eso debía estar el presidente del PAN. ¿O no?
Jornada: PEMEX
Entrevista a Fernando Siqueira, Director de la Asociación de Ingenieros de Petrobras
Brasil busca recuperar el control de su petróleo
Empresas extranjeras se apropian de recursos, sostiene
Ante la presión de Estados Unidos por privatizar los hidrocarburos de América Latina, el especialista dice que su país debe copiar a México el marco constitucional de control del Estado sobre sus recursos.
“Ahora más que nunca Pemex es un paradigma”, afirma
Roberto González Amador e Israel Rodríguez
Estados Unidos enfrenta una “difícil situación energética”, y la necesidad que tiene de lograr el control sobre los recursos petroleros de América Latina está detrás de las “enormes presiones” para privatizar los hidrocarburos en México y en otros países de la región. Habla Fernando Siqueira, director de la Asociación de Ingenieros de Petrobras (Aepet):
“En realidad, Estados Unidos paga hoy 300 dólares por barril de petróleo: 100 dólares por el costo del crudo en el mercado y otros 200 derivados de los gastos en el aparato militar en Oriente Medio para garantizar el suministro desde esos yacimientos”.
Crítico del proceso de privatización de Petróleos Brasileños (Petrobras), que se concretó en 1997, durante el gobierno del ex presidente Fernando Henrique Cardoso –cuando se promulgó una ley que permitió a otras empresas competir con Petrobras en todos los ramos de la actividad petrolera–, Siqueira dice a La Jornada:
“En la discusión sobre el tema energético, México no debe ver el proceso de apertura en Petrobras como un ejemplo. En Brasil estamos en plena campaña para recuperar el control sobre el petróleo, y Brasil tiene que copiar a México el marco constitucional de control del Estado sobre sus recursos, y ahora más que nunca Petróleos Mexicanos (Pemex) es un paradigma. Es necesario que Brasil recupere el control de su riqueza”.
Fernando Siqueira y Murilio Marcato, delegado de la Aepet en Minas Gerais, forman parte del movimiento que ha renacido en Brasil para que el país recupere el control de su petróleo. La Aepet, fundada en 1961, está integrada por 5 mil empleados de nivel medio y superior de Petrobras, la mayoría en activo. Entre sus objetivos está defender la propiedad del Estado sobre el petróleo y el fortalecimiento de Petrobras como una empresa energética pública.
De visita a México comentaron a La Jornada algunas de las experiencias del proceso de privatización del petróleo en su país. Entre ellas, la forma en que las empresas extranjeras penetraron los órganos de dirección de la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), el órgano creado por el gobierno después de la apertura para coordinar la política petrolera, e incluso del intento –ya durante el gobierno del presidente Luis Inacio Lula da Silva– de cambiar el nombre de la empresa por “Petrobrax”, bajo el argumento de su director de que “era más fácil de pronunciar para los inversionistas extranjeros”.
También de la manera en que los promotores de la privatización invirtieron millones de dólares en pagar a periodistas y “analistas independientes” para que influyeran en la opinión pública en crear un clima favorable a la privatización.
“La experiencia de Petrobras no fue buena ni para el país ni para la petrolera; se abrió a las compañías extranjeras que se convirtieron en propietarias del recurso natural. El gobierno tenía 87 por ciento de las acciones y ahora tiene sólo 40 por ciento. Las empresas participan en las licitaciones de lotes para explotar campos petroleros y se convierten en dueñas del terreno y del petróleo que encuentren, el cual pueden vender a quien deseen”.
La privatización de Petrobras, asegura Siqueira, no llevó nuevas inversiones a Brasil. Tampoco aportó tecnología. “Las empresas extranjeras vinieron a Brasil a aprender, Petrobras era un líder tecnológico”, asegura.
Debilitamiento premeditado
A la vez que se transfería a firmas privadas, principalmente extranjeras, la propiedad sobre el petróleo, el Estado comenzó a perder los recursos de la renta petrolera.
Explica Fernando Siqueira: las empresas privadas que participan en la explotación del petróleo brasileño pagan al gobierno una participación de 10 a 45 por ciento del precio a que vendan el crudo. La media internacional en cuanto al pago de contribuciones a los países propietarios del recurso, agrega, es de 84 por ciento del precio de venta. Es decir, las compañías que operan en el país sudamericano pagan al Estado la mitad de lo que se tributa en promedio internacional.
Otra merma para el Estado, luego de la privatización impulsada por el régimen de Fernando Henrique Cardoso y continuada en el actual, tiene que ver con el valor de los lotes, que son las partes del territorio que se adjudican a las firmas privadas mediante licitación.
Explican los expertos que el lote más costoso ha sido vendido por el gobierno brasileño a un precio de 300 millones de dólares. La firma que se lo adjudicó extraerá crudo por un monto equivalente a 8 mil millones de dólares durante la vida productiva del yacimiento.
La privatización de Petróleos Brasileños en 1997 fue el punto culminante de un proceso de debilitamiento intencional de la empresa iniciado 20 años antes, explican. “Petrobras fue obligada a comprar petróleo a precios internacionales de 25 dólares por barril y venderlo en el mercado interno a 14 dólares; la diferencia era cubierta por la producción nacional y esto provocó que la empresa no tuviera recursos para invertir y se descapitalizara”, dice Siqueira.
En 1994 ocurrió un intento de reforma a la Constitución brasileña para acabar con el monopolio del Estado sobre el control de los recursos naturales. “Se tergiversaban las cosas, diciendo que Petrobras era un monopolio, pero en realidad el monopolio era del Estado sobre el control de los recursos, y Petrobras sólo era la empresa encargada de poner en práctica la política estatal sobre petróleo”, añade.
Había una creciente oposición a la privatización de Petrobras, que incluía al sindicato petrolero, entonces uno de los mayores del país, a empleados públicos de otros gremios, sindicatos de industria y organizaciones sociales. Cuenta que en 1995 el entonces presidente Henrique Cardoso emitió un decreto que prohibía a cualquier empleado público trasladarse a Brasilia, la capital federal y asiento de los poderes, a realizar cualquier protesta contra la decisión de abrir la empresa petrolera al capital privado, so pena de ser despedido. El objetivo, dice, era “quebrar” la resistencia a la política de apertura.
Un año después fue enviada la ley para eliminar el control total del Estado sobre el petróleo y permitir a empresas extranjeras extraer y hacerse propietarias del crudo brasileño. Fue aprobada un año después, a la vez que se creaba una Agencia Nacional del Petróleo que, asegura, respondía a los intereses de las grandes trasnacionales a las que entregó “todo el conocimiento que Petrobras había acumulado en 55 años de investigación sobre los yacimientos de petróleo en el país”.
Los modos de Halliburton
Una vez aprobada la ley que privatizaba la propiedad del petróleo brasileño, se instrumentó en la empresa una política de jubilación anticipada, que redujo de 35 a 30 años los años laborados antes del pase a retiro. En este proceso, la plantilla laboral de Petrobras se redujo de 60 mil a 30 mil empleados, aunque el plan de los administradores era de mantener sólo 15 mil empleados.
Una siguiente medida fue reconformar el consejo de administración de Petrobras, que hasta antes de la privatización estaba integrado por nueve miembros: seis directivos de la empresa y tres representantes de la sociedad.
Con las modificaciones legales se incluyó a consejeros externos de nacionalidad brasileña que, dicen los entrevistados, representaban los intereses del sistema financiero internacional.
A partir de esta reconformación del consejo se perdió control sobre las decisiones y el manejo de información estratégica. Un problema, desde su punto de vista, que llegó al extremo este año, cuando “se perdieron” tres discos duros robados a computadoras portátiles y que contenían la información sobre el gigantesco campo de Tupí, descubierto en diciembre pasado. Esos datos, como se ha publicado en la prensa brasileña y ahora recuerda el entrevistado, “aparecieron” en poder de Halliburton, la empresa propiedad del vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney.
Se eliminó, además, al equipo de planeación de Petrobras y se compraron “activos podridos” en Argentina, pertenecientes a Repsol, firma que, dijo, “se sospecha es un brazo de la Shell usado por la petrolera anglo holandesa para eludir algunos controles a que están sujetas las mayores compañías energéticas del mundo”.
Fernando Henrique Cardoso dejó la presidencia en 2003 con una deuda interna por el equivalente a 60 mil millones de dólares, aun cuando durante su gobierno fueron vendidos activos públicos por 160 mil millones de dólares. “Entregó al país en bancarrota”, señala Siqueira.
Murilo Marcato, delegado de la Aepet en Minas Gerais, recuerda que una vez iniciado el proceso de privatización, que ha llevado a que 40 por ciento del capital de Petrobras esté colocado en bolsas de valores, desde el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES, similar a Nafin en México) se buscó adquirir acciones de la compañía petrolera para asegurar que una parte permaneciera bajo control estatal. “El gobierno impidió que siguiera la compra de acciones del BNDES, e incluso los directivos del banco que la promovían fueron cesados”. Actualmente, ese banco tiene alrededor de 10 por ciento del capital de Petrobras.
En cambio, se favoreció a las empresas privadas que compraban acciones de Petrobras a través de los mercados accionarios. Dice Marcato que en 1999 el estatuto de la empresa fue cambiado para permitir que su presidente fuera extranjero; en 2000 se vendió, a través de la bolsa, 18 por ciento de la participación estatal. Un porcentaje similar de acciones, también del gobierno, fue colocado en las bolsas en 2001. En total, 40 por ciento del capital de Petrobas fue vendido en la bolsa.
El gran consumidor
Los dirigentes de la Asociación de Ingenieros de Petrobras consideran que América Latina está sujeta a una mayor presión por parte del aparato industrial y militar de Estados Unidos, y de las grandes compañías petroleras que los abastecen, por el control del petróleo. Una presión que ha ido en aumento conforme el alza en la cotización del crudo llega a niveles que los expertos consideraban que ocurrirían después de 2010.
Explica Siqueira: “El choque de precios previsto para 2010 está ocurriendo en 2008. Se anticipó porque los picos de producción se han caído y la demanda ha subido. La era del petróleo barato ya se terminó y ahora la previsión es que el barril alcance 180 dólares en 2015 y una cotización de 300 dólares en 2020”.
En este contexto de precios cada vez más altos, Estados Unidos muestra una mayor avidez por petróleo. Ese país consume una cuarta parte de la producción mundial dentro de su territorio y casi otro tanto con sus instalaciones militares externas, señala el experto.
Así, con reservas de 28 mil millones de barriles, Estados Unidos requiere 8 mil millones de barriles por año para su suministro interno y otros 7 mil millones de barriles para su aparato militar, “por lo que si no garantiza un suministro confiable, en dos años puede colapsar”.
Agrega que el desarrollo de Estados Unidos está “montado” sobre la energía del petróleo, que es la materia prima de 3 mil productos que no son fácilmente sustituibles.
“Estados Unidos está en una situación crítica. Consume 15 mil millones de barriles por año y tiene 28 mil millones en reserva. En ese país, cada coche consume 28 barriles (al año), una computadora tres barriles, y el promedio de consumo por habitante es de 25 barriles por año, en tanto que en los países de Europa es de 11 barriles por persona al año”, asevera.
Una de las principales fuentes de abasto de petróleo para Estados Unidos es el Oriente Medio y en especial de Arabia Saudita. Según los entrevistados, el gasto militar estadunidense en esa región del mundo agrega un costo de 200 dólares por barril al precio del crudo, que ya tiene dos semanas arriba de 100 dólares. Para el aparato industrial y militar de Estados Unidos, el costo neto ha subido a 300 dólares por barril de crudo.
“Aun cuando Arabia Saudita es un aliado muy fiel de Estados Unidos, no tiene la capacidad para abastecer y garantizar el suministro de crudo”, agrega Siqueira. Estados Unidos, asegura, se encuentra en una situación difícil de abasto de petróleo y para ellos es más fácil tratar de garantizar ese suministro en América Latina que invertir en Medio Oriente.
“Ahora que la oferta de petróleo es prácticamente igual a la demanda, la lucha por el abasto y el control del crudo se intensifica”.
Estrategia mediática
La decisión del gobierno brasileño de privatizar su industria petrolera en 1997 tuvo un componente fundamental para asegurar su realización, cuenta el especialista. Fue “convencer” a la población, a través de los principales vehículos de comunicación de masas en el país, de que Brasil no podía solo.
Relata: “la campaña en los medios de comunicación hacía llegar a los brasileños el mensaje, insistente, de que si no había apertura al capital privado no llegarían al país recursos externos necesarios para explotar el recurso, y entonces, se decía desde el gobierno, se tendrían que desviar recursos de los ramos de la salud, educación y seguridad. Se nos insistía en que no teníamos recursos ni experiencia, por lo que necesitábamos ayuda de las compañías y que no permitir esa ayuda sería ruin para el país”.
Todas las afirmaciones para apoyar la privatización estaban sustentadas en mentiras, cuenta Siqueira. Fue una campaña muy bien elaborada y planeada, añade. Recuerda que la trasnacional Shell invirtió 100 millones de dólares para que especialistas y profesores escribieran artículos y aparecieran en los medios de comunicación para hablar a favor de la privatización. “Les daban espacios para defender la privatización, compraron conciencias de periodistas y académicos que después se volvieron célebres en los medios brasileños”.
Relata que los promotores de la privatización ofrecían a profesores universitarios triplicarles el sueldo para que aceptaran escribir artículos y participar en foros para hablar a favor de la apertura de la empresa petrolera al capital privado.
“Yo, como opositor a la privatización, realicé entonces visitas por todo el país para hablar sobre el tema. Y me llamó la atención cómo, sin importar la región de Brasil donde me encontrara, las preguntas de quienes me cuestionaban en los foros eran las mismas, como salidas del mismo sitio”.
Los periódicos y los medios electrónicos lanzaron una campaña en la que argumentaban que la nacionalización de los recursos petroleros “era algo retrógrado y que la globalización era lo actual”. Se desplegaron informaciones subliminales para convencer a la población, dice.
Recuperar el control
En diciembre de 2007, Petrobras anunció el descubrimiento del campo petrolero Tupí, en el sureste del país, en la costa del océano Atlántico, un yacimiento que incrementará la reserva de crudo de Brasil a 80 mil millones de barriles, lo que convierte a ese país en poseedor de una riqueza comparable a la de mayores dueños de reservas: Rusia, Arabia Saudita, Irán, Irak y Venezuela.
El descubrimiento de Tupí reavivó el debate nacionalista e infundió nuevos ánimos a un sector de la población que busca recuperar el control total de Brasil sobre sus recursos naturales. Una acción emprendida, entre otras organizaciones por la Aepet, ante un órgano autónomo de procuración de justicia, detuvo temporalmente una licitación de 41 campos cercanos a Tupí. Con este mandato judicial, el gobierno pospuso la venta de esos campos.
“La enorme riqueza descubierta hace necesario que Brasil recupere el control sobre sus yacimientos. Como están las cosas ahora ese control no existe, porque las empresas privadas, de acuerdo con la ley vigente, son propietarias del crudo que extraen”, dice.
En Brasil, asegura, ha crecido un nuevo sentimiento nacionalista que ha hecho suyo el lema “el petróleo es nuestro” –que fue una de las frases empleadas por Getulio Vargas, el presidente que nacionalizó el hidrocarburo en los años 50, quien tomó como ejemplo el decreto del presidente Lázaro Cárdenas de nacionalización en 1938.
Añade que la privatización de Petrobras tuvo otras implicaciones. Dio éxito a la idea de los grupos que controlan política y económicamente a Estados Unidos de que se debe impedir que países potencialmente hegemónicos se desarrollen.
“Antes de la privatización, en Brasil el 90 por ciento del desarrollo tecnológico se realizaba en empresas estatales, eso se perdió. Los países dominantes no quieren un competidor indeseable”.
Jornada: Mouriño
Editorial
Mouriño y el control de daños
Ayer, el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Juan Camilo Mouriño, puso a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de las juntas de coordinación política de las dos cámaras legislativas y de “la opinión pública” un expediente con los siete contratos que firmó con Petróleos Mexicanos (Pemex) en calidad de apoderado legal de la empresa Ivancar, propiedad de su familia, en tiempos en que desempeñaba los cargos de presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, coordinador de asesores del secretario de Energía y subsecretario de Electricidad.
En conferencia de prensa, Mouriño emitió de nueva cuenta descalificaciones contra sus detractores y aseguró que convenios como los firmados por él son habitualmente otorgados en adjudicación directa por la paraestatal a diversos transportistas. Pocas horas después, la PGR, tras ser requerida por el propio Mouriño, anunció que, “a efecto de dar trámite al documento que presentó el citado licenciado”, iniciaba una averiguación previa “para esclarecer dichos hechos y determinar lo que en derecho corresponda”.
Por parte del coordinador del gabinete calderonista fue un nuevo paso en falso que, lejos de despejar las sospechas por su actuación, las robustece y extiende, mucho más allá del Palacio de Covián, al conjunto de la administración pública.
Cabe preguntarse por qué el secretario de Gobernación esperó a que Andrés Manuel López Obrador y la bancada de Convergencia divulgaran otros cuatro nuevos contratos entre Pemex y las empresas de la familia Mouriño –adicionales a los que dio a conocer el dirigente opositor el pasado 24 de febrero– para convocar a la conferencia de prensa en la que ofreció tales documentos a la opinión pública, siendo que ésta ya los conocía; por qué tardó tanto tiempo en “cumplir con un deber como funcionario público y como ciudadano” y por qué eludió el punto principal del señalamiento, que no se refiere sólo a los beneficios que obtuvo con los contratos mencionados sino a su doble carácter de funcionario del sector energético y empresario del ramo petrolero.
Lo dicho por el secretario de Gobernación ayer no es, pues, sino una repetición de gestos mediáticos ya efectuados anteriormente, que no van a atenuar la crisis política en la que ha sumido al gobierno federal.
Más allá de lo que Mouriño haga o deje de hacer para defender su posición, que no puede ser mucho, la reacción de la PGR da cabal cuenta de lo que se configura, desde ahora, en tono y en contenido, como un mero trámite de exculpación a petición del interesado, es decir, como un acto de simulación. Independientemente del servilismo hacia el investigado en el tono del boletín de prensa emitido por la dependencia, ésta debió investigar de oficio los presuntos delitos cometidos por Mouriño, cuyos indicios fueron divulgados hace más de dos semanas. Otro tanto puede achacarse a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Difícilmente ambas dependencias podrían apartarse de lo dicho por el sujeto a investigación –que es postura oficial del gobierno–, según la cual la divulgación de los contratos Ivancar-Pemex fue un acto “mezquino”, “inmoral” y “doloso” y una maniobra para “que a México le vaya mal”.
Además de que el emisor de ese discurso sea el superior jerárquico de los titulares de la PGR y de la SFP, estas dependencias acusan un severo desprestigio por el faccionalismo y la parcialidad con que han sido usadas por el Ejecutivo en la presente administración y en el sexenio anterior: empleada, la primera, para golpear a las oposiciones políticas y sociales, para exculpar a funcionarios y allegados del foxismo sospechosos de desviar fondos y de enriquecerse a costa del erario, y para fabricar culpables a fin de dar la impresión de que se hacía algo significativo en el combate al crimen organizado; rebajada, la segunda, a defensoría de panistas y a sepulturera de investigaciones contra sospechosos de daño al patrimonio público.
Al respecto, destacan el desfalco a Pemex en el que presuntamente se encuentran involucrados los hijos de Marta Sahagún o el desvío de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) operado por Carmen Segura Rangel, actual diputada local por Acción Nacional.
La única forma de dar credibilidad y transparencia a las pesquisas gubernamentales en torno a los negocios de Mouriño es que éste se retire del cargo, por lo menos durante el tiempo que tomen las investigaciones, a fin de no contaminarlas con la sospecha o la certeza de parcialidad. Esa sería la mejor contribución que podría hacer a sus correligionarios, a su jefe inmediato, a la transparencia en la administración pública, a una sociedad justificadamente escéptica y a las posibilidades –si es que aún quedan– de rescatar su carrera política.
Por su parte, el calderonismo no puede seguir actuando en este caso como si se tratara de un problema mediático y de relaciones públicas, cuando en realidad es una severa crisis política. Tendría que empezar, pues, por desmentir al propio Mouriño, quien la describió como un mero empeño de los que “no quieren que México sea exitoso”, y por admitir que tal crisis existe.
Jornada: Mouriño
■ Incondicionales de Mouriño en Pemex y CFE, la estrategia, dice
Presenta Navarrete expediente sobre el conflicto de intereses
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Como parte de una estrategia diseñada desde que estuvo en la Oficina de la Presidencia para colocar a sus empresas en situación privilegiada y que pudieran beneficiarse de la pretendida privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), el ahora secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, colocó a incondicionales en puestos claves de la paraestatal y otras dependencias, advirtió el coordinador perredista en el Senado, Carlos Navarrete.
Luego de presentar ante la Junta de Coordinación Política de esa cámara un amplio expediente que prueba el grave conflicto de intereses en que ha incurrido el responsable de la política interior, recalcó que los contratos dados a conocer hasta ahora “son apenas la punta del iceberg” del negocio multimillonario que el grupo en el poder pretende al abrir Pemex al capital trasnacional.
El expediente incluye contratos que dejan ver con claridad cómo las empresas de la familia Mouriño crecieron a partir del pasado sexenio y hasta la fecha, desde que éste ocupó diversos cargos en el sector energético; asimismo, su negativa a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales desde 2004, y la presencia de gente cercana en puestos importantes de la administración pública relacionados directa o indirectamente con Pemex.
Mencionó el caso de Karim Elías Bobadilla, amigo cercano de Mouriño, originario de Campeche, quien es el titular del órgano interno de control de la paraestatal, entre cuyas funciones se encuentra “la administración de bienes materiales, auditorías, investigación de delitos, labor de supervisión, licitaciones y adjudicaciones de contratos de bienes y servicios”.
Elías Bobadilla no tiene experiencia en el sector público, pero colaboró con el padre de Mouriño en el Grupo Energético del Sureste. Su hermana María Alejandra es subdirectora en la Procuraduría de Protección al Ambiente en Campeche, y su esposa, Karla del Carmen Pérez Marrufo, es coordinadora de Fomento de Asociaciones de Consumidores de Profeco. Los últimos cargos tienen que ver con garantizar la protección para operar 39 gasolineras.
Navarrete dijo que demandarán la comparecencia de Karim Elías Bobadilla, ya que es pieza central del operativo montado desde la Oficina de la Presidencia de la República para “colocar a las empresas del señor Mouriño en posición estratégica, para que sean la parte mexicana que se habrá de aliar con las trasnacionales que firmarán los grandes contratos de exploración y de perforación”, luego de la pretendida privatización de la industria petrolera.
Insistió: “La familia Mouriño colocó a Karim Elías Bobadilla en el lugar adecuado en Pemex para que valide las licitaciones, los contratos y asignaciones, una vez que el gobierno logre los cambios legales que permitan las llamadas alianzas estratégicas con corporaciones extranjeras.
El expediente incluye contratos otorgados por Pemex a Ivancar, Grupo Ges, Franquicias Ges, en los que se percibe con claridad cómo se fortalecieron las empresas de los Mouriño a partir de la incursión de éste como servidor público, ya que de contratos de entre 252 mil y 630 mil pesos, que firmaban antes de 2000, pasaron a otros de entre 23 y 39 millones de pesos en 2007.
Otro dato, Constructora Escalante, propiedad del suegro de Mouriño, que perdía la mayoría de las licitaciones en que participó hasta 2004, “y las que ganaba eran por pocas cantidades”, en 2007 obtuvo contratos por 163 millones de pesos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Con toda esa información, agregó Navarrete, existen elementos suficientes que justifican la creación de una comisión investigadora en el Senado, asunto que, informó, aún no debe descartarse.
Sin embargo, el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, reiteró que no es conveniente una réplica de la comisión que se instalará en la Cámara de Diputados y que lo mejor es que la denuncia contra Mouriño se presente en la Procuraduría General de la República.
Los documentos que “de manera sorpresiva” se pusieron en conocimiento del Senado, serán analizados, agregó Beltrones Rivera, por los grupos parlamentarios, a fin de hacer valer que no se garantice la impunidad de nadie, “pero también estar seguros de que no formamos parte de un linchamiento”.
Jornada: Mouriño
■ Insultos y misoginia blanquiazul contra las diputadas Batres y Sansores
Revienta AN crear comisión investigadora
Enrique Méndez y Roberto Garduño
Por encima de la Constitución, de la Ley Orgánica del Congreso y del derecho de las minorías, el Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados impuso su fuerza numérica para oponerse terminantemente a constituir una comisión especial que investigue los negocios del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, con Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los artificios y la escasez de argumentos en las filas panistas se manifestaron, inclusive, en el pleno de la Cámara cuando la protesta del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia) contra Mouriño, encabezada por las diputadas Layda Sansores y Valentina Batres, fue denigrada con gritos soeces desde las filas del blanquiazul.
“¡Tubo, tubo, tubo...!”, exclamaron, entre otros, los panistas José Guillermo Fuentes Ortiz, Gerardo Antonio Escaroz y hasta Violeta Lagunes. Pero fueron más allá ante el contenido de las mantas que desplegaron los perredistas con las leyendas “¿manos limpias?”, “no a la priatización de Pemex”, “¡ya vienen los piratas!, I VAN por el tesoro” y dos fotomontajes con Felipe Calderón y Mouriño disfrazados de filibusteros.
El panista Guillermo Fuentes lideró el coro: “¡bubis piratas, bubis piratas!, ¡pónchenlas, pónchenlas!”. La presidenta de la mesa directiva, Ruth Zavaleta, no hizo nada para detener a los blanquiazules. El desorden, exacerbado por la misoginia panista, tuvo consonancia con la actitud del coordinador de ese partido y presidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Larios, durante la negociación que sostuvo con los líderes del resto de las bancadas para conformar la comisión investigadora.
Desde el mediodía se supo del rechazo tajante del PAN para conformar ese grupo de trabajo que diera seguimiento, no únicamente a los contratos suscritos por Mouriño como representante legal de Transportes Especializados Ivancar, sino también todos los contratos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad desde el último año de gobierno de Ernesto Zedillo.
Larios convocó a los coordinadores a su oficina, donde reventó la negociación con el argumento de que el FAP pretende conformar una comisión que, como la de Vicente Fox, sólo busque el escándalo y el escarnio, “pero no sirve para nada”.
En la reunión privada, Javier González Garza, coordinador del PRD, reclamó a Larios que la comisión debería integrarse, sólo porque se recabaron 137 firmas de diputados, suficientes para iniciar la investigación por presunto tráfico de influencias del secretario de Gobernación, pero también la forma en que esas dos paraestatales han beneficiado a otros grupos empresariales con entrega de contratos sin licitación pública.
“No puedo permitir que se desvirtúe el interés nuestro por investigar, no vamos sólo por el caso Mouriño, tenemos una visión amplia y por eso habremos de buscar un acuerdo que responsablemente nos lleve a dilucidar el entramado que rodea los negocios en esas paraestatales”, afirmó.
De nueva cuenta, el priísta Emilio Gamboa no se comprometió con ninguna de las dos partes: “Yo les dije que se pusieran de acuerdo entre el PAN y el PRD, y ya veremos, pero nosotros vamos a seguir platicando”.
El encono se trasladó al salón de plenos, donde los perredistas Valentina Batres, Gerardo Villanueva, Adrián Pedrozo y Víctor Varela, acompañados por Layda Sansores, tomaron la tribuna. Esa acción fue en protesta porque Zavaleta permitió que Luis Sánchez fuera el único diputado que votara de viva voz para completar el quórum, que a su vez permitiera rechazar la propuesta del sol azteca para modificar el dictamen. Así, el de Sánchez fue el voto 251, que los panistas festejaron como si fuera de uno de los suyos, y aplaudieron aún más a Zavaleta, quien con una mueca evadía los reclamos de la bancada del PRD, su partido.
Al concluir los insultos a Sansores y a Batres, se abrió un receso para continuar la sesión este miércoles. Antes de retirarse del pleno, la diputada de Convergencia por Campeche reclamó: “Así yo fuera puta, los del PAN no pueden hacer estos señalamientos en esta Cámara. Voy a pedir el video para saber quiénes son y que me lo digan en mi cara, a ver si tienen el valor de decir las cosas. Esto que hicieron es degradarse como personas. Son grandísimos hipócritas”.
Jornada: Mouriño
■ Asegura que continúa como interlocutor del gobierno con las diversas fuerzas políticas
No renuncio; “sigo firme” en el proyecto del Presidente: Mouriño
■ En conferencia de prensa en Bucareli anuncia que puso a disposición de PGR, SFP y Congreso copias de los siete contratos que firmó entre diciembre de 2000 y enero de 2004
Fabiola Martínez
Juan Camilo Mouriño Terrazo, titular de la Secretaría de Gobernación (SG), dijo que no renunciará a su cargo y –por el contrario– aseguró que continúa como interlocutor del gobierno calderonista con “las diversas fuerzas políticas” del país.
–¿Puede usted seguir siendo un secretario de Gobernación útil? –se le preguntó.
–Por supuesto que puedo y sigo adelante en mis funciones (…) Los problemas de México son los mismos que existían antes de que todo esto iniciase. Y la responsabilidad que tenemos de resolverlos y la determinación que tenemos de hacerlo, la convicción con la que trabajamos, sigue siendo la misma (…) Sigo trabajando firme y hacia delante en el proyecto del Presidente y en el proyecto de México.
Luego de que Andrés Manuel López Obrador diera a conocer (el 24 de febrero pasado) la existencia de contratos firmados entre Pemex y Transportes Especializados Ivancar (en el periodo en que Mouriño se desempeñaba simultáneamente como apoderado legal de esa empresa y funcionario público), el secretario de Gobernación anunció que puso ayer a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de las juntas de Coordinación Política del Congreso de la Unión copias de los siete contratos que firmó entre diciembre de 2000 y enero de 2004.
El funcionario se presentó este martes ante los medios de comunicación acompañado por sus más cercanos colaboradores (incluidos subsecretarios, comisionada del Instituto Nacional de Migración y oficial mayor) para mostrar documentos acerca de la relación mercantil entre Pemex y la empresa propiedad de su familia. El espacio, en la sala de conferencias de la SG, prácticamente resultó insuficiente para dar cabida, al lado del podio, a los funcionarios que fueron a arropar a su jefe.
Por novena ocasión (el 28 de febrero lo hizo en un mensaje de dos cuartillas, y una semana después en una entrevista para la televisión y seis para estaciones de radio) repitió que en su participación en la firma de contratos no hubo conflicto de intereses ni incurrió tampoco en tráfico de influencias. En entrevista para Televisa –el 6 de marzo pasado– aseguró que la firma de los contratos era “legal” y ética.
Reiteró su versión con base en dos argumentos principales: que la empresa familiar celebra contratos con Pemex para el transporte de combustible, de manera ininterrumpida desde 1985, y que sus atribuciones como funcionario público no estaban relacionadas con la operación comercial de Pemex Refinación, ni con las actividades de transporte de la paraestatal.
Señaló que las acusaciones por presunto tráfico de influencias son hechos infundados y tienen una clara intención política de quienes –dijo– prefieren mantener el debate en el ámbito de la opinión pública.
“Quienes se sirven de esta información para crear una historia dolosa, lo hacen con evidente propósito político: pretenden evadir la discusión de los temas de fondo de este país y se empeñan en detener la marcha de un gobierno plenamente decidido a atender los asuntos más apremiantes de la sociedad”.
Insistió en que nunca intervino, como servidor público, en acto alguno que representara un beneficio económico para él o su familia, de ahí que rechazó alguna violación a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o el Código Penal Federal. Agregó que no hay más contratos, además de los siete a los que hizo referencia ayer.
Mouriño Terrazo se presentó ante la prensa con una carpeta blanca en la que, dijo, se encuentran los documentos que entregó a las dependencias y a los órganos de gobierno de las cámaras de Diputados y Senadores.
Emitió, en 12 puntos, la explicación acerca del desarrollo contractual de Ivancar con Pemex, y repitió que esa información es transparente y, por ello, es pública para cualquier ciudadano que la requiera, a través de Transparencia (Mexicana) o el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. “Soy el principal interesado en aclarar estos hechos”, sostuvo.
Señaló que hasta la fecha no ha sido presentada denuncia alguna ante las instancias competentes “y, sin embargo, quienes me acusan prefieren mantener el debate en el ámbito de la opinión pública, con una clara intención política”.
En el México de las instituciones –agregó– corresponde a las autoridades determinar si una conducta constituye una infracción a la ley. En el oficio solicita al procurador Eduardo Medina Mora y al titular de la SFP, Salvador Vega, analicen los documentos “de acuerdo con sus atribuciones”, entre éstos los convenios para la prestación de servicio de transporte terrestre en los años 2000-2004.
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