sábado, 8 de marzo de 2008
Milenio: Mouriño
Fernando Mejía Barquera
Otro error de Mouriño
Los dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) se entrevistaron el miércoles con el atribulado secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, para solicitarle el refrendo de 150 concesiones de radio y tv ya vencidas. Como Gobernación no informó oficialmente acerca de esa reunión, el contenido de ella y lo que ahí habría dicho Mouriño se conoció en la versión del vicepresidente del Consejo Consultivo de la CIRT, José Bonilla Robles, quien aseguró que el funcionario ofreció decir en un plazo de ocho días “cuándo nos podrán entregar las concesiones vencidas”.
Si ésas fueron las palabras de Mouriño, habrá incurrido en uno más de los errores de comunicación que tanto le han costado en las dos semanas recientes.
Vieja Política
La secretaría de Gobernación no es la instancia facultada para decidir si una concesión de radio o televisión debe ser renovada. Esa atribución corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien debe ejercerla a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. A Gobernación sólo le compete dar una “opinión” sobre el proceso. Por supuesto, cabe la posibilidad de que el señor Bonilla haya hecho esa declaración —que apareció en prácticamente todos los medios impresos— para presionar al secretario a “dar una solución”; si así fuera, quienes manejan la comunicación social en Bucareli tendrían que haber ofrecido una postura clara, porque ahora hay un plazo, el miércoles de la semana que entra, para que Mouriño se pronuncie sobre el tema de los refrendos.
Después de la declaración de inconstitucionalidad que la Suprema Corte de Justicia hizo con respecto a algunos artículos de la llamada ley Televisa, el camino que debe seguirse para la renovación de concesiones indica que una vez llegado el vencimiento, la frecuencia de radio o televisión correspondiente deberá ser declarada susceptible de ser concesionada nuevamente a través de una licitación en la cual podrán participar todos los interesados: en esa licitación, sin embargo, el concesionario que venía operando la emisora tendrá preferencia, sobre el resto de los aspirantes, siempre y cuando haya cumplido con lo que marca la ley.
Pese a que el procedimiento es poco riesgoso para los actuales concesionarios, en vista de que tienen preferencia, se niegan a sujetarse a él.En el fondo de la visita que la CIRT hizo a Mouriño subyace una vieja práctica de la política empresarial en México: reunirse con “la cabeza”, negociar en la cúpula y colocar en segundo plano lo que marca la ley.
En otra de sus declaraciones del miércoles pasado, el vicepresidente de la CIRT, José Bonilla, dijo que la renovación de concesiones “fue un ofrecimiento del presidente (se refería a Felipe Calderón) en la semana de la radio” realizada en 2007. Por cierto, tampoco el titular del Ejecutivo tendría por qué prometer algo así, puesto que el proceso legal no depende de sus órdenes.
Posición Clara
El problema para Juan Camilo Mouriño es que, según la versión del vicepresidente de la CIRT, el secretario de Gobernación ofreció decir en una semana “cuándo se renovarán las concesiones”, algo para lo cual no tiene facultades. Bucareli tendrá que precisar la postura oficial de Mouriño en este asunto y lo que dijo exactamente a la dirigencia de la CIRT. De lo contrario estará abriendo otro frente para la crítica.
Grave sería que Mouriño hubiera dicho lo que se le atribuye, pero más grave que en el asunto de la renovación de las concesiones pretendiera tomar una decisión política que se apartara de la legislación. El caso de la ley Televisa mostró recientemente que ya no es tan fácil en México imponer desde arriba decisiones extralegales en el ámbito de los medios de comunicación.
Milenio: PEMEX
Carlos Puig
Pemex después de Mouriño
El presidente Felipe Calderón envió un mensaje claro el jueves en la noche, en voz de su secretario de Gobernación entrevistado por Joaquín López-Dóriga y el viernes en blitz mediática: no pasarán.
Las firmas de Juan Camilo Mouriño son legales y todo es culpa de la conspiración de aquellos que quieren que a México le vaya mal. Después de una semana de pensarlo, ésta fue la respuesta de Los Pinos. Un manotazo en la mesa.
Inédito después de meses de aguantar calladito la metralla e insultos del adversario. Es inútil discutir la minucia del asunto Mouriño. Como en tantas otras ocasiones, lo más posible es que el asunto transite ahora por los vericuetos del ineficiente aparato judicial o las comisiones legislativas diseñadas más para el show que para la rendición de cuentas.
Calderón ha optado por subirse al ring. Lo que no se sabe es cuál es el costo para lo que quiera hacer el resto del sexenio. Su enlace con las fuerzas políticas del país ha quedado tocado. Lo que no logró la horrorosa campaña xenofóbica lo hicieron un par de documentos y la tardía respuesta del gobierno.
Mouriño está tocado, nada peor para un negociador que llegar a la mesa vulnerable. El PRI, experimentado en estos quehaceres, ha boicoteado la comisión investigadora del Congreso. Qué mejor que sentarse a la mesa con un secretario de Gobernación cuestionado. Juan Camilo Mouriño y el Presidente les deben una, ya habrá tiempo para cobrarse.
Por la sustancia del cuestionamiento, la primera víctima podría ser la reforma energética pretendida por Los Pinos. Pero mal haría el Presidente en actuar como tantas veces lo hizo su antecesor y abandonar el proyecto sólo porque hoy resulta imposible obtenerlo todo. Abandonar a Pemex y renunciar a la exploración de nuevos yacimientos sería un suicidio, más aun después de la tímida reforma fiscal aprobada el año pasado.
El debate de la reforma energética y la transformación de Pemex se concentra en torno a una cuestión fundamental: cómo se van a lograr explorar y explotar los yacimientos petroleros en aguas profundas que sustituyan yacimientos que han comenzado su decadencia natural. Ninguna de las partes discute la necesidad de ir por este petróleo.
Desde el sector oficial, se insiste en que la falta de recursos hace necesario invitar a empresas privadas, sobre todo extranjeras, que ya tienen la tecnología a que se alíen con Pemex. La manera en que estas compañías aceptarían colaborar es con base en contratos de riesgo en donde la empresa privada es en parte beneficiaria de las reservas y podía contabilizar esas reservas como suyas ante Wall Street y sus inversionistas.
Hasta hace un par de años, esto era cierto, ninguna compañía del mundo vendría a explorar pozos si el riesgo no era compensado con reservas. Pero este principio que parecía inmutable está cambiando. Y todo comenzó en octubre de 2006 en Rusia.
Para explicarlo, reproduzco algunos fragmentos del artículo que escribiera Steve LeVine, periodista del New York Times y el Wall Street Journal y autor del libro El petróleo y la gloria, para The New Republic. En octubre de 2006, Rusia anunció que había decidido explorar y desarrollar por sí misma, a través de la compañía estatal Gazprom, los más grandes campos de gas natural del planeta en las aguas del ártico. Una zona conocida como Shtokman.
En otros tiempos, el anuncio hubiese provocado la hilaridad de las grandes compañías petroleras. Gazprom apenas tenía la tecnología para mantener sus campos activos. ¿Cómo iba a penetrar las frígidas aguas del Ártico? Gazprom sabía que no tenía esa tecnología, lo que haría, era contratar a una de las grandes petroleras para que hiciera el trabajo. Contratarlos como quien contrata a un empleado.
Ese simple anuncio, cambió décadas de ortodoxia en la industria petrolera, según la cual no importaba en qué país estuviera el yacimiento, gracias a contratos de riesgo, las petroleras podían acreditar en sus libros, parte de esas reservas como suyas. El volumen de reservas acreditadas, es el más importante componente en Wall Street para dar valor a una empresa.
Al principio se pensó que nadie le entraría al nuevo arreglo. Pero la francesa Total y la noruega StatoilHydro, aceptaron las condiciones de los rusos. ¿Porqué lo hicieron? LeVine documenta como en el mundo contemporáneo, las grandes empresas petroleras han comenzado a perder reservas acreditadas y cómo cada vez más, los gobiernos de países productores se están haciendo del control de sus reservas.
Hoy en día, países como Venezuela, Arabia Saudita, Rusia y otros, controlan entre 80 y 90 por ciento de las reservas petroleras y de gas del mundo. Las privadas tienen que aceptar nuevos modelos de negocio para seguir creciendo. Y el ejemplo de Shtokman ha demostrado que podrían no ser necesarios los contratos de riesgo.
La única condición es la velocidad. El mundo no espera que la política mexicana aliviane sus entuertos. La respuesta en el caso Mouriño no puede quedarse ahí. Si Calderón ha decidido subirse al ring más vale que lo haya hecho para lograr beneficios concretos para quienes gobierna y no sólo para defender a su amigo.
Jornada: México S.A
México SA
Carlos Fernández-Vega cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
■ Violación legal y ética de las leyes
■ Empresario-funcionario
Cero y van dos. De la biografía impoluta, la niñez feliz y la bella provincia mexicana como táctica justificatoria, Juan Camilo Mouriño pasó al reconocimiento abierto de su doble condición (empresario-funcionario) con la que firmó, “ética y legalmente”, los contratos con Pemex-Refinación, en beneficio de Transportes Especializados Ivancar, propiedad de su familia.
Si resbaló feamente en la primera salida al ruedo (28 de febrero) tras la denuncia de Andrés Manuel López Obrador, al comparecer el jueves por la noche en la que considera la máxima tribuna del país, Televisa, Mouriño se fue de frente hasta estamparse en la pared.
El primer zombi político de cierto nivel que reporta el calderonismo, preocupado por lo que “las amas de casa” lleguen a pensar de él, aseguró que a la hora de firmar los citados contratos y siendo funcionario de la Secretaría de Energía (primero como coordinador de asesores del en ese entonces titular de la dependencia, Felipe Calderón, y después como subsecretario del ramo) “no tenía nada que ver con el tema de hidrocarburos”. De hecho, aseguró, “antes de firmar cualquier documento verificó que ese documento que voy a suscribir sea por el lado legal, y mi participación suscribiéndolo también lo sea; ese documento, que sí es auténtico, fue firmado y es absolutamente legal, y no hay ninguna participación ilegal de mi parte”.
Pues bien. Suficiente sería que Iván, y a su lado quienes ahora dicen que “no hay sustento jurídico” para proceder en contra del empresario-funcionario, echara un vistazo a tres documentos específicos: la Constitución, la leyes Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Orgánica de la Administración Pública Federal.
Allí encontrará elementos más que suficientes para constatar que, en efecto, violó la legislación vigente al firmar dichos contratos en su doble condición de funcionario de Energía y apoderado legal de Ivancar, y a la par se enteraría que uno de los principales “temas” que a la Secretaría de Energía corresponde atender es, precisamente, el de los hidrocarburos.
Será el preferido del inquilino de Los Pinos, pero en su artículo 108 la Constitución es clarísima (el destacado es mío): “para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la administración pública federal (como asesor o subsecretario, por ejemplo) o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”.
Si lo anterior provoca dudas en Iván, entonces deberá tratar con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual precisa, en su artículo 47, lo siguiente: (fracción XI) que el funcionario deberá “abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la Ley le prohíbe”; (fracción XIII) “excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”; (fracción XXIII) “abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte…”.
Mouriño confirma que Felipe Calderón “sabía de la firma de los contratos, pero no estaba enterado al detalle de las operaciones, o el detalle de estos contratos, por supuesto que no estaba enterado”. Pues aquí también Iván confiesa que violó la ley, porque la Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que, como funcionario (de la Secretaría de Energía, a la hora de firmar los referidos contratos) se obliga a (fracción XIV del propio artículo 47) “informar por escrito al jefe inmediato y en su caso, al superior jerárquico, sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos” mencionados, amén de (fracción XXII) “abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público”.
Y si en su paso por la Secretaría de Energía no se enteró, el delfín de Los Pinos está a tiempo de saber que Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece (artículo 33) que a esa dependencia del Ejecutivo corresponde “conducir la política energética del país… ejercer los derechos de la nación en materia de petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos; energía nuclear; así como respecto del aprovechamiento de los bienes y recursos naturales que se requieran para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público… Otorgar concesiones, autorizaciones y permisos en materia energética…”, entre otras actividades.
Por si fuera poco, alguien deberá informar a Juan Camilo Mouriño que “las autoridades competentes para aplicar la presente Ley (Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos) serán las Cámaras de Senadores y Diputados al Congreso de la Unión”.
Las rebanadas del pastel
Entonces, ¿cuál de los preceptos legales señalados violó el empresario-funcionario-delfín Mouriño? Todos.
Jornada: Desfiladero
Desfiladero
Jaime Avilés
■ Pemex: documentos falsos para salvar a Mouriño
■ Evidente alianza de los chuchos con Calderón
■ Zavaleta, ideóloga de Gamboa
Después de la comparecencia de Juan Camilo Mouriño, el jueves ante el Sutrite (Supremo Tribunal de la Televisión), surgen razonables dudas. ¿Al reconocer que firmó con Pemex contratos de servicios en beneficio de su empresa, Ivancar, cuando era diputado federal panista y luego coordinador de asesores de Felipe Calderón Hinojosa en la Secretaría de Energía, el favorito de Los Pinos se echó la soga al cuello o inició, más bien, su defensa jurídica? Veamos…
En apariencia, Mouriño aceptó ser culpable de haber violado el Código Penal Federal, en la modalidad de tráfico de influencias, coalición de funcionarios y delincuencia organizada, infracciones por las que podría ser inhabilitado de por vida, multado e incluso enviado a la cárcel…
Sin embargo, las acusaciones podrían desvanecerse al tenor del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que señala: “para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia (…) de su empleo”, todo servidor público deberá (inciso XIII) “abstenerse de celebrar contratos relacionados con prestación de servicios de cualquier naturaleza (…) con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte (…) sin la autorización previa y específica de la Secretaría (de la Función Pública) a propuesta del titular de la entidad o dependencia de que se trate”, en este caso Pemex…
Dicho de otro modo, si los abogados del titular de Gobernación consiguen presentar una “autorización previa y específica” de la Secretaría de la Función Pública, emitida de 2000 a 2004, para que Mouriño firmara esos contratos a petición de Pemex, el mozalbete gallego quedaría a salvo… de la cárcel, de la multa y de la inhabilitación, y sus cómplices en el presunto tráfico de influencias –los ex directores de Pemex Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo, así como el actual, Jesús Reyes Heroles– volverían a conciliar el sueño, pero nada lo librará del descrédito en que ha caído sólo dos meses después de haber asumido la oficina de Bucareli…
Esta columna apuesta doble contra sencillo a que en este preciso momento el gobierno espurio está abocado a la búsqueda o falsificación de tales “autorizaciones previas y específicas”, y no porque Desfiladero posea una bola de cristal sino porque así lo adelantaron, indiscretos como son, el senador Santiago Creel y el líder panista Germán Martínez, luego de reunirse con Mouriño el jueves por la mañana…
De acuerdo con una nota de Andrea Becerril y Víctor Ballinas, publicada ayer en la página 5 de este diario, los sagaces tinterillos de la ultraderecha golpista opinaron que si el asunto saliera del Congreso –es decir, si dejara de ser político– y llegara al ámbito de la procuraduría, los asesores de Mouriño contarían con todos los elementos para defenderlo, “especialmente para justificar el porqué Pemex no tuvo otra opción, en el sureste”, que firmar esos contratos con Ivancar…
Más claro, entonces, ni el agua. No obstante, no podrán desmentir que Mouriño violó la fracción número 14 de la citada Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que a la letra dice que éstos deberán “informar por escrito al jefe inmediato y, en su caso, al superior jerárquico sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos (de interés personal, familiar o de negocios)” en que participen durante el desempeño de su cargo. ¿Y por qué no podrán desmentirlo?
Hostia, porque el mismísimo Mouriño, durante su presentación en Televisa, el jueves, declaró en vivo y en directo, de costa a costa y de frontera a frontera, que mientras fue diputado federal y más tarde coordinador de asesores de la Secretaría de Energía, Felipe Calderón, esto es, su jefe inmediato y superior jerárquico en ambos casos, “desconocía la existencia, a detalle, de mi participación en las transacciones” con Pemex…
Salta a la vista, pues, que Mouriño está condenado a retirarse del servicio público antes de los “dos o tres meses” de gracia que le dio el diputado Juan N. Guerra, y que muy pronto caerá por varias e importantes razones: una, porque su situación jurídica, aun en el mejor de los casos, es insostenible; dos, porque su autoridad moral para prevalecer como “jefe” de la política interior es nula, y tres, porque todos los altos funcionarios que aparecen involucrados junto a él en presunto tráfico de influencias, delincuencia organizada y lo que resulte van a preferir sacrificarlo que sostenerlo…
Es muy ilustrativo que, en esta obvia coyuntura, los principales chuchos del PRD intenten mirar para otro lado con la secreta esperanza de que la suerte le vuelva a sonreír a Mouriño. Allí está el ejemplo de Ruth Zavaleta, quien decidió no hablar del tema porque, así dijo, “no soy Ministerio Público”, plasmando una idea tan seductora que el priísta Emilio Gamboa Patrón no tuvo empacho en repetirla textualmente….
De igual modo, por obra y gracia de los propios chuchos, que se ausentaron el pasado miércoles del salón de sesiones, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se abstuvo de aprobar un punto de acuerdo para exhortar a los diputados federales a crear una comisión especial que investigue el tráfico de influencias y otros delitos atribuidos a Mouriño…
Con tales posturas, los chuchos ratifican la evidente alianza que han establecido con Felipe Calderón, para robarse, o sea, ganar de cualquier forma, las elecciones internas del próximo domingo 16. Prueba de ello es la carta que una lectora le mandó a Julio Hernández y que éste publicó ayer, para contarle que recibió en su casa propaganda de Jesús Ortega, con datos que sólo poseen el IFE e Hildebrando, es decir, el gobierno de facto…
Pero los chuchos están actuando a la sombra de los gobernadores perredistas, como sucede en el estado de Chiapas, donde Gyovani Campos, a nombre del secretario de Gobierno de Juan Sabines, Jorge Antonio Morales, coordina a los delegados de esa dependencia en las distintas regiones de la entidad, para que hablen con los presidentes municipales de todos los partidos políticos a fin de que éstos, en conjunto, le garanticen 100 mil votos a Ortega y a su candidato local, Alejandro Gamboa…
Y el próximo viernes, anotenlo, a las 18 horas, en el auditorio de Villa Olímpica, el Círculo de Estudios de Coapa exhibirá La rosa blanca, la película de Roberto Gavaldón sobre la expropiación petrolera. La entrada será gratis, pero hay que llegar temprano. Y sigan escribiendo a jamastu@gmail.com
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