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Jornada: Florence Cassez

Vergüenza nacional

Con la instalación de una comisión binacional para revisar el caso de la secuestradora francesa Florence Cassez, el gobierno mexicano se ha plegado a la lógica racista y discriminatoria impuesta por el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y ha establecido un estatuto de privilegio absolutamente inaceptable en el marco legal de nuestro país, agraviante para los ciudadanos mexicanos y repudiable desde una perspectiva ética.

Ha de considerarse que la instancia anunciada ayer de manera conjunta por Felipe Calderón y el mandatario francés es ajena al marco legal nacional y que impone, por el solo hecho de su creación, una circunstancia de excepción para los delincuentes convictos de origen extranjero, por graves que sean los crímenes que se les atribuyen. Tal circunstancia contrasta con el trato que los acusados y sentenciados mexicanos reciben de las autoridades, es decir, con las arbitrariedades y las injusticias que las instancias de procuración e impartición de justicia cometen contra reos comunes y contra presos políticos.

Es inevitable contrastar la deferencia que el calderonismo brinda a Cassez, convicta por 10 secuestros, y el atropello que perpetró contra Ignacio del Valle, líder atenquense condenado por la privación ilegal de la libertad de un funcionario, hecho que ocurrió cuando Del Valle se encontraba ya en la cárcel.

Igualmente grotesca resulta la concesión hecha al gobierno de Francia si se coteja con la indefensión jurídica que padecen ciudadanos mexicanos al norte del río Bravo. Es de notar que el Ejecutivo federal de México nunca ha pedido la creación de una comisión binacional para revisar los casos de connacionales condenados a muerte por un sistema judicial no menos distorsionado y aberrante que el nuestro, y cabe preguntarse si, llegado el caso, Washington aceptaría la propuesta. Es pertinente cuestionar, asimismo, por qué las autoridades mexicanas nunca han formado comisiones de esta clase para los centro y sudamericanos que delinquen en nuestro territorio y que son sancionados por las instituciones nacionales.

En los hechos, se ha impuesto una diferencia institucional para abordar los casos de los mexicanos acusados ante la justicia –en el país o en el extranjero– y los infractores latinoamericanos en México, por una parte, y los delincuentes que posean un pasaporte francés o rasgos físicos europeos. Estos últimos, de acuerdo con el precedente asentado, podrán reclamar el auxilio de instancias extralegales encargadas de analizar y dar celeridad a sus casos y de supervisar que no se cometan irregularidades.

Se trata de una distinción que contraviene postulados esenciales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluidos la igualdad ante la ley, consagrada en su artículo primero, y el principio de separación de poderes, toda vez que el Ejecutivo no tiene por qué revisar el trabajo del Judicial, en cuyo ámbito se encuentra, hoy, el destino de la secuestradora francesa.

En otros sentidos, la decisión de transigir ante las presiones abiertas e injerencistas de Sarkozy no sólo vulnera la soberanía nacional, sino resulta contraproducente contra el empeño calderonista de persuadir a la sociedad de que en las esferas gubernamentales hay voluntad política real para perseguir a los delincuentes y castigarlos con todo el rigor que permite el derecho. Sí, podrá decirse en lo sucesivo, siempre y cuando los infractores no tengan nacionalidad francesa. En suma, el establecimiento de una comisión binacional para revisar la situación jurídica de Florence Cassez es, por donde quiera que se le vea, una vergüenza nacional.

Jornada: Sarkozy

Los presidentes de México y Francia dejaron en manos de una comisión binacional la decisión de extraditar a Florence Cassez a su país de origen. Aunque de antemano el mandatario francés, Nicolás Sarkozy, anunció que respaldará a su connacional, quien vía telefónica le expresó su intención de hacer esa solicitud con base en un tratado que no es un invento, remarcó él.

Por la tarde, el padre de la ciudadana francesa, Bernard Cassez, y su abogado, Frank Berton, informaron que Florence ya pidió cumplir en su país la sanción que se le impuso, con lo que renunció al amparo. Lo mejor sería que el presidente Felipe Calderón la indultara, insistió el familiar, quien señaló que si es trasladada a Francia, Sarkozy tiene derecho a otorgar el perdón. No obstante reconoció que la prensa mexicana no es positiva al respecto.

Por la mañana, el mandatario galo prometió que Cassez será transferida de una prisión mexicana a otra de su país y pidió a los mexicanos confiar en la justicia francesa, como él lo hace en la mexicana. Francia es un estado de derecho donde no se hace cualquier cosa.

La comisión de juristas revisará el Tratado de Estrasburgo, el cual permite que Cassez purgue su pena en Francia, pero va más allá, porque las reservas puestas por Francia le permiten revocar, modificar, reducir o incluso cancelar las sentencias conforme a la justicia francesa, aspectos que el presidente Felipe Calderón reconoció que son los que preocupan más a él y a los familiares de las víctimas.

El caso de la ciudadana francesa, sentenciada a 60 años de cárcel por pertenecer a la banda de secuestradores Los Zodiacos, absorbió la agenda de la primera visita de Estado de Sarkozy a México. Primero habló sobre el tema en la conferencia de prensa que dio en Palacio Nacional, luego lo volvió a tocar en el Senado y más tarde en la reunión que sostuvo con miembros de la comunidad francesa radicada en nuestro país.

Sarkozy sugirió en la conferencia de prensa que, como jefes de Estado, deben mantener la cabeza fría, no caer en las polémicas y en los excesos, aunque reconoció que era un tema de gran sensibilidad en su país y por momentos subió el tono de voz, como cuando respondió a un reportero: Ha dicho usted que el problema era político; me opongo a este análisis.

El presidente francés fue el primero en anunciar la integración de esta comisión binacional que se reunirá a partir de hoy (martes) y en tres semanas deberá encontrar una solución que, según dijo, permita preservar los intereses de la justicia mexicana, de la francesa, de las víctimas y los derechos de cada uno.

Sarkozy comenzó por expresar su solidaridad completa y total con las víctimas de los secuestros, con las que incluso dijo que se iba a reunir más tarde, pero también advirtió que su deber es defender a su conciudadana. Yo me ocupo de la señora Cassez porque es conciudadana mía. He visto a su madre, a su padre y es mi deber hacerlo; no quiero interferir en los asuntos mexicanos, no tengo que aportar ningún juicio sobre la justicia mexicana. Mucha gente lo hace ya y no siempre los mejor informados, expresó.

Explicó que su iniciativa no parte de una presunción de inocencia o culpabilidad de Cassez, sino de su responsabilidad como jefe de Estado francés. Y me imagino que si un mexicano se encontrara en una situación como ésta, el presidente de México, sea cual sea, sentiría la misma responsabilidad, advirtió.

Pero remarcó que Cassez puede solicitar su extradición a Francia, ya que el Tratado de Estrasburgo, suscrito en 1983, prevé esa posibilidad. Sin embargo, dicha norma no significa impunidad para nada, sino la aplicación de un regla internacional que en ningún caso debe interferir en las relaciones entre México y Francia. Expuso además que el presidente Calderón tiene derecho de estudiar las reservas emitidas por los franceses.

En tanto, Calderón agradeció el respeto mostrado por Sarkozy a las decisiones de la justicia mexicana y enfatizó que su gobierno reconoce los compromisos asumidos en los diversos tratados como el de Estrasburgo.

También refrendó su compromiso de combatir la impunidad y expresó su solidaridad con las víctimas de los secuestradores, que vivieron meses de cautiverio, a los menores a los que se les amenazó con amputarles un dedo o una oreja si no se pagaban las condiciones económicas de sus captores y a los cientos de víctimas en México. Como Sarkozy, planteó que éste es un caso más que del ámbito político o incluso diplomático: es un asunto de justicia, de ley, de crimen y castigo.

No soy hombre de impunidades

Pese a que legisladores de todas las fuerzas políticas habían pedido que el presidente francés no aludiera en el Senado al caso de Cassez, y a que en su conferencia de prensa previa dijo que no diría una palabra más sobre el asunto, ante el pleno de esa cámara reivindicó su derecho a defenderla. No soy un hombre de impunidades, para nadie, pero al mismo tiempo tengo una responsabilidad frente a mis conciudadanos, hagan lo que hagan.

Durante su discurso, en una sesión solemne en Xicoténcatl, ironizó: Me dijeron que no tenía que comentar, lo cual me da muchas ganas de comentarlo, y sin aludir a Cassez por su nombre insistió en que tiene la responsabilidad de ocuparse de todos los franceses, sean cuales sean, como lo haría cualquier edil de México con sus representados.

El tono de su voz fue de vehemencia en este tema. Argumentó que el oficio de jefe de Estado sería muy fácil si sólo tuvieran que ocuparse de los ricos, poderosos y honestos que nunca cometieron un delito. Lo difícil, recalcó, es explicar y respetar los derechos de los culpables.

Ante sus connacionales reunidos en el Liceo Franco Mexicano, dijo que es el presidente de los franceses que nunca han cometido errores, pero también el de los que los han cometido. Por esta razón indiqué a las autoridades mexicanas que deseaba la aplicación de la convención de Estrasburgo para la repatriación de nuestra compatriota Florence Cassez.

También informó que solicitó a las autoridades mexicanas el esclarecimiento de los asesinatos de dos ciudadanos de su país en México.

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