miércoles, 24 de septiembre de 2008
Jornada: Afores
■ Afore concentran $879 mil 773.7 millones, saldo inamovible de marzo a agosto: Consar
En 5 meses se esfuman $63 mil 500 millones de fondos de pensión
■ La crisis financiera internacional ha mermado los recursos de trabajadores
■ En 11 años el rendimiento del sistema privado de retiro ha sido de 6.6 por ciento, según cifras de Amafore
Roberto González Amador
En los últimos cinco meses los trabajadores que cotizan en las administradoras de fondos para el retiro (Afore) aportaron al sistema privado de pensiones 63 mil 500 millones de pesos. Pero en agosto pasado, el saldo de los recursos en estas entidades financieras sumó 879 mil 773.7 millones de pesos, una cantidad similar a la registrada en marzo de este año, indicó información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el regulador del sistema.
Los fondos que los trabajadores mexicanos han ahorrado de manera obligatoria en las Afore desde julio de 2007 han visto mermado su valor como efecto de la crisis financiera internacional. Ello, debido a que el régimen de inversión autorizado por la ley permite que las sociedades de inversión que gestionan las Afore inviertan en valores que cotizan en los mercados internacionales.
En la jerga burocrática y financiera las llaman “minusvalías”, que no son otra cosa que la pérdida de valor de un instrumento debido a los vaivenes de precio en los mercados en que cotizan. Sólo un ejemplo: en 12 meses, el índice Dow Jones de la bolsa de valores de Nueva York perdió la cuarta parte de su valor. El 25 de septiembre de 2007 cotizaba en 13 mil 778 puntos y ayer cerró en 10 mil 854 unidades, una depreciación en el precio promedio de las acciones de 21 por ciento. Y así han ido las principales plazas bursátiles.
Para la autoridad mexicana, la pérdida en el valor de los fondos de pensión de los trabajadores privados, aun cuando se han mantenido las aportaciones al sistema, en realidad no es una pérdida. “La principal afectación de la volatilidad financiera internacional a los recursos de los trabajadores viene de las alzas en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija”, explicó la Consar en una guía colocada en su página de internet www.consar.gob.mx.
“La minusvalía no se convierte en pérdida si no se venden los instrumentos, como es el caso”, añadió. “Hoy por hoy no existe un solo trabajador que se retire vía sus recursos en la Afore, esto sucederá hasta dentro de 10 o 15 años”, abundó la Consar.
El organismo explicó que los trabajadores que hoy se retiran tienen la opción de pensionarse por el sistema que estuvo vigente hasta junio de 2007, es decir, la pensión pagada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), o por el sistema de Afore “y todos optan por la pensión del IMSS”.
La razón, según la Consar, “es muy sencilla”: “los trabajadores que hoy tienen 60 años y más han cotizado durante más años al sistema anterior que al nuevo de las Afore. Por ello su pensión con el IMSS es mayor que la que se llevarían con los recursos de su Afore”, un sistema que lleva 11 años de acumulación de recursos.
“A diferencia de una pérdida, una minusvalía es solamente que los instrumentos en los que (las administradoras) tienen invertidos los recursos de los trabajadores valen menos de manera absolutamente coyuntural”, afirmó. El organismo aseguró que los recursos de ahorro para el retiro deben verse en un contexto de largo plazo, pues “van a estar invertidos 20, 30 y hasta 40 años”, y en todo ese tiempo se van a dar épocas de minusvalías “absolutamente coyunturales”, pero, afirmó, “el desempeño de los mercados a largo plazo más que compensará los eventos coyunturales y los trabajadores habrán ganado buenos rendimientos para su retiro”.
La Asociación Mexicana de Afore (Amafore), que representa los intereses de los empresarios del sector, reportó que el rendimiento del sistema privado de retiro en los 11 años transcurridos desde que empezó a funcionar ha sido de 6.6 por ciento en promedio, una vez descontado el efecto de la inflación.
Jornada: Mouriño
■ Representa corrupción e impunidad, dicen PRD, PRI, PT y Convergencia
Mouriño, eficaz sólo para hacer negocios: oposición
■ El funcionario elude críticas y preguntas
■ Su firma en contratos con Pemex, severamente cuestionada
■ Intocados, Mario Marín, Ulises Ruiz y otros, le dicen
Fabiola Martínez, Roberto Garduño y Enrique Méndez
El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, representa la corrupción y la impunidad, y es más eficaz en los negocios privados que en resolver los graves problemas que afectan la vida interna del país, reclamaron diputados de PRD, PRI, PT y Convergencia. Empero, el funcionario eludió críticas y preguntas.
Durante la comparecencia de Mouriño ante el pleno, el diputado priísta Carlos Armando Biebrich le preguntó desde su curul sobre la responsabilidad de Gobernación ante la aplicación de la reforma electoral, aprobada en 2007, porque, sostuvo, existen reiteradas y sistemáticas violaciones de los concesionarios de radio y televisión.
El ex gobernador de Sonora quiso saber cómo se conducirá Mouriño en este rubro, y si está consciente de cómo lo ve y lo juzga el país en su desempeño. Enseguida, remachó: “¿Sabe usted, señor secretario, que su trayectoria más se acerca a su capacidad para hacer negocios que a la conducción de la política interior del país?”
Biebrich, al igual que otros legisladores, hizo alusión a los contratos que firmó Mouriño Terrazo con Petróleos Mexicanos, en calidad de apoderado de la empresa familiar Transportes Especializados Ivancar SA, en momentos que se desempeñaba como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y posteriormente como director general en la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico.
El 6 de marzo pasado, el titular de Gobernación aceptó haber suscrito los contratos por más de 100 millones de pesos para el traslado de hidrocarburos, y por ello fue señalado por el PRD de posible tráfico de influencias.
También desde su curul, la diputada perredista Valentina Batres le dijo que las omisiones en el segundo Informe de gobierno de Felipe Calderón son graves, especialmente porque no se hace referencia “a la gran corrupción” de personajes públicos, como los gobernadores de Puebla y de Oaxaca, Mario Marín y Ulises Ruiz, respectivamente, y tampoco de dirigentes sindicales como Elba Esther Gordillo o Carlos Romero Deschamps. Menos, señaló, de los hijos de Marta Sahagún, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca.
Batres insistió en que se dejan de lado los casos del ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, quien habría evitado el pago de impuestos en la venta de Banamex a Citibank, así como el escándalo de Hildebrando Zavala, en su posible participación en las elecciones presidenciales de 2006.
Aseguró: “Bueno, el propio secretario de Gobernación, que firma contratos ilegales, viene ahora a responder por la política interior”.
También la diputada del Partido del Trabajo María Mercedes Maciel Ortiz hizo referencia a la desconfianza ciudadana hacia el gobierno de Calderón, especialmente porque los funcionarios están más interesados en incrementar sus fortunas particulares.
“En suma, el Estado ya no le garantiza nada al pueblo mexicano, y la esperanza de un cambio no se puede depositar en ustedes. Mientras a los gobernantes les importe más la gestión de los negocios familiares, en detrimento de la buena gestión de los asuntos públicos, no se podrán garantizar los mínimos de bienestar del pueblo”, sostuvo la petista.
En respuesta, Mouriño le dijo que escuchó con atención su postura de que el narcotráfico está fuera de control, pero no respondió nada acerca de los señalamientos sobre su participación en la firma de los contratos. Tampoco, en su oportunidad, acusó recibo de las críticas y preguntas de Valentina Batres ni de Carlos Armando Biebrich.
A este último sólo le comentó que la Secretaría de Gobernación hará uso de sus facultades para otorgarle asesoría al Instituto Federal Electoral en la administración y control de los tiempos oficiales para campañas políticas. Su respuesta, sin embargo, se vio interrumpida cinco veces por la exigencia, iniciada por el diputado perredista Emilio Ulloa, para que renunciara.