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Carlos Montemayor: Desmantelar el Estado / II

Desmantelar el Estado

Carlos Montemayor / II

Varios elementos concurren en el desmantelamiento del Estado mexicano, comentábamos en la entrega anterior. El proceso es visible en diversos niveles y dinámicas: en el sector fiscal, en la migración, en el desarrollo económico o en el narcotráfico, por mencionar algunos.

Veamos ahora el sistema bancario, que ha dejado de ser mexicano hace ya tiempo y que es un ejemplo destacado de la vulnerabilidad del gobierno como autoridad fiscal. Los bancos han entendido que debían ocupar el vacío dejado por el Estado y se han apresurado a hacerlo con lujo de poder, efectividad y soberbia: son el sector que se beneficia con las más altas ganancias en el país, pero no contribuyen al desarrollo económico y productivo, no pagan impuestos, aumentan el costo de operaciones a sus clientes cautivos, despiden a trabajadores y reducen sueldos y prestaciones a los que no han despedido o a los que vuelven a contratar y, por si esto no bastara, siguen recibiendo fortunas desmedidas del IPAB/Fobaproa en función de un rescate que desde su origen fue ilegal y turbio, pero que ahora carece de justificación y sentido.

Los bancos son un aspecto relevante de la vulnerabilidad del gobierno en el pago de impuestos de los grandes causantes. Centenares de miles de millones de pesos que debían reportar al fisco los bancos y también grandes empresas nacionales y consorcios trasnacionales son retenidos por los propios causantes y transformados nuevamente en activos vía devoluciones o créditos, a lo que se agrega incluso la venta de grandes empresas y bancos (Banamex, Hylsamex, por ejemplo) a través de canales bursátiles no gravables. El pasado 10 de mayo, en una nota de Enrique Méndez publicada por La Jornada, se hizo público que en los primeros cinco años de gobierno de Vicente Fox el Servivicio de Administración Tributaria (SAT) devolvió 679 mil 691.3 millones de pesos a grandes contribuyentes y registró créditos fiscales por 495 mil 807.9 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró recientemente, como lo documenta el reportaje de Carlos Acosta Córdova en la revista Proceso del 6 de mayo de este año, que el gobierno federal devolvió a la empresa Transportación Ferroviaria Mexicana, ahora Kansas City Southern de México, SA de CV, por concepto de IVA, 12 mil 965 millones 742 mil 200 pesos de manera ilegal e insólita, ya que ese impuesto nunca fue pagado al fisco. Para compensar esta pérdida fiscal permanente el gobierno mexicano se propone desde hace tiempo gravar alimentos, medicinas y libros y eliminar la tasa cero de la exigua canasta básica. O sea, como no pagan impuestos los grandes causantes, se busca compensar tal pérdida gravando el consumo directo de todos los mexicanos. El vacío de poder que deja el gobierno en materia fiscal lo ocupan ya los grandes causantes, capitales y trasnacionales. Además de la impotencia o permisividad del gobierno federal, esto refleja un desmantelamiento del Estado: su sometimiento voluntario o forzoso a una elite financiera, en lugar del ejercicio soberano de la recaudación para beneficio nacional.

En este sentido, en el impulso al crecimiento económico, el poder del gobierno mexicano ha ido menguando notablemente: su capacidad es ahora casi nula, como lo viene registrando desde hace varios años Carlos Fernández Vega en estas mismas páginas de La Jornada. Repasemos algunos datos que publicó el 19 de noviembre de 2005 y que constituyen otro ejemplo de la vulnerabilidad del gobierno que afecta la naturaleza del Estado mismo. En los primeros 12 años transcurridos desde la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte la tasa anual promedio de crecimiento económico en México ha sido de 2.89 por ciento, menos de la mitad registrada en el periodo 1934-1982. Al finalizar el año de 2005, Fernández Vega señalaba que el 1.86 por ciento de crecimiento anual promedio de la administración de Vicente Fox se daba en plena paz macroeconómica. "Consumido 83 por cierto de su periodo constitucional (es decir, cinco de seis años), el gobierno de Zedillo reportaba una tasa anual promedio de crecimiento económico de 2.87 por ciento (incluidos 'errores de diciembre' y crisis financiera), y en igual lapso, pero del innombrable, dicho indicador fue de 3.8 por ciento. Sólo para dar una idea, en sexenios anteriores al de Miguel de la Madrid, en los primeros cinco años de gobierno la situación fue la siguiente: 5.19 por ciento con Lázaro Cárdenas; 6.08 por ciento con Avila Camacho; 6.14 por ciento con Alemán Valdés; 6.64 por ciento con Ruiz Cortines; 5.49 por ciento con López Mateos; 6.2 con el genocida Díaz Ordaz; 6.27 por ciento con Echeverría y 7.97 por ciento con López Portillo... Con Fox y su maravillosa maquinaria económica, envidia de la comunidad de naciones, 1.86 por ciento."

Un crecimiento así en los gobiernos neoliberales, tan próximo en verdad al "decrecimiento", pero en una economía que por su volumen en términos macroeconómicos se sitúa en la segunda decena de las economías del mundo, sólo se puede entender por la acumulación inusitada de la riqueza en una reducida elite y por una brutal expansión de la pobreza en las grandes mayorías. Esto es, a falta de la capacidad del Estado para impulsar la economía y asegurar una mejor distribución de la riqueza, la elite económica ha ocupado el sitio que el Estado abandona.

Una investigación del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM difundida a finales de marzo de 2006 y publicada en La Jornada el 27 de ese mismo mes destaca otro rasgo más: el abaratamiento del trabajo en México. Las empresas están bajando salarios en un esquema de despido permanente de trabajadores de altos ingresos que son sustituidos por empleados baratos, eliminando o restringiendo las prestaciones laborales. La investigación asentó que de diciembre de 1987 a enero de 2006 el precio de la canasta básica se había incrementado en mil 435 por ciento, mientras que el salario mínimo había aumentado en este periodo 308 por ciento, lo que arrojaba una pérdida acumulada de 73.4 por ciento. Es decir, en 1987 los trabajadores que percibían el salario mínimo podían adquirir 31 de los 35 artículos que formaban la canasta básica, y en 2006 sólo podían comprar cinco, eliminando o disminuyendo de su consumo productos esenciales.

Esta política económica, impuesta globalmente como un nuevo colonialismo, ha producido un desmesurado avance de la pobreza y un proceso acelerado de concentración de la riqueza. ¿Qué idea de Estado supone liberar precios de mercancías mientras se controla y frena el aumento de salarios de trabajadores, sobre todo cuando las Afore incrementan 200 por ciento las comisiones bancarias sobre los fondos de pensión? Son cambios drásticos en los conceptos del trabajo y de los derechos laborales, ciertamente, pero también lo son en el concepto de gobierno y la naturaleza del Estado.

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