domingo, 8 de febrero de 2009
Jornada: Arnaldo Córdova
De nuevo el desafío de las televisoras
Para algunos, se trató sólo de una (mala) ocurrencia de Televisa y Tv Azteca el empaquetar en bloques espots del IFE y de los partidos y transmitirlos interrumpiendo programas comerciales predeterminados. Para otros se trató de una abierta violación de la legalidad que debe ser sancionada. Para otros (entre ellos los coordinadores de los grupos parlamentarios) fue algo que no quedó claro en cuanto a su legalidad o ilegalidad. Para el IFE se trató de “conductas atípicas”. En realidad, todos podrían tener razón, pero no se trata sólo de eso, sino de algo mucho más importante para la institucionalidad del Estado mexicano: el desafío abierto de las televisoras al árbitro constitucional electoral, a la legalidad y a la misma Constitución.
Ello no radica sólo en el hecho de haberse hecho esas transmisiones, sino en las justificaciones que durante y después han alegado los personeros de los monopolios televisivos. Ni siquiera hace falta, por principio, recurrir a las especificaciones reglamentarias del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe) para darse cuenta de que se obró contra la legalidad en esos actos de las televisoras. Éstas adujeron que lo hicieron porque así se los impuso el IFE (éste lo ha negado rotundamente); pero el hecho es que la misma Constitución establece claramente que la transmisión de comunicados del instituto y de los partidos debe darse tan sólo en los tiempos que corresponden al Estado (y el IFE forma parte del Estado). Esos tiempos deben separarse de los demás y utilizarse sin encimarse con otros. Era tan obvio que no se estableció en la ley.
El encabezado del apartado A del artículo 41 constitucional dicta que el instituto será la autoridad única para la administración del tiempo “que corresponda al Estado” para sus fines institucionales y para el ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales a realizar sus funciones (instituidas en la primera fracción del mismo artículo constitucional). El inciso d) del mismo apartado A establece que las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán en el horario de programación entre las seis y las veinticuatro horas en tiempo de precampañas y campañas. Se trata siempre sólo del tiempo que corresponde al Estado y que es un pago en especie de derechos e impuestos debidos al mismo.
El presidente consejero del IFE dio 24 horas de plazo a las televisoras para que informaran de las razones de sus hechos; la Secretaría de Gobernación les demandó “una explicación técnica” de las mismas. Los concesionarios explicaron que la saturación de anuncios que se han visto obligados a programar los obligó a interrumpir otros eventos para transmitir los del IFE; en los alegatos de los merolicos que justificaron esa medida se hizo gala de chacoteo y mala leche. “¡Agárrense! Vienen 24 millones de espots”, dijo Alatorre, de Tv Azteca. En un comunicado, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) afirma que las mil 569 concesionarias “otorgan gratuitamente 48 minutos diarios para los promocionales de los partidos políticos y de las autoridades electorales” y remata que ello “tiene un precio o costo para la sociedad” pues se trata del pago en especie de un impuesto.
El presidente consejero del IFE tendría que aclarar de qué instrumento legal sacó eso de “conductas atípicas” y, desde luego, qué diablos significa en el ámbito federal. Si sugiere que pudo haberse violado la ley y no tiene el valor para decírselo a las televisoras y todavía les pide que le expliquen en qué consistieron sus actos y si violaron la ley, quiere decirles que lo sorprendieron y, también, que el servicio de monitoreo de su instituto vale para maldita la cosa y no está en condiciones de parar o llamar instantáneamente la atención a quien no se conduce dentro de la normatividad. Por otro lado, está claro que actuó a destiempo y, él mismo, fuera de la legalidad que está obligado a resguardar y hacer respetar en el área de su competencia.
La Secretaría de Gobernación, ahora a cargo de Gómez Mont, prefirió nadar de a muertito. El encargado de esa dependencia dijo que, tan serio como es, “no va a precipitar sus juicios” y “lo que está sucediendo”, como si lo ignorara, lo “está moviendo a analizar cuál es la respuesta que deben tener de la secretaría estos hechos”. Luego dijo que el tema sigue en la agenda y “se avanzará en términos de la democratización del país”. Que no se sepa cuál ley fue violada y una dependencia del Ejecutivo, encargada de su estricta aplicación, también en los términos de su competencia, nos dice que lo está investigando no es otra cosa que tomarle el pelo a todo mundo.
Que el abogado al frente de la Secretaría de Gobernación (SG) no sepa ni qué leyes está encargado de ver que se apliquen, de verdad que sorprende. No así los voceros de las televisoras y de la CIRT. Para ellos las leyes no existen o se aprobaron sin su consentimiento y, además, no están de acuerdo con ellas. El número de espots es irrelevante. Se trata del tiempo, 48 minutos diarios, a disposición del IFE y de los partidos políticos, que se toma del que corresponde al Estado. La CIRT debería informar cuánto pagan por derechos e impuestos sus representadas y si no están de acuerdo en que se paguen en especie (tiempo del Estado). Ese tiempo no significa tiempo de la sociedad como dicen, sino de ellos que el Estado se toma como pago de derechos e impuestos. Si no están de acuerdo, entonces que paguen en dinero.
En febrero de 2008, la CIRT pidió al IFE que permitiera a los concesionarios ajustar el pautado de la transmisión de espots. Nada se dijo de interrumpir programas ni de presentar en bloque los mensajes. Ahora se dice que no hay violación a la ley. El tiempo que corresponde al Estado debe incluirse entre programas ordinarios y no en el seno de éstos. Las televisoras y las estaciones de radio lo hicieron, por tanto, violaron la ley (Cofipe, artículos 49 a 51 y 55 a 58) y la misma Constitución, de la que aquella deriva. Nadie pide que la SG y el IFE se vuelvan tribunales; pero si sus titulares saben de leyes podrán entender que sus dependencias están obligadas a hacer que los actores políticos (incluidos en este caso las televisoras) se conduzcan de acuerdo con la ley y la Carta Magna.
Gómez Mont está preocupado, dijo, porque no se viole la libertad de expresión de los dueños de los medios. Debería decirnos si él cree que esa libertad incluye permitirse violar la ley.
Jornada: Mario Di Costanzo
Resultó más caro el caldo que las albóndigas
No cabe duda de que las declaraciones que hiciera el ex presidente Ernesto Zedillo respecto del rescate bancario y las recomendaciones de Felipe Calderón en el sentido de “aplicar un Fobaproa mundial” deberían apenarnos como mexicanos, pues reflejan la tremenda ignorancia de quienes dicen ser o haber sido nuestros gobernantes.
A todos ellos les dirijo en estas líneas una reflexión que, por dignidad y respeto a los mexicanos, deberían aclarar públicamente. Más aún, cuando aseveran que el Fobaproa tuvo como fin proteger a los ahorradores y salvar a la gente.
Para ello, sólo basta señalar lo siguiente:
De acuerdo con datos publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el Fobaproa permitió que 14.7 millones de personas (cuentahabientes) no perdieran sus ahorros y de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el costo del salvamento de esas cuentas ascendió a 1.2 billones de pesos.
Sin embargo, en el Informe Anual del IPAB correspondiente a 2000 se señala textualmente que “considerando las cifras de captación de la banca comercial en moneda nacional a junio de 2000, el universo de ahorradores bancarios en México está representado por 29.3 millones de contratos que representan 996 mil 341.8 millones de pesos”.
“Cerca de 50 por ciento de los ahorradores bancarios mantiene un saldo promedio en el total de instrumentos de captación inferior a 500 pesos. En este estrato de depositantes, cuyo saldo fue de 6 mil 119.2 millones de pesos, se encuentran 14.87 millones de contratos”.
El mismo informe añade: “El siguiente rubro, que incluye depósitos mayores a mil y hasta 5 mil pesos, mantiene un saldo de 17 mil 940.6 millones de pesos, en un total de 5.6 millones de contratos (19.1 por ciento)”.
Y continúa: “El mismo patrón de captación se mantiene para los siguientes tres estratos que incluyen saldos hasta por 100 mil pesos. Estos cinco estratos incorporan a cerca de 97 por ciento de los contratos”.
De esta manera, si asumimos que en 1995 la estructura de las cuentas bancarias era la misma que en 2000, se obtiene que cerca de 50 por ciento de las cuentas, es decir, la mitad de los 14.7 millones de cuentas que dice la SHCP que salvó (7.35 millones de cuentas bancarias) eran de cuentahabientes que mantenían un saldo promedio inferior a 500 pesos. Luego entonces, el costo para el Fobaproa de haber rescatado a la mitad de los cuentahabientes que existían en 1995 dado su saldo promedio fue de 3 mil 675 millones de pesos (es decir, 7.35 millones multiplicados por 500 pesos).
Más aún, si añadimos el siguiente nivel de cuentahabientes rescatados, los que mantenían un saldo promedio de entre mil y cinco mil pesos y representaban 19.1 por ciento del total de los cuentahabientes en 1995 (2.8 millones de cuentas bancarias), obtenemos que el costo de salvamento de este segmento ascendió hace 14 años a 8 mil 400 millones de pesos (2.8 millones multiplicados por 3 mil pesos, que es un promedio entre mil y 5 mil pesos).
Hasta este punto podemos decir que el salvamento de 10.1 millones de cuentas bancarias (7.35 millones de 500 pesos y 2.8 millones de 3 mil pesos), es decir, de 69 por ciento de las cuentas bancarias que existían en 1995, le costó al Fobaproa aproximadamente 12 mil 75 millones de pesos.
Si consideramos el mismo razonamiento para el tercer segmento de cuentas, que representaba a cuentahabientes que mantenían saldos promedio de entre 5 mil y 10 mil pesos y que representaban aproximadamente 20 por ciento del total de las cuentas de 1995, podemos decir que el costo del salvamento para el Fobaproa de este segmento de cuentahabientes fue de 23 mil millones de pesos.
Así, podemos afirmar que el salvamento de 13.23 millones de cuentas bancarias, o 90 por ciento de las cuentas que existían en 1995, le costó al Fobaproa aproximadamente 35 mil 25 millones de pesos (3 mil 675 más 12 mil 75 más 23 mil).
Luego entonces, ¿cómo es que estos 35 mil 25 millones de pesos se convirtieron en 1.2 billones? Es decir: la cifra creció 35 veces.
¿Acaso el salvamento de las cuentas de los más ricos y que representaban sólo 10 por ciento del total de las cuentas bancarias que existían en 1995 fue lo que elevó 35 veces el costo del rescate de los ahorradores?
Si lo anterior es cierto, podemos concluir que lo que elevó el costo del rescate de los ahorradores fue paradójicamente el rescate de los ricos. Y nos preguntamos, entonces, ¿por qué los pobres están pagando el rescate de los ricos?
Si lo anterior no es cierto, entonces debemos de asumir que lo que verdaderamente elevó el costo del rescate de los ahorradores en más de 35 veces fue el rescate de los banqueros… por lo que Ernesto Zedillo miente al señalar que fue un rescate de ahorradores y Felipe Calderón lo que en realidad le recomendó al mundo fue rescatar a ahorradores ricos y a banqueros, con su propuesta de un “Fobaproa mundial”.
Conviene señalar que datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revelan que en junio de 1995 los 14.7 millones de cuentas que existían en México representaban ahorros por 656 mil 700 millones de pesos.
Es decir, que esta cifra resulta ser la mitad del costo del rescate bancario según la ASF (1.2 billones de pesos), luego entonces: esto quiere decir que por cada peso que rescató el Fobaproa acabó pagando dos pesos.
Pero lo más grave es que durante la semana el grupo Vitro se adhirió al “nuevo Fobaproa” implementado por Felipe Calderón y Nacional Financiera, y lo curioso es que, Gustavo Madero, presidente del Senado, ahora resulta que figura como integrante del Consejo de Administración de Vitro. Por eso digo, no nos vaya a resultar otra vez, más caro el caldo que las albóndigas.
Jornada: Bolivia
■ Será un sistema de “socialismo comunitario”, afirma en El Alto ante 36 pueblos originarios
Proclama Evo Morales la refundación de Bolivia como Estado plurinacional
■ La nueva Constitución, “promulgada ahora de cara al pueblo” y “no entre cuatro paredes”, asegura
■ Rinde homenaje a Tupac Katari, líder de la rebelión indígena descuartizado por los colonizadores
Simpatizantes del presidente boliviano participan en la multitudinaria manifestación en la ciudad de El Alto para la promulgación de la Constitución Foto: Ap
El Alto, 7 de febrero. Acompañado por líderes de los principales movimientos sociales del país, el presidente Evo Morales proclamó hoy la refundación de Bolivia como “Estado plurinacional unitario social y económicamente de socialismo comunitario”, a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política boliviana, “de cara al pueblo, no como antes sólo en el Congreso, entre cuatro paredes”.
Enfatizó que en los tres años de su presidencia “sólo la sabiduría de nuestros pueblos, de nuestras fuerzas sociales, ha permitido identificar, resistir y derrotar a los agentes externos, al imperialismo norteamericano; gracias a esta Constitución se garantiza la lucha histórica de nuestros antepasados y de nosotros, defender la vida, defender la justicia y la soberanía”.
Previamente leyó la sentencia que el 14 de noviembre de 1781 ordenó el descuartizamiento del líder de la rebelión indígena contra la autoridad colonial, Tupac Katari, y recorrió las luchas históricas populares en la república, contra las dictaduras y el neoliberalismo, y dijo que “no habrá cuatro prefectos que puedan descuartizar a Bolivia” con el pretexto de la autonomía, como los cuatro caballos españoles hicieron con el héroe indígena.
En las inmediaciones del aeropuerto de esta ciudad, a 4 mil 100 metros de altura, se dieron cita más de medio millón de hombres, mujeres, niños y ancianos llegados de los nueve departamentos del país, muchos de las cuales pernoctaron ahí soportando el frío y la llovizna para presenciar el histórico acontecimiento de la promulgación de una Carta Magna en cuya aprobación participaron todos por primera vez en la historia del país.
Acompañaban a Morales la premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú Tum; el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Miguel Insulza; el canciller venezolano Nicolás Maduro y dirigentes de movimientos sociales como Isaac Ávalos, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos; Fidel Surco, de la Coordinadora Nacional para el Cambio; Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Indígenas del Oriente y el dirigente máximo de la Central Obrera Boliviana, Pedro Montes.
Morales recordó la fundación de Bolivia por el libertador Simón Bolívar: “aquí estamos sus hijos para garantizar la segunda independencia, la verdadera liberación del pueblo boliviano”. Agregó que gracias a la nueva Constitución ningún gobierno privatizará los hidrocarburos ni habrá pongueaje (siervos de la tierra), y se garantizarán las tierras comunitarias.
“Hemos soportado tantas calumnias, tantas humillaciones para llegar a esta Constitución; en ella están consagradas las aspiraciones más profundas de los sectores más abandonados como son los trabajadores, el movimiento indígena”.
Esta Carta Magna, subrayó, “protege por igual a todos los bolivianos y bolivianas, garantiza la igualdad de oportunidades para la gente del campo y la ciudad, garantiza la igualdad, dignidad y libertad para todo el pueblo boliviano”.
Morales mencionó que durante las épocas dictatoriales y neoliberal del siglo pasado los líderes sociales eran acusados de comunistas, luego de narcotraficantes y a partir del 11 de septiembre de 2001 “pasamos de ser comunistas, narcotraficantes, terroristas”.
El Ejecutivo rindió además homenaje a los integrantes de la Asamblea Constituyente y a su presidenta Silvia Lazarte, que en la ciudad de Sucre sufrieron grandes humillaciones de quienes buscaban “descuartizar” la Asamblea.
Esos grupos, “que representan a los llamados vendepatrias”, dijeron “autonomía, ahí tienen autonomía; dijeron capitalía, ahí la tienen; dijeron dos tercios, ahí están; hablaron de propiedad privada y que la vamos a quitar; la nueva Constitución garantiza la propiedad privada pero también la cooperativa, comunitaria y estatal”.
Aseveró también que durante la campaña para el referendo en algunas iglesias decían que si el 25 de enero se aprobaba la nueva Constitución iban a perseguir a los sacerdotes y cerrar iglesias: “mentira, nunca se cerrarán, pero sí hay libertad de religión, no hay ninguna religión oficial, todos los sectores tienen igualdad en Bolivia”.
Mencionó que en esta nueva Constitución no se permite instalar bases militares extranjeras, “por tanto no van a haber embajadores (que) como antes ponían y despedían ministros; la embajada de Estados Unidos autorizaba la entrada de aviones al aeropuerto de Chimoré... eso ha terminado”.
Enfatizó que el nepotismo, la burocracia del Estado y sobre todo la corrupción “había sido un derecho del Estado colonial, por tanto tenemos que descolonizar a este Estado colonial y uno de los temas centrales es la corrupción. A ningún corrupto se le perdona, sea masista o no, sea familiar o no, los corruptos a la cárcel”.
También dijo que hay corruptos que hablan de lucha contra la corrupción, y “no tienen ninguna moral, primero que se sometan a esta Constitución para que digan de dónde tienen tantos bienes y así poder acabar con la corrupción”.
Asentó que en la Constitución por primera vez los servicios básicos son un derecho humano, no un negocio privado sino un servicio público; se reconocen los idiomas de los 36 pueblos originarios, presentes en el acto, y también el castellano; no se excluye a nadie y el Estado se declara pacifista sin renunciar a su derecho a la defensa.
Morales convocó a todos los alcaldes, concejales y prefectos del país para implementar juntos la nueva Constitución Política, contribuir a la refundación de Bolivia y a la reconciliación delos originarios milenarios con los originarios contemporáneos, respetando la igualdad de todos los bolivianos.
Luego tomó juramento de respetar y hacer respetar la nueva Constitución a los civiles y militares, y dijo: “si así lo hicieren, nuestros próceres de la liberación, los premien los héroes de la resistencia contra el Estado colonial, y en caso contrario los castiguen”.
El acto concluyó con un desfile militar y una marcha de decenas de miles de civiles que duró varias horas, sin que importara la fuerte granizada que cayó ni el copioso aguacero que le siguió.
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