lunes, 21 de abril de 2008
Universal: PEMEX
| Bucareli |
| Jacobo Zabludovsky El Universal Lunes 21 de abril de 2008 |
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No es lo mismo golpe de Estado que “golpe frontal al Estado y a las instituciones” Debemos reconocer al Consejo Coordinador Empresarial su cuidado de no usar, en su desplegado del viernes, la frase que el diccionario de la RAE define como “actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes”. Los empresarios sustituyeron la palabra “de” por “frontal al” y dieron otro valor a su mensaje a la opinión pública. No así algunos medios que por malicia, ignorancia o descuido de buena fe, cabecearon la nota y hasta alguna primera plana con la frase que puede causar, con razón, una alarma injustificada. No dice eso el mensaje empresarial, se agradece, ya hay muchos fierros en la lumbre y no es prudente poner otros. La semana comienza con un intento de acercar los extremos para llegar, en el justo medio salomónico, a la fijación de un plazo suficiente para debatir el proyecto de reforma petrolera. La muy criticada, no sin razón, toma de las tribunas legislativas, ha venido a demostrar que a veces en la práctica el fin justifica los medios. Sin esa operación sorpresiva, la reforma, presentada sin discusión de ninguna especie, con la agravante de la nocturnidad, ya estaría aprobada o lo sería hoy o mañana, tal como Dios la trajo al mundo. Y tal como la entregó el presidente Felipe Calderón a un Congreso de mayoría sumisa, el mismo que en siete minutos, sin lectura previa, aprobó por unanimidad la ley Televisa que la Suprema Corte rechazó en forma tajante. Gracias a esa toma de tribuna debemos admitir, aunque no la aprobemos, que los legisladores se dieron cuenta de que el debate merece más tiempo. Ahora resulta que todos se han convencido de la necesidad de una discusión que pretendían sostener en sus horas libres, en las sobremesas o en dos fines de semana de abril. El FAP propuso 120 días. El senador Beltrones, suponemos que en nombre del PRI, aconsejó 50 días porque tal vez el 51 tiene algún compromiso ineludible. El FAP reviró con una sota que se sacó de la manga: vamos haciendo un referéndum, como si fuera “enchílame otra gorda” y las gordas tuvieran un sustento jurídico del cual carecen en la legislación mexicana. Fue entonces que el senador Creel ofreció un toro de regalo llamado “tercera vía”: la duración del debate no debe tener plazo fijo, nada de 120, nada de 50, los días que sean necesarios, sin límite de tiempo, para “tener un buen programa que le sirva al Senado para su dictamen. En consecuencia, estamos abiertos a ese diálogo y a esa negociación” dure lo que dure. Y la señora Georgina Kessel, secretaria de Energía, sufre las ansias de lo impostergable y da un golpe de timón al declarar a periodistas que no son las prisas (que tanto la angustiaron 10 días antes, al presentar el proyecto), sino el análisis cuidadoso, lo que debe establecer el término del debate. Ya encarrerados en esa entrevista de banqueta, los periodistas le preguntaron cómo se enteraron banqueros y bolsistas del negocito de los bonos petroleros, 12 días antes de que ella ofreciera esa sorpresa dentro del proyecto elaborado con sigilo en Los Pinos. “La verdad, no tengo una respuesta al respecto”, dijo a La Jornada. El bisnes que ya se cocinaba, es uno de los muchos que tendrán que esperar, aunque se le agoten otros yacimientos a Exxon, por el capricho absurdo de debatir la ley antes de votarla. Mientras, algunas posturas se polarizan y los enconos crecen, los desafíos barriobajeros muestran su catadura siniestra, aunque los produzca en la diestra un legislador dispuesto a rajarle la cara a cualquiera, heredero cerebral del muñeco de Paco Miller. Y en el canal 2, horario estelar del jueves, se transmite un spot patrocinado por una organización fantasma, en que compara a AMLO con Hitler, Mussolini, Pinochet y Victoriano Huerta. Esta transmisión es un acto soez que muestra cómo el uso criminal de la televisión puede ser más pernicioso y peligroso que la toma de cualquier tribuna, porque, ese sí, es el secuestro de una tribuna, en este caso concesionada por el pueblo de México para su buen uso y no para la calumnia y la descalificación de un político mediante la injuria más baja que se ha visto en la televisión mexicana desde su fundación. Provocaciones como las mencionadas no merecerían comentario, si la historia no aleccionara sobre quienes pasan de las palabras delirantes a los hechos desmesurados que ellas presagian. Cuidado, no se excedan. Hasta ahora no se ha roto un vidrio, ni pintado una pared, ni golpeado a un transeúnte. En fin. El proyecto que se apruebe de ninguna manera será el que fue. La vía corta es cosa del pasado. La urgencia de rescatar el tesorito milagroso y el madrugador frenesí bursátil, requieren paciencia. La ocupación de tribunas ha convencido a muchos mexicanos, aun a los que están contra el método, de que se iba a cometer el error histórico de validar una ley sin el debido escrutinio serio y público. Si en un lugar tan céntrico, iluminado y abierto como el Paseo de la Reforma, donde se avecina la BMV, pueden alojarse operaciones sórdidas, cabe preguntarse, antes de aprobar cualquier ley, cuántas se ocultan en las honduras tenebrosas del golfo de México |
Jornada: La impunidad
Balas impunes silencian la voz triqui
Tensión tras el asesinato de dos comunicadoras de San Juan Nopala; amenazas oficiales
San Juan Copala, Oaxaca. La radio comunitaria La voz que rompe el silencio, la cual transmitía su señal en idioma triqui desde el municipio autónomo de San Juan Copala hacia una docena de pueblos enclavados entre los cerros colindantes, salió del aire el 7 de abril, poco después de las cinco de la tarde. Adolfo y Bernabé, los dos locutores que estaban a cargo de la austera cabina, al conocer la noticia de que sus compañeras Teresa Bautista y Felícitas Martínez habían sido asesinadas en una emboscada, apagaron los micrófonos y el transmisor. Enmudecieron.
Desde entonces ni ellos ni su radio –un proyecto de comunicación que apenas tenía tres meses de vida y al que definen como “un ala de nuestra experiencia autonómica”– no han recuperado el habla. El jueves pasado, frente a una docena de periodistas y dos visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que atravesaron el nudo montañoso de la sierra mixteca para bajar a la hondonada de Copala, Adolfo trata de decir algo. Pese a sus esfuerzos la voz se le atora en la garganta. Debe-rían haber estado a su lado, para hablar con la prensa, los padres de Tere y Feli, pero no acudieron. “Gente del gobierno de Ulises Ruiz los contactó para amenazarlos. Les dijeron que si hablaban corrían peligro; si callaban, recibirían recursos”, denuncia Jorge Albino, de la comisión de comunicación del municipio autónomo. Era el miedo que rompe la voz.
Hasta que aparece, inesperada, la pequeña figura de Gregoria Agustina, con las trenzas blancas deshechas. Pasa al frente del palacio municipal, rodeada de decenas de mujeres como ella, silenciosas. Amorosamente desdobla y extiende un vestido rojo, el típico traje triqui, bordado en telar. Cinco rasgaduras en la parte media trasera del tejido –los cinco orificios de las balas que mataron a su nieta Felícitas– dicen más que las palabras. Ni siquiera hay rastros de sangre. La abuelita, que se hizo cargo de Feli y su hermana Laura a la muerte de su madre, hace tres años, lo lavó hasta borrar la última mancha. ¿Cómo iba a dejar que el vestido que llevaba Feli el día de su muerte quedara sucio? Fue el silencio de Gregoria el que rompió el miedo.
Los visitadores de la CNDH tuvieron que tomar nota del reclamo de Jorge Albino, coordinador de la radio comunitaria del municipio autónomo: “No queremos que aquí le echen tierra a la muerte de nuestras compañeras como le hicieron en la Zongolica”, la sierra nahua de Veracruz, donde la versión del gobierno federal y del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, de la “muerte por gastritis” de la anciana Ernestina Ascensión se impuso mediante esa pinza de amenazas y ayudas económicas que terminó por silenciar la denuncia de su familia, en el pueblo de Soledad Atzompa.
El gobierno autónomo solicita que la Procuraduría General de la República, a través de la fiscalía para delitos contra periodistas, atraiga el caso, porque no confían en la justicia estatal.
En Oaxaca, el procurador general de Justicia, Evencio Nicolás Martínez Rodríguez, dio la clave de hacia dónde se dirige la averiguación al declarar que el atentado “no era contra las locutoras, sino contra Francisco Vázquez”, empleado del Registro Civil que conducía el vehículo en el que viajaban. Él, su esposa Cristina y Jaciel, uno de sus pequeños hijos, siguen internados en un hospital de Oaxaca, pero hasta ahora no han sido interrogados.
Acusaciones y venganzas sin fin
Desde finales de los años 90 el movimiento social de los triquis vive enfrentado y atrapado en una cadena incesante de hechos violentos, acusaciones mutuas, venganzas sin fin. La temprana muerte de Felícitas y Teresa, activas en el proceso autonómico, tiene su contraparte de dolor.
El 5 de julio del año pasado dos jóvenes, Virginia y Daniela Ortiz, hermanas de 20 y 14 años, originarias del pueblo El Rastrojo, fueron secuestradas. Son hijas de un dirigente del MULT. Desde entonces están desaparecidas. En este caso también es muy poco lo que la procuraduría estatal ha hecho para ubicarlas, pese al peregrinar de su madre y sus primas, que no han dejado de tocar puertas reclamando la aparición de las muchachas.
La familia de las dos hermanas acusa al MULT-I de la desaparición. Cada organización carga, así, con sus agravios. Cada una acusa a la contraria de ser “priísta y paramilitar”. Las dos fuerzas se dicen de izquierda. Las dos participan en la otra campaña del zapatismo, que en su último encuentro de pueblos indios en Vícam, Sonora, intentó sin lograrlo reconciliar a los hermanos enemistados.
En esta ocasión, el MULT protestó por la atención que la prensa y los organismos de derechos humanos han prestado al asesinato de las locutoras. Se trata, dijo en un comunicado, de “una campaña de desprestigio y linchamiento político contra el MULT-UP, con el fin de preparar las condiciones de represión policiaca militar en la región”, orquestada “desde el poder y ejecutada por las balas asesinas de un grupo de priístas denominado UBISORT-MULTI”.
Son 500 kilómetros cuadrados de territorio triqui que suben y bajan de los cerros áridos y espinudos, una isla cultural en el corazón de la Mixteca oaxaqueña. Son 36 barrios, nueve agencias municipales y una sola presidencia municipal en Copala, en la Trique Baja, más fértil, con las mejores tierras y, por tanto, con mayores conflictos. Pero Copala, por su autonomía, no recibe ningún recurso del estado, sobre todo porque el MULT, su archienemigo, participa en el cabildo de Juxtlahuaca, donde se deciden las partidas presupuestarias.
Catorce comunidades se alinean con el MULT-UP y 18 con los autónomos. Los cementerios de cada pueblo reciben, de tanto en tanto, los cuerpos de nuevas víctimas, de uno y otro bando, caídas en las temibles emboscadas que perpetran pistoleros a sueldo, con cuernos de chivo. El MULT original, que nació en 1981 después de un largo proceso de resistencia y organización contra los caciques, pagó, en su momento, una muy alta cuota de sangre.
Francisco López Bárcenas, abogado mixteco y autor de numerosas investigaciones sobre el proceso de resistencia de esa región, recuerda que la última gran marcha del movimiento triqui, antes de la ruptura, fue en 1987. Al año siguiente, con el gobierno estatal de Heladio Ramírez, llegaron grandes sumas de dinero a despertar el apetito de sus dirigentes. A finales de la década se registra una violencia inédita en los pueblos y sus veredas, sobre todo violaciones tumultuarias contra mujeres.
El ala oficialista decide, en 2000, formar un partido político, Partido de Unidad Popular (PUP). Los enconos empiezan a provocar choques violentos. En 2005 son asesinados dos muchachos que trabajaban –como miles de jóvenes triquis y mixtecos– en Estados Unidos y que habían llegado a celebrar las fiestas patronales. Eran los hijos de los dirigentes Timoteo Alejandro Ramírez y de José Albino, que acusaron a la corriente del PUP de encubrir a los pistoleros. En marzo de 2006 se hace pública la ruptura.
El camposanto de San Juan queda en la ladera de un cerro con pinos, pasando el río. Las tumbas de las señoritas Teresa y Felícitas aún tienen frescas las flores. En una hay, todavía, plumas y rastros de sangre de una gallina sacrificada. Unos dicen que es una costumbre local, para que el mal no se lleve el alma de la difunta. Otros murmuran, por lo bajo, que los restos del sacrificio denotan la promesa de una venganza.
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