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Jornada: PEMEX

Adrián Lajous
La incursión de Pemex en aguas profundas
Pemex es el principal productor costa afuera de petróleo en el mundo. La producción se localiza casi exclusivamente en aguas someras del Golfo de Campeche y en el litoral de Tabasco. En 1999, se iniciaron los trabajos de exploración que han llevado a esta empresa a perforar en aguas profundas con tirantes de agua de más de 500 metros y ahora se apresta a incursionar en aguas ultra-profundas. Pemex define a estas últimas como las que registran tirantes de agua de más de mil 500 metros y considera profundas las de tirantes entre 500 y mil 500 metros. El avance de Pemex en una primera fase de actividades en aguas profundas, frente a las costas de Tabasco y el sur de Veracruz, ha sido cauto y su éxito limitado. Ha descubierto dos yacimientos de gas no-asociado y uno de petróleo crudo extra-pesado. El campo más importante hasta ahora es Lakach, que incorporó mil 300 millones de pies cúbicos de reservas totales de gas natural.
La decisión de explorar en aguas ultra-profundas, en tirantes de más de mil 500 metros, fue tomada por Pemex en 2007. El 30 de agosto la empresa anunció que ya se habían contratado tres plataformas semi-sumergibles que estarían disponibles en el transcurso de 2010 y que se estaba en proceso de contratar una plataforma adicional. Uno de los contratos fue suscrito con la empresa inglesa Sea Dragon Offshore para arrendar por cinco años una plataforma semi-sumergible capaz de perforar pozos en aguas con profundidades de hasta 3 mil 48 metros, en medios inclementes. El valor total del contrato asciende a 958 millones de dólares. Se espera que la plataforma sea entregada en enero de 2010. Su casco está siendo construido en Rusia y será equipada en Escocia (www.seadragonoffshore.com).
Otro contrato fue adjudicado a la empresa mexicana Industrial Perforadora de Campeche, del Grupo R. Esta segunda plataforma está siendo construida en Corea por Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering y será capaz de perforar en aguas con una profundidad de hasta tres mil metros. El contrato es también de cinco años, siendo la renta diaria de 530 mil dólares. El valor total del contrato es cercano a los mil millones de dólares. La empresa arrendadora recibió financiamiento por 650 millones de dólares de WestLB y BBVA para la construcción de la plataforma que deberá ser terminada en septiembre de 2010, para iniciar operaciones en el Golfo de México en diciembre de ese año (www.bnamericas.com).
La tercera plataforma de sexta generación está siendo construida en el astillero de Jurong, en Singapur, para la empresa noruega Petromena. El contrato de arrendamiento con Pemex es de cinco años a partir de enero de 2010. El valor bruto del contrato es de 942 millones de dólares. La plataforma será administrada por Larsen Oil and Gas (www.petromena.no). Adicionalmente, Pemex contrató una plataforma semi-sumergible a la empresa estadounidense Noble Corporation que puede perforar en tirantes de hasta 2 mil 100 metros de profundidad. El contrato de arrendamiento es de tres años, a partir de agosto de 2008, la tarifa diaria pactada es 485 mil dólares y el valor del contrato asciende a 530 millones de dólares (www.noblecorp.com).
Esta flotilla de plataformas permitirá ejecutar un programa de perforación de dimensión sustancial. En el sector estadunidense del Golfo de México ninguna empresa individual cuenta hoy con tantas plataformas dedicadas exclusivamente a actividades exploratorias. Pemex tendrá que preparar y autorizar un amplio acervo de localizaciones a perforar, contratar los equipos de perforación, supervisar su ejecución y coordinar a las diversas empresas que proporcionan los servicios especializados requeridos por este programa. De tener éxito en estas actividades de exploración, tendrá entonces que montar un programa de desarrollo aún más vasto. El propio Pemex ha reconocido su falta de experiencia en aguas ultra-profundas y es difícil pensar que el limitado trabajo exploratorio que actualmente realiza en aguas de menos de mil metros sea el necesario y suficiente para abordar un programa en aguas ultra-profundas de la magnitud y complejidad como el que ahora se propone. Esto significa que requerirá asociarse con empresas que cuentan con la capacidad y la experiencia del caso.
Sería importante comprender el proceso de toma de decisiones que llevó a la adquisición de estas plataformas en los primeros seis meses del gobierno del presidente Calderón, una vez tomada la decisión fundamental de lanzarse a la exploración en aguas ultra-profundas. Dada la ocupación plena, a nivel global, de plataformas con las características requeridas, fue necesario salir a contratar la construcción de nuevas plataformas. El riesgo incurrido por Pemex se limitaba a que hubiera un cambio básico en las condiciones de este mercado de equipos, lo que se consideró poco probable. Si por algún motivo se decidiera posponer o redimensionar el programa exploratorio en aguas ultra-profundas, los contratos de arrendamiento de plataformas podrían ser transferidos a terceros, para perforar en otros países. En cambio, si no se garantizaba la disponibilidad de equipos para 2010, este programa de exploraciones se tendría que postergar al siguiente periodo gubernamental. Otro aspecto interesante de la decisión es la magnitud del programa. Suponiendo sólo tres plataformas, su costo anual será de cuando menos mil millones de dólares, al incluir todos los servicios.
Pemex no cuenta actualmente con la capacidad técnica, organizativa y de gestión, como tampoco con los recursos humanos altamente calificados, para iniciar la perforación exploratoria en aguas ultra-profundas, cuando comiencen a llegar las plataformas contratadas. Sus carencias serán aún mayores en la medida que las actividades de exploración sean exitosas, dado que el desarrollo de campos entraña recursos humanos y técnicos aún más cuantiosos. Estas restricciones se estrechan aún más debido a la dimensión de los requerimientos gerenciales y de personal técnico que suponen los ambiciosos programas de exploración y desarrollo de Chicontepec, Ku-Maloob-Zaap, Cantarell y la Región Sur, entre otros. El avance simultáneo en tantos frentes podría poner en riesgo a todos.
El gran programa de aguas ultra-profundas tuvo que ser ideado sobre la base de un fuerte y extenso apoyo externo. Sin embargo, aún hoy no queda claro cuál va a ser su origen, como tampoco la naturaleza y estructura de la relación contractual que vinculará a Pemex con las empresas nacionales e internacionales con las que se asocie. ¿Busca el gobierno atraer a empresas petroleras o a empresas de servicios? ¿Podrá hacerlo mediante la suscripción de contratos de servicios puros o necesita contar, inevitablemente, con contratos de servicios incentivados –risk service contracts? Estas dos cuestiones centrales tendrán que ser resueltas en un plazo perentorio. La importancia y la urgencia que las autoridades y Pemex están dando al tema de aguas ultra-profundas en los medios de difusión masiva reflejan la necesidad apremiante de una definición.
Las empresas internacionales han trabajado con las entidades que ejercen los derechos de propiedad de los hidrocarburos sobre la base de esquemas concesionarios y mediante contratos en los que se comparten los riesgos y los beneficios de su explotación –production sharing agreements. Sólo en casos excepcionales han accedido a utilizar contratos de servicios incentivados y, cuando lo han hecho, la distribución de riesgos y beneficios no ha sido del todo transparente. Las empresas de servicios petroleros ofrecen, de manera creciente pero aún incipiente, contratos integrados de servicios de exploración, desarrollo y producción, en circunstancias en las que los riesgos son relativamente bajos y están bien acotados. Hasta ahora no han participado como operadores en proyectos de la dimensión, la complejidad y el riesgo que caracterizan a los proyectos de aguas profundas.
La Constitución mexicana explícitamente prohíbe el otorgamiento de concesiones y contratos de riesgo. El artículo sexto de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en materia de petróleo, excluye a los contratos incentivados. Allí se establece que las remuneraciones de los contratos de obras y de prestación de servicios “no podrán conceder porcentajes en los productos, ni participación en los resultados de las explotaciones”.
Hubo quienes pensaron que se podrían encontrar formulas para darle la vuelta al artículo sexto o, cuando menos, dar mayor latitud a la interpretación que de él se ha hecho hasta ahora. Quizá recordaban la introducción de los contratos de servicios múltiples en la Cuenca de Burgos, aunque no su exiguo éxito. Otros más creyeron que el Ejecutivo Federal lograría convencer a los legisladores de que modificaran este artículo y que contaría con la mayoría simple necesaria para votar estos cambios a la Ley reglamentaria. En cualquier caso, se consideró que los cambios requeridos podrían obtenerse antes de mayo o, desde luego, a principios de septiembre de 2008, a más tardar. Sin embargo, las circunstancias políticas no han permitido hacer una propuesta en esta materia, en el marco de una reforma energética que a mediados de marzo aún no llega al Congreso. Por su parte, las empresas privadas no podrán responder a las invitaciones que las autoridades han hecho, a apoyar el programa de exploración en aguas ultra-profundas, sin antes contar con una certeza jurídica plena respecto a modelos contractuales específicos de servicios incentivados.
Ante este impasse aumentará la tentación de buscar soluciones pragmáticas, como en su momento fueron los contratos de servicios múltiples. Esta solución no es factible para tareas costosas de alto riesgo. Muy pocas empresas estarían dispuestas a participar, y estas no son necesariamente las que convienen al país. Este tampoco es un camino políticamente viable en las condiciones actuales. Por el contrario, resulta indispensable buscar alternativas trasparentes y eficaces que permitan movilizar los recursos de Pemex, de las empresas de servicios y de las empresas petroleras internacionales. Convendría explorar modelos de asociación como los que buscan armar Gazprom, Total y StatoilHydro para la exploración y el desarrollo de Shtokman, un campo súper-gigante cerca del Ártico. Sin embargo, nada de esto va ser posible sin antes realizar un trabajo político verdaderamente constructivo. Será comprensible que muchos legisladores reaccionen negativamente frente a lo que interpretarán como un fait accompli impuesto por las autoridades. Se requerirá una gran habilidad de negociación para establecer la confianza mínima necesaria para poder ir adelante. Convendrá también avanzar en la construcción de un nuevo marco regulador que norme las actividades extractivas de la industria petrolera.

Jornada: Desfiladero

Desfiladero
Jaime Avilés jamastu@gmail.com
■ Mouriño: los acuerdos secretos con Bush
■ Medina Mora: con las manos en la masa
■ Calderón: el verdadero fondo del asunto

Ayer fui a la Procuraduría General de la República. “Quiero dejarles estos papeles que demuestran mi inocencia”, expliqué mostrando un abultado fólder. “¿De qué se le acusa?”, me preguntaron. “¿A mí? De nada”, les dije. “Lo sentimos, no le podemos recibir su documentación. Primero lo tienen que acusar de algo”, me aclaró una jurista. “¿Y por qué a Mouriño sí le admitieron sus contratos, si tampoco hay denuncia penal contra él?”, reviré. “Órdenes de arriba”, contestó la mujer, apuntando con el dedo hacia el techo, o más bien, hacia el norte, esto es, hacia Estados Unidos, el país que aguarda con mayor impaciencia (después de España) la privatización de Pemex.
Han transcurrido 20 días desde que estalló el escándalo y la banda de Los Pinos no cesa de enlodarse. “El mejor escenario para el gobierno federal sería que el Frente Amplio Progresista optara por la vía penal porque entonces el secretario de Gobernación tendría todos los elementos a su favor para defenderse”, opinaban la semana pasada dos genios: Santiago Creel y Germán Martínez, los respectivos líderes del Senado y del partido en el poder, nada menos, al analizar la desesperada situación de Mouriño (La Jornada, 7/03/08). Y Felipe Calderón, con su agudeza característica, vio en esas palabras una rendija de luz en medio de la noche, y dio una orden que… podría acabar con la carrera política del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.
Desde el martes pasado, cuando Mouriño envió a la PGR todos los contratos que firmó ilegalmente con Pemex de 2000 a 2004 –como empresario petrolero y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, como empresario petrolero y coordinador de asesores del secretario de Energía, y como empresario petrolero y subsecretario de Electricidad–, Medina Mora debió declararse incompetente para conocer del asunto, por la sencilla razón, arriba ya expuesta, de que a Mouriño nadie lo está acusando de nada en términos legales. Sin embargo, al admitir el expediente, el procurador se convirtió en un miembro más del grupo de funcionarios del más alto nivel que se han coludido alrededor de Calderón para cometer delitos graves de manera organizada.
Más allá de los 100 millones de pesos que Ivancar, la empresa de Mouriño, ganó transportando productos de Pemex; más allá de los contratos por 501 millones de pesos que las empresas constructoras del suegro de Mouriño firmaron en los dos primeros meses de 2008 con el gobierno de facto; más allá de las pequeñas fortunas que los mejores amigos de Mouriño estén amasando como funcionarios públicos federales, lo que de verdad descalifica no sólo al niño bonito de Galicia sino a toda la banda que se robó las elecciones en 2006, es lo que están haciendo, y lo que pretenden hacer, con las riquezas del subsuelo de México y con la industria de los energéticos en general.
En septiembre de 2007, apenas seis meses atrás, la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía suscribieron un contrato con la petrolera española Repsol por un valor de 16 mil millones de dólares. Repsol se comprometió a comprarle gas natural a Perú para revendérselo, por supuesto más caro, a la CFE. En la historia de México no se había realizado un negocio más abusivo y absurdo. Fijaos… Repsol recibirá el gas en una planta, que aún no existe, en la zona peruana de Camisea, y lo mandará por barco a otra planta, que tampoco existe, en la costa mexicana de Colima, a unos 7 mil kilómetros de distancia.
En Camisea, el gas será enfriado hasta que sus moléculas se reduzcan mil 600 veces de tamaño, con lo que se hará líquido, para que entonces Repsol pueda almacenarlo y embarcarlo. Al llegar a Colima, Repsol lo descongelará para que recobre su condición original y pueda enviárselo por tubería a la CFE, que a su vez se lo entregará, ¡obviamente!, a empresas españolas como Iberdrola, Unión Fenosa y Mapfre, que junto con otras firmas privadas ya generan, ilegal e innecesariamente, la tercera parte de la energía eléctrica del país, aunque la Constitución se los prohíba. De esta suerte llegarán a Colima 500 millones de pies cúbicos de gas natural diarios, mientras en la sonda de Campeche seguirán quemándose 700 millones de pies cúbicos, igualmente diarios, debido a que desde el sexenio de Zedillo el gobierno se niega a construir una planta para aprovechar ese recurso que se desperdicia a lo tonto.
Por si lo anterior fuera poco, México se comprometió a edificar la planta regasificadora de Colima sin costo alguno para Repsol, mientras diversas empresas extranjeras exploran en Altamira, Tamaulipas, cerca de Tijuana, Baja California, y de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en busca de enormes yacimientos de gas natural que, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución, son de todos los mexicanos. ¿En cuánto saldrá el negocio del gas peruano? Hay que repetirlo: en 16 mil millones de dólares. Si México invirtiera 10 mil millones de dólares tendría dos nuevas refinerías, con las que podría fabricar toda la gasolina que actualmente importamos. Y aun sobrarían 6 mil millones de dólares, para dedicarlos, por ejemplo, a la investigación científica, en lugar de los míseros 37 millones de pesos que el año pasado destinó a ese rubro el visionario Calderón.
Éste sacó a Mouriño de las discotecas para usarlo como títere en los negocios petroleros, desde antes de ser secretario de Energía. Hoy busca la forma de conservarlo a como dé lugar, aunque esté políticamente muerto, confiado en que Bush, pase lo que pase, respaldará a toda la banda de Los Pinos mientras ésta le cumpla lo que le prometió en la campaña de 2006, esto es, devolver a las empresas petroleras amigas de Washington las riquezas del subsuelo de México: este es el verdadero fondo del asunto. (Para comunicarse con los que hacemos esta columna sigan escribiendo a jamastu@gmail.com...)

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