Jornada: Mario Di Costanzo

Antes muerto que vendido

Mario Di Costanzo Armenta

Más rápido que pronto, los directivos de Citigroup aclararon los rumores que surgieron sobre la posible venta de Banamex haciendo énfasis en que su subsidiaria en México por ningún motivo será vendida, ya que sigue siendo considerada un elemento central en las futuras operaciones de este banco estadunidense.

Y es que nadie, absolutamente nadie en su sano juicio se desprendería de un banco que opera y ha operado en nuestro país con toda clase de apoyos gubernamentales, legales e ilegales, que le han permitido obtener durante los últimos siete años utilidades por aproximadamente 80 mil millones de pesos, cifra que representa entre 15 y 20 por ciento de las utilidades mundiales de Citigroup (que tan sólo en nuestro país controla 22 por ciento del mercado).

Para corroborar lo anterior basta mencionar que en mayo de 2001 quedó registrado en la historia financiera del país como la fecha en que las autoridades financieras mexicanas permitieron la ilegal e inmoral venta de uno de los bancos más grandes de lo que alguna vez fue el sistema bancario nacional.

Así, la venta de Banamex fue la síntesis del costoso fracaso de la estrategia implementada en 1995 por el gobierno federal para rescatar a los bancos. La negligencia, la corrupción, los conflictos de intereses y el costo fiscal generado a los contribuyentes mexicanos como resultado de las acciones llevadas a cabo por el Fobaproa estuvieron presentes en la multimillonaria operación, por medio de la cual el gigante estadunidense Citigroup adquirió el Banco Nacional de México (Banamex).

La ilegalidad en el rescate de Banamex parte del hecho de que el propio trabajo de investigación ordenado por el Congreso mexicano en 1998 y conocido como Informe Mackey revela que el banco no requería de los apoyos financieros otorgados por el Fobaproa, en virtud de que su índice de capitalización (situación financiera) era aceptable de acuerdo con los estándares establecidos por las normas de esa época.

Este diagnóstico fue confirmado años más tarde por el órgano interno de control del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que inclusive manifestó la necesidad de descontar 9 mil 600 millones de pesos de la deuda que el gobierno tenía con Banamex, en virtud de haber sido producto de operaciones consideradas ilegales.

Lo anterior provocó que Vicente Fox interpusiera una controversia constitucional contra la ASF para evitar que dicha suma le fuera descontada al banco. En este punto, por cierto, cabe señalar que la elaboración de esta controversia a favor de Banamex le fue encargada a Luis Mancera Arrigunaga, ex procurador fiscal y primo de quien fuera director del Fobaproa, Javier Arrigunaga.

Y es que entre 1995 y 1997 el Fobaproa le otorgó apoyos a Banamex mediante la compra de cartera (créditos chatarra), por aproximadamente 50 mil millones de pesos a valor histórico, que para mayo de 2001 ascendían a casi 80 mil millones de pesos.

Estos ilegales apoyos fueron aprobados en su momento por los integrantes del Comité Técnico del Fobaproa, entre los que se encontraban Javier Arrigunaga, entonces director del Fobaproa y quien después se convertiría en director de Operaciones de Banamex; Francisco Gil Díaz, quien años después se desempeñaría como director general de Avantel y posteriormente como secretario de Hacienda de Vicente Fox; y Jonathan Davis, quien a la postre sería designado presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y quien durante el rescate bancario fungió como tesorero de la Federación y en tal carácter, con su firma, avaló la ilegal deuda adquirida por el gobierno.

Así, ante la pasividad y complacencia de las autoridades financieras, que sólo se limitaron a señalar que nada podían hacer en virtud de que se trataba de un asunto entre particulares, el 17 de mayo de 2001 Roberto Hernández anunció la decisión de vender Banamex al gigante financiero Citigroup en 125 mil millones de pesos, mediante una operación que se llevaría a cabo a través de la Bolsa de Valores y, por lo tanto, estaría exenta del pago de impuestos.

La realidad es que a todas luces fue ilegal considerar a la operación como un asunto entre particulares, pues el gobierno había rescatado a Banamex con dinero público: luego entonces, el banco existía debido a los apoyos otorgados por el gobierno.

De hecho, al momento de su venta Banamex tenía pagarés del Fobaproa registrados en su Activo Contable por 73 mil millones de pesos (pagarés a cargo del gobierno federal y los contribuyentes). Esta cantidad representaba 58 por ciento del valor total de la venta, lo que significa que sin los pagarés del Fobaproa el grupo financiero Banamex no hubiese podido ser vendido en ese precio. O bien, que ese 58 por ciento de lo que Roberto Hernández recibió por la venta del banco debió ser para el gobierno federal y para los contribuyentes.

Sin embargo, como resultado de la operación ni siquiera se pagaron impuestos. Por ello, la venta de Banamex a Citigroup se puede considerar como el crimen perfecto, ya que los acusados (es decir, los que permitieron su ilegal rescate) se convirtieron a la postre en los jueces que debieron intervenir en la sanción de su venta. Y los asesinados, como siempre, fueron millones de mexicanos.

Vale recordar que Agustín Carstens, quien entonces se desempeñaba como subsecretario de Hacienda, fue quien tuvo la última palabra que permitió la inmoral e ilegal venta de Banamex.

Por ello, y en virtud de contar con todas las complacencias del gobierno mexicano que se ha empeñado en continuar como rehén de cuatro instituciones bancarias extranjeras, entre ellas Banamex, los directivos de Citigroup han señalado con respecto de su subsidiaria en México antes muerto que vendido.