Miles de millones
En los últimos seis meses el gobierno estadunidense ha hecho cuatro intervenciones de gran escala en el sistema financiero, sin haber logrado detener los efectos destructivos de la crisis.
Facilitó recursos para la venta de Bear Stearns, nacionalizó las empresas hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac y la aseguradora American Internacional Group (AIG). Ahora se propone una intervención masiva en el sector que no tiene precedentes desde la década de 1930.
Tres medidas componen esta nueva estrategia y aparecen hoy como una exigencia en esta fase de la crisis financiera. Así, el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal han tenido que dejar de intervenir paso a paso y ahora lo hacen de manera general. Con ello, sin embargo, se abre un nuevo entorno de incertidumbre.
Primero, han garantizado una buena parte de los activos financieros de la denominada industria de fondos mutuales del mercado de dinero que perdían valor a pasos acelerados en las últimas semanas. Estas son las cuentas bancarias que pagan algún interés y es una forma de inversión para los depositantes, que era convencionalmente considerada la más segura, pues el dinero está en efectivo y se puede retirar sin plazos de espera. Pero en la semana anterior esas cuentas ya no se pagaban a los clientes a la par, es decir, dólar por dólar, sino que su valor había descendido. El riesgo era enorme para el público y para el sistema bancario. Son 50 mil millones de dólares los que se han garantizado.
Segundo, el Tesoro comprará las deudas impagables del sector hipotecario para tratar de frenar la caída de los precios de las viviendas y, con ello, las pérdidas de los bancos. El gobierno se volverá así dueño de los créditos de hipotecas más riesgosos y deberá administrarlos mediante una agencia que se creará especialmente y tratará de venderlos con la menor pérdida posible. Los criterios de gestión de esa agencia serán responsabilidad del secretario del Tesoro y deberá informar al Congreso dos veces por año.
Esta medida consiste en tratar de “desapalancar” a los bancos y en cierta medida a los deudores que tienen hipotecas, o sea, reducir la proporción de la deuda que tienen con respecto a sus activos, que es la situación provocada por la caída de los precios de las casas. El problema es que cuando esto se hace en una dimensión tan grande como la que ahora representa el mercado hipotecario en Estados Unidos, es muy probable que el precio de los activos (las viviendas) siga cayendo y se acumulen más pérdidas, pero ahora para el gobierno.
En todo caso, la intervención propuesta equivale a separar los negocios de los bancos en una parte buena y otra mala, y el gobierno se quedará con esa última. No se sabe cómo afectará esto a la estructura financiera vigente antes de la crisis ni cómo se ordenarán las operaciones de los bancos para limitar la gestión de los riesgos de sus carteras. En todo caso la cifra que se ha estimado en la propuesta de intervención en los mercados es de 700 mil millones de dólares, lo que alza el límite superior de la deuda nacional a 11.3 billones de dólares (trillones en la nomenclatura usada en Estados Unidos)
Tercero, y en este campo aún no hay una oferta clara del Tesoro y de la Reserva Federal, se tendrá que rediseñar el marco reglamentario de las operaciones del sector financiero y de la Comisión de Cambios y Valores (Securities and Exchange Comisión) para prevenir una nueva ronda de exceso especulativo que ponga en riesgo los depósitos de los ahorradores, la solvencia de los bancos y ahora, además, los enormes recursos públicos comprometidos en el salvamento que emprende el gobierno.
Esta última parte todavía está por atenderse, pero en el reacomodo que se ha dado en los últimos seis meses se está manteniendo una estructura en la que siguen unidos los negocios bancarios con los de inversión en las mismas empresas que ya se están reconfigurando. Éste es el caso de la compra que hizo Bank of America de Merrill Lynch o el de JP Morgan Chase que adquirió a Bear Stearns. Y aún están en vilo empresas grandes como Morgan Stanley, que es sólo una de las más visibles por ahora.
Esa falta de separación de uno y otro tipo de operaciones está en el centro del surgimiento de esta crisis. Se trata del esquema de organización financiera que se fue creando durante muchos años a medida que se debilitaban progresivamente los lineamientos de la ley conocida como el Acta Glass Steagall. Esa ley regulaba la separación de las actividades de los bancos comerciales y de las empresas de inversión luego de la crisis de 1929-1933.
Desde las décadas de 1960 y 1970 los bancos comerciales cabildearon fuertemente en el Congreso para quitar restricciones y ampliar los márgenes de las operaciones de inversión que realizaban. Finalmente, con la fuerte presión de Citicorp hacia fines de los 90 y con la anuencia del entonces secretario del Tesoro, Robert Rubin, y del presidente de la reserva Federal, Alan Greenspan, el gobierno de Bill Clinton derogó la ley. Hoy habrá necesidad de replantearse el esquema vigente y que ha estallado en pedazos, sobre todo con el gran costo que tiene para los ciudadanos que pagan los impuestos.
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