Jornada: Mouriño

■ Documenta Javier González Garza el entramado político diseñado en esa dependencia

Con Calderón al frente de Energía se programó beneficiar a los Mouriño

■ El proyecto del parque eólico La Venta II, en Oaxaca, fue licitado en 2005 por la CFE a la empresa española Gamesa, quien compró torres a Gándara-Censa, adquirida por el padre del funcionario

Georgina Saldierna

El coordinador de los diputados perredistas, Javier González Garza, denunció ayer la existencia de un entramado político-empresarial cuidadosamente diseñado desde la Secretaría de Energía (SE) por Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño y Dionisio Pérez Jácome, para otorgar contratos que han beneficiado a la familia del actual secretario de Gobernación.

Una demostración de ello, dijo, lo constituye la construcción del parque éolico La Venta II, en Oaxaca, cuyo proyecto fue impulsado por Calderón y Mouriño entre 2003 y 2004, cuando ambos estaban en la mencionada secretaría. Dicho plan fue licitado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otorgado en 2005 a la empresa española Gamesa, quien por su lado compró torres eólicas a la compañía Gándara-Censa, la cual fue adquirida por el padre del actual titular de Gobernación, Manuel Carlos Mouriño Atanes, en 2004, precisamente cuando se elaboraba el plan para construir la planta generadora de electricidad.

El legislador dijo: Mouriño hizo el proyecto, se puso de acuerdo con su padre, quien compró la empresa Gándara, y esa firma es la que fabrica las torres para Gamesa. Todo eso es demostrable, subrayó el perredista, quien tomó parte de esta información de la prensa española y mexicana.

Durante una conferencia de prensa, González Garza recordó que el PRI y el PAN se opusieron a que la comisión especial para el caso Mouriño ampliara sus investigaciones a la CFE. “Con ello lo que se quiere ocultar es la existencia de un diseño empresarial y político cuidadosamente elaborado para beneficiarse de la ilegal apertura del sector energético, promovida y operada por Calderón, Mouriño y Pérez Jácome”, dijo

“Hace unos meses decíamos que este grupito se estaba preparando para participar en el sector energético, y aquí hay una demostración”, insistió, para luego señalar: “Ya basta de raterías”.

Destacó que ese tipo de negocios son los que se tratan de evitar ante la apertura a una iniciativa privada que tiene nexos y que está encumbrada en los principales puestos políticos del país.

Acompañado por los diputados del Frente Amplio Progresista (FAP) Ricardo Cantú, Elías Cárdenas y Octavio Martínez, González Garza calificó de falsas las conclusiones de la comisión especial ya citada, según las cuales el secretario de Gobernación no cometió tráfico de influencias al firmar, como apoderado legal de las empresas de su familia, contratos con Pemex cuando era diputado y subsecretario de Energía. Explicó que el funcionario violentó el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el cual refiere que las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esa legislación, con las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública, cosa que no tiene Mouriño.

Pese a lo anterior, expuso que el FAP no presentará ninguna denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), porque al titular lo nombró Calderón y tienen esa complicidad. No va a poder actuar contra su jefe, lamentó.

Sobre la empresa Gándara-Censa, informó que está ubicada en Pontevedra, España, y fabrica equipo para la industria de refinación y petróleo, reactores Rise, separadores de alta presión y tanques de almacenamiento de gas licuado de petróleo, así como torres eólicas.

La firma fue adquirida por Manuel Carlos Mouriño Atanes en 2004, cuando su hijo Juan Camilo era subsecretario de Energía, Calderón el secretario y Pérez Jácome el director de la Comisión Reguladora de Energía, que aprobó el proyecto de La Venta.

La compra de la firma se hizo a pesar de que presentaba pérdidas. En 2004 tenía ventas por 12.8 millones de euros, pero para finales del presente año se estima que dicha cifra se elevará a 28.4 millones y tendrá ganancias por un millón.

Además de proveer a Gamesa de la torres eólicas, en diciembre del año pasado la alcaldesa de Progreso, Yucatán, Reina Quintal, informó que Gándara-Censa iniciaría en 2008 la construcción de una planta en un terreno que fue comprado al gobierno de Yucatán por la inmobiliaria GES, que pertenece al Grupo Energético del Sureste, también propiedad de los Mouriño.

González Garza señaló que faltan muchas cosas por aclarar, por ejemplo, los contratos de GES con el IMSS, el ISSSTE y secretarías de Estado; concesiones de gasolineras, apoyos ilícitos de las Pymes, más contratos con Pemex, así como el convenio para modernizar la central nucleoeléctrica Laguna Verde y concesiones de transportes. También se refirió a contratos de gas de la Comisión Federal de Electricidad con Repsol, que representan una ganancia de millones de dólares.