Debate, no catarsis
Editorial EL UNIVERSAL El Universal Jueves 13 de septiembre de 2007
La aguda, ríspida polémica desatada en torno de los trabajos del Congreso en materia de legislación electoral es, debe ser, el inicio no de una confrontación más grave aún, sino de un debate en el que prevalezcan no los insultos, sino las razones; no los exabruptos, sino la reflexión.
En uso de las atribuciones que la República le ha otorgado, el Congreso de la Unión, integrado por representantes electos bajo un régimen constitucional —no con base en un concurso de popularidad—, está desarrollando una tarea que debe ser respetada en su esencia por todos los actores. Lo mismo vale por lo que se refiere a los partidos. Resulta una sinrazón mayúscula sugerir que debe cancelarse la tarea que una democracia les tiene reservada.
No cabe duda que nos asomamos a una redefinición sobre el papel de los medios electrónicos en el sistema político mexicano. Esta revisión debe reconocer los legítimos derechos de los empresarios concesionarios, lo mismo que su responsabilidad en el usufructo de un bien de la nación, como es el espacio radioeléctrico. A ello deben apuntar no sólo las determinaciones aprobadas ayer por los senadores en el campo electoral, sino la propia ley de medios que ha empezado a ser discutida en el seno del Congreso mismo.
Es imposible no rescatar referencias del pasado inmediato para explicar lo que ahora vivimos. El país fue orillado en el 2006 a una crisis que pudo haber revestido características mucho más graves. Entre los ejes de este panorama destacó el ilimitado apetito por dinero, para librar una batalla que no puede estar radicada en el campo de los spots, sino en el de las ideas, las propuestas y la participación ciudadana. Los excesos llevaron el péndulo hasta el absurdo, y hoy presenciamos correcciones que pueden despertar reacciones encontradas, pero que son necesarias, inevitables. Que cada actor, políticos y medios, asuma la responsabilidad que le corresponde.
Es un derecho ciudadano irrenunciable participar de la confección de leyes que afectarán el devenir cotidiano de los mexicanos. Grupos y sectores pueden y deben hacerlo. La reforma electoral no es la excepción. Aun así vale la pena reiterar un llamado a la mesura y la civilidad.
En efecto, la reforma electoral presente no es la mejor. Habría sido más completa si incluyera temas como una mayor transparencia por parte de los partidos y más amplias garantías para la autonomía del IFE, entre otras la atribución de poder iniciar controversias constitucionales en los asuntos de su competencia. Pero el relevo de consejeros no puede asimilarse a un atentado contra la institución, que en su propia historia incluye ya un ajuste similar sobre aquellos primeros consejeros ciudadanos, para dar paso a reglas más claras y más ampliamente aceptadas por los contendientes.
Jugar a las vencidas es innecesario. Los legisladores harán bien si evitan la confrontación y, en cambio, abren avenidas más amplias para el debate y la participación ciudadana en este y en los temas que estén por venir. Por otra parte, siempre es oportuno recordar por parte de los medios que la credibilidad —insumo básico de nuestra tarea— está sujeta a la observancia de estándares éticos, y que se construye durante décadas, pero puede ser destruida en un solo día.
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