Jornada: Pensiones

Los trabajadores sólo recibirán cuando se retiren un tercio de su último salario

Cambio al régimen de solidario a individual reducirá pensiones

El proceso, que continuará en paraestatales y universidades, va en sentido contrario a los efectos adversos que implica

La ONU afirma que sistemas públicos ofrecen mejores retribuciones

ROBERTO GONZALEZ AMADOR


El cambio en el régimen de pensiones de contribución solidaria a aportaciones individuales iniciado hace 10 años y profundizado en este gobierno, reducirá a un tercio el monto de la pensión que reciban los trabajadores, comparada con el último salario que devengaron al momento de su retiro, según cálculos actuariales y la opinión de expertos consultados.

Los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con su actual ritmo de aportación de 5 por ciento de su salario, recibirán una pensión que va de 15 a 30 por ciento del sueldo promedio de sus últimos cinco años de cotización, de acuerdo con cálculos oficiales.

Mientras, la nueva ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) causará que los burócratas perciban apenas 32 por ciento de su último sueldo, con una agravante: si viven más de 73 años su fondo carecerá de recursos para financiar la pensión mensual.

Sólo una cuarta parte de la población tiene fondo de retiro

La transformación del régimen pensionario en México, que seguirá con reformas a los sistemas de empresas estatales y universidades públicas va a contrasentido de los más recientes hallazgos sobre el tema. Un informe de Naciones Unidas publicado la semana pasada encontró que los sistemas solidarios ofrecen una mejor pensión que los de aportación individual. En México, apenas una cuarta parte de la población tiene un fondo de pensión, proporción que disminuye a 17 por ciento entre la población rural.

Hasta antes del 1 de julio de 1997, los trabajadores del sector privado afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tenían un régimen de pensión de contribución solidaria. Los trabajadores en activo, con sus aportaciones, financiaban la pensión de los que habían pasado a retiro.

Una modificación legal impulsada por el entonces presidente Ernesto Zedillo, acorde con una serie de recomendaciones del Banco Mundial, modificó ese esquema. Bajo el argumento oficial de que el sistema era inviable financieramente, se mudó en julio de 1997 a un régimen de aportaciones individuales: cada trabajador tendría una cuenta individual, gestionada por una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) de capital privado en la que aportaría bimestralmente para acumular recursos con los que, al momento de la jubilación, se financiaría su fondo de retiro.

Tanto la ley anterior como la vigente desde hace 10 años establecen una pensión mínima garantizada, pero con un cambio sensible en los requisitos para que el trabajador pueda obtenerla. La legislación anterior -a la que pueden acogerse los trabajadores que cotizaron por lo menos un día antes del 30 de junio de 1997- establecía que a los 65 años de edad una persona se podía jubilar con una pensión equivalente a 100 por ciento del salario promedio de cotización de los últimos cinco años. Con el sistema de Afore, la pensión depende de lo que aporte a lo largo de la vida laboral.

Más: Hasta antes de 1997 un trabajador podía obtener la pensión mínima garantizada (un salario mínimo) luego de haber cotizado 500 semanas, requisito que la ley vigente desde el primero de julio de 1997 aumentó a mil 250 semanas. Esto significó pasar de 9.6 a 25 años los necesarios de cotizar para tener una pensión mínima.

Pero aun con aportar sistemáticamente no hay nada garantizado. La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), que representa los intereses de los propietarios de las Afore, estimó que con el actual porcentaje de aportación del salario a las cuentas individuales un trabajador recibiría al final de su vida laboral una pensión equivalente a 27.7 por ciento de su último sueldo.

Una estimación similar ya había sido hecha por Francisco González Almaraz, presidente de la Amafore, en febrero de este año al participar en un foro de la revista LatinFinance en la ciudad de México.

Salto al vacío

En las actuales condiciones de operación, el sistema de ahorro para el retiro generará pensiones más bajas que en las del sistema anterior, pero "con la diferencia de que hoy el dinero está ahí y antes sólo era una promesa del gobierno", señaló entonces González Almaraz.

México es un país con previsión social limitada. Según el Estudio económico y social mundial 2007, publicado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) la semana pasada, únicamente 20.1 por ciento de las personas mayores de 60 años reciben una pensión. En Argentina y Brasil, por comparar naciones de desarrollo similar, el porcentaje es de 56.4 y 77.3 por ciento, respectivamente.

En las áreas urbanas de México, 25.4 por ciento de las personas mayores de 60 años reciben alguna pensión, mientras que en las zonas rurales el porcentaje es de sólo 7.3 por ciento, según el mismo documento de la ONU.

En ese contexto es que han operado en los últimos 10 años las Afore. Y también es ese el marco en que entra en vigor la nueva legislación para los trabajadores del Estado.

"Creo que los promotores de estas reformas están abriendo la Caja de Pandora", dice Ricardo García Sáinz, ex director general del IMSS, experto en temas de seguridad social y actualmente uno de los animadores del Centro de Análisis y Estudios de la Seguridad Social (CASS). "Después de las reformas del IMSS y del ISSSTE, lo que sigue son los sistemas de las paraestatales y de las universidades privadas", añade. "Los promotores de estas reformas van en contra en sentido contrario de las evidencias: el rendimiento de los sistemas de ahorro individual es sensiblemente menor a los esquemas de beneficio definido", como el vigente tanto en el IMSS como en el ISSSTE antes de las reformas que privatizaron la gestión de los fondos de pensión.

Para el caso del ISSSTE, una reforma promovida en esta administración y calificada en abril pasado por Felipe Calderón, titular del Ejecutivo federal, como "la mayor reforma económica en 10 años", las cifras no son muy diferentes de las relativas al Seguro Social.
Un cálculo actuarial realizado para el CASS por el actuario Alejandro Hazas Sánchez, establece que un trabajador al servicio del Estado afiliado al ISSSTE obtendrá, con la nueva ley, una tercera parte de su último ingreso como pensión para el retiro.

"Por las comisiones incurridas en el cálculo del bono Pensionissste y por los efectos de las comisiones sobre saldos y las rentas vitalicias -todos estos considerados en la nueva ley del ISSSTE-, la tasa de reemplazo que un trabajador recibe a la jubilación da como resultado que por cada 100 pesos del último sueldo sólo reciba 35.70 pesos", concluye el análisis del notario Hazas Sánchez, elaborado para un trabajador con ingreso de dos salarios mínimos (100 pesos diarios actualmente) y después de 30 años de cotización y al llegar a 65 de edad.

Con la anterior ley del ISSSTE, el trabajador recibía una pensión de 100 por ciento de su último salario después de 30 años de servicio para hombres y 28 para las mujeres. El monto de la pensión era conocido de antemano, porque estaba fijado en la ley. Con la nueva legislación ese monto es desconocido y variable porque depende del ahorro de cada trabajador y de la variación de los bonos en que se invierta por parte de las Afore, así como del costo de comprar una pensión (renta vitalicia) a una compañía aseguradora privada.

Con 40 años de cotización, ejemplifica García Sáinz, con la nueva ley la pensión corresponderá a entre 16 y 30 por ciento del último sueldo básico y con 30 años será todavía menor. Las aportaciones consideradas en la nueva ley, explicó, hacen que el fondo constituido a lo largo de la vida laboral sólo alcance para financiar la renta vitalicia hasta que el trabajador promedio usado para el ejemplo cumpla 73 años de edad.

La ley del Seguro Social de 1997 transfirió la gestión de los fondos a las Afore. En el caso de la del ISSSTE, durante tres años será obligatorio que los recursos sean gestionados por una entidad pública, Pensionissste, y luego los trabajadores podrán transferirlos a las Afore.

Desde que fueron creadas hace 10 años, las Afore han logrado ganancias por 25 mil millones de pesos, según un cálculo de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. En noviembre pasado, la Comisión Federal de Competencia, el organismo antimonopolio de México, reveló que "en el periodo de 1997 a 2005 los rendimientos netos anuales de las cuentas individuales (en las Afore) fueron prácticamente nulos en términos reales".

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) reveló que la estructura de comisiones vigente hasta hace tres semanas permitía a algunas Afore embolsarse 25 por ciento de cada aportación bimestral de los trabajadores, lo que minaba el rendimiento de los fondos. La nueva Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro reduce a una comisión la que pueden cobrar las Afore, que será sólo sobre el saldo.

México va hacia sistemas privados de retiro administrados por entidades financieras. El Estudio económico y social mundial 2007 de Naciones Unidas señala que es frecuente que el nivel de vida de las personas se reduzca en las edades más avanzadas. "La disminución de las posibilidades económicas y el deterioro de la salud a menudo incrementan la vulnerabilidad ante la pobreza a medida que las personas envejecen", dice. En las economías desarrolladas, las pensiones son la principal fuente de ingresos y protección en la vejez, mientras que en los países en desarrollo son pocos los que tienen el acceso a una pensión y, por tanto, se tiene que recurrir a otras fuentes de ingresos. do, ese reto no tiene por qué ser insuperable.

"De las pruebas empíricas se desprende que las personas mayores que viven en países con sistemas oficiales de pensiones y programas públicos de transferencias generales tienen menos probabilidades de caer en la pobreza que los grupos de edad más jóvenes de la misma población. En las economías con sistemas de pensiones con cobertura limitada, la pobreza en la vejez tiende a ir en paralelo con la media nacional", señala.

"En ausencia de una cobertura pensional oficial, la mayor parte de las personas de los países en desarrollo se enfrenta durante la vejez a una considerable inseguridad en lo que a sus ingresos se refiere. Para las personas que no cuentan con esa protección, a menudo pequeños granjeros, agricultores de zonas rurales y trabajadores del sector informal, la noción de la jubilación simplemente no existe", dice la ONU.