Jornada: Ernestina Ascensión

El gobernante se desdice en el noticiario Hoy por hoy: fue "un crimen de la pobreza"

Los hijos de Ascensión están de visita en el DF, confirma Herrera Beltrán

Los cinco hermanos fueron trasladados por policías en autobús, no en patrullas, afirma

BLANCHE PETRICH

El gobernador de Veracruz Fidel Herrera confirmó ayer que los cinco hijos de Ernestina Ascensión, muerta hace poco más de dos meses en su pueblo de la Sierra de Zongolica -Tetlalzinga, municipio de Soledad de Atzompa- se encuentran en la ciudad de México, hospedados en algún lugar cerca de la Villa de Guadalupe, "invitados" por una fundación de Córdoba -no especificó cuál- para "hacer un recorrido".

En entrevista con Carmen Aristegui, conductora del noticiario Hoy por hoy, de la radioemisora XEW, el mandatario veracruzano reconoció también que los cinco hijos de la indígena, que inicialmente denunciaron que su madre murió a causa de una violación tumultuaria perpetrada por soldados de un destacamento acampado cerca de sus viviendas el pasado 26 de febrero, fueron trasladados de su pueblo serrano hacia Jalapa el 30 de abril por policías del Instituto de la Policía Auxiliar de Veracruz, pero "no en patrullas sino en un autobús".

El traslado a Jalapa se realizó, dijo Herrera, para que conocieran el documento del Ministerio Público, en el cual, la noche de ese mismo día 30, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz determinó el no ejercicio de la acción penal, en el entendido de que se trató de una "muerte natural por parasitosis" y no un deceso a causa de una agresión sexual violenta, como documentaron inicialmente los médicos, peritos forenses en la necropsia y aún más, en una segunda necropsia efectuada dos semanas después del fallecimiento.

Con ello, las autoridades estatales cambiaron radicalmente su versión de que la anciana murió por perforación anal, producto de una violación tumultuaria, para homologar la resolución de la fiscalía especializada de Orizaba con la que sostuvieron, mucho antes, el presidente de la República, Felipe Calderón, y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes.

En el mismo noticiario, el gobernador fue interrogado por el periodista de El Financiero José Reveles, enviado a Tetlalzinga, quien le preguntó si los hermanos Inés Ascensión, únicos facultados para inconformarse ante la resolución de la procuraduría estatal, "aparecerían" antes de que venza el plazo de 15 días hábiles establecido por ley para apelar de una conclusión como esta.

"Yo creo que sí. Están en la Villa de Guadalupe. Deben regresar. Tampoco conozco su programa a detalle. No llega el poder del gobernador a controlar la voluntad de viaje de una familia."

Pero añadió: "Están siempre en su derecho de interponer la acción legal que corresponde ante el tribunal si estuvieran inconformes con alguna de las partes de lo averiguado".

En otro momento de la entrevista, que durante varios días el gobernador negó a la conductora, Carmen Aristegui le preguntó por la contradicción entre sus palabras pronunciadas el 27 de febrero, cuando voló en helicóptero a Tetlalzinga para ofrecer sus condolencias a la familia de doña Ernestina -por cierto, según le consta al alcalde de Atzompa, Javier Pérez Pascuala, con un sobre de dinero en efectivo para entregar en ese momento- y dijo textualmente: "Fue un crimen, no un deceso natural".

Ayer, en la radio, Fidel Herrera se enmendó la plana: "En efecto, estuve ahí (...) y dije: Este es un crimen de lesa humanidad, un crimen de la pobreza". Herrera aprovechó para criticar a quienes "han propagandizado con el tema y no han dejado descansar en paz a doña Ernestina".

Antes, inopinadamente, había establecido un paralelismo entre el crimen contra Ernestina y el asesinato de la abogada Digna Ochoa, el 19 de octubre de 2000, que en la versión oficial se trató de un "suicidio simulado".

"Yo me acuerdo mucho con (sic) otra veracruzana excepcional, Digna Ochoa, cuando se encuentra la verdad que ya había estado sentenciada por los medios. Entonces no se cree. Y ahí tiene al procurador (Bernardo) Bátiz (durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador) todavía combatiendo porque crean lo legítimo y apegado a derecho, de aquella investigación". Dicha pesquisa, por cierto, ha sido reabierta ante la presentación de más pruebas que demuestran que se trató de un homicidio. La averiguación sigue abierta.