martes, 4 de diciembre de 2007
viernes, 30 de noviembre de 2007
Jornada: Astillero
Corte preciosa
Seis ministros coñaqueros
Se cumplen acuerdos FC-Marín
Calderón diserta frente a Ulises
El pacto de impunidad que Felipe Calderón selló con Mario Marín a cambio de ayuda electoral en 2006 fue refrendado ayer por seis de diez ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un escandaloso episodio de suciedad legalista que confirma a los ojos de los ciudadanos sin fuero ni privilegios (ni votos adulterados que canjear) que el máximo aparato institucional de impartición de justicia está controlado por una pandilla filopanista capaz de las peores aberraciones.
La parte coñaquera de la Corte está acelerando el desprestigio de una institución que va en caída desde que el entonces presidente, Mariano Azuela, asistió a una reunión dominical en Los Pinos para dictaminar (a domicilio, como las pizzas) sobre el proceso de desafuero del jefe del gobierno capitalino. El sucesor, Guillermo Ortiz Mayagoitia, ha solapado las varias irregularidades punibles que cometió Azuela y de las que aquí se han dado pruebas en anteriores columnas (aunque, ¿pruebas? Ja, ¿pruebas para qué, si la realidad se puede acomodar mediante votación arreglada en un pleno judicial?). Salvo excepciones notables, como la muy destacada de don Genaro Góngora Pimentel, y de José Ramón Cossío, la mayoría de los ministros (y ministras, diría el clásico) de la Corte son personajes cargados de compromisos políticos, que ejercen el privilegio de juzgar desde una lujosa burbuja (el derroche presupuestal es generalizado y los “favores” a contratistas agradecidos son frecuentes e impunes), atentos y seguros servidores de los guiños del poder, muy sabios y solemnes ejecutantes de los deseos e intereses de quienes mandan.
La derrotada o maltratada no es la periodista Lydia Cacho, sino todos aquellos ciudadanos que creen posible luchar contra abusos e injusticias mediante procesos tradicionales de acopio de pruebas, denuncias oportunas y una mínima pericia jurídica. Como pocas ocasiones, el desenlace en la Corte del expediente de Cacho confirma al pueblo en general que las complicidades y los arreglos subterráneos son suficientes para torcer el curso natural de un proceso en el que sin duda, y a oídos de todo mundo, un gobernador se ponía de acuerdo, en términos soeces, con un empresario sospechoso de delicados actos delictivos, para castigar, mediante un operativo que partía de Quintana Roo y desembocaría en Puebla, a quien había osado investigar y denunciar esos actos de pederastia.
La impudicia de la Corte se da mientras el todavía presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, cree llegado el momento de comenzar a repartir culpas por el desastre histórico que él organizó y convalidó. Los ciudadanos Fox y López Obrador “iniciaron una serie de acusaciones mutuas que llevaron al país a un contexto de enorme conflicto que no merecíamos”, dice el licenciado Ugalde, como si todo se redujera a un pleito de tortillería o como si uno de esos “acusadores” no fuera el presidente de la República y el otro un candidato a la sucesión. Pa’ qué andan diciéndose de cosas ambos dos uno al otro, podría ser la conclusión doctoral que explicara lo sucedido en 2006. El nuevo gurú académico, Ugalde, también dijo que las reformas electorales en curso se hicieron como quien actúa a partir de la cruda de la fiesta de una noche anterior. También lamentó que, al pretender acallar a los empresarios, se impida que campesinos, indígenas y trabajadores se puedan expresar (¡oh, ¿qué harán esos potentados con los centenares de millones de pesos que ya no podrán usar para difundir sus puntos de vista electorales?!).
Corrupción, impunidad y abusos al cumplirse el primer año de gobierno de Felipe Calderón quien, para demostrar la seriedad de sus compromisos políticos, visitó ayer, día del Marinazo, a su otro aliado estratégico, Ulises Ruiz, a quien regaló el paquete propagandístico de un supuesto programa de asistencia social que, obviamente, será oro molido para que el gobernador de Oaxaca haga proselitismo electoral. Calderón, mientras en la Corte cerraban ojos y oídos a evidencias de confabulación de funcionarios y de protección a pederastas, decía en la Oaxaca mancillada diariamente por un gobernador repudiado que “de nada sirve que la Constitución diga cosas muy bonitas, ni que los legisladores hagan leyes muy resonantes, si la gente no tiene cómo vivir”. Frescura del egresado de la Escuela Libre de Derecho que, junto al hombre que ha violado diariamente la legalidad, y que tiene en su saldo muertes, tortura, detenciones arbitrarias y persecución de opositores, se permite la lindura de criticar las “leyes muy elegantes” que no sirven de nada a la gente. Como diría Mafalda frente a la sopa: “¡Puaj!”
Fiesta de aniversario mientras en todo el país sigue corriendo la sangre a cuenta de la narcopolítica. Conmemoración festiva con un líder de la mayoría del Senado gringo que ha venido a México a verificar que el patio trasero esté en condiciones de recibir ayuda del patrón norteño mediante una iniciativa llamada Mérida cuyos fondos, advirtió el supervisor visitante, deberán ser vigilados en su aplicación por los dos países, para que lleguen a los “lugares indicados” y no sean usados para violar derechos humanos.
Y, mientras continúa la rebelión de los partidos de poca monta, cuyos líderes durante años han usado a su contentillo carretadas de millones de pesos para llenar sus cuentas personales (ejemplos notables los del Niño Verde y su pandilla de juniors que han pervertido el sentido de la lucha ecologista, y la dantesca combinación de oportunismo que se da en Convergencia, por citar sólo dos casos), ¡feliz fin de semana, con este tecleador que estará mañana, de 17 a 19 horas, en el Salón México III, del Hotel Hilton de Guadalajara, donde se realizará una mesa redonda con Emilio Aliaga, de Televisa, y Jorge Zepeda Patterson, de El Despertador y Día Siete (con la moderación de Leonardo Schwebel), sobre periodismo digital, en el marco del Tercer Encuentro Internacional de Periodistas que organiza la FIL!
Seis ministros coñaqueros
Se cumplen acuerdos FC-Marín
Calderón diserta frente a Ulises
El pacto de impunidad que Felipe Calderón selló con Mario Marín a cambio de ayuda electoral en 2006 fue refrendado ayer por seis de diez ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un escandaloso episodio de suciedad legalista que confirma a los ojos de los ciudadanos sin fuero ni privilegios (ni votos adulterados que canjear) que el máximo aparato institucional de impartición de justicia está controlado por una pandilla filopanista capaz de las peores aberraciones.
La parte coñaquera de la Corte está acelerando el desprestigio de una institución que va en caída desde que el entonces presidente, Mariano Azuela, asistió a una reunión dominical en Los Pinos para dictaminar (a domicilio, como las pizzas) sobre el proceso de desafuero del jefe del gobierno capitalino. El sucesor, Guillermo Ortiz Mayagoitia, ha solapado las varias irregularidades punibles que cometió Azuela y de las que aquí se han dado pruebas en anteriores columnas (aunque, ¿pruebas? Ja, ¿pruebas para qué, si la realidad se puede acomodar mediante votación arreglada en un pleno judicial?). Salvo excepciones notables, como la muy destacada de don Genaro Góngora Pimentel, y de José Ramón Cossío, la mayoría de los ministros (y ministras, diría el clásico) de la Corte son personajes cargados de compromisos políticos, que ejercen el privilegio de juzgar desde una lujosa burbuja (el derroche presupuestal es generalizado y los “favores” a contratistas agradecidos son frecuentes e impunes), atentos y seguros servidores de los guiños del poder, muy sabios y solemnes ejecutantes de los deseos e intereses de quienes mandan.
La derrotada o maltratada no es la periodista Lydia Cacho, sino todos aquellos ciudadanos que creen posible luchar contra abusos e injusticias mediante procesos tradicionales de acopio de pruebas, denuncias oportunas y una mínima pericia jurídica. Como pocas ocasiones, el desenlace en la Corte del expediente de Cacho confirma al pueblo en general que las complicidades y los arreglos subterráneos son suficientes para torcer el curso natural de un proceso en el que sin duda, y a oídos de todo mundo, un gobernador se ponía de acuerdo, en términos soeces, con un empresario sospechoso de delicados actos delictivos, para castigar, mediante un operativo que partía de Quintana Roo y desembocaría en Puebla, a quien había osado investigar y denunciar esos actos de pederastia.
La impudicia de la Corte se da mientras el todavía presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, cree llegado el momento de comenzar a repartir culpas por el desastre histórico que él organizó y convalidó. Los ciudadanos Fox y López Obrador “iniciaron una serie de acusaciones mutuas que llevaron al país a un contexto de enorme conflicto que no merecíamos”, dice el licenciado Ugalde, como si todo se redujera a un pleito de tortillería o como si uno de esos “acusadores” no fuera el presidente de la República y el otro un candidato a la sucesión. Pa’ qué andan diciéndose de cosas ambos dos uno al otro, podría ser la conclusión doctoral que explicara lo sucedido en 2006. El nuevo gurú académico, Ugalde, también dijo que las reformas electorales en curso se hicieron como quien actúa a partir de la cruda de la fiesta de una noche anterior. También lamentó que, al pretender acallar a los empresarios, se impida que campesinos, indígenas y trabajadores se puedan expresar (¡oh, ¿qué harán esos potentados con los centenares de millones de pesos que ya no podrán usar para difundir sus puntos de vista electorales?!).
Corrupción, impunidad y abusos al cumplirse el primer año de gobierno de Felipe Calderón quien, para demostrar la seriedad de sus compromisos políticos, visitó ayer, día del Marinazo, a su otro aliado estratégico, Ulises Ruiz, a quien regaló el paquete propagandístico de un supuesto programa de asistencia social que, obviamente, será oro molido para que el gobernador de Oaxaca haga proselitismo electoral. Calderón, mientras en la Corte cerraban ojos y oídos a evidencias de confabulación de funcionarios y de protección a pederastas, decía en la Oaxaca mancillada diariamente por un gobernador repudiado que “de nada sirve que la Constitución diga cosas muy bonitas, ni que los legisladores hagan leyes muy resonantes, si la gente no tiene cómo vivir”. Frescura del egresado de la Escuela Libre de Derecho que, junto al hombre que ha violado diariamente la legalidad, y que tiene en su saldo muertes, tortura, detenciones arbitrarias y persecución de opositores, se permite la lindura de criticar las “leyes muy elegantes” que no sirven de nada a la gente. Como diría Mafalda frente a la sopa: “¡Puaj!”
Fiesta de aniversario mientras en todo el país sigue corriendo la sangre a cuenta de la narcopolítica. Conmemoración festiva con un líder de la mayoría del Senado gringo que ha venido a México a verificar que el patio trasero esté en condiciones de recibir ayuda del patrón norteño mediante una iniciativa llamada Mérida cuyos fondos, advirtió el supervisor visitante, deberán ser vigilados en su aplicación por los dos países, para que lleguen a los “lugares indicados” y no sean usados para violar derechos humanos.
Y, mientras continúa la rebelión de los partidos de poca monta, cuyos líderes durante años han usado a su contentillo carretadas de millones de pesos para llenar sus cuentas personales (ejemplos notables los del Niño Verde y su pandilla de juniors que han pervertido el sentido de la lucha ecologista, y la dantesca combinación de oportunismo que se da en Convergencia, por citar sólo dos casos), ¡feliz fin de semana, con este tecleador que estará mañana, de 17 a 19 horas, en el Salón México III, del Hotel Hilton de Guadalajara, donde se realizará una mesa redonda con Emilio Aliaga, de Televisa, y Jorge Zepeda Patterson, de El Despertador y Día Siete (con la moderación de Leonardo Schwebel), sobre periodismo digital, en el marco del Tercer Encuentro Internacional de Periodistas que organiza la FIL!
Jornada: Editorial
Editorial
Infamia en la Corte
En una votación dividida, de seis contra cuatro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exoneró ayer al gobernador de Puebla, Mario Marín, de las acusaciones en su contra por la violación a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, al señalar que “no se puede afirmar sin controversia alguna que (Marín) tuvo la participación que se le imputa”.
De este modo, el máximo tribunal del país rechazó el dictamen elaborado por el ministro Juan Silva Meza, presidente de la comisión investigadora del caso, en el que quedaba sentado “un concierto grave de autoridades para violar las garantías individuales” de la comunicadora, en el que intervino de manera determinante el titular del Ejecutivo estatal.
La exoneración de Marín se da, en primer lugar, a contracorriente de una opinión pública generalizada que, a más de año y medio de conocer las ignominiosas conversaciones que el mandatario poblano sostuvo con el empresario Kamel Nacif, no ha cesado de condenar y de clamar justicia por una conjura evidente, urdida desde los altos círculos del poder político y económico, para golpear a una periodista. Pero sobre todo, la determinación judicial, por su escandalosa falta de ética y de congruencia, deja inermes ante la impunidad a los ciudadanos del país. Tras reconocer la existencia de un complot para atentar contra Cacho, y tras admitir la autenticidad de las grabaciones referidas, la evidencia fue minimizada por el ministro presidente del organismo, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien aseguró que la periodista fue objeto de “irregularidades menores” y no de violaciones graves, tras lo cual se decidió simplemente no hacer justicia.
El fallo de la Suprema Corte sienta un precedente sumamente preocupante, toda vez que convalida una afrenta contra la vigencia de las garantías individuales y el desconocimiento del más elemental sentido del civismo en el ejercicio del poder; se entrega así un mensaje de que, en lo sucesivo, cualquier funcionario público podrá atropellar los derechos de la ciudadanía –ya sea por voluntad propia o a petición expresa de algún empresario o de otra autoridad– , sin que ello se traduzca en sanciones en su contra, y se deja entrever que la justicia en este país se imparte sólo para quienes tienen dinero o poder mediático y no para el conjunto de la población.
No puede omitirse que la infamia aprobada ayer en el órgano superior de impartición de justicia tiene como telón de fondo el intercambio de apoyos entre el presidente Felipe Calderón, débil de origen por su falta de legitimidad y por los señalamientos de que surgió de un fraude electoral, los cacicazgos priístas estatales y las coordinaciones del Revolucionario Institucional en el Congreso de la Unión. Desde el último año del foxismo, y hasta el presente, la constante ha sido la impunidad para los priístas a cambio de reconocimiento a la administración que arrancó hace precisamente un año como producto de una elección impugnada y cuyos resultados no fueron esclarecidos por el empecinamiento del grupo en el poder.
Por lo demás, hay que señalar que, con la determinación referida, la porción mayoritaria de los magistrados que integran la SCJN renunciaron a la posibilidad de revertir la desconfianza generalizada que los mexicanos sienten respecto de las instituciones de impartición de justicia y que antes bien han concitado un velo de desaprobación hacia la institución. Tal estigma habrá de pesar sobre Salvador Aguirre, Mariano Azuela, Sergio Valls, Guillermo Ortiz, Olga Sánchez y Margarita Luna, con el agravante para las dos últimas de que, no obstante ser mujeres, evitaron sancionar un grave abuso en el que hubo una manifiesta misoginia y un claro ensañamiento de género, como puede apreciarse en las grabaciones referidas.
Ha de reconocerse, por último, la valía de los magistrados Genaro Góngora, José Ramón Cossío, José de Jesús Gudiño y el propio Juan Silva Meza, quienes hicieron honor a su compromiso con las leyes, no obstante las burlas de sus propios compañeros, y a pesar de no poder impedir un fallo que, en materia de credibilidad institucional, de impartición de justicia y de vigencia del estado de derecho, es sencillamente catastrófico.
Infamia en la Corte
En una votación dividida, de seis contra cuatro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exoneró ayer al gobernador de Puebla, Mario Marín, de las acusaciones en su contra por la violación a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, al señalar que “no se puede afirmar sin controversia alguna que (Marín) tuvo la participación que se le imputa”.
De este modo, el máximo tribunal del país rechazó el dictamen elaborado por el ministro Juan Silva Meza, presidente de la comisión investigadora del caso, en el que quedaba sentado “un concierto grave de autoridades para violar las garantías individuales” de la comunicadora, en el que intervino de manera determinante el titular del Ejecutivo estatal.
La exoneración de Marín se da, en primer lugar, a contracorriente de una opinión pública generalizada que, a más de año y medio de conocer las ignominiosas conversaciones que el mandatario poblano sostuvo con el empresario Kamel Nacif, no ha cesado de condenar y de clamar justicia por una conjura evidente, urdida desde los altos círculos del poder político y económico, para golpear a una periodista. Pero sobre todo, la determinación judicial, por su escandalosa falta de ética y de congruencia, deja inermes ante la impunidad a los ciudadanos del país. Tras reconocer la existencia de un complot para atentar contra Cacho, y tras admitir la autenticidad de las grabaciones referidas, la evidencia fue minimizada por el ministro presidente del organismo, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien aseguró que la periodista fue objeto de “irregularidades menores” y no de violaciones graves, tras lo cual se decidió simplemente no hacer justicia.
El fallo de la Suprema Corte sienta un precedente sumamente preocupante, toda vez que convalida una afrenta contra la vigencia de las garantías individuales y el desconocimiento del más elemental sentido del civismo en el ejercicio del poder; se entrega así un mensaje de que, en lo sucesivo, cualquier funcionario público podrá atropellar los derechos de la ciudadanía –ya sea por voluntad propia o a petición expresa de algún empresario o de otra autoridad– , sin que ello se traduzca en sanciones en su contra, y se deja entrever que la justicia en este país se imparte sólo para quienes tienen dinero o poder mediático y no para el conjunto de la población.
No puede omitirse que la infamia aprobada ayer en el órgano superior de impartición de justicia tiene como telón de fondo el intercambio de apoyos entre el presidente Felipe Calderón, débil de origen por su falta de legitimidad y por los señalamientos de que surgió de un fraude electoral, los cacicazgos priístas estatales y las coordinaciones del Revolucionario Institucional en el Congreso de la Unión. Desde el último año del foxismo, y hasta el presente, la constante ha sido la impunidad para los priístas a cambio de reconocimiento a la administración que arrancó hace precisamente un año como producto de una elección impugnada y cuyos resultados no fueron esclarecidos por el empecinamiento del grupo en el poder.
Por lo demás, hay que señalar que, con la determinación referida, la porción mayoritaria de los magistrados que integran la SCJN renunciaron a la posibilidad de revertir la desconfianza generalizada que los mexicanos sienten respecto de las instituciones de impartición de justicia y que antes bien han concitado un velo de desaprobación hacia la institución. Tal estigma habrá de pesar sobre Salvador Aguirre, Mariano Azuela, Sergio Valls, Guillermo Ortiz, Olga Sánchez y Margarita Luna, con el agravante para las dos últimas de que, no obstante ser mujeres, evitaron sancionar un grave abuso en el que hubo una manifiesta misoginia y un claro ensañamiento de género, como puede apreciarse en las grabaciones referidas.
Ha de reconocerse, por último, la valía de los magistrados Genaro Góngora, José Ramón Cossío, José de Jesús Gudiño y el propio Juan Silva Meza, quienes hicieron honor a su compromiso con las leyes, no obstante las burlas de sus propios compañeros, y a pesar de no poder impedir un fallo que, en materia de credibilidad institucional, de impartición de justicia y de vigencia del estado de derecho, es sencillamente catastrófico.
Jornada: Lydia Cacho
Hubo irregularidades menores; insuficientes para considerar complot: Ortiz Mayagoitia
Sepulta la Corte agravios contra Lydia Cacho; Marín, exonerado
Sí está probado el quebrantamiento de derechos, sostuvo el ministro ponente Silva Meza
Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos se sumaron a la posición mayoritaria
Jesús Aranda
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer (por seis votos contra cuatro) que no hubo violación grave a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro y exoneró al gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, de las acusaciones en su contra.
Los ministros que votaron en favor del dictamen en el que se sostenía que sí hubo violaciones graves a las garantías individuales de Cacho Ribeiro fueron el ponente Juan N. Silva Meza, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cosío. Se pronunciaron en contra el presidente de la Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Valls, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Mariano Azuela, así como las dos mujeres que forman parte de ese órgano: Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos.
Para el ministro Ortiz Mayagoitia la periodista fue objeto de “irregularidades menores” en el proceso penal en su contra, pero “la suma de datos menores” no es suficiente para considerar la existencia de un concierto de autoridades para afectarla.
Un “sí” con convicción
Visiblemente molesto, el ministro ponente, Juan N. Silva Meza, al emitir su voto aseveró que sí está probada la violación grave de las garantías individuales de Cacho.
“Un sí monosilábico, pero que encierra todo el contenido de una convicción plena que tiene sustento en una investigación seria y profesional, realizada por mandato de este tribunal pleno, y que nos lleva a determinar nuevamente la expresión de una convicción que he reiterado en cada uno de mis informes. Tengo la convicción plena de que en un Estado constitucional y democrático de derecho, la impunidad no tiene cabida”.
Después de la votación, Ortiz Mayagoitia propuso a Silva Meza que “engrosara” el documento final, a lo que éste se rehusó.
En cambio, aceptó con gusto elaborar el documento Aguirre Anguiano, quien había desacreditado la ponencia de Silva Meza al afirmar que se basaba en información de Internet, y en la sesión de ayer aseveró que Cacho mintió.
“Reconozco ante todo su derecho de escribir lo que le plazca; reconozco ante todo su derecho a publicar lo que le plazca; reconozco que no podrá haber acciones penales hoy por hoy en contra de ella si calumnia, en el caso de que lo haga, pero lo que no reconozco es su derecho a cambiar las versiones de lo que pasó.”
Aguirre dijo que cuando Cacho llegó a Puebla (después de 20 horas de viaje en un vehículo acompañada sólo por agentes varones), personal de la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad le preguntó si había sufrido incomunicación, tortura o presiones de alguna naturaleza, “y consta que dijo que no”. Agregó: “yo no creo en las torturas durante la captura”, y tan se defendió, que “ya fue exculpada de las acusaciones de que fue objeto”.
Ortiz Mayagoitia indicó que si bien la comisión investigadora acreditó “actos indebidos” en el arresto y traslado de la periodista, “éstos constituyendo violaciones a sus garantías individuales no adquieren el calificativo de graves”.
De nada valieron los argumentos de Cossío y Góngora, quienes sostuvieron que se demostró la concertación en “todo el flujo de irregularidades” que rodearon el proceso penal, desde que Kamel Nacif presentó la demanda contra Lydia Cacho por calumnia y difamación, hasta su detención ilegal y traslado a la capital poblana.
Agregaron que las llamadas telefónicas entre colaboradores de Marín y funcionarios de la procuraduría y del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad en momentos clave, hablan también de la confabulación.
Si bien el pleno ratificó en votación previa que la conversación entre Marín Torres y Kamel Nacif (en la que el mandatario poblano señaló que le había dado un “pinche coscorrón” a “esa vieja cabrona” para que entendiera “que en Puebla se respeta la ley y que no hay impunidad”) era sólo una hipótesis y no una prueba, los ministros dijeron que ni Nacif ni Marín desmintieron ante la comisión investigadora la veracidad ni el contenido de la grabación.
Góngora agregó que una teoría jurídica sostiene la responsabilidad por el mando, conforme a la cual los superiores son los arquitectos del sistema, es decir, “son los autores intelectuales de las acciones de sus inferiores”.
Y los principios jurídicos universalmente aceptados le dan gran peso a las llamadas que salieron de la oficina del secretario particular del gobernador. “¿Qué secretario particular actúa motu proprio en un caso tan grave?, ¿qué autoridades superiores de un estado deciden, en un momento determinado, ¡vamos a hacer esto!, sin avisarle al gobernador?”
De los 10 ministros que dictaminaron el caso –Fernando Franco está fuera del país en comisión, según información oficial–, sólo tres aceptaron en su totalidad el informe que responsabilizaba al gobernador poblano: Silva Meza, Góngora Pimentel y Gudiño Pelayo.
Cossío se refirió a la violación grave de garantías individuales y a la concertación de funcionarios, pero por la forma en que se desarrolló la votación no emitió postura sobre quiénes eran responsables.
Sánchez Cordero dijo que Lydia Cacho fue objeto de tortura sicológica durante el trayecto de Cancún a Puebla, pero eso no implicaba violación grave de sus garantías individuales, porque podía defenderse con los mecanismos jurídicos existentes, e hizo un llamado para que las autoridades de Quintana Roo que investigan las redes de pederastia asuman un compromiso “social y político” para que investiguen esos hechos “reprobables”, hasta las últimas consecuencias.
Lo anterior, después de que un día antes la Corte dejó fuera de la discusión del informe lo relativo a explotación sexual infantil.
Luna Ramos y Aguirre Anguiano mantuvieron la postura de que el informe de Silva Meza no podía ser tomado en cuenta porque estaba viciado de origen, al considerar que la conversación de Marín y Kamel fue grabada ilegalmente.
Azuela y Valls admitieron que la conversación debía tomarse en cuenta como base para la indagatoria, pero consideraron que no había elemento alguno que acreditara la violación grave de garantías, postura que en términos generales compartió Ortiz Mayagoitia.
Esta vez, ni Lydia Cacho ni su defensa legal asistieron a la sesión. Sí lo hicieron los abogados de Marín: Alonso Aguilar Zinser y Fabián Aguinaco, y el consejero jurídico del gobierno de Puebla, Ricardo Velásquez Cruz. Quizá éstos ya conocían el desenlace.
jueves, 29 de noviembre de 2007
AMLO: Desafuero
El ex canciller de Vicente Fox, Jorge G. Castañeda, y el ex vocero presidencial de Vicente Fox, Rubén Aguilar, han publicado un libro sobre la gestión de Vicente Fox. Pretendidamente objetivo y crítico, el libro La Diferencia es en realidad una apología disfrazada y un lavado de cara, manos y pies del ex jefe de ambos. Sólo que en este lavado integral es tanta el agua sucia que brota del libro, que la apología inicial deviene en una flagrante desnudez del sexenio foxista. Flaco favor terminan haciendo a Vicente Fox sus dos ex empleados.
El libro analiza siete decisiones importantes del gobierno anterior (la incorporación de México al Consejo de Seguridad de la ONU, la propuesta al subcomandante Marcos a sentarse a dialogar la reforma indígena, la integración del gabinete, donde se evidencia que un grupo de empresarios encabezado por Roberto Hernández apoyaron a Gil Díaz, su empleado en la compañía telefónica Alestra, entre otros temas). Pero el asunto que mayor polémica y escándalo ha generado es el relativo al desafuero del entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.De entrada, ambos ex colaboradores de Fox confirman lo que siempre había negado el ex presidente: que el desafuero obedeció a un complot, a una maquinación, a una conspiración y a una maniobra política para cerrar el paso a AMLO rumbo a la Presidencia de la República. El discurso aquel de que el desafuero tenía única y exclusivamente motivaciones jurídicas y de aplicación del Estado de Derecho, se echa abajo en el libro La Diferencia.Se confirma también la autoría intelectual y la participación política del entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Azuela, en dicha maquinación. En el mes de abril de 2004, cuando AMLO llevaba ya un año encabezando las preferencias electorales en la carrera del 2006, en la cabaña de Los Pinos tomaron la decisión de iniciar el proceso judicial contra López Obrador los siguientes personajes: Santiago Creel, secretario de Gobernación; Rafael Macedo de la Concha, procurador general de la República; Mariano Azuela, presidente de la Suprema Corte; y Vicente Fox, presidente de la República. Cuatro funcionarios de dos poderes públicos: el Ejecutivo federal y el Poder Judicial federal. Con ello se evidenció que fue una decisión de Estado del más alto nivel..., o un golpe de Estado de la más baja estofa, como usted lo quiera ver.Hay otros datos duros en el libro. El desafuero va de la mano con los videoescándalos de Carlos Ahumada. La exhibición de los mismos fue una maquinación de la A a la Z entre Carlos Ahumada, Diego Fernández de Cevallos, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Marta Sahagún. Se aporta una información fundamental: el presidente tuvo los videos en frente, a través del senador Diego Fernández de Cevallos, y aprobó tácitamente su difusión y utilización política posterior. Con ello el presidente en funciones, tan celoso del cumplimiento de la Ley en el caso del desafuero, habría incurrido en el delito de encubrimiento de un ilícito, ya que teniendo conocimiento del mismo optó por darle un curso distinto al de la denuncia judicial, como era su deber.Este es un dato fundamental que deberán tomar en cuenta la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y la misma PGR, instancias que en este momento tienen abiertas sendas investigaciones contra las irregularidades cometidas por el ex presidente en el ejercicio de su cargo.Pero este libro no sólo es importante por lo que revela involuntariamente, sino por lo que oculta de manera deliberada. En efecto, una investigación de El Universal da cuenta de cómo los autores eliminaron de la versión final de la obra un pasaje importante sobre el desafuero que sí se incluía en una versión original. Es el relativo a una propuesta de negociación personal que Fox hizo a AMLO para cancelar el proceso de desafuero, un día antes de la marcha del 26 de abril del 2005, la marcha del millón de personas en la Ciudad de México, para protestar por esa acción judicial.Uno de los autores, Rubén Aguilar, "fue el encargado de contactar al tabasqueño. Lo hizo vía telefónica a través del ex secretario de Gobierno, José Agustín Ortiz Pinchetti, cercano a López Obrador... La respuesta de López Obrador no tardó en llegar; fue recibida 20 minutos después: No. `¡Lástima!´, respondió el entonces presidente" (El Universal, pp, 23 de noviembre de 2007).Este pasaje contemplado en una versión draft, pero excluido de la versión final impresa, evidencia una vez más la manipulación política que de principio a fin tuvo el famoso desafuero. En la realidad esa propuesta sí existió, pero no fue fruto de un gesto generoso u obsequioso del entonces presidente, sino de los comentarios del Ejército mexicano y del gobierno de los Estados Unidos que habrían opinado que el desafuero era una estrategia fallida y riesgosa para la estabilidad política del país.Fox finalmente reculó y dio marcha atrás en ese proceso, como ya es historia. Sin embargo, vendría después lo que él mismo describió en Estados Unidos como "el desquite": la campaña y la elección del dos de julio, para detener a toda costa y a cualquier costo el acceso de AMLO y de la izquierda a la Presidencia de la República.De esta otra maquinación ya no da cuenta el libro La Diferencia, sino una película que actualmente se exhibe en diversas salas del país. Es la cinta Fraude 2006, dirigida por el cineasta Luis Mandoki y producida por el escritor y periodista Federico Arreola. Más que una película, Fraude es una investigación documental sobre las elecciones presidenciales del 2006, donde se exhiben imágenes inéditas y revelaciones documentales sobre lo que Fernando del Paso, el escritor mexicano recién homenajeado en la FIL de Guadalajara, calificó como "una de las campañas más sucias que he visto yo en mi vida en México".Del Paso ratificó en ese homenaje su postura de que se cometió un fraude obsceno contra AMLO y la izquierda: "acudo a la definición de fraude en las enciclopedias: fraude es falacia, mentira, engaño, abuso de confianza, y todo eso lo hubo antes de la elección. Yo no sé, no podría asegurar, que haya habido fraude en las casillas".No obstante que los autores de La Diferencia y Fraude tienen posturas, visiones y objetivos diferentes, al conocer ambos testimonios uno llega a las mismas preguntas: ¿No que no hubo complot? ¿No que no hubo fraude? En síntesis, la diferencia es que hubo fraude..., o el fraude hizo la diferencia, como usted lo decida.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx
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El libro analiza siete decisiones importantes del gobierno anterior (la incorporación de México al Consejo de Seguridad de la ONU, la propuesta al subcomandante Marcos a sentarse a dialogar la reforma indígena, la integración del gabinete, donde se evidencia que un grupo de empresarios encabezado por Roberto Hernández apoyaron a Gil Díaz, su empleado en la compañía telefónica Alestra, entre otros temas). Pero el asunto que mayor polémica y escándalo ha generado es el relativo al desafuero del entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.De entrada, ambos ex colaboradores de Fox confirman lo que siempre había negado el ex presidente: que el desafuero obedeció a un complot, a una maquinación, a una conspiración y a una maniobra política para cerrar el paso a AMLO rumbo a la Presidencia de la República. El discurso aquel de que el desafuero tenía única y exclusivamente motivaciones jurídicas y de aplicación del Estado de Derecho, se echa abajo en el libro La Diferencia.Se confirma también la autoría intelectual y la participación política del entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Azuela, en dicha maquinación. En el mes de abril de 2004, cuando AMLO llevaba ya un año encabezando las preferencias electorales en la carrera del 2006, en la cabaña de Los Pinos tomaron la decisión de iniciar el proceso judicial contra López Obrador los siguientes personajes: Santiago Creel, secretario de Gobernación; Rafael Macedo de la Concha, procurador general de la República; Mariano Azuela, presidente de la Suprema Corte; y Vicente Fox, presidente de la República. Cuatro funcionarios de dos poderes públicos: el Ejecutivo federal y el Poder Judicial federal. Con ello se evidenció que fue una decisión de Estado del más alto nivel..., o un golpe de Estado de la más baja estofa, como usted lo quiera ver.Hay otros datos duros en el libro. El desafuero va de la mano con los videoescándalos de Carlos Ahumada. La exhibición de los mismos fue una maquinación de la A a la Z entre Carlos Ahumada, Diego Fernández de Cevallos, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Marta Sahagún. Se aporta una información fundamental: el presidente tuvo los videos en frente, a través del senador Diego Fernández de Cevallos, y aprobó tácitamente su difusión y utilización política posterior. Con ello el presidente en funciones, tan celoso del cumplimiento de la Ley en el caso del desafuero, habría incurrido en el delito de encubrimiento de un ilícito, ya que teniendo conocimiento del mismo optó por darle un curso distinto al de la denuncia judicial, como era su deber.Este es un dato fundamental que deberán tomar en cuenta la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y la misma PGR, instancias que en este momento tienen abiertas sendas investigaciones contra las irregularidades cometidas por el ex presidente en el ejercicio de su cargo.Pero este libro no sólo es importante por lo que revela involuntariamente, sino por lo que oculta de manera deliberada. En efecto, una investigación de El Universal da cuenta de cómo los autores eliminaron de la versión final de la obra un pasaje importante sobre el desafuero que sí se incluía en una versión original. Es el relativo a una propuesta de negociación personal que Fox hizo a AMLO para cancelar el proceso de desafuero, un día antes de la marcha del 26 de abril del 2005, la marcha del millón de personas en la Ciudad de México, para protestar por esa acción judicial.Uno de los autores, Rubén Aguilar, "fue el encargado de contactar al tabasqueño. Lo hizo vía telefónica a través del ex secretario de Gobierno, José Agustín Ortiz Pinchetti, cercano a López Obrador... La respuesta de López Obrador no tardó en llegar; fue recibida 20 minutos después: No. `¡Lástima!´, respondió el entonces presidente" (El Universal, pp, 23 de noviembre de 2007).Este pasaje contemplado en una versión draft, pero excluido de la versión final impresa, evidencia una vez más la manipulación política que de principio a fin tuvo el famoso desafuero. En la realidad esa propuesta sí existió, pero no fue fruto de un gesto generoso u obsequioso del entonces presidente, sino de los comentarios del Ejército mexicano y del gobierno de los Estados Unidos que habrían opinado que el desafuero era una estrategia fallida y riesgosa para la estabilidad política del país.Fox finalmente reculó y dio marcha atrás en ese proceso, como ya es historia. Sin embargo, vendría después lo que él mismo describió en Estados Unidos como "el desquite": la campaña y la elección del dos de julio, para detener a toda costa y a cualquier costo el acceso de AMLO y de la izquierda a la Presidencia de la República.De esta otra maquinación ya no da cuenta el libro La Diferencia, sino una película que actualmente se exhibe en diversas salas del país. Es la cinta Fraude 2006, dirigida por el cineasta Luis Mandoki y producida por el escritor y periodista Federico Arreola. Más que una película, Fraude es una investigación documental sobre las elecciones presidenciales del 2006, donde se exhiben imágenes inéditas y revelaciones documentales sobre lo que Fernando del Paso, el escritor mexicano recién homenajeado en la FIL de Guadalajara, calificó como "una de las campañas más sucias que he visto yo en mi vida en México".Del Paso ratificó en ese homenaje su postura de que se cometió un fraude obsceno contra AMLO y la izquierda: "acudo a la definición de fraude en las enciclopedias: fraude es falacia, mentira, engaño, abuso de confianza, y todo eso lo hubo antes de la elección. Yo no sé, no podría asegurar, que haya habido fraude en las casillas".No obstante que los autores de La Diferencia y Fraude tienen posturas, visiones y objetivos diferentes, al conocer ambos testimonios uno llega a las mismas preguntas: ¿No que no hubo complot? ¿No que no hubo fraude? En síntesis, la diferencia es que hubo fraude..., o el fraude hizo la diferencia, como usted lo decida.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx
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miércoles, 28 de noviembre de 2007
Del Sendero
¡Pues sí hubo fraude y qué!
Víctor,
Conforme escucho a más personas -y me cuentan otros, a su vez, que lo han escuchado-, hay algo que me queda muy claro. El rotundo "no hubo fraude o no vi ningún fraude" es un disfraz de muchos panistas - o no panistas pero personas que votaron en contra en AMLO-, que en realidad ya han estallado diciendo cosas como:¡Pues sí hubo fraude y qué! ¡Qué bueno que hubo fraude para que no llegara ese pinche naco!Ya van varias personas a las que escucho decir esto. Gente que, desde luego, no piensa ni siquiera ver la película.Si el hecho de que la gente "no veía o no quería ver el fraude" nos parecía desesperante, este panorama no puede más que dejarnos estupefactos. Intuyo que este pensamiento es masivo y que, sin embargo, la doble moral de miles de personas los lleva a negarlo en público, pero a festejarlo en secreto o en privado. Contra esto, ni la película, ni el diálogo, ni los razonamientos... Varios millones de mexicanos están podridos y preocupados por sus propios intereses (aún cuando los intereses de un 90% en ese grupo, se limiten a un televisor nuevo, un coche que están pagando en abonos y el sueldito miserable que reciben). Varios millones celebran la corrupción detrás de un escudo en el que grabaron la misma frase dictada por los medios: "yo no vi nada"Vayamos quitando las vendas de los ojos. No a ellos, si no a los que se han cansado de mostrar las pruebas. No tiene caso. Los que no hemos visto, realmente, cuánta gente sin escrúpulos hay en México somos nosotros. No necesitamos convencer de algo al que de antemano está convencido y además contento.Ahora México está dividido, sí, entre los que gritamos que hubo un fraude y los que lo disfrutan en silencio. Pero las cosas caerán por su propio peso. No nos desgastemos con lo inútil. Trabajemos en cortar la cuerda, para que cuando el peso caiga, caiga en grande y desde muy alto. Que el llanto por el madrazo no se lo puedan quedar callado. Nosotros, en cambio, no diremos que no vimos cuando cayeron. Diremos "anda, llora, llora todo lo que tengas que llorar. El tamaño del golpe que te diste es proporcional al silencio que guardaste". Las cosas se regresan. Y no por ley divina, pero por física pura. No es castigo de nadie, es la consecuencia. Si dejas la llave abierta se inunda tu casa; inundas tu casa. Así va a ser. Así está empezando a ser, porque esto ya no aguanta."Sí hubo fraude y qué bueno" dicen. Tienen razón, qué bueno. Gracias al fraude México despertó, abrió los ojos y se está organizando. No se imaginan el favor que nos hicieron. No hay como tocar fondo para salir a la superficie renovado, limpio y con otro nivel de conciencia.
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