sábado, 16 de junio de 2007
Jornada: ''favoritos'' de Ahumada
Se confirma que panistas recibieron dinero del dueño de Quart, señala Ebrard
El apellido del juez que liberó a Ahumada, en lista del empresario
Escriben Rubalcaba
GABRIELA ROMERO SANCHEZ
Ayer se marcaron los números telefónicos registrados en el directorio que le llevaba Nora Patricia Millán Sánchez, cuyo nombre se halla al final de cada página. En el que aparece registrado como de su domicilio se preguntó por el juez Ruvalcaba. "Ya no vive aquí", respondieron. Es decir, cuando menos desde 2003, el juez Ruvalcaba o un homónimo aparecía en la lista de GPV.
En sólo 14 días el juez Alberto Ruvalcaba Ramírez leyó las 76 mil 500 hojas del expediente que integró la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal solicitando una nueva orden de aprehensión contra Ahumada -por fraude por 9 millones de pesos contra la delegación Alvaro Obregón-, y lo absolvió.
En su edición de ayer, La Jornada publicó extractos de lo escrito en una agenda por una de las secretarias de Ahumada durante 2003, en la cual se registran "entregas de dinero" y regalos, favores varios, así como las citas y reuniones del empresario con funcionarios, políticos, periodistas y personajes del ambiente futbolístico, entre otros.
Al principio de la agenda se encuentra un listado de más 50 nombres, los cuales aparecen en el apartado "gastos de promoción de venta", identificados además con un número. En el lugar 31 se ubica a A. Rubalcaba.
Al principio de la agenda se encuentra un listado de más 50 nombres, los cuales aparecen en el apartado "gastos de promoción de venta", identificados además con un número. En el lugar 31 se ubica a A. Rubalcaba.
En el lugar 34 de la lista de GPV figura el nombre del entonces candidato perredista a la gubernatura de Morelos, Graco Ramírez, así como los de los actuales diputados del sol azteca José Luis Morúa, del Distrito Federal, e Higinio Martínez, del estado de México, quienes aparecen con los números 27 y 44, respectivamente.
En el número 3 figura Balderas, junto a las iniciales ABM, las cuales coinciden con Alejandro Balderas, quien fue funcionario primero en la delegación Alvaro Obregón y luego en Tláhuac y apareció muerto en su casa. La versión fue que borracho se cayó de las escaleras y murió, pero no fue aclarado.
Se dijo que Balderas tenía información de Ahumada.
En mayo aparece el nombre de René Bejarano, entonces candidato a diputado local por el PRD, quien le solicitó pases para el estadio de Ciudad Universitaria.
Entre los regalos que Ahumada hizo en 2003 sobresalen un automóvil Neón para el entonces delegado de Alvaro Obregón, el panista Luis (Eduardo) Zuno (GPV22). Asimismo se hace referencia a la cotización de una camioneta para Ramón Sosamontes (GPV09), aunque no se mencionan montos; dos camionetas que se le prestan a la entonces candidata del PRD a la jefatura delegacional de Alvaro Obregón, Leticia Robles.
También se menciona la compra de botellas de vino de la marca Petruss, con un precio de 15 mil pesos cada una, y pagos a la joyería Peyrelongue.
Descarta el GDF que la procuraduría haya cometido errores procesales
Descarta el GDF que la procuraduría haya cometido errores procesales
JOSEFINA QUINTERO Y ANGEL BOLAÑOS
El jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo Ebrard Casaubon, señaló que la información contenida en la agenda de Carlos Ahumada Kurtz confirma algo que se conocía desde hace tiempo: que también políticos panistas recibieron dinero del empresario.
En tanto, Juan José García Ochoa, subsecretario del GDF, afirmó que se trata de una evidencia que serviría a la Procuraduría General de Justicia capitalina para continuar la investigación contra el dueño del grupo Quart, ante la decisión "equivocada" del juez que conoció del caso, Alberto Ruvalcaba Ramírez, quien dejó en libertad al empresario.
En breve entrevista, luego de encabezar un acto en el Zócalo, Ebrard comentó respecto de la información que publicó ayer este diario sobre políticos y funcionarios panistas y perredistas incluidos en una lista de personas que recibieron pagos bajo el concepto de gastos de promoción de venta: "bueno, eso ya se sabía; es algo que confirma lo que ya sabíamos, que se ha hecho público".
A su vez, García Ochoa descartó que se hayan cometido errores procesales que permitieran la libertad de Ahumada, y confió en que la procuraduría capitalina presentará pruebas que reforzarán la acusación contra el empresario por el delito de fraude genérico.
"Lo que sí nos sorprendió sobremanera fue cómo se aceleró el proceso judicial de su libertad; es decir, a la acumulación de una serie de casos, la salida repentina del juez, la integración de un nuevo impartidor de justicia que pese a los cientos de páginas del expediente en el transcurso de unos cuantos días se tomó la decisión (de dictar el auto de libertad) que nos parece sorprendente."
Tras participar en la segunda sesión del Consejo Asesor de Desarrollo Urbano y Vivienda, el subsecretario comentó que el gobierno de la ciudad va a observar "las actuaciones de Ahumada, y si de ahí se derivan delitos vamos a proceder".
Sobre las medidas de prevención para impedir que empresarios como Ahumada intervengan en obras públicas, manifestó que hay una supervisión exhaustiva por la Contraloría General de todos los procesos de contratación, licitaciones y adjudicaciones directas.
Como militante del sol azteca -al cual pertenecieron personajes que aparecen en los registros de la agenda-, indicó que el instituto político ha pugnado incluso en la Cámara de Diputados para que se limiten los recursos y se fiscalicen mejor las campañas, así como que los partidos estén sujetos a la Ley de Transparencia.
Precisiones de González Roaro
Aclaración de Romero Hicks
En relación con la nota periodística publicada ayer, firmada por Agustín Salgado y Gabriela Romero Sánchez, bajo el título "Aparece agenda con clientes de Carlos Ahumada", me permito hacer la siguiente aclaración:
La única comunicación que hubo entre Juan Carlos Romero Hicks, en su calidad de gobernador de Guanajuato, con el entonces empresario Carlos Ahumada, fue una llamada telefónica para tratar un asunto relacionado con los terrenos aledaños al Club de Futbol León, del cual Ahumada era dueño. A eso se reduce el asunto. Nunca existió un trato personal y directo entre ambos.
Agradezco de antemano la publicación de la presente y me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.
Miguel Angel García García
En relación con la nota publicada ayer en La Jornada en la que se menciona que recibí beneficios económicos de Carlos Ahumada Kurtz, me permito hacer las siguientes precisiones:
1. A invitación expresa de Carlos Salomón Cámara asistí a un encuentro de carácter social con quien en ese entonces era propietario del periódico El Independiente. La segunda ocasión que establecí un diálogo con Ahumada fue de manera fortuita y no volví a tener contacto de ninguna índole con él.
2. Por lo que rechazo las insinuaciones dolosas, de mala fe, que me involucran en hechos que vulneran mi honorabilidad y mi ética. Por lo que me reservo a ejercer las acciones jurídicas que considere pertinente.
Atentamente,
Diputado Benjamín González Roaro
viernes, 15 de junio de 2007
Jornada: PEMEX
El "déficit de caja" de la paraestatal creció 322.5% en cuatro meses, informa
Al gobierno federal, 3 de cada 4 pesos por ventas de Pemex: Banco de México
JUAN ANTONIO ZUÑIGA
Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa más importante del país, destinó al pago de impuestos, derechos y aprovechamientos más de 3 de cada 4 pesos de los ingresos que obtuvo por la venta de sus productos en los cuatro primeros meses del año, indican informes de la paraestatal, el Banco de México (BdM) y la Secretaría de Hacienda.
La carga tributaria de Pemex absorbió 75.3 por ciento de sus ventas, representó 31 por ciento del ingreso total del gobierno federal y fue equivalente a 50.2 por ciento de los recursos tributarios obtenidos por la hacienda pública entre enero y abril de 2007.
El peso fiscal impuesto por el Congreso de la Unión a la petrolera mexicana es de tal magnitud, que su déficit de caja se elevó de 7 mil 249.5 millones de pesos en los primeros cuatro meses de 2006, a 30 mil 627.1 millones en el mismo lapso de 2007, lo que significó un incremento anual de 322.5 por ciento en la insuficiencia de recursos líquidos para cubrir sus gastos.
Así, prácticamente sin recursos propios para financiar las actividades de exploración y producción de crudo, su eje central de actividades, la décima empresa petrolera del mundo transfirió por la vía impositiva 191 mil 507 millones de pesos al gobierno federal durante el periodo considerado.
En forma comparativa, la contribución fiscal de Pemex en los cuatro primeros meses del año, representó 93.2 por ciento de los 205 mil 461 millones de pesos recaudados en el mismo tiempo, a través de la aplicación del Impuesto Sobre la Renta, el principal gravamen de la estructura tributaria del país.
Según los informes oficiales, el ingreso total por ventas obtenido por la paraestatal petrolera fue de 254 mil 103.4 millones de pesos entre enero y abril del año en curso, de los cuales 68.9 por ciento provinieron del consumo de sus productos en el mercado interno y 31.1 por ciento restante de sus ventas externas, principalmente de petróleo crudo.
El pago de impuestos, derechos y aprovechamientos realizado por Pemex durante este año absorbió la totalidad de los 175 mil 15 millones de pesos obtenidos por la empresa a través de la realización de la venta interna de sus productos. Pero además requirió de 16 mil 492 millones de pesos más de los ingresos por exportaciones, para cumplir con la carga fiscal que le ha sido impuesta por diputados y senadores del Congreso de la Unión.
Bajo estas circunstancias, el deterioro de las finanzas de Pemex se expresa en un déficit primario que al término de abril reciente ascendía a 40 mil 579 millones de pesos, el más elevado de los últimos 7 años para un periodo similar, y el cual fue 144 por ciento superior al registrado en los primeros cuatro meses de 2006.
Durante el año en curso, los ingresos obtenidos por Pemex a través de la venta de sus productos y de la prestación de algunos servicios ascendieron a 277 mil 979.5 millones de pesos, 5.2 por ciento más en términos nominales a los alcanzados entre enero y abril de 2006.
Jornada: Oaxaca
Cinco ministros, por investigar; cuatro, en contra
Se agudiza la pugna en la Corte por el caso Oaxaca
Las consecuencias siguen presentes: Góngora
Aguirre critica uso del tribunal para que renuncien gobernadores
JESUS ARANDA
Integrantes de la APPO colocaron una barricada en Cinco Señores, Oaxaca, al conmemorar el fallido desalojo de la policía estatal del 14 de junio de 2006 Foto: Blanca Hernández
Integrantes de la APPO colocaron una barricada en Cinco Señores, Oaxaca, al conmemorar el fallido desalojo de la policía estatal del 14 de junio de 2006 Foto: Blanca Hernández
"Si bien Oaxaca no continúa en llamas, está ardiendo internamente; las consecuencias del conflicto siguen presentes" y la sociedad oaxaqueña está esperando justicia, sostuvo el ministro Genaro David Góngora Pimentel. "Hay heridas que no han cerrado y es un foco que en cualquier momento puede estallar", agregó.
Al fundamentar las razones por las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe ejercer su facultad de investigación para determinar si hubo violación grave a las garantías individuales en esa entidad, Góngora dijo a sus compañeros del pleno que en esa entidad "el trance no ha concluido y es necesaria nuestra intervención".
A su vez, Sergio Salvador Aguirre Anguiano no sólo se pronunció por que la Corte no ejerza la facultad prevista en el artículo 97 constitucional, sino que además sostuvo: "me parece oprobioso que se use a la Suprema Corte como la mano del gato para que renuncien gobernadores".
Al concluir ayer la sesión de la Corte y en espera de que se reanude la discusión el próximo lunes, se conoce la postura de nueve ministros, cinco en favor de la investigación y cuatro en contra, y falta que definan su postura el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Margarita Luna Ramos.
El proyecto de dictamen elaborado por Juan N. Silva Meza, en el que dio por sentado que se violaron gravemente las garantías individuales de los oaxaqueños en el periodo que va del 2 de junio de 2006 al primero de enero de este año, fue cuestionado por varios ministros, en el sentido de que si el documento afirmaba que hubo violaciones, entonces para qué se hacía la investigación.
También criticaron que se le diera entrada, como una de las razones fundamentales, por el hecho de que lo solicitó la Cámara de Diputados, a la cual el proyecto señala como la representación democrática del pueblo, ya que, comentaron los ministros, la facultad de investigación de la Corte es "discrecional".
Cada quien con su propio matiz, finalmente Góngora Pimentel, José Ramón Cossío y Fernando Franco se sumaron a la propuesta de Silva Meza. Trascendió que la ministra Olga Sánchez Cordero hará lo propio en la próxima sesión.
Quienes hablaron en contra de que la Corte intervenga fueron Aguirre Anguiano, Mariano Azuela, José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio Valls.
En su intervención, Góngora Pimentel sostuvo que una suspensión de facto de garantías, como ocurrió en Oaxaca, "requiere la intervención de la Suprema Corte". El Estado, dijo, no puede renunciar a proteger al hombre por disturbios sociales, ni aun en caso de emergencia, y señaló que en este caso la Corte "no puede ser omisa en actuar a favor del restablecimiento del orden constitucional a través de su investigación y, en su caso, de sus recomendaciones".
No podemos permitir que "el incendio de ciudades, procesiones fúnebres al compás de Dios nunca muere, causadas por autoridades, detenciones arbitrarias y tortura de prisioneros, se vuelvan ordinarias y normales en nuestro país; la anarquía y la Constitución que defendemos son antagónicas, por eso debemos investigar", enfatizó.
En su argumentación, el ministro cuestionó también las graves violaciones a los derechos humanos en los arrestos y en los traslados de los detenidos. "¿Qué tienen que hacer los presuntos delincuentes en las cárceles de Nayarit?, ¿qué pasó en los trayectos, se detuvo a los líderes del movimiento por motivos políticos?"
Recordó cuando el 4 de diciembre del año pasado los líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Flavio y Horacio Sosa Villavicencio, Ignacio García Maldonado y Marcelino Coaché, después de anunciar que al día siguiente sostendrían su primera reunión con el gobierno de Felipe Calderón, minutos después fueron detenidos y enviados al penal de máxima seguridad del Altiplano.
"Me acordé de lo que relata el historiador James Michener en su libro Caribe, cuando narra que Napoleón Bonaparte mandó a Haití, en 1802, a su cuñado, el general Le Clerc, para aplacar la revolución comandada por Toussaint L'Ouverture. Le Clerc recibió una carta de Napoleón con instrucciones muy detalladas, tenía que invitar al rebelde a negociar en un barco francés y darle todas las seguridades para que aceptara"; al subir al buque fue arrestado y enviado a Francia, donde murió en un calabozo.
"¿También se habrá hecho así el 4 de diciembre de 2006?", cuestionó.
En respuesta, Aguirre Anguiano justificó que "el estado de inseguridad y violencia" que prevaleció en el estado que gobierna Ulises Ruiz era atribuible "a grupos particulares y no a autoridades", y que por eso el reclamo social fue el restablecimiento del orden y la paz sociales, de manera que "la afectación a la forma de vida en esa entidad no fue ocasionada, como erráticamente afirma el proyecto y tiene por demostrado el uso ilimitado de la fuerza pública, sino motivado por esos grupos de particulares que disturbiaron el orden y la paz pública".
Al igual que Azuela, Aguirre dijo que tampoco tenía caso investigar, porque las recomendaciones de la Corte no son vinculantes, y que al no haber una reglamentación al procedimiento que debe seguir una comisión investigadora, se abría la posibilidad para que el máximo tribunal se colocara incluso arriba de la Constitución.
En el intenso escarceo, Góngora manifestó a sus compañeros que cuando la Corte investigó la matanza de Aguas Blancas, el pleno rechazó inicialmente una propuesta suya para ejercer la facultad prevista en el artículo 97 constitucional, pero cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo formalizó la petición, entonces sí, la Corte aceptó. Azuela trató de desvirtuar lo dicho por Góngora e incluso sostuvo que éste -en esa ocasión apoyado por Gudiño- no había hecho tal petición.
Durante el receso, Góngora se acercó a Azuela para refrescarle la memoria, y cuando se reanudó la sesión, el segundo reculó y aceptó su error.
El próximo jueves se reanuda la discusión del caso.
Jornada: ''favoritos'' de Ahumada
Plasmadas, ''entregas de dinero'' y regalos, favores varios, así como sus reunionesLista de ''favoritos'' de Ahumada, en agenda secretarial de 2003
Funcionarios, políticos, periodistas y árbitros, en sus páginas Rosario Robles, muy citada
AGUSTIN SALGADO, GABRIELA ROMERO SANCHEZ
Los escritos comprometedores
AGUSTIN SALGADO, GABRIELA ROMERO SANCHEZ
Los escritos comprometedores
La manera en que operaba Carlos Ahumada Kurtz quedó plasmada en la agenda que su secretaria le llevó durante 2003: ''entregas de dinero'' y regalos, favores varios, así como citas y reuniones que mantuvo con funcionarios, actores políticos de diferentes partidos, periodistas y personalidades del mundo futbolístico fueron registrados por su asistente en el documento referido, del cual La Jornada posee una copia.
Para registrar las ''entregas de dinero'' el dueño del grupo Quart elaboró un sistema basado en claves. Un listado de más de 50 personas, entre las que se encuentran los entonces jefes delegacionales, presidentes municipales, periodistas e integrantes de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), así como los nombres de la ex perredista Rosario Robles e Ignacio Morales Lechuga, arriba del cual aparece la denominación: gastos de promoción de venta (GPV).
Un número para cada persona
A cada persona le correspondía un número bajo el rubro de gasto. Por ejemplo, ''la clave'' de Rosario Robles era GPV08; la del hoy ex perredista Ramón Sosamontes, GPV09; del entonces jefe delegacional blanquiazul en Alvaro Obregón, Luis Eduardo Zuno, GPV22; la del que fue candidato del Partido de la Revolución Democrática a la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo, Agustín Barrios Gómez, GPV52, y la del ex presidente municipal de Chalco, Jaime Espejel (PRD) era GPV45.
En la agenda también aparecen los nombres del ex gobernador panista de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks; Manuel Bribiesca; el ex director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Benjamín González Roaro; los árbitros Edgardo Codesal y ''Ramos Rizo'' (presuntamente Felipe Ramos Rizo), y también de seis periodistas, además del ex dueño de una empresa televisiva. Estos últimos no están en la lista de GPV. Tampoco está el del presidente ejecutivo de Investigaciones Sociales Aplicadas (ISA), Ricardo de la Peña, sin embargo, de acuerdo con la agenda, durante un lapso de dos meses se le entregaron alrededor de 700 mil pesos.
Los ''regalos'', como un Neon y una camioneta que Carlos Ahumada presuntamente les obsequió a Luis Eduardo Zuno y Ramón Sosamontes, tampoco se encuentran bajo el rubro GPV.
Mariana Moguel es una de las personas que más aparecen en la agenda. La hija de Rosario Robles aparece como destinataria de ''regalos'' que iban desde flores o boletos para espectáculos, hasta dinero en efectivo. En el documento se incluyen los gastos corrientes de la familia Ahumada Gurza y erogaciones ''extras'', como pagos de predial, luz y teléfono del inmueble ubicado en la calle Reforma 9, colonia Tizapán, San Angel, que Carlos Ahumada le ''rentaba'' a Rosario Robles.
A GPV22 (Luis Eduardo Zuno), presuntamente le entregó más de 3 millones de pesos y 103 mil dólares en por lo menos ocho remesas, que comenzaron en mayo y finalizaron días antes de que el ex panista fuera aprehendido en el aeropuerto internacional de Toluca, cuando intentaba ingresar armas de fuego prohibidas a bordo de un avión del grupo Quart.
En tanto, el candidato perredista perdedor de la jefatura de Miguel Hidalgo, Agustín Barrios Gómez (GPV52), habría recibido cerca de 4 millones de pesos entre mayo y junio. Luego de que Barrios Gómez perdiera la contienda electoral, éste ya no aparece en la agenda.
Una cantidad similar fue asignada al jefe delegacional perredista de Tláhuac, Francisco Martínez Rojo (GPV20), en un lapso de ocho meses. De Leticia Robles (GPV41), se tiene registrada una sola entrega por más de 150 mil pesos, así como el préstamo de dos camionetas.
La ex jefa de Gobierno, Rosario Robles (GPV08), tiene cada mes entre 45 mil y 50 mil pesos, además del mantenimiento de la casa de Reforma 9 y algunos boletos de avión.
Mención especial merecen el ex presidente municipal de Chalco Jaime Espejel (GPV45) y Jesús Orozco (GPV48), cuyo nombre coincide con el del candidato del PRD al gobierno de Colima en 2003. Ambos habrían recibido, en junio de 2003, 75 mil dólares cada uno. Luego de las elecciones de dicho año, Espejel resultó victorioso, con lo cual se reportan nuevas las ''entregas'' por otro medio millón de pesos.
Al igual que Rosario Robles, Ramón Sosamontes (GPV09) contaba con una cantidad mensual fija de 85 mil pesos, que al parecer se le entregó hasta septiembre de 2003. Con respecto a los periodistas, únicamente uno está en la lista de ''Gastos de Promoción de Venta'', a quien se le tenían programadas 12 entregas de 100 mil pesos cada una y quien recibió siete de los pagos prometidos.
En la agenda, cuya copia tiene La Jornada, aparecen los nombres de otros periodistas a quienes Ahumada hizo pagos en efectivo, ''les agradeció las publicaciones'' y los felicitó ''por su trayectoria''.
jueves, 14 de junio de 2007
Jornada: Editorial
EditorialGreenspan, vocero de los privatizadores
Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, afirmó ayer, en el contexto de la Expomanagement 2007, que México debe modificar el artículo 27 de su Constitución Política, que consagra la potestad soberana de los combustibles fósiles por parte del Estado, y permitir así la apertura del sector petrolero a inversionistas foráneos. Ante la disminución de reservas de Cantarell, principal surtidor de crudo del país, el ex funcionario estadunidense puso en entredicho la capacidad de la paraestatal Petróleos Mexicanos para realizar tareas de investigación y explotación en el Golfo de México, lo cual, según él, provocaría una "crisis fiscal enorme" en el país.
Una eventual reforma al artículo 27 constitucional, como pretende la iniciativa de Ley de Yacimientos Transfronterizos, diseñada por la administración foxista y retomada por la actual, permitiría el dominio de la zona del Golfo de México -que, según se sabe, cuenta con un enorme potencial en yacimientos de hidrocarburos-- por parte de petroleras trasnacionales como Chevron-Texaco, Mobil, Shell, Halliburton, Exxon y Repsol.
La declaración de Greenspan se inscribe en la lógica de los intereses del capital financiero y las presiones que éste ejerce con el fin de desmantelar y privatizar Pemex. Estas presiones, que proceden tanto del extranjero como de la oligarquía que controla el poder público en el país, pretenden presentar a la paraestatal como una empresa económicamente inviable, depreciada y a punto del colapso, y con ello, convencer a la opinión pública nacional de la necesidad de transferir el control de Pemex a manos privadas; adicionalmente, ese discurso apunta a abaratar el organismo a fin de que pueda ser adquirido por empresarios privados a un precio muy por debajo de su verdadero valor.
Ante la nueva andanada privatizadora es necesario reiterar que la actual situación de Pemex no se debe, como lo quiere hacer ver el capital financiero, ahora por boca de Greenspan, a la incapacidad de la empresa para desempeñar sus funciones, sino a que es utilizada, a falta de una política fiscal justa y equitativa, como principal fuente de financiamiento del Estado. La difícil situación económica de Pemex no es consecuencia del precepto constitucional que pone en manos de la nación la explotación de las reservas petroleras, sino de la política impositiva depredadora y asfixiante que el gobierno federal ejerce sobre el organismo.
En suma, es urgente que Pemex sea colocada en un régimen de autonomía fiscal, a fin de que pueda disponer de los recursos necesarios para su modernización: vaya que los tendría, si no le quitaran por vía impositiva la mayor parte de sus ingresos brutos. La administración federal debe buscar recursos allí donde los obtienen los países modernos: en el cobro de impuestos justos y equitativos a las grandes empresas, a los capitales financieros y a los dueños de las grandes fortunas. La sociedad, por su parte, debe entender que no puede permitirse la venta parcial o total de Pemex, pues ello implicaría la pérdida de la más importante fuente de recursos económicos propios para el desarrollo del país.Editorial
Greenspan, vocero de los privatizadores
Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, afirmó ayer, en el contexto de la Expomanagement 2007, que México debe modificar el artículo 27 de su Constitución Política, que consagra la potestad soberana de los combustibles fósiles por parte del Estado, y permitir así la apertura del sector petrolero a inversionistas foráneos. Ante la disminución de reservas de Cantarell, principal surtidor de crudo del país, el ex funcionario estadunidense puso en entredicho la capacidad de la paraestatal Petróleos Mexicanos para realizar tareas de investigación y explotación en el Golfo de México, lo cual, según él, provocaría una "crisis fiscal enorme" en el país.
Una eventual reforma al artículo 27 constitucional, como pretende la iniciativa de Ley de Yacimientos Transfronterizos, diseñada por la administración foxista y retomada por la actual, permitiría el dominio de la zona del Golfo de México -que, según se sabe, cuenta con un enorme potencial en yacimientos de hidrocarburos-- por parte de petroleras trasnacionales como Chevron-Texaco, Mobil, Shell, Halliburton, Exxon y Repsol.
La declaración de Greenspan se inscribe en la lógica de los intereses del capital financiero y las presiones que éste ejerce con el fin de desmantelar y privatizar Pemex. Estas presiones, que proceden tanto del extranjero como de la oligarquía que controla el poder público en el país, pretenden presentar a la paraestatal como una empresa económicamente inviable, depreciada y a punto del colapso, y con ello, convencer a la opinión pública nacional de la necesidad de transferir el control de Pemex a manos privadas; adicionalmente, ese discurso apunta a abaratar el organismo a fin de que pueda ser adquirido por empresarios privados a un precio muy por debajo de su verdadero valor.
Ante la nueva andanada privatizadora es necesario reiterar que la actual situación de Pemex no se debe, como lo quiere hacer ver el capital financiero, ahora por boca de Greenspan, a la incapacidad de la empresa para desempeñar sus funciones, sino a que es utilizada, a falta de una política fiscal justa y equitativa, como principal fuente de financiamiento del Estado. La difícil situación económica de Pemex no es consecuencia del precepto constitucional que pone en manos de la nación la explotación de las reservas petroleras, sino de la política impositiva depredadora y asfixiante que el gobierno federal ejerce sobre el organismo.
En suma, es urgente que Pemex sea colocada en un régimen de autonomía fiscal, a fin de que pueda disponer de los recursos necesarios para su modernización: vaya que los tendría, si no le quitaran por vía impositiva la mayor parte de sus ingresos brutos. La administración federal debe buscar recursos allí donde los obtienen los países modernos: en el cobro de impuestos justos y equitativos a las grandes empresas, a los capitales financieros y a los dueños de las grandes fortunas. La sociedad, por su parte, debe entender que no puede permitirse la venta parcial o total de Pemex, pues ello implicaría la pérdida de la más importante fuente de recursos económicos propios para el desarrollo del país.
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