viernes, 18 de julio de 2008
Jornada: PEMEX
■ Contratos que triplican costos y renta de equipo obsoleto, entre los actos irregulares
Destapan en foro senatorial “negocios turbios” de Pemex con extranjeros
■ Exigen panistas presentar denuncias; existen, pero están congeladas en la PGR, afirma auditor
Andrea Becerril y Enrique Méndez
Los “negocios turbios” de Petróleos Mexicanos (Pemex) con contratistas extranjeros y con empresas creadas fuera del país para evadir toda regulación, fueron exhibidos ayer por ponentes y legisladores durante el foro de análisis sobre las iniciativas de reforma de Felipe Calderón, que trató sobre “transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción” en la paraestatal.
Fue un alud de denuncias formuladas por el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón; Octavio Romero Oropeza, integrante del “gobierno legítimo de México”, y el senador del PRD Graco Ramírez, acerca de contratos que al final triplican su costo, alquiler de equipo viejo y con sobreprecio a trasnacionales, y empresas constituidas en paraísos fiscales que participan en la venta del crudo en el extranjero.
Ante el cúmulo de denuncias los legisladores del PAN perdieron el control, a tal grado que el debate terminó con una confrontación entre el diputado Juan José Rodríguez Prats y Romero Oropeza, toda vez que el legislador panista aprovechó que este último ya no tenía oportunidad de intervenir para cuestionarlo.
El propio González de Aragón respondió que la ASF presentó denuncias ante la Procuraduría General de la República y otras instancias por las irregularidades detectadas en Pemex, pero están ahí, congeladas.
Esto, porque el senador panista Rubén Camarillo exigió que todos los casos ahí presentados “se traduzcan en las denuncias correspondientes”.
Manos libres a la corrupción
Secretario para la honestidad y austeridad republicana del “gobierno legítimo”, el tabasqueño Romero Oropeza advirtió que la reforma petrolera propuesta por Calderón “significa dar manos libres a la corrupción”, que éste propició desde que era secretario de Energía en el sexenio de Fox al privilegiar “los negocios turbios” en Pemex y en todo el sector energético.
Presentó ejemplos: la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, en Veracruz, fue otorgada a la empresa española Dragados, tiene un retraso de dos años y los costos pactados originalmente se han duplicado sin que se hayan fincado responsabilidades.
Otro negocio: una empresa noruega rentó al mismo tiempo tres plataformas petroleras por cinco años a Petrobras América, Petrobras Brasil y Pemex, sólo que a la empresa mexicana le envió la más pequeña y con un costo 300 millones de dólares más caro.
Igualmente, Pemex pagó a la trasnacional estadunidense Noble Corporation una plataforma semisumergible, reconstruida, con sobreprecio de 59 mil dólares diarios. “¿No será que por eso quieren eliminar las licitaciones?”, preguntó.
Después se refirió a los contratos de servicios múltiples que Pemex signó con empresas extranjeras para explotar gas en la cuenca de Burgos. Una contratista, expuso, adquirió una planta recuperadora de azufre para la paraestatal con un costo directo de 46.4 millones de dólares, que al final se convirtieron en 102 millones de dólares.
En su segunda intervención, Romero Oropeza solicitó permiso para desplegar unas mantas con datos de otros contratos con empresas extranjeras. El diputado Rodríguez Prats protestó, pero el ponente aclaró que no se trataba de nada político, sino técnico, para precisar cómo paga Pemex a las corporaciones extranjeras, entre ellas Repsol, en la cuenca de Burgos, a las que autorizan 125 por ciento de costos indirectos.
Posteriormente, el senador perredista Graco Ramírez denunció “el gran hoyo negro de la corrupción” que es Pemex Internacional, fundada en 1988 por Carlos Salinas de Gortari para manejar la exportación de crudo. La empresa, dijo, paga cantidades millonarias a despachos que operan en el extranjero, “pero mantienen nexos relevantes con funcionarios de la paraestatal”.
Uno de ellos, sostuvo, es Sergio Guaso, director de adquisiciones, contratos y obras de Pemex, quien participó en un foro anterior y “tiene íntima relación con despachos que representan a Exxon, Mobil y Texaco”, y a los que “al año se les pagan 200 millones de dólares, hagan o no contratos”.
El senador Ramírez Garrido Abreu precisó que existe total opacidad acerca de Pemex Internacional, que inclusive ha emitido deuda sin autorización del Congreso, firma contratos, adquiere equipos y realiza todo tipo de transacciones sin rendir cuentas ni atenerse a ninguna legislación nacional.
Pemex Internacional constituyó Pemex Financial Trust en noviembre de 1998, bajo el amparo de leyes de Islas Caimán, no cuenta con empleados y es administrada por un banco en aquella localidad. Como ésa, se han constituido empresas en Dublín, Houston, Aruba, y en otras partes.
El consejo de administración de Pemex no recibe información de esas empresas debido a que, “en la perla de la corrupción”, las decisiones de Pemex Internacional pasan por el Comité de Comercio Exterior del Petróleo, que no existe jurídicamente, insistió el legislador. Al final, planteó desaparecer “esa agencia de corrupción internacional” y citar a comparecer a su titular lo antes posible.
El senador perredista Arturo Núñez advirtió que ante tales revelaciones aprobar las iniciativas de Calderón sería como aquella novela de Luis Spota: “Casi el paraíso… pero de la corrupción”.
La molestia de los legisladores panistas era evidente después de las denuncias presentadas. El diputado Rodríguez Prats, en su primera intervención, recriminó a Romero Oropeza que en lugar de una ponencia llevó una denuncia al foro y, en su segundo turno, arremetió de nuevo contra el tabasqueño y, con ironía, le dijo que ya “no es una novedad la iniciativa del presidente Calderón” luego del reconocimiento de que empresas extranjeras realizan trabajos en Pemex.
Además, casi al final del foro, cuando los ponentes ya no tenían derecho a réplica, Rodríguez Prats se lanzó otra vez contra Romero Oropeza, quien fue oficial mayor en el Gobierno del Distrito Federal, para cuestionar que no hay información acerca de los segundos pisos construidos por Andrés Manuel López Obrador.
Romero Oropeza se levantó de su asiento y, ya sin micrófono, le gritó al diputado: “¡Eres un tramposo y un mentiroso!” Mientras, el panista manoteaba desde su lugar y levantaba hacia arriba el puño derecho.
“¡No le llegas ni a la suela de los zapatos a Andrés Manuel!”, le espetó Romero Oropeza a Rodríguez Prats.
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Jornada: PEMEX
En el sexenio de Fox se devolvieron $680 mil millones a consorcios, afirma González de Aragón
Compensa Pemex lo que grandes empresas no pagan al erario
Compensa Pemex lo que grandes empresas no pagan al erario
■ En el Senado, el auditor superior propone acabar con los regímenes impositivos especiales
■ Critica el alto grado de discrecionalidad en inversiones de la paraestatal en 54 de sus filiales
Enrique Méndez y Andrea Becerril
El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, cuestionó ayer que la debilidad de recaudación del sistema tributario, que permitió en el sexenio de Vicente Fox devolver 680 mil millones de pesos a grandes empresas, se compensa con la transferencia cada vez mayor de los excedentes petroleros a la hacienda pública.
“Petróleos Mexicanos (Pemex) desempeña una función básica de instrumento recaudatorio del gobierno federal, y entre 1995 y 2004 su carga fiscal tributaria fue de 3.3 billones de pesos”. A esto se añade, explicó, que el pasivo total por los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (Pidiregas) es de 1.7 billones.
Al participar en el penúltimo de los foros de debate de la reforma petrolera, con el tema Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en Pemex, el auditor resaltó que persiste un alto grado de discrecionalidad y opacidad en el manejo de las inversiones de la paraestatal en 54 empresas, cuyo valor ascendía a 6 mil 533.6 millones de pesos, en diciembre de 2004, y de las cuales 21 operan en el extranjero.
En el Senado, González de Aragón propuso acabar con los regímenes especiales a favor de las grandes corporaciones que, recordó, en 2004 pagaron sólo 74 pesos de ISR y 69 de IVA, en promedio. Cuestionó que los excedentes y el fondo de estabilización se utilizan con opacidad y discrecionalidad, y consideró inaceptable “que al amparo de la modernización estos factores incrementen su nivel de riesgo, que invita a la corrupción”.
Tal discrecionalidad, señaló, permitió un manejo poco transparente de los excedentes petroleros en la administración foxista, que ascendieron a 720 mil millones de pesos, y que en su mayoría se utilizaron para el gasto corriente del gobierno del Partido Acción Nacional. Detalló: 73 por ciento se aplicó a gasto corriente, 14 a inversiones financieras y sólo 13 por ciento a inversión física directa.
De la misma forma, explicó el auditor, se ha manejado el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, del cual el gobierno federal no ha acreditado debidamente la forma en que se ha aplicado. Más aún, expuso, el exceso de discrecionalidad de funcionarios de Pemex en el otorgamiento de préstamos, donativos diversos y asignación de contratos, derivó en la presentación de denuncias penales por un probable daño al erario de 3 mil 400 millones de pesos.
Como parte de su exposición, González de Aragón propuso que la reforma combata la opacidad, la corrupción y la impunidad existentes, mediante una cultura de rendición de cuentas y cero tolerancia a conductas indebidas.
Porque, refirió, a pesar de las denuncias que ha presentado la ASF ante la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República, -éstas no han prosperado.
Confirmó que el área donde existe mayor opacidad en el manejo de las finanzas es en Pemex Internacional (PMI), que opera empresas en el extranjero “que no son transparentes, no rinden cuentas y sus resultados no son revelados con suficiencia” en las cuentas públicas que entrega el Ejecutivo a la Cámara de Diputados.
En este caso, refirió que la petrolera no proporcionó, en la cuenta pública de 2004, informe de comisarios de 40 de sus filiales, no contaba con un esquema integral de administración que le permitiera tener el control de sus inversiones y, en el extranjero, no reportó su participación en la aseguradora Kot Insurance Co.
González de Aragón presentó otro ejemplo de discrecionalidad en la venta de acciones que Pemex tenía en Repsol, operación para la que utilizó –reveló– a la empresa RepCon Lux, como “vehículo financiero”, que emitió un bono por mil 373.7 millones de dólares con vencimiento a enero de 2011, a una tasa de 4.5 por ciento anual, y mediante la cual la paraestatal cedió a los tenedores la plusvalía.
El auditor presentó una serie de propuestas para lograr “una reforma de fondo” que beneficia a la paraestatal, entre ellas mejorar la administración y recaudación tributaria; mantener como irrenunciable la facultad del Congreso de revisar y fiscalizar a Pemex; fortalecer la autonomía y ampliar las facultades del órgano fiscalizador para que imponga sanciones administrativas y económicas; destinar los excedentes a inversión; reducir la burocracia y los trámites, así como revisar a fondo el régimen laboral de la empresa.
Porque, alertó, su pasivo laboral ascendió, al cierre de 2007, a 528 mil millones de pesos, equivalente a 4.7 por ciento del PIB. En ese mismo año, dijo, se erogaron 24 mil millones, en ese rubro, que representa 45 por ciento de la nómina.
jueves, 17 de julio de 2008
miércoles, 16 de julio de 2008
martes, 15 de julio de 2008
domingo, 13 de julio de 2008
Jornada: SHCP
Mario Di Costanzo Armenta
A mis amigos, justicia y gracia; a los demás, la ley a secas
Sin lugar a dudas, el título de esta colaboración describe totalmente al régimen fiscal que opera en el país, pues mientras un selecto grupo de empresarios goza de verdaderos paraísos fiscales, el resto de los contribuyentes es víctima del “largo brazo de la ley” en materia de aplicación y el pago de impuestos.
Señalo lo anterior porque, en días pasados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó a la Cámara de Diputados el Presupuesto de Gastos Fiscales para 2008 (“presupuesto” que comprende en términos generales lo que el gobierno dejará de recaudar por la existencia de créditos fiscales, condonaciones, facilidades, estímulos, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales) y en él se observa que, a pesar de que tanto Agustín Carstens como Felipe Calderón en su momento señalaron que con la “reforma fiscal aprobada” –en particular con la aplicación del impuesto empresarial a tasa única (IETU)–, se acabarían los paraísos fiscales en que tributaban las grandes empresas y cuya existencia les permitía prácticamente no pagar impuestos, la realidad refleja que no fue así.
Se puede observar que por concepto de “consolidación fiscal”, régimen que supuestamente había desaparecido, se dejarán de recaudar 51 mil 794 millones de pesos, y por conceptos relativos a la deducción acelerada de activos, llamada “depreciación acelerada de activos”, se dejarán de recibir otros 42 mil 96 millones.
Es decir, que de acuerdo con la propia dependencia que dirige Agustín Carstens, la existencia de estas dos “facilidades” que utilizan sólo las grandes empresas le costará al fisco mexicano en el presente año 93 mil 890 millones de pesos.
Cabe destacar que si a lo anterior añadimos la pérdida de recaudación derivada de “otras facilidades administrativas”, dirigidas también a las grandes empresas, se obtiene que “el hoyo fiscal” que provocarán los impuestos no pagados asciende a poco más de 200 mil millones de pesos.
Esta cifra, que por “mera casualidad” es similar a los excedentes petroleros que se generarán durante el presente año, nos podría sonar como una locura… si no supiéramos que, de acuerdo con informes de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), diversas empresas identificadas con la guerra sucia desatada contra Andrés Manuel López Obrador durante su campaña electoral de 2006 prácticamente no pagaron impuestos el año pasado y, por lo que se observa, tampoco pagarán este año.
Así, por ejemplo, el año pasado Cemex tuvo ventas por 236 mil 669 millones de pesos, pero pagó impuestos por 4 mil 796 millones; es decir, 2 por ciento de sus ventas, pero también reportó impuestos diferidos por 50 mil 397 millones de pesos: por cada peso que pagó de impuestos, las “leyes fiscales” le permitieron postergar el pago de 10 pesos.
O bien el caso de Bimbo, que registró ventas por 72 mil 294 millones de pesos y pagó impuestos por mil 692 millones de pesos; es decir, 2.3 por ciento de sus ventas, e impuestos diferidos por mil 318 millones de pesos: por cada peso que pagó, se le permitió diferir 67 centavos.
Aquí convendría que se preguntaran, mis estimados lectores, a ustedes ¿cuánto dinero de los impuestos les ha permitido “diferir” la Secretaría de Hacienda? O bien, ¿acaso les permiten pagar impuestos por el equivalente a 2 por ciento de sus salarios o, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, por 2 por ciento de sus ventas?
Lo peor de todo es que para la mayoría de los economistas, el impuesto más inequitativo que existe es la inflación, ya que le pega más duro a quien menos tiene, y lo comento porque de acuerdo con el Banco de México el crecimiento de los precios ya es alarmante, por lo que además del IETU, el IDE, el IVA y el impuesto a la gasolina ahora tenemos que pagar el “impuesto inflacionario”.
Por eso digo que, a mis amigos, justicia y gracia; y a los demás, la ley a secas.
sábado, 12 de julio de 2008
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