Milenio: Los empresarios y la democracia.

En 2006, la IP donó 210 mdp; 70% fue para Calderón

Los mecenas del PAN, Servitje y Arango; de AMLO, constructores, y de Madrazo, Hank.

Las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón y Roberto Madrazo recibieron una inyección económica sin precedentes de prominentes empresarios durante las elecciones federales de 2006, al captar aproximadamente 210 millones de pesos en donativos de los dueños de los emporios económicos más poderosos del país.

La Relación Personalizada de Aportaciones de Militantes en Efectivo, elaborada por el Instituto Federal Electoral, detalla que en 2006 medio centenar de directivos de Telmex, Grupo Caliente, Sicartsa, Peñoles, Chedraui, Grupo Danhos, Wal-Mart y Cervecería Modelo, entre otras empresas, aportaron recursos para PRI, PAN y PRD.Del reporte se desprende que mientras Calderón recibió el apoyo de directivos de trasnacionales mexicanas como Bimbo e ICA, López Obrador captó donativos millonarios de media docena de empresas del ramo de la construcción, así como de líderes sindicales del sector.Acorde a los datos contenidos en el informe, también hubo empresarios que decidieron apostar a más de un frente: favorecieron a dos candidatos presidenciales con depósitos equitativos, como Carlos Slim, dueño de Telmex.

El hombre más rico del país donó un millón de pesos tanto al panista como al perredista, lo mismo que la familia Villarreal, dueña del emporio minero Sicartsa, que aportó dos millones de pesos a cada campaña.De la relación de aportaciones, entregada por los partidos al IFE cada año, se establece que el PAN se convirtió en el partido más atractivo para la iniciativa privada y con mayor efectividad recaudatoria interna: ingresó 143 millones de pesos por concepto de donativos, y 246 millones por aportaciones de sus militantes, algunos de ellos reconocidos empresarios.

El PRD incluso logró mejores ingresos del frente empresarial que de la militancia: recibió aportaciones de empresarios y simpatizantes por 61 millones, mientras que de sus militantes obtuvo apenas 25 millones de pesos.

El PRI captó, en tanto, 7 millones entre el empresariado, aunque entre el priismo oficial recopiló otros 75 millones, con Jorge Hank Rohn y su socio en Grupo Caliente, Alberto Murguía, convertidos en los dos principales donantes.

Entregaron, cada uno, 2.5 y 3 millones de pesos a la campaña de Madrazo Pintado.AMLO: apoyo de constructorasLos datos disponibles señalan que el PAN fue más atractivo entre directivos de las principales empresas del país, que se volcaron en su mayor parte a apoyar la campaña blanquiazul con donativos millonarios de hasta 7.5 millones de pesos por persona.

El PRD y López Obrador, por otro lado, acumularon apoyos entre compañías hacendadas en la Ciudad de México, en especial las del ramo de la construcción que participaron en las grandes obras de la administración del ex jefe de Gobierno.En ese sentido, encabezaron los donativos a las arcas perredistas Jaime Dayan, presidente de CABI administradora, dedicada a la construcción de malls y condominios con 900 mil pesos; y Daniel Kabbas, de Grupo Danhos, —que participó en el fallido intento de construir la Torre Bicentenario—con un millón de pesos.

Además, con un millón de pesos, se ubicó a Mariano Martínez, socio de Operadora Mexicana de Estacionamientos, que ha recibido contratos para la instalación de parquímetros en distintos puntos del Distrito Federal; y a José Miguel Padilla, dirigente del Sindicato de Trabajadores en la Rama de Construcción y Terrajeros en Zonas Federales y Locales de la República Mexicana.

Al frente entre los constructores simpatizantes del perredismo se posicionó también la familia Romano Jafif —responsable de la construcción de la Torre Reforma, adjudicada bajo el gobierno lopezobradorista—, con donativos de los hermanos Alberto, David, Félix, León Benjamín, Moisés y Salomón, que dieron a AMLO 167 mil pesos cada uno. A la lista de constructores que apoyaron al ex aspirante presidencial perredista se sumaron Elías Sacal Cababie —donó 700 mil pesos—, dueño la empresa BVG, conocida por sus desarrollos inmobiliarios en Yucatán, además de Enyd Sánchez, representante legal de la constructora de vivienda más grande de México, Homex.Sánchez aportó 400 mil pesos. Y hubo más constructores en el fondo perredista.

El presidente de la Inmobiliaria Emar, Adrián Cornú, puso a disposición de ese partido 220 mil pesos.En el mismo renglón, José Antonio Attias, presidente de Grupo COPRI, responsable de la construcción de los puentes de Santa Fe dispuso, por su lado, de 360 mil pesos para financiar la campaña de la Coalición por el Bien de Todos.Los empresarios Alfredo y Antonio Chedraui, a su vez, depositaron en las cuentas del aspirante de izquierda un millón de pesos cada uno, al igual que una de las herederas de la fortuna O’Farill, Lorenza O’Farrill, quien transfirió al PRD 980 mil pesos.

Entre los nombres de alto nivel que participaron en el fortalecimiento de las finanzas perredistas también se encuentran los de Alfredo y José Miguel Bejos, socios de la empresa Servicios Aéreos del Centro, propiedad del prófugo Alfredo Miguel Afif, buscado por fraude a Petróleos Mexicanos.Cada uno dio a la causa de la Revolución Democrática un millón de pesos.Calderón y el top 500 de FortuneEn el frente panista, los apoyos fueron de mayor escala: tan sólo en junio de 2006, el blanquiazul logró recopilar un promedio de 2 millones 740 mil pesos diarios o 114 mil pesos la hora y mil 904 pesos el segundo, gracias a donativos generosos de empresarios con registro de militante oficial.

En este rubro —panistas con credencial activa— se encuentran María Asunción Arámburuzabala, vicepresidenta de Grupo Modelo; Manuel Arias Arango, codueño de Wal Mart y Aurrerá; José Kuri Harfush, del Consejo de Administración de Telmex; y Lorenzo Servitje, de Grupo Bimbo, entre otros.Con donativos acumulados por siete millones 500 mil pesos, Arias Arango se convirtió en el principal donante de Acción Nacional durante 2006, al igual que José y Julio Kuri Harfush, del consejo de administración de Telmex y de Grupo Janel respectivamente,Ambos donaron siete millones 500 mil pesos, cifra idéntica a la donada por María de las Nieves Fernández González –accionista en Televisa.

En términos globales, la familia Arámburuzabala-Larregui asumió el papel de principal donante del PAN durante 2006, al entregar al partido casi 23 millones de pesos.María Asunción Arámaburuzabala, su hermana Lucrecia y la madre de ambas, Lucrecia Larregui, donaron cada una siete millones 400 mil pesos el 9 de junio de 2006.

La familia Kuri-Kauffman, por su parte, aportó 21 millones de pesos, divididos en las aportaciones de Patricia Kauffman, así como Julio Kuri y Gerardo Kuri Kauffman. Las aportaciones a la campaña federal de Acción Nacional se complementaron con Carlos Orozco y Juan Bordes Aznar, directivos ambos del Consejo Directivo de la siderúrgica Peñoles. Aportaron 6 millones 500 mil pesos y 6 millones, respectivamente.Rafael Mac Gregor, también de Grupo Peñoles, aportó cuatro millones 500 mil pesos.Alberto López de Nava, presidente de Grupo Alden –dedicado a la comercialización de vehículos—puso en la causa panista, por su lado, 3 millones de pesos.

Otros empresarios prominentes que como militantes aportaron su cuota millonaria al triunfo electoral del 2006 son Diego Quintana Kawage y Luis Urrutia, de Grupo ICA; Enrique Terrazas, de Grupo Monex, casa de Cambio; y José Ramón Gutiérrez de Velasco, ex presidente municipal del PAN en Veracruz y accionista de Casa de Cambio Puebla, investigada por la DEA de Estados Unidos por presunto lavado de dinero.

El rubro de simpatizantes da cuenta de que hubo aportaciones de la familia Sánchez Navarro —de la Cervecería Modelo—, responsable de depositar 6 millones de pesos en total. Los hijos de Carlos Slim se sumaron a Jaime Chico Pardo de Telmex en el apoyo al PAN. Entre los tres sumaron dos millones trescientos mil pesos para la campaña calderonista. Magras cuentas tricoloresLa campaña de Madrazo Pintado pudo recopilar fondos solo entre algunos empresarios del país, como José Antonio Anguiano, dedicado a la construcción de escuelas en el Estado de México y Martín de Jesús Assad, del ramo textilero de Tamaulipas.

El primero donó un millón de pesos al tricolor. El segundo, un millón 510 mil pesos. Vicente Coss, del sindicato de transportistas de Ecatepec, colaboró con 450 mil pesos, superados por el millón de pesos donado por Vidal González, vicepresidente ejecutivo del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco.Solo las donaciones de María Magdalena y Yamilé Elena Kuri Harfush superaron el bajo promedio priista: dieron 2 millones de pesos cada una a Madrazo Pintado.

MilenioPortada

Cartón: Jabaz

Milenio: Mouriño

Carlos Marín

Germán Martínez, presidente del PAN, dijo el viernes con Carlos Loret que la ética de los servidores públicos “es la ley”, lo cual es mentira: la ética es el espacio, la atmósfera, el ecosistema de los servidores públicos, obligados todos, por supuesto, a cumplir y hacer cumplir la ley.

La noche del mismo viernes, con Joaquín López-Dóriga, Juan Camilo Mouriño recordó que su familia empezó a hacer negocios con Pemex cuando poseía diez camiones; que él era entonces un niño; que la flotilla es hoy de ocho, y que su firma en los contratos que se han vuelto combustible de su hoguera es “legal y ética”.Para sus enemigos, Mouriño es la encarnación del mal (ratero, “español”, de “la pandilla del espurio”, “traidor a México” que quiere “privatizar Pemex”).

Más allá del linchamiento, para efectos legales están contra Mouriño los artículos 217, 220 y 221 del Código Penal Federal, así como el 47 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos.

Universal: Mouriño

Dime quién te rescató y te diré…

Alberto Aziz Nassif El Universal Martes 11 de marzo de 2008

El caso de Juan Camilo Mouriño no es una novedad. México está harto de que los intereses privados invadan la esfera de lo público, de que el patrimonio de todos se lo apropien unos cuantos. Esa ha sido la historia del país: primero los generales de la Revolución hicieron sus negocios; luego llegaron los civiles, también revolucionarios, e hicieron sus negocios; más tarde arribaron los empresarios que se asociaron con los políticos y también hicieron sus negocios. Ahora van de regreso: los empresarios que llegaron con el discurso de la democracia quieren probar suerte en la política y hacen negocios.

Por primera vez después del 2 de julio de 2006 López Obrador da un tiro de precisión con el expediente de Mouriño el 24 de febrero. El golpe al corazón del gobierno de Calderón fue contundente. Dos semanas después del anuncio que hizo AMLO no se ha terminado de asimilar la explosión del misil. Se han equivocado en la respuesta y cada día el problema se enreda más.

Después de la publicación que hizo EL UNIVERSAL el 28 de febrero se tardaron una semana en armar una salida. Fue en el noticiario de López Dóriga, Canal 2 de Televisa, donde Mouriño se presentó a decir que sí había firmado los contratos, que se habían asignado de forma directa sin licitación y todo estaba dentro de la legalidad.

Hoy en día cualquier cosa es “legal”, desde los incrementos salariales de los consejeros del IFE y de los ministros de la Suprema Corte, pasando por los viajes de lujo del director de Conaculta, hasta los contratos de Mouriño con Pemex, todo es completamente “legal”. Se ha llegado al ridículo de que ahora la Secretaría de la Función Pública dice que puede investigar de oficio, pero que está a la espera de alguna denuncia (EL UNIVERSAL, 10/III/08). Según la lógica del gobierno, lo que denuncia la oposición es por dos razones: porque son “enemigos de este gobierno” y/o porque no se ven a ellos mismos, que también son corruptos.

El problema tiene varias dimensiones. El lado jurídico indica a primera vista que un representante popular o un funcionario público pueden caer en conflicto de intereses cuando se da este tipo de contratos, como han señalado varios abogados a la revista Proceso. Sin embargo, la vía legal tiene varias complicaciones; la primera es que las instancias son casi todas gubernamentales; y la segunda es que en el Congreso de la Unión han privado las componendas entre el PAN y el PRI, para evitar que se forme una comisión para el caso de Mouriño. Un día el PRI dijo que acompañaba la iniciativa del PRD de formar la comisión, y dos días después los dos coordinadores del tricolor, Beltrones y Gamboa, negociaron y rescataron al secretario de Gobernación.

Qué bonita democracia, ahora el PRI le da la mano al PAN para sacarlo del problema. ¿A qué costo se habrá dado el rescate? ¿Qué consecuencias habrá del espacio que dio Televisa para el rescate? La vía jurídica se ve sumamente limitada por las componendas políticas. Estamos ante el viejo problema de un país con un estado de derecho que se manipula a conveniencia de los actores.

Se equivocó Calderón al nombrar a Mouriño, pero todo indica que no lo van a mover de su posición, a pesar de lo debilitado que puede quedar después de pasar de ser el joven poderoso a ser el joven de los contratos. Algunos piensan que Calderón debería imitar a otros políticos que han dado pasos en contra de la corrupción con la remoción de colaboradores cercanos, como lo hizo Lula en Brasil.

En este caso todo indica que va ganando la estrategia contraria: mantener en la posición al secretario de Gobernación. Para hacer cambios de este tipo se necesita un liderazgo de estadista, y hasta la fecha no parece ser el caso mexicano. La tentación de apostarle al olvido, a que pase la tormenta, es grande. Mejor nadar entre las aguas y flotar con los intereses que enfrentar la adversidad.

El propio PAN salió a defender al funcionario, faltaba más. A pesar de que el PAN todavía no ha logrado armar un modelo de partido gobernante distinto al del PRI, ya sabe muy bien, de forma instintiva, que tiene que defender a Mouriño al costo que sea, así lo ha planteado Germán Martínez. Luego está el PRI, que sabrá cobrar caro su rescate. Los priístas, aliados de este gobierno, se han vuelto indispensables. Para qué son los amigos, para qué se tiene el control del partido, para qué son los aliados que sí piensan en el futuro del país y no están de amargados sacando trapos sucios. El tufo de pragmatismo que ha impregnado a la política partidista ha calado hasta el hueso.

Los primeros efectos sociales están en una opinión pública que rechaza abiertamente lo que hizo Mouriño. Esta es la otra dimensión, lo que piensa la sociedad. Un 85% de los ciudadanos consideran que lo que hizo Mouriño, legal o no, va en contra de la ética y no es “moralmente correcto”. Pero eso no es todo, porque 68% considera que el secretario de Gobernación debería renunciar. Así lo destaca una encuesta de María de las Heras que se hizo el sábado pasado y que tiene 95% de confianza (Milenio, 10/III/2008).

Sin embargo, a quién en el gobierno le importa que casi nueve de cada 10 ciudadanos consideren que lo que hizo Mouriño no es ético; a quién en el PAN le importa que para siete de cada 10 mexicanos el secretario de Gobernación debería renunciar. El cálculo parece ser diferente desde dentro. Todo indica que están dispuestos a esperar que pase la tormenta; tal vez consideran que a lo mejor las elecciones internas del PRD no salen bien, y eso pondrá la atención en otros problemas. Sin embargo, la tormenta parece que se alargará: se menciona que vienen otros contratos más.

El expediente Mouriño afecta en el corto plazo la negociación sobre la reforma energética, y a mediano plazo se puede convertir en una carga para la política interna del país, sin perder de vista que en 2009 viene la elección intermedia y el cuadro de alianzas cambiará de forma importante. Lo único cierto es que las cosas ya no serán iguales para la joven promesa del gobierno calderonista. Por lo pronto, veremos en los próximos días si se forma o no la comisión legislativa que impulsa el PRD para investigar a Mouriño. En suma, veremos si el rescate que ha tenido Mouriño resiste la siguiente tormenta…

Universal: PEMEX

Cartón: Helioflores

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Universal: Mouriño

Jornada: PEMEX

Jornada: Mouriño

Editorial
Crisis de gobierno
En su calidad de presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, como coordinador de asesores del secretario de Energía, y en tanto que subsecretario de Electricidad, Juan Camilo Mouriño actuó en representación de una empresa de su familia para firmar contratos con Pemex, como reconoció recientemente él mismo. El que pueda hallarse, o no, una rendija legal para exonerar al actual secretario de Gobernación de los posibles delitos en que pudo incurrir (artículos 47 y 88 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y artículos 214 y 221 del Código Penal, entre otros), dependerá, en primer lugar, de la voluntad del gobierno del que forma parte, y de las bancadas priístas en las cámaras de Diputados y de Senadores, para esclarecer ésas y otras transacciones. En caso de que las pesquisas tengan lugar, y en tanto no culminen en el hallazgo de responsabilidades específicas, el funcionario estará protegido, en lo jurídico, por el principio de presunción de inocencia.
En el ámbito de la opinión pública, en cambio, las reacciones defensivas del secretario de Gobernación y de sus entornos institucionales, partidistas, parlamentarios y mediáticos, no han hecho más que alimentar una presunción de culpabilidad y de inmoralidad que se incrementa conforme se multiplican los intentos por blindarlo ante procesos administrativos, políticos y penales. Las sospechas se han expandido mucho más allá del movimiento lopezobradorista y han desembocado en una crisis de gobierno que se hará más profunda mientras más tiempo tarde en reconocerla el grupo en el poder.
El propio Mouriño ha fallado en el fondo y en la forma de sus respuestas. Una vez divulgados los contratos que firmó en su doble calidad de funcionario público del sector energético y de apoderado de sus propias empresas del ramo de hidrocarburos, el secretario de Gobernación se limitó a ensayar, sin pruebas, una descalificación de su impugnador, y posteriormente, en vez de comparecer ante el conjunto de la opinión pública, se limitó a presentarse en algunos medios electrónicos –afectados, a su vez, en la percepción pública por su tendencia a favorecer al discurso oficial–, desde los que tampoco desvirtuó con documentos los señalamientos en su contra. En cambio, se exoneró a sí mismo y pidió a la sociedad creer que la divulgación de los contratos sospechosos es parte de “una apuesta por el fracaso de nuestro país”. Así, de paso, las réplicas del funcionario han sembrado dudas sobre su capacidad para ejercer en forma adecuada el cargo que ostenta y para manejar crisis que vayan más allá de las impugnaciones a su persona.
De manera inexorable, la circunstancia por la que atraviesa el secretario de Gobernación genera severos impactos en el conjunto del Ejecutivo federal. La contundencia de los cuestionamientos a su paso por la Cámara de Diputados y por la Secretaría de Energía coloca a Mouriño ante el dilema de defenderse, en la forma que sea, o dedicarse a procurar una gobernabilidad que, paradójicamente, tiene uno de sus principales desafíos inmediatos en la situación del propio funcionario impugnado. Por añadidura, el estrecho colaborador del titular del Ejecutivo viene a ser, en su calidad de coordinador del gabinete presidencial (el que “tramita lo relacionado con los nombramientos, remociones, renuncias y licencias de los secretarios de Estado” e “interviene en los nombramientos, aprobaciones, designaciones, destituciones renuncias y jubilaciones de servidores públicos que no se atribuyan expresamente por ley a otras dependencias del Ejecutivo”), el superior jerárquico de quienes tendrían que analizar sus posibles responsabilidades administrativas y penales: el procurador federal y el secretario de la Función Pública.
Así, a menos de dos meses de su llegada al Palacio de Cobián, Juan Camilo Mouriño ha dejado de ser un activo y se ha convertido en un pesado lastre para el gobierno federal, cuyo titular tendría que evaluar la conveniencia de mantenerlo en un cargo para el que perdió buena parte de su margen de maniobra –particularmente como operador de la privatización petrolera eufemísticamente llamada “reforma energética”–, no sólo porque la Presidencia tendría que operar por sí misma, sin mediaciones ni parapetos políticos, en la resolución de difíciles conflictos, sino también porque las sospechas ciudadanas sobre la moralidad y la legalidad de los contratos de Mouriño se convertirían en percepciones de inmoralidad, opacidad e ilegalidad del Ejecutivo federal en su conjunto, y con ello se incrementaría gravemente el déficit de legitimidad que padece de origen la actual administración.

Jornada: Mouriño

El ex candidato presidencial reta a Felipe Calderón a “dar la cara” en este asunto
Exhibe AMLO otros dos contratos firmados por Mouriño con Pemex
■ Los convenios fueron otorgados sin licitación y corresponden al 20 de diciembre de 2000 y la misma fecha de 2001
■ Transporte de productos derivados del petróleo, el rubro del negocio
Alma E. Muñoz

Andrés Manuel López Obrador exhibió ayer dos contratos más firmados por Juan Camilo Mouriño como apoderado legal de su empresa familiar, Transportes Especializados Ivancar, con Petróleos Mexicanos Refinación, cuando era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
El ex candidato presidencial emplazó al secretario de Gobernación a demostrar, con documentos en mano, que cuando ingresó al servicio público dejó de ser socio o apoderado legal de la empresa y por tanto no incurrió en tráfico de influencias. Asimismo, a Felipe Calderón lo retó a “dar la cara” en este asunto.
Dio a conocer, en conferencia de prensa, que los convenios fueron otorgados sin licitación y signados por Mouriño e Irma Alejandra Rodríguez Baeza, gerente de Transporte Terrestre de Pemex Refinación, el 20 de diciembre de 2000 y la misma fecha de 2001, para que Ivancar transportara productos derivados del petróleo por año, en cada caso. Eso representó para la familia del funcionario montos contratados, en conjunto, por un mínimo de 5 millones 893 mil 851 pesos y hasta 14 millones 709 mil 627.
Por otra parte, López Obrador aseguró que ya se cuenta con más de los 125 diputados necesarios para integrar la comisión investigadora en el Congreso y que se realicen auditorías a todo el sector energético, porque los documentos se firmaron –indicó– violando flagrantemente las leyes mexicanas, y porque detrás está “el interés concertado de este grupo con empresas extranjeras para apropiarse de la renta petrolera”. Aunque Mouriño quisiera –expuso– que fuese una dependencia que “ellos controlan” la que investigara, para que “no pasara nada”.
Pasadas las 11 de la mañana, el dirigente se presentó ante los medios en sus oficinas ubicadas en la calle San Luis Potosí, en la colonia Roma, para engrosar la carpeta que entregó el 24 de febrero pasado a los coordinadores parlamentarios del Frente Amplio Progresista –PRD, PT y Convergencia–, la cual contenía tres convenios signados por Mouriño como diputado y subsecretario de Energía, cuando Calderón era titular de esta secretaría. En todos los casos, los contratos fueron otorgados sin licitación, es decir, por el procedimiento de adjudicación directa, y abarcan cuatro años, de 2001 a 2004.
Con la exhibición de los documentos se demuestra –aseguró– el tráfico de influencias “que han ejercido quienes ahora están promoviendo la privatización de Pemex. Además de que ya entregué minutas de la compra de gas a la empresa española Repsol, por 15 mil millones de dólares, en 2007”.
López Obrador insistió en que detrás de la firma de los convenios “está ese afán privatizador, los negocios tanto del grupo del que forma parte Mouriño como de petroleras extranjeras”. Advirtió que tiene información sobre un acuerdo entre las cúpulas del PRI, Calderón y el secretario de Gobernación para presentar la reforma energética, “regresando de Semana Santa, el martes 25 de marzo”.
Parte del acuerdo entre el senador priísta Manlio Fabio Beltrones con Mouriño, agregó, “no es sólo para darle protección, porque (el segundo) está confeso como traficante de influencias, sino para llegar a este acto de traición a la patria, que sería reformar las leyes para permitir la asociación con empresas extranjeras en todo lo que tiene que ver con la explotación del petróleo”.
Por eso “es muy importante que todos los mexicanos que queremos que se mantenga el petróleo como propiedad de la nación nos reunamos el 18 de marzo, a las 5 de la tarde, en el Zócalo capitalino y reafirmemos nuestra decisión, además de conmemorar el 70 aniversario de la expropiación petrolera”.
El artículo 108 de la Constitución, resaltó, establece “con mucha claridad la responsabilidad de los funcionarios públicos que hacen negocios con su cargo, como él hizo”, y queda demostrada su actuación en una cláusula contenida en todos los convenios que firmó como transportista, y que dice así: “manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos que establece el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.
Ese artículo plantea a su vez que “las dependencias o entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta ley con las personas siguientes: uno, aquellas en que el servidor público intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación, tenga intereses personal, familiar o de negocios”. Así que él tiene que demostrar –retó– “que renunció a sus acciones en 80 empresas, incluyendo Ivancar, porque ha incurrido en una mentira del tamaño del mundo, al afirmar que, como el trámite dura muchos meses, no se pudo acreditar. ¿Con cuál notario público fue? Yo conozco a los notarios y no se tardan tanto, basta con hacer una reunión ante uno y en un día o dos se resuelve”, dijo.
En este punto, López Obrador aclaró que no está en contra del origen o la nacionalidad de Mouriño, sino “contra la riqueza mal habida, que éste es el caso. Que nadie se confunda con eso”.
–El silencio de Felipe Calderón, ¿cómo se puede interpretar?
–Sí, el presidente usurpador debería dar la cara, pues es de dominio público que son socios; él debería dar una explicación. Le recuerdo que el presidente del consejo de administración de Pemex es el secretario de Energía, y en la firma de contratos (exhibidos), ¿quién era el secretario de Energía? Calderón, y ¿quién era su asesor? Mouriño.
“De modo que él tiene que informar sobre este asunto, dar la cara sobre éste y otros temas. Porque estamos recibiendo más información, mucha gente está contribuyendo y estamos haciendo la investigación a fondo sobre la compra de gas a Repsol.” Inclusive, añadió, “queremos calcular la utilidad y la ganancia de este jugoso contrato por 15 mil millones dólares, en el cual intervino el gobierno de Perú, cuando lo encabezaba Alejandro Toledo”.
López Obrador exhibió ayer los contratos –ambos por adjudicación directa– GTT-0142-01/2001, con monto contratado entre 2 millones 750 mil y 6 millones 850 mil pesos, con vigencia de enero 2001 a diciembre del mismo año, y el GTT-0142-01/2002, por un monto mínimo de 3 millones 143 mil 851 pesos, y hasta un máximo de 7 millones 859 mil 27, a partir del primero de enero y hasta el 31 de diciembre de 2002.
También hizo referencia a la publicación de un medio de comunicación por Internet, donde se informa que el secretario de Gobernación colocó a sus amigos cercanos en áreas claves de Pemex.

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Cartón: Hernández

Cartón: Rocha

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Cartón: Jabaz

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Milenio: Mouriño

Néstor Ojeda

¿Hay que creerle a Mouriño?

Sí firme, es legal y no renuncio”, fueron las tres afirmaciones con las que el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quiso atajar las acusaciones sobre tráfico de influencias de las que fue blanco durante más de dos semanas gracias a los documentos que Andrés Manuel López Obrador entregó a los coordinadores parlamentarios del PRD, cuyo contenido revela que siendo funcionario de la Secretaría de Energía firmó contratos de su empresa Transportes Ivancar con Pemex Refinación.Pero ahí quedó la cosa.

El titular de Gobernación no presentó dictamen alguno de la Secretaría de la Función Pública o de la Contraloría Interna de Petróleos Mexicanos o de algún perito de la Procuraduría General de la República o de cualquier autoridad que pudiera determinar que esa acción no violó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Es decir, Mouriño dejó el asunto al criterio de la opinión pública para que sólo con base en su palabra lo eximieran de las dudas que generó sobre su honestidad e integridad como funcionario el misil disparado por El Peje. Y también dejó abierta la posibilidad de que el caso quede, como siempre, en la credibilidad de los protagonistas de este sainete, y será evidente que los fieles del lopezobradorismo no le comprarán la historia.

Lo que es peor es que el responsable de la política interna del país pretenda dejar todo en un ataque producto de la maledicencia de los enemigos de México, los inconformes y los que buscan el fracaso de Felipe Calderón.

Vaya cosa: ahora todo aquel que lance críticas o dudas sobre la actuación de los hombres del Presidente es un detractor del país, argumento del mismo dudoso calibre que el de aquellos que dicen que todo aquél que esté de acuerdo con la inversión privada en Pemex es un traidor a la patria.

Maniqueísmo puro en su máxima expresión.

Al final lo único que puede decirse de la respuesta de Mouriño a las acusaciones de tráfico de influencias es que resultó que el hombre fuerte de Calderón de lo único que hizo gala fue de cinismo y chabacanería, porque nada hubo de argumentos legales contundentes. Qué lástima.

Milenio: Mouriño

Álvaro Cueva

Complot con complot se paga

Primero fue un presidente de la República ilegítimo. Después, un presidente del Conaculta ilegítimo. Ahora es un secretario de Gobernación ilegítimo.

¿Quién es legítimo en este país? ¡Quién! ¿Adónde vamos a llegar entre tanta ilegitimidad? ¿Se puede llegar a algún lado así?

Obviamente lo que está sucediendo en el caso Juan Camilo Mouriño tiene muchas lecturas pero la peor de todas es la que tiene que ver con su posicionamiento, y el posicionamiento de la administración Calderón en general, en la mente de los ciudadanos como usted o como yo.

¿Y cuál es ese posicionamiento? Fraude, debate, mentira, suciedad.

Mucha gente se está clavando, con justa razón, en el tema de la reforma energética. Otra, en la penosa gira de aclaraciones que el señor Mouriño ha realizado en diferentes medios.Tan preocupante un tema como el otro, ¿pero y lo demás? ¿Ya se puso usted a pensar en lo demás?

Antecedentes: Andrés Manuel López Obrador documentó hace varias semanas que nuestro actual secretario de Gobernación había firmado, en el pasado, cierto tipo de contratos con Pemex que no se valía que hubiera firmado y de los cuales, supuestamente, había sacado una ventaja.

Combinar a Pemex con Mouriño justo cuando el gran tema de nuestro país era (y es) la reforma energética (el futuro del petróleo) fue de una maestría genial y lo más impresionante es que dio en el blanco. Complot con complot se paga.

Desde entonces no ha habido quien no le pida cuentas a don Juan Camilo, quien no le exija su renuncia y quien no le haga ruido a Felipe Calderón a través de este conflicto.Y fíjese qué interesante.

El problema ya no es si el señor Mouriño es apto para ser nuestro secretario de Gobernación, si su tirada es lanzarse como candidato para 2012, si su árbol genealógico cumple con ciertos requisitos políticos o si sacó provecho de sus negocios con Pemex.

El problema es que si se va, el que pierde no es él, es el Presidente de la República. Y si se queda, no lo van a dejar en paz jamás. ¿Y Gobernación? Bien, gracias.

Usted nada más póngase a pensar en esto: ¿qué ha hecho Juan Camilo Mouriño desde que llegó a su oficina en la calle de Bucareli en la Ciudad de México?¿Cuáles han sido sus obras? ¿En dónde podemos notar su estilo? ¿Cuáles Han sido las decisiones que ha tomado como para que pensemos en él como el gran líder de México? ¿Qué es lo que está haciendo como para que usted y yo nos sintamos seguros con él como encargado de la gobernabilidad de nuestra nación?¿México es más gobernable con Mouriño? ¿Lo va a ser en las próximas semanas? ¿Lo va a ser en los próximos cinco años?

Yo nomás le doy un dato y usted me dirá la clase de administración que tenemos: ¿qué hizo la máxima autoridad de nuestro país en materia de gobernabilidad para defenderse de sus enemigos?

Ir a justificarse, entre otros espacios, a El noticiero de Televisa.

¿Qué se puede esperar de un secretario de Gobernación que utiliza los medios electrónicos de comunicación para arreglar sus conflictos?¿Qué debemos pensar de un secretario de Gobernación que interrumpe su agenda para trasladarse físicamente a un noticiario, a la hora del noticiario, para sentarse al lado del conductor de ese noticiario y para ser cuestionado como se cuestiona a cualquier estrella de telenovela?

¿Cuál es el mensaje de autoridad? ¿Quién manda sobre quién? ¿Quién necesita a quién?¿Existe alguna diferencia, como imagen, de la escena de Mouriño con López-Dóriga y, por ejemplo, la de una Niurka Marcos haciendo exactamente lo mismo con Juan José Origel?

¿Ahora entiende por qué le digo lo que le digo del posicionamiento?En este sexenio hay problemas tremendos de imagen y credibilidad que si bien no son tan pintorescos como los del sexenio de Vicente Fox, no dejan de ser preocupantes.

Mientras que Andrés Manuel López Obrador y los señores del PRD dictan la agenda nacional en términos de opinión pública, prácticamente no hay nadie en el gobierno de Felipe Calderón que cuente con algo parecido a la legitimidad o que al menos la proyecte.

Llegó la hora de empezar a trabajar en este punto. Sin legitimidad no hay respaldo popular, sin respaldo popular ningún gobierno se puede mover y aquí ya nos urge que alguien se mueva, que alguien haga algo más que defenderse o acusar a otro. ¿A poco no?.

Milenio: Mouriño

Federico Berrueteo

Mouriño y el diablo

Mouriño no es culpable hasta que una sentencia judicial así lo consigne. Su defensa mediática ha sido patética; muestra evidentes carencias para el servicio público y un desentendimiento de los mínimos de la doctrina política a la que se debe.

En el ánimo de salir del apuro, ha transitado de error tras error; los costos se endosan al Presidente quien, a su regreso del exterior, encara el dilema de convalidar lo realizado por su subordinado predilecto o proceder al relevo. Mouriño vendió su alma al diablo.

Sin vacilación el senador Beltrones en célebre entrevista mañanera dijo: en política nada hay gratis, quid pro quo (algo por algo). ¿A cambio de qué, los capos del Congreso dan protección al joven secretario de Gobernación?

¿Para qué votar por un Presidente del PAN si quienes gobiernan y deciden es lo peor del PRI? El muchacho no advirtió el significado de su acuerdo, además, estos diablos no cumplen, cambian según la circunstancia. Nada hay que justifique la traición a uno mismo y a quienes uno se debe. Ciertamente, lo legal es discutible y corresponde dilucidarlo a instancias formales.

Lo dicho por el secretario no absuelve, sino lo contrario. La situación de dificultad lo hace mostrarse tal cual es; no es cuestión de inexperiencia o ingenuidad, tampoco pánico escénico, la obsesión de llegar a Bucareli y de retener a toda costa el cargo, se le ha vuelto en contra. Inocente o no, sus palabras, actos y compromisos revelan que quedó inhabilitado para ser responsable de la política interior.

Queda en Calderón asumir el costo. La Presidencia da para eso y más, no así el país, el que llega al encuentro de un nuevo siglo en las peores condiciones de moral pública. Dificultosamente democrático y con libertades, pero desigual y hundido en la corrupción y la pérdida de horizonte por la mediocridad de su élite política.

La calidad del gobierno es la de su oposición, igualmente pequeña, extraviada entre el oportunismo y el agravio.Lo peor del pasado decide y manda en el país. Como sucedió en el tema del desafuero del jefe de Gobierno, a las cámaras las gobiernan la componenda y la ambición de quienes las conducen.

Madrazo decía que los diputados priistas votarían en conciencia, para que a la hora de la verdad la palabra se tornara eufemismo de consigna. El problema no es la disciplina partidista, sino la manera como ésta se construye y los objetivos que la animan. La vacilación y negativa del Congreso a investigar, producto del acuerdo, hunde y degrada a la representación popular.

No hay responsabilidad; quid pro quo es la consigna, o como dijera con desfachatez e involuntario cinismo el coordinador de los diputados del PRI, nos entendemos con el gobierno porque es el que da más. La venta de protección a cambio de no se sabe qué.Se equivoca López Obrador, en el PRI no hay colaboracionismo, sino extorsión o chantaje por quienes mandan desde el Poder Legislativo.

El secretario descalifica a las comisiones de investigación del Congreso como circos mediáticos. El sí va en serio en eso de al diablo las instituciones de la República. No advierte que si el tema se traslada a la Función Pública o a la PGR, somete a su jefe al peor de los riesgos, ya que lo que allí se haga le repercute directamente.

Cuando se vive en barbarie es correcto decir que la ley es la ética del servicio público. Empero, ninguna sociedad medianamente civilizada puede remitir la valoración de la conducta de sus hombres de poder al código de reglas escritas, más cuando no hay eficacia en la justicia. Son lamentables las expresiones del dirigente del PAN, se entiende que el secretario recurra al argumento, pero lo señalado es inaplicable para el dirigente del partido de Gómez Morín y Castillo Peraza.

Los mexicanos llevaron hace más de siete años al PAN al poder. Era el voto por una nueva ética pública. Muy pronto Fox se traicionó y al final de su gobierno el país quedó más corrupto, pobre y dividido que el de inicio. Calderón ganó en medio de la polarización y con un renovado deseo colectivo de cambio. Después de un año, su hombre más cercano, en el afán de sobrevivir, vende el alma al diablo.

Para el Presidente no hay de otra: lo convalida con todo lo que implica o lo releva en el afán del reencuentro con el proyecto ético que dio origen y sentido al PAN; en ambos casos la sociedad responde, frustración y desaliento o reconocimiento por la rectificación, lo que para Calderón no sería la primera vez.

UniversalPortada

Jornada: Rayuela

Jornada: AMLO

■ Sin petróleo se nos quitaría la posibilidad del desarrollo independiente, expresa en entrevista

AMLO: entregar Pemex traería más frustración y violencia popular

■ Mouriño no será candidato en 2012, carece de cultura política; es “un pirrurris frívolo, ambicioso y ladrón”

■ Estoy seguro de que a Calderón no le gustaría que ganara Alejandro

Encinas en el PRD

Roberto Garduño

De materializarse la “acción concertada” entre las autoridades y empresas trasnacionales con el fin de apropiarse del petróleo, se arrastraría al país a una condición de mayor frustración, y “metería al pueblo de México a una situación de violencia”, considera Andrés Manuel López Obrador.

El político tabasqueño se da tiempo de diagnosticar que en su partido no habrá polarización insalvable tras la elección de nueva dirigencia nacional y mucho menos desbandada. Al preguntársele sí abandonará las filas del partido del sol azteca ante un probable triunfo de Jesús Ortega, replica de inmediato, “¡no, no, no creo que nadie se vaya!”. No obstante, advierte, en referencia al líder de Nueva Izquierda: “no se puede andar titubeando, no se deben permitir medias tintas, y mucho menos que el partido se convierta en partido palero”.

Durante el trayecto entre Tepic y el empobrecido municipio de Huajicori, López Obrador responde a la entrevista con este diario. Pausado, sin agobiarse por la intensidad de su labor diaria, sostiene la urgencia de emprender una auditoría técnico-administrativa al sector energético nacional.

–Una vez descubierto el intento de privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex), ¿el gobierno federal aún sostendrá su afán de impulsar reformas constitucionales o a la legislación secundaria en materia energética?
–Debe verse esta privatización en el marco de la política económica que han venido aplicando en los últimos 25 años; detrás de esta política, independientemente del discurso, hay un afán de lucro, detrás de todo está la codicia, manifiesta en los negocios de las minorías de derecha.
“El propósito para apropiarse de un bien público es una falacia, porque no hay escasez de recursos, hay ingresos por concepto de petróleo; tenemos técnicos e ingenieros, geólogos con experiencia, y en el caso de que no se puedan armar pronto equipos de exploración y perforación con técnicos nacionales puede contratarse este tipo de trabajo, puede contratarse la tecnología, hay mercado, no es irremediable que tengamos que asociarnos con empresas extranjeras.”
–¿Qué personajes, desde el poder político promueven la desnacionalización?
–Quienes promueven esta privatización, y al mismo tiempo tienen compromisos con empresas trasnacionales, forman un grupo en el gobierno usurpador, en el que se encuentran (Felipe) Calderón, Juan Camilo Mouriño, César Nava, Alfredo Elías Ayub y Dionisio Pérez Jácome, hijo.
–¿A quién sirven estos funcionarios de los que usted habla?
–Ellos son empleados de las grandes trasnacionales y de los grandes traficantes de influencias del país; aunque no tienen el dinero de los grandes sí aspiran a eso. Se comportan como nuevos ricos. Quieren retornar al porfirismo, volver a esos tiempos, cuando había un Estado dentro de otro Estado.
“Esta (auditoría) deberá comprender los siguientes eslabones: el manejo presupuestal de los ingresos petroleros, y en particular de los excedentes que se obtuvieron durante el gobierno de Vicente Fox; conocerse todos los acuerdos que se han tomado en el sector energético para entregar concesiones, permisos, a empresas nacionales y multinacionales, en especial los contratos otorgados a las empresas extranjeras para la generación de energía eléctrica.
“A esto se sumaría la revisión de los Pidiregas (proyectos de inversión diferidos en el registro del gasto), deuda que se elevó de forma alarmante en los últimos ocho años. Y en el caso de la participación de Juan Camilo Mouriño en negocios privados al desempeñarse como legislador federal, debe llegarse al fondo, investigar la responsabilidad de Calderón, porque él era su jefe, y es un hecho que la familia Mouriño ayudó a Calderón, incluso él usaba el avión de esa familia en campaña. Deben conocerse todos los contratos, no sólo los otorgados por Pemex a la familia Mouriño, sino los contratos otorgados por la paraestatal a políticos panistas.”
–¿Qué instancia deberá aplicar la fiscalización, si sobre el auditor superior, Arturo González de Aragón, pesa la sombra de su colaboracionismo con el poder establecido?
–Eso lo tienen que resolver los grupos parlamentarios de PRD, PT y Convergencia. Puede que se haga a través de ASF, pero pidiendo que se actúe con recti-tud y que se contraten auditores externos de probada honestidad; ése debería ser el mecanismo, no encuentro institucionalmente otro. Sin duda hay tráfico de influencias, que se traduce en una especie de acción concertada para apropiarse de un bien nacional.
–A pesar de todo, ¿observa usted en Mouriño al candidato del PAN a la Presidencia de la República en 2012?
–No, no, no lo veo así. Es un político menor, sin cultura política, sin compromisos con la gente, un pirrurris frívolo, ambicioso y ladrón.
–¿Qué condición guarda el movimiento nacional que usted encabeza?
–Sostengo que si se nos quita el petróleo se nos quita la posibilidad de emprender el desarrollo independiente. Esto implica un retroceso que metería al país en una situación de mayor frustración, metería al pueblo de México en una situación de violencia. Sólo quedaría por delante luchar por la recuperación de estos bienes, pero sostengo que sería muy difícil, costaría mucho por razones geopolíticas. El volver a hacer la expropiación, después de que entreguen el petróleo las compañías extranjeras, va a costar mucho.
–¿Qué costaría?
–Mucho sufrimiento. La emancipación del pueblo y el rescate de la soberanía sería algo muy difícil de recuperar. ¡Sería muy irresponsable abrir la puerta y vulnerar principios de soberanía!
–¿El movimiento en defensa de la soberanía podría radicalizarse en algún momento?
–Hay que evitar que haya violencia, tenemos que conducir el movimiento por la vía pacífica; resistencia civil pacífica. ¡Evitar la violencia!
–¿Ya hay intentos de provocación desde el poder?
–¡Sí! No debemos caer en la trampa de la violencia. Se tiene que hacer un gran esfuerzo de organización y de concientización para no caer en la trampa. Hay que actuar con mucha responsabilidad.
–Desde los medios gobiernistas se alienta a la confrontación abierta entre usted y Cuauhtémoc Cárdenas –se le insiste.
–Entre él y yo no hay diferencias de fondo, somos personalidades distintas, pero se coincide en lo fundamental; no debe pensarse que el ingeniero Cárdenas vaya a apoyar la privatización, ni abierta ni disfrazada. Eso es lo que quisieran nuestros adversarios; lo han deseado desde hace mucho tiempo; desde la campaña presidencial decían que el ingeniero Cárdenas es un personaje responsable, de una izquierda sensata, para tratar de ubicarme a mí como un extremista; incluso los elogios acerca del buen comportamiento del ingeniero Cárdenas venían de Carlos Salinas y de Claudio X. González, toda esa gente que en su momento combatió de manera terrible al ingeniero Cárdenas, pero esto es parte del tejemaneje de la política.
–¿Espera una respuesta popular mayoritaria para echar abajo el intento de reforma?
–Sí, creo que la gente va a responder y de eso dependemos. Eso es lo único que tenemos, pero es lo más valioso.
–¿Si no se responde? –se le reitera.
–Si el pueblo no responde, si nos quedamos solos va a ser más complicado. Ahí está la clave de todo. En la participación de la gente.
En el PRD, que los militantes decidan
–A usted se le identifica como impulsor de Alejandro Encinas –se le plantea.
–Tengo el derecho de opinar; considero que Alejandro Encinas es una gente honesta y definida en favor del proyecto alternativo de nación y por eso estoy con él, y que los militantes del PRD decidan.
–De Jesús Ortega, ¿qué opinión tiene?
–Pues es un compañero del PRD como los otros candidatos, Alfonso Ramírez Cuéllar y Camilo Valenzuela, todos tienen el derecho de participar, nada más que yo sostengo que en estos momentos se requiere de una mayor definición en la dirección del PRD; no se puede andar titubeando, no se deben permitir medias tintas, y mucho menos que el partido se convierta en un partido palero. No me ha gustado mucho que los más tenaces adversarios nuestros, quienes nos atacan en los medios de comunicación se dediquen a hablar de la sensatez de algunos candidatos del PRD, y es muy evidente, yo estoy seguro de que a Calderón no le gustaría que ganara Alejandro Encinas.
–¿Usted cree que a Felipe Calderón le gustaría que ganara Jesús Ortega?
–Le repito que a Calderón no le gustaría que ganara Encinas.
–Gane quien gane en la elección del domingo 16 de marzo, ¿no habrá polarización?
–No. Yo creo que ya existe al interior del PRD, no de ahora, de siempre, una diferenciación, por eso hay corrientes y hay posturas distintas, nadie debe extrañarse por eso, no hay en el PRD personaje único.
–Ya se habla de desbandada.
–No creo que se vaya nadie…
–¿Usted se iría si ganara Ortega?
–No. No, no creo que se vaya nadie. Porque el PRD ha sido así siempre, no ha habido políticamente hablando una postura, incluso yo diría que en eso también radica la importancia del PRD y de la izquierda, que vive en la pluralidad, en el debate de ideas, no creo que haya ruptura.
–Si ganara Alejandro Encinas, ¿usted mantendría una independencia de él?; ya se dice que usted lo manipularía.
–¡Claro que mantendríamos independencia! Mire, Alejandro es un hombre con trayectoria política propia. Es un hombre con principios, y con criterio, él no permitiría que nadie lo manipulara, Alejandro no es un pelele.
–¿Usted entraría en un juego de ese tipo?
–Yo no tengo como forma de relacionarme con otros compañeros pedirles subordinación; no soy un cacique. Le voy a poner dos ejemplos: me sustituyó en el gobierno de la ciudad Alejandro Encinas, y durante el tiempo que él fue jefe de Gobierno si hablamos dos veces fue mucho, ni por teléfono; ya una vez que dejé el gobierno no volví a meterme en asuntos de la ciudad; el otro ejemplo es Marcelo Ebrard, yo simpaticé con él durante la campaña porque consideré que era la mejor opción para nuestro movimiento; yo a Marcelo no le sugiero absolutamente nada. La lealtad en los hombres es relativa, y en ocasiones cae en la abyección, la lealtad que nos importa a nosotros es la que se expresa, manifiesta y pone en práctica en favor de un proyecto de transformación.
–¿Qué análisis merece la labor de Leonel Cota Montaño al frente del PRD?
–Mi opinión es buena, es muy buena, tengo muy buena opinión de Leonel. A escala nacional nunca se entregó al régimen.

JornadaPortada

MilenioPortada

Milenio: Mouriño

Fernando Mejía Barquera

Otro error de Mouriño

Los dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) se entrevistaron el miércoles con el atribulado secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, para solicitarle el refrendo de 150 concesiones de radio y tv ya vencidas. Como Gobernación no informó oficialmente acerca de esa reunión, el contenido de ella y lo que ahí habría dicho Mouriño se conoció en la versión del vicepresidente del Consejo Consultivo de la CIRT, José Bonilla Robles, quien aseguró que el funcionario ofreció decir en un plazo de ocho días “cuándo nos podrán entregar las concesiones vencidas”.

Si ésas fueron las palabras de Mouriño, habrá incurrido en uno más de los errores de comunicación que tanto le han costado en las dos semanas recientes.

Vieja Política

La secretaría de Gobernación no es la instancia facultada para decidir si una concesión de radio o televisión debe ser renovada. Esa atribución corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien debe ejercerla a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. A Gobernación sólo le compete dar una “opinión” sobre el proceso. Por supuesto, cabe la posibilidad de que el señor Bonilla haya hecho esa declaración —que apareció en prácticamente todos los medios impresos— para presionar al secretario a “dar una solución”; si así fuera, quienes manejan la comunicación social en Bucareli tendrían que haber ofrecido una postura clara, porque ahora hay un plazo, el miércoles de la semana que entra, para que Mouriño se pronuncie sobre el tema de los refrendos.

Después de la declaración de inconstitucionalidad que la Suprema Corte de Justicia hizo con respecto a algunos artículos de la llamada ley Televisa, el camino que debe seguirse para la renovación de concesiones indica que una vez llegado el vencimiento, la frecuencia de radio o televisión correspondiente deberá ser declarada susceptible de ser concesionada nuevamente a través de una licitación en la cual podrán participar todos los interesados: en esa licitación, sin embargo, el concesionario que venía operando la emisora tendrá preferencia, sobre el resto de los aspirantes, siempre y cuando haya cumplido con lo que marca la ley.

Pese a que el procedimiento es poco riesgoso para los actuales concesionarios, en vista de que tienen preferencia, se niegan a sujetarse a él.En el fondo de la visita que la CIRT hizo a Mouriño subyace una vieja práctica de la política empresarial en México: reunirse con “la cabeza”, negociar en la cúpula y colocar en segundo plano lo que marca la ley.

En otra de sus declaraciones del miércoles pasado, el vicepresidente de la CIRT, José Bonilla, dijo que la renovación de concesiones “fue un ofrecimiento del presidente (se refería a Felipe Calderón) en la semana de la radio” realizada en 2007. Por cierto, tampoco el titular del Ejecutivo tendría por qué prometer algo así, puesto que el proceso legal no depende de sus órdenes.

Posición Clara

El problema para Juan Camilo Mouriño es que, según la versión del vicepresidente de la CIRT, el secretario de Gobernación ofreció decir en una semana “cuándo se renovarán las concesiones”, algo para lo cual no tiene facultades. Bucareli tendrá que precisar la postura oficial de Mouriño en este asunto y lo que dijo exactamente a la dirigencia de la CIRT. De lo contrario estará abriendo otro frente para la crítica.

Grave sería que Mouriño hubiera dicho lo que se le atribuye, pero más grave que en el asunto de la renovación de las concesiones pretendiera tomar una decisión política que se apartara de la legislación. El caso de la ley Televisa mostró recientemente que ya no es tan fácil en México imponer desde arriba decisiones extralegales en el ámbito de los medios de comunicación.

Milenio: PEMEX

Carlos Puig

Pemex después de Mouriño

El presidente Felipe Calderón envió un mensaje claro el jueves en la noche, en voz de su secretario de Gobernación entrevistado por Joaquín López-Dóriga y el viernes en blitz mediática: no pasarán.

Las firmas de Juan Camilo Mouriño son legales y todo es culpa de la conspiración de aquellos que quieren que a México le vaya mal. Después de una semana de pensarlo, ésta fue la respuesta de Los Pinos. Un manotazo en la mesa.

Inédito después de meses de aguantar calladito la metralla e insultos del adversario. Es inútil discutir la minucia del asunto Mouriño. Como en tantas otras ocasiones, lo más posible es que el asunto transite ahora por los vericuetos del ineficiente aparato judicial o las comisiones legislativas diseñadas más para el show que para la rendición de cuentas.

Calderón ha optado por subirse al ring. Lo que no se sabe es cuál es el costo para lo que quiera hacer el resto del sexenio. Su enlace con las fuerzas políticas del país ha quedado tocado. Lo que no logró la horrorosa campaña xenofóbica lo hicieron un par de documentos y la tardía respuesta del gobierno.

Mouriño está tocado, nada peor para un negociador que llegar a la mesa vulnerable. El PRI, experimentado en estos quehaceres, ha boicoteado la comisión investigadora del Congreso. Qué mejor que sentarse a la mesa con un secretario de Gobernación cuestionado. Juan Camilo Mouriño y el Presidente les deben una, ya habrá tiempo para cobrarse.

Por la sustancia del cuestionamiento, la primera víctima podría ser la reforma energética pretendida por Los Pinos. Pero mal haría el Presidente en actuar como tantas veces lo hizo su antecesor y abandonar el proyecto sólo porque hoy resulta imposible obtenerlo todo. Abandonar a Pemex y renunciar a la exploración de nuevos yacimientos sería un suicidio, más aun después de la tímida reforma fiscal aprobada el año pasado.

El debate de la reforma energética y la transformación de Pemex se concentra en torno a una cuestión fundamental: cómo se van a lograr explorar y explotar los yacimientos petroleros en aguas profundas que sustituyan yacimientos que han comenzado su decadencia natural. Ninguna de las partes discute la necesidad de ir por este petróleo.

Desde el sector oficial, se insiste en que la falta de recursos hace necesario invitar a empresas privadas, sobre todo extranjeras, que ya tienen la tecnología a que se alíen con Pemex. La manera en que estas compañías aceptarían colaborar es con base en contratos de riesgo en donde la empresa privada es en parte beneficiaria de las reservas y podía contabilizar esas reservas como suyas ante Wall Street y sus inversionistas.

Hasta hace un par de años, esto era cierto, ninguna compañía del mundo vendría a explorar pozos si el riesgo no era compensado con reservas. Pero este principio que parecía inmutable está cambiando. Y todo comenzó en octubre de 2006 en Rusia.

Para explicarlo, reproduzco algunos fragmentos del artículo que escribiera Steve LeVine, periodista del New York Times y el Wall Street Journal y autor del libro El petróleo y la gloria, para The New Republic. En octubre de 2006, Rusia anunció que había decidido explorar y desarrollar por sí misma, a través de la compañía estatal Gazprom, los más grandes campos de gas natural del planeta en las aguas del ártico. Una zona conocida como Shtokman.

En otros tiempos, el anuncio hubiese provocado la hilaridad de las grandes compañías petroleras. Gazprom apenas tenía la tecnología para mantener sus campos activos. ¿Cómo iba a penetrar las frígidas aguas del Ártico? Gazprom sabía que no tenía esa tecnología, lo que haría, era contratar a una de las grandes petroleras para que hiciera el trabajo. Contratarlos como quien contrata a un empleado.

Ese simple anuncio, cambió décadas de ortodoxia en la industria petrolera, según la cual no importaba en qué país estuviera el yacimiento, gracias a contratos de riesgo, las petroleras podían acreditar en sus libros, parte de esas reservas como suyas. El volumen de reservas acreditadas, es el más importante componente en Wall Street para dar valor a una empresa.

Al principio se pensó que nadie le entraría al nuevo arreglo. Pero la francesa Total y la noruega StatoilHydro, aceptaron las condiciones de los rusos. ¿Porqué lo hicieron? LeVine documenta como en el mundo contemporáneo, las grandes empresas petroleras han comenzado a perder reservas acreditadas y cómo cada vez más, los gobiernos de países productores se están haciendo del control de sus reservas.

Hoy en día, países como Venezuela, Arabia Saudita, Rusia y otros, controlan entre 80 y 90 por ciento de las reservas petroleras y de gas del mundo. Las privadas tienen que aceptar nuevos modelos de negocio para seguir creciendo. Y el ejemplo de Shtokman ha demostrado que podrían no ser necesarios los contratos de riesgo.

La única condición es la velocidad. El mundo no espera que la política mexicana aliviane sus entuertos. La respuesta en el caso Mouriño no puede quedarse ahí. Si Calderón ha decidido subirse al ring más vale que lo haya hecho para lograr beneficios concretos para quienes gobierna y no sólo para defender a su amigo.

Cartón: Omar

UniversalPortada

Jornada: México S.A

México SA
Carlos Fernández-Vega cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
■ Violación legal y ética de las leyes
■ Empresario-funcionario

Cero y van dos. De la biografía impoluta, la niñez feliz y la bella provincia mexicana como táctica justificatoria, Juan Camilo Mouriño pasó al reconocimiento abierto de su doble condición (empresario-funcionario) con la que firmó, “ética y legalmente”, los contratos con Pemex-Refinación, en beneficio de Transportes Especializados Ivancar, propiedad de su familia.

Si resbaló feamente en la primera salida al ruedo (28 de febrero) tras la denuncia de Andrés Manuel López Obrador, al comparecer el jueves por la noche en la que considera la máxima tribuna del país, Televisa, Mouriño se fue de frente hasta estamparse en la pared.

El primer zombi político de cierto nivel que reporta el calderonismo, preocupado por lo que “las amas de casa” lleguen a pensar de él, aseguró que a la hora de firmar los citados contratos y siendo funcionario de la Secretaría de Energía (primero como coordinador de asesores del en ese entonces titular de la dependencia, Felipe Calderón, y después como subsecretario del ramo) “no tenía nada que ver con el tema de hidrocarburos”. De hecho, aseguró, “antes de firmar cualquier documento verificó que ese documento que voy a suscribir sea por el lado legal, y mi participación suscribiéndolo también lo sea; ese documento, que sí es auténtico, fue firmado y es absolutamente legal, y no hay ninguna participación ilegal de mi parte”.

Pues bien. Suficiente sería que Iván, y a su lado quienes ahora dicen que “no hay sustento jurídico” para proceder en contra del empresario-funcionario, echara un vistazo a tres documentos específicos: la Constitución, la leyes Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Orgánica de la Administración Pública Federal.

Allí encontrará elementos más que suficientes para constatar que, en efecto, violó la legislación vigente al firmar dichos contratos en su doble condición de funcionario de Energía y apoderado legal de Ivancar, y a la par se enteraría que uno de los principales “temas” que a la Secretaría de Energía corresponde atender es, precisamente, el de los hidrocarburos.

Será el preferido del inquilino de Los Pinos, pero en su artículo 108 la Constitución es clarísima (el destacado es mío): “para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la administración pública federal (como asesor o subsecretario, por ejemplo) o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”.

Si lo anterior provoca dudas en Iván, entonces deberá tratar con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual precisa, en su artículo 47, lo siguiente: (fracción XI) que el funcionario deberá “abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la Ley le prohíbe”; (fracción XIII) “excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”; (fracción XXIII) “abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte…”.

Mouriño confirma que Felipe Calderón “sabía de la firma de los contratos, pero no estaba enterado al detalle de las operaciones, o el detalle de estos contratos, por supuesto que no estaba enterado”. Pues aquí también Iván confiesa que violó la ley, porque la Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que, como funcionario (de la Secretaría de Energía, a la hora de firmar los referidos contratos) se obliga a (fracción XIV del propio artículo 47) “informar por escrito al jefe inmediato y en su caso, al superior jerárquico, sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos” mencionados, amén de (fracción XXII) “abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público”.

Y si en su paso por la Secretaría de Energía no se enteró, el delfín de Los Pinos está a tiempo de saber que Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece (artículo 33) que a esa dependencia del Ejecutivo corresponde “conducir la política energética del país… ejercer los derechos de la nación en materia de petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos; energía nuclear; así como respecto del aprovechamiento de los bienes y recursos naturales que se requieran para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público… Otorgar concesiones, autorizaciones y permisos en materia energética…”, entre otras actividades.

Por si fuera poco, alguien deberá informar a Juan Camilo Mouriño que “las autoridades competentes para aplicar la presente Ley (Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos) serán las Cámaras de Senadores y Diputados al Congreso de la Unión”.

Las rebanadas del pastel

Entonces, ¿cuál de los preceptos legales señalados violó el empresario-funcionario-delfín Mouriño? Todos.