miércoles, 20 de junio de 2007
martes, 19 de junio de 2007
lunes, 18 de junio de 2007
Jornada: ¿A poco sí van en contra del gober precioso?
La comisión que encabeza Silva Meza pedirá acción penal contra procuradores de Puebla y QR
Caso Lydia Cacho: recomendará la Corte someter a Marín a juicio político
Desaforar al presidente del TSJ poblano y destituir a la juez Rosa Celia Pérez, otras medidas
ALFREDO MENDEZ
La comisión especial que encabeza el ministro Juan N. Silva Meza recomendará, durante la lectura de su informe sobre la investigación del caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, sea sometido a juicio político en la Cámara de Diputados federal por ser quien presuntamente organizó la confabulación de servidores públicos de esa entidad para detener e iniciar acción legal en contra de la comunicadora.
Además solicitará que el pleno de la Corte autorice sugerir a la Procuraduría General de la República (PGR) que ejercite acción penal en contra de los procuradores de Puebla y de Quintana Roo, Blanca Laura Villeda Martínez y Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, respectivamente, ya que en diciembre de 2005 ambos intercambiaron llamadas telefónicas para coordinarse con la intención de detener a Cacho en Cancún.
También recomendará que sea desaforado el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, a fin de que se le pueda consignar ante tribunales.
Según consta en dicho informe existen registros documentales de que Pacheco operó de manera irregular para que se cambiara la decisión de una juez penal que originalmente había negado una orden de aprehensión en contra de Lydia Cacho, autora del libro Los demonios del Edén, dentro del juicio por difamación y calumnias que en 2005 inició en su contra el empresario textilero Kamel Nacif Borge.
Asimismo, la comisión se manifestará por la destitución de la juez de lo penal Rosa Celia Pérez Camacho, quien ordenó en diciembre de 2005 la captura de la comunicadora, ya que inicialmente negó la medida cautelar, pero después, presuntamente recibiendo indicaciones de sus superiores, libró la medida. Fue ella quien dictó formal prisión en contra de la periodista y escritora, pero luego de su determinación se declaró incompetente para continuar con el juicio y lo turnó a las autoridades judiciales de Quintana Roo.
Por otra parte, el ministro Silva Meza sugerirá a sus compañeros que la Corte se manifieste en el sentido de exhortar a las autoridades ministeriales para que sean consignados y procesados por un juez los policías poblanos José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas, quienes participaron en la detención de la periodista, el 16 de diciembre de ese año.
Según consta en el apartado de recomendaciones del mencionado informe, al que tuvo acceso La Jornada, se sugiere a los ministros que se pida a los jueces del país encargados de juzgar la comisión de delitos relacionados con actividades de pederastia -especialmente los que llevan los procesos contra el estadunidense Jean Succar Kuri- que consideren en sus juicios la necesidad de proteger las garantías constitucionales y derechos de las víctimas y ofendidos, a fin de salvaguardar la integridad de la niñez. Otra recomendación que será analizada por el pleno de la Corte menciona que es necesario exhortar al Congreso de la Unión a que legisle en materia de protección a la infancia y se creen tribunales especializados en juicios relativos a la trata de menores, explotación sexual infantil y pederastia.
Según fuentes judiciales consultadas, la idea es que existan órganos jurisdiccionales especializados en el país que conozcan el perfil de sujetos con inclinaciones a las prácticas de pederastia, para que se pueda impartir ''justicia expedita'' y con ''conciencia humana'' en casos de violaciones a menores, explotación sexual y pornografía infantil.
Una sugerencia más que la comisión especial hace en su informe final es la relativa a que el Congreso de la Unión realice los ajustes normativos correspondientes para que se ordene la creación de una institución pública que atienda las necesidades de las víctimas y ofendidos que fueron afectados por prácticas ligadas a pederastia.
La recomendación a los legisladores es que dicha institución brinde atención siquiátrica y/o sicológica especializada para atender los daños colaterales a una violación sexual, explotación infantil o actividades delictivas similares, ya que está demostrado científicamente que ese tipo de acciones ilegales provoca entre niños y adolescentes afectados síndromes como el de Estocolmo y el de estrés postraumático.
La comisión que encabeza el ministro Silva Meza, integrada por los magistrados Enrique Escobedo Angeles, Emma Meza Fonseca y Sergio Alvarado Puente, realizó durante más de dos meses inspecciones judiciales en los estados de Puebla y Quintana Roo. Su trabajo consistió en recabar pruebas documentales y periciales, testimonios de víctimas y funcionarios implicados en este caso de presunta confabulación de servidores públicos, por un lado, y de una presunta red de pederastia internacional que opera desde Cancún, con conexiones en al menos cinco entidades mexicanas y en diversos países.
Desde la semana pasada fue repartido a cada uno de los 11 ministros que integran el máximo tribunal copia del informe elaborado por dicha comisión, así como el apartado de las recomendaciones que están a consideración de los juzgadores y que serán discutidas durante la sesión del caso, la cual se espera que pueda empezar el próximo jueves. Hasta el pasado viernes, el informe elaborado por dicha comisión de la Corte contaba con el respaldo total de cinco ministros.
A decir de las fuentes consultadas, el ministro Silva Meza cuenta hasta el momento con el respaldo de los ministros Genaro David Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero, Fernando Franco González Salas y José Ramón Cossío. Se sabe también que los juzgadores ligados al ala conservadora de la Corte, entre ellos Mariano Azuela, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Sergio Valls y Margarita Beatriz Luna Ramos, se oponen terminantemente a que se admitan las propuestas de la comisión especial, ya que, desde su perspectiva, hacerlo de esa manera significaría dar facultades de Ministerio Público al máximo tribunal.
Para que sean aprobadas las sugerencias del informe que elaboró Silva Meza en más de dos meses de trabajo, se requiere una votación mínima de seis ministros que se manifiesten en ese sentido, por lo que el voto del presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, puede ser la diferencia en este litigio en el que la Corte sólo emite una opinión que jurídicamente no es vinculante (obligatoria) para los poderes Legislativo y Ejecutivo federal y estatales. El informe señala que, desde hace más de 20 años, en diversas ciudades del país operan redes de prostitución infantil con nexos internacionales, las cuales afectan gravemente el desarrollo físico, moral, ético y sicológico de la niñez mexicana.
Respecto de la participación del llamado góber precioso en la detención ilegal de Lydia Cacho, y el inicio irregular de la acción penal en contra de ésta, el informe -comentaron fuentes judiciales- plantea que sí hay elementos que involucran al funcionario estatal y otros empleados de su administración; sin embargo, no menciona que se hayan detectado nexos entre Marín y las redes de pederastia que hay en el territorio nacional.
La responsabilidad del mandatario poblano se limita a haber permitido a sus subordinados detener, procesar y causar afectaciones sicológicas a Lydia Cacho, en respuesta a una petición del empresario Kamel Nacif.
En cuanto al problema de prostitución infantil detectado, el informe del ministro señala que no ha sido atendido por las autoridades federales, estatales ni municipales del país, lo que se ha traducido en total impunidad para los responsables. Según fuentes judiciales de alto nivel, la comisión no determinó ningún vínculo de Marín y Nacif Borge con la red de pederastia que encabezó, desde Cancún, Jean Succar Kuri.
Se prevé que el próximo jueves se inicie la discusión en el pleno de la Corte sobre el caso Lydia Cacho.
domingo, 17 de junio de 2007
Universal: “Un grave error penalizar el aborto”
“Un grave error penalizar el aborto”
RUBÉN ÁLVAREZ MENDIOLA El Universal Domingo 17 de junio de 2007
Ruy Pérez Tamayo se lanza a dar la batalla por la vida y a defenderla bajo los principios de la bioética. Escrupuloso protector del derecho a disentir, esta eminencia médica de 82 años defiende con emoción la despenalización del aborto y de la eutanasia .
"No tengo ninguna razón para creer en la vida eterna".
Así, contundente y animado, el doctor Ruy Pérez Tamayo responde a la pregunta de lo que ocurrirá después de la muerte. "Nada -dice-, no habrá nada de mí como no había nada de mí antes de nacer". Reconciliado, entonces, con el destino, Pérez Tamayo se lanza a dar la batalla por la vida y a defenderla bajo los principios de la bioética, identificada como la ciencia de la supervivencia y prerrequisito para mejorar la calidad de vida.
Al menos así define a la bioética en su propio y más reciente libro, Diccionario incompleto de bioética (Taurus), escrito a cuatro manos con su amigo, el doctor Arnoldo Kraus. Cree que las religiones sólo postergan las respuestas a las preguntas fundamentales que no tienen aún solución y que Dios es parte de esa respuesta. Es, no obstante, un escrupuloso defensor del derecho a disentir y a opinar, a confrontar y discutir, a tolerar el punto de vista de los que no piensan como él. "Yo no podría pedirle a nadie que viva con mis convicciones", dice.
El doctor Ruy Pérez Tamayo es pura emoción. De trato amable y buen humor a flor de piel, esta eminencia médica nacida hace 82 años en Tampico -pero de origen yucateco- y con tres doctorados Honoris causa se emociona de verdad cuando recuerda su formación en los difíciles años de la expropiación petrolera. Y defiende con emoción la despenalización del aborto -"nadie está en favor del aborto", apunta-, y de la eutansia como derecho del individuo que la solicita.
Así es, pero no todos lo confiesan y Arnoldo y yo pensamos que sería bueno confesarlo de entrada. Esto va a crecer porque no incluimos todas las palabras que podrían haber sido incluidas, sino porque está creciendo y van a haber nuevas cada día, entonces decidimos llamarle por su nombre: "diccionario incompleto". Es un diccionario atípico e incompleto.
La ciencia se basa en hacerse preguntas, es hermana carnal de la filosofía. Pero la ciencia avanza y contesta sus preguntas, mientras que la filosofía sigue haciéndose las mismas preguntas de siempre.
Bueno, bioética es un término de moda aunque desde hace muy poco, desde 1971, cuando el término fue inventado por un bioquímico que estudiaba cáncer de hígado, el doctor (Van Ensselaer) Potter. Él dijo: ¿qué es lo que está pasando con la sociedad contemporánea? Estamos destruyendo a la naturaleza con el avance tecnológico (y) lo que deberíamos de hacer es vivir de acuerdo con ella.
Potter dijo: ¿qué es lo que necesitamos para no echarla a perder? Necesitamos conocimientos, necesitamos saber más, ¿saber más de qué?, saber más de la vida, de todos los seres vivos, de los animales y de las plantas y del planeta en el que vivimos. Entonces dijo "si el conocimiento que estoy buscando es conocimiento biológico y se refiere al comportamiento moral del individuo, le voy a llamar Bioética", así nació el término.
No, no, no. Es usted muy generoso, yo creo que sí se nos nota. Se nos puede pisar la cola fácilmente, nosotros tenemos opiniones bien definidas y espero que bien basadas en opiniones y argumentos.
Hay muchas definiciones. Al final de cuentas uno siempre termina en una definición personal, lo que representa para mí los niveles más elevados a los que yo aspiro de calidad de vida no son necesariamente los mismos a los que aspira un diputado o un campesino. La calidad de vida, como la dignidad humana, son asuntos estrictamente personales.
Yo he sido extremadamente afortunado; he tenido una vida muy satisfactoria, muy feliz, una familia magnífica, una profesión extraordinaria, unos alumnos espléndidos y yo la defino como más de lo mismo, mientras yo siga como he vivido en los últimos 82 años, voy a estar viviendo muy feliz.
Sí y no. Hay aspectos admirables en este país y no podría vivir en ningún otro. Mis raíces me encantan, me encanta México, sus tradiciones. Yo soy mexicano de corrido, pero no hay nada perfecto, desde luego mi país no lo es. Este país me ha dado educación, salud, trabajo, la oportunidad de cambiar las cosas y creo que nosotros lo vamos a hacer.
Hay factores que determinan la corrupción, la degeneración del tejido social, pero como buen tejido, en sentido biológico, el tejido tiene capacidad de regeneración, de manera que se le puede hacer daño, pero el tejido tiene capacidad de recuperar su estructura, se regenera. Una de las características de la vida es ésa, la regeneración y nosotros nos estamos regenerando todo el tiempo.
Nooo. Hay que hablar todo el tiempo, los que estamos en favor del aborto estamos en favor de la despenalización del aborto, que no sea crimen, que sea una opción, que sea una decisión de la mujer, que decida qué va a hacer con su cuerpo y con su vida, que no sea un crimen el que la persona pueda decidir sobre sí misma con toda la libertad. Se trata de un problema de salud pública, ¿vamos a seguir agravándolo llamándolo delito?
Yo estoy en favor de la vida, pero la vida incluye a la madre también, no nada más al producto de la concepción. Hay que ver cómo son las estadísticas de la delincuencia, quiénes son los que más delinquen. El 90% de los que más delinquen son niños no deseados. Allí no hubo aborto, se permitió el embarazo, nació el producto, no fue educado con el amor de una persona deseada.
Cuando me dicen "estás matando a un ser humano", hay que decir que son opiniones. Mi opinión es que el ser humano es una entidad en construcción, que empieza por cero y termina por 100 y que en este camino es arbitrario el momento en el cual se decide cuándo un organismo en desarrollo es ya un ser humano.
Aristóteles decía que es cuando sale del útero, hay quien dice que es en el momento de la fecundación porque es cuando se incorpora el alma: ésta es la opinión del Vaticano; hay quien dice que es cuando se incorporan las circunvoluciones cerebrales porque el producto no tiene sensaciones. Yo digo que la opinión que debe prevalecer es aquélla que haga más justicia a todos. Porque somos una sociedad plural, yo no le voy a pedir a nadie que viva con mis convicciones.
No sólo sería un retroceso, sino un error muy grave porque estas demandas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la República están muy mal hechas. Si la Suprema Corte de Justicia las acepta entonces sí sería un paso atrás.
No habría ningún cambio, nosotros seguimos estando enamorados de la vida y seguiríamos peleando porque se despenalice el aborto, que deje de ser un crimen.
No, no tengo absolutamente ninguna razón para creer eso.
Yo pienso que la eutanasia es un derecho del individuo que la solicita y que está en la capacidad de hacerlo. Del mismo modo que tiene derecho a la vida, tiene derecho a la muerte. A la muerte como la defina el individuo que se va a morir. No el Congreso, no el cura, no el médico, sino el que se va a morir. Él tiene el derecho a decidir cuándo se quiere morir.
En la actualidad sí, se ejerce. Pero le cuento una anécdota: un profesor mío estaba en un respirador con un tumor maligno, sin ningún remedio, estaban manteniéndolo vivo los aparatos. La esposa le pidió al doctor que apagara el aparato, ya no tenía ningún sentido; el médico le dijo a la señora "¿por qué yo señora?, hágalo usted". La señora dio dos pasos y apagó el aparato. En mi opinión hizo lo que debía hacer.
Que es un disfraz del creacionismo y yo soy darwinista. Es un disfraz de religiosos que se han disfrazado de científicos con lo del famoso diseño inteligente, que en esencia lo que dice es que hay cosas que no podemos explicar más que con la inteligencia divina. Lo que los científicos hemos hecho es encontrar las explicaciones de aquellas cosas para las que no las teníamos y cada vez tenemos más explicaciones.
Unos sí, otros no, puede haber de chile, de dulce o de mole. Hay gente que ha aceptado el hecho. Yo sé que un día me voy a morir, no me asusta la muerte. Cuando muera no quedará nada de mí, del mismo modo que antes de que yo naciera, no había nada de mí. No tengo angustia.
Noooo, la vida vale todo, la vida, mientras dure, hay que vivirla con la mayor felicidad posible, la vida vale todo, la muerte es la que no vale nada, así debería ser el corrido.
La religión consiste en esto: sin muerte no hay resurrección y sin resurrección no hay iglesia. Entonces, hay que ver qué es la resurrección, la promesa de algo que se va a cumplir (y) se posterga con una promesa. La religión es postergar la respuesta a preguntas para las que no tenemos respuesta. Dios es parte de esa respuesta.
Las dos cosas, el polvo es química.
Es completamente cierta.
Yo estoy abierto a todo.
Jornada: Fox y sus cuentas
El principal manejo irregular de recursos se dio en Energía, con 8 mil 400 millones
En el "mejor año" del gobierno de Fox, quebranto de $26 mil 342 millones
Señala la Auditoría Superior de la Federación que en 2005 se redujo el daño al erario
ROBERTO GARDUÑO
La Cámara de Diputados reveló la existencia de un quebranto de fondos públicos por un monto de 26 mil 342 millones de pesos en el penúltimo año de gobierno de Vicente Fox Quesada, considerado el "mejor" en ese aspecto entre 2002 y 2005.
Las conclusiones de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, derivadas del análisis del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005 manifiesta que el manejo irregular y turbio de dinero público se encontró en los siguientes sectores:
- Energía (8 mil 400.7 millones de pesos);
- Hacienda y Crédito Público (6 mil 293.2 millones);
- Salud (4 mil 290.9 millones);
- Entidades federativas(2 mil 813.1 millones);
- Educación Pública (mil 629.2 millones de pesos),
- Entidades no coordinadas sectorialmente (777.9 millones de pesos).
Estos sectores en conjunto concentran 92 por ciento del monto total de la cuantificación monetaria de las observaciones".
Jornada: Sosamontes condena
Sosamontes condena que se publique agenda de Ahumada "de hace 4 años"
Señora Carmen Lira: Cuando por intereses de grupo político y económico un medio de comunicación, como el que ustedes hacen, ha decidido perseguir, acosar, hacerla de fiscal, juzgar, condenar y castigar por encima de la moral, la ética, de las instituciones e incluso de las consideraciones que todo ser humano debe tener, simplemente hay que ignorarlo y, desde mi ser, reprobarlos.
A cuatro años, una agenda, ¿inventada, comprada, filtrada oficialmente, vendida? ¿A partir de un escrito, condenar, cual Torquemada, para quemar en la hoguera? Qué bajezas. A partir de cada agenda que tengan ustedes se podrían derivar conjeturas miles, y desde luego que, en su caso, sería interesante para sus lectores conocerlos y aclararlos. Habrá cosas que podrían explicar. Para qué "refritear" datos de hace cuatro años, ¿reales?, de parte de quién y para qué.
Simplemente que Dios los bendiga y los perdone, así como a los que se dijeron amigos, y que dejaron de serlo porque se podría enojar el señor, y no les iba a tocar algún puesto, o ponerse en entredicho para las posiciones que ahora se buscan, y cuyas conductas son cuestionables, como la de cualquier político del régimen tradicional mexicano.
Van a seguirle hasta 2012 y tendrán material que inventar o comprar, hasta que por sus intereses den los giros que les convenga.
Claro que esas actitudes, la misma foto, molestan y agreden, sobre todo en mi trabajo para la manutención de mi familia. Volver a empezar y tener dificultades por el "juicio" de su medio, valga decirlo, injusto y avieso.
Simplemente nada qué decir.
¿Se publicará?
Ramón Sosamontes H.
Jornada : ¿Impunidad?
Jaime Cárdenas propondrá al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal que lo cite
Debe el juez Rubalcava aclarar su nexo con Ahumada, "bajo protesta de decir verdad"
Los titulares de TSJDF y PGJDF tuvieron que saber que no podía conocer del tema: diputado
GABRIELA ROMERO, ANGEL BOLAÑOS, GEORGINA SALDIERNA
El consejero Jaime Cárdenas Gracia pedirá al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (CJDF) citar al juez 12 de lo penal, Alberto Rubalcava Ramírez, para que, bajo protesta de decir la verdad, aclare cuál es su relación con el empresario Carlos Ahumada Kurtz. Cuestionado sobre la información publicada ayer por La Jornada, en la que se advierte que en la lista de gastos de promoción de venta (GPV) que figura en la agenda de 2003 y en el directorio telefónico de Ahumada aparece el nombre de Alberto Rubalcava, el cual coincide con el del juez 12 de lo penal que lo liberó, Cárdenas Gracia puntualizó que el CJDF debe realizar una investigación a fondo, ya que de confirmarse esto, el juez debió excusarse de conocer del caso.
Manifestó que en esta revisión tiene que incluirse lo referente a la compra del predio de San Andrés Topilejo, en la delegación Tlalpan, para conocer el nombre del juzgador que otorgó la propiedad del terreno comunal al dueño de Quart y si el juicio que se siguió fue por la vía penal o civil.
Recordó que a mediados de mayo, los integrantes del CJDF aprobaron la creación de una comisión especial, de la que él forma parte, junto con los consejeros Sergio Casanueva y Luis Manuel Márquez Lugo, cuyo objetivo es investigar la actuación del citado juez, en especial en lo relativo al proceso que realizó para que en sólo 14 días leyera las 76 mil 500 hojas que integran el expediente de Carlos Ahumada, cerrara la instrucción y determinara su absolución.
Asimismo, Cárdenas Gracia afirmó que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) podría solicitar que se incorporen como prueba superveniente a la apelación que presentó contra la resolución del juez 12 de lo penal, la lista de gastos de promoción de venta (GPV) y el directorio de 2003 del empresario.
En el mismo sentido se manifestó la consejera jurídica y de servicios legales del Gobierno del Distrito Federal (CJSL), Leticia Bonifaz Alfonzo, quien remarcó que de confirmarse que el juez Alberto Rubalcava Ramírez es quien aparece en la lista de gastos de promoción de venta (GPV), según la agenda del empresario, la procuraduría capitalina y el Consejo de la Judicatura deberán investigar si incurrió en alguna responsabilidad.
En tanto, el secretario general del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, señaló que el juez que liberó a Carlos Ahumada debió haberse excusado de conocer del caso, pues se trata de un funcionario que tenía trato con el empresario desde 2003, por lo menos.
Manifestó que la aparición del nombre del juez Rubalcava en la agenda de Ahumada viene a confirmar las múltiples sospechas de que le pusieron un juez a modo para excarcelarlo.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el diputado Daniel Ordóñez, adelantó que solicitará al presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF), José Guadalupe Domínguez Carrera, una explicación por la asignación del juez 12 de lo penal, Alberto Rubalcava, en este caso. "Se supone que él debe estar al tanto de todo esto".
Asimismo, se hará una valoración de la actuación del procurador capitalino, Rodolfo Félix Cárdenas, quien pudo solicitar la excusa del citado juez en el caso. "La procuraduría debió advertir la coincidencia en el nombre que aparece en la agenda de Ahumada, e investigar, ¿o no lo hicieron?", preguntó el diputado.
sábado, 16 de junio de 2007
Jornada: ''favoritos'' de Ahumada
Se confirma que panistas recibieron dinero del dueño de Quart, señala Ebrard
El apellido del juez que liberó a Ahumada, en lista del empresario
Escriben Rubalcaba
GABRIELA ROMERO SANCHEZ
Ayer se marcaron los números telefónicos registrados en el directorio que le llevaba Nora Patricia Millán Sánchez, cuyo nombre se halla al final de cada página. En el que aparece registrado como de su domicilio se preguntó por el juez Ruvalcaba. "Ya no vive aquí", respondieron. Es decir, cuando menos desde 2003, el juez Ruvalcaba o un homónimo aparecía en la lista de GPV.
En sólo 14 días el juez Alberto Ruvalcaba Ramírez leyó las 76 mil 500 hojas del expediente que integró la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal solicitando una nueva orden de aprehensión contra Ahumada -por fraude por 9 millones de pesos contra la delegación Alvaro Obregón-, y lo absolvió.
En su edición de ayer, La Jornada publicó extractos de lo escrito en una agenda por una de las secretarias de Ahumada durante 2003, en la cual se registran "entregas de dinero" y regalos, favores varios, así como las citas y reuniones del empresario con funcionarios, políticos, periodistas y personajes del ambiente futbolístico, entre otros.
Al principio de la agenda se encuentra un listado de más 50 nombres, los cuales aparecen en el apartado "gastos de promoción de venta", identificados además con un número. En el lugar 31 se ubica a A. Rubalcaba.
Al principio de la agenda se encuentra un listado de más 50 nombres, los cuales aparecen en el apartado "gastos de promoción de venta", identificados además con un número. En el lugar 31 se ubica a A. Rubalcaba.
En el lugar 34 de la lista de GPV figura el nombre del entonces candidato perredista a la gubernatura de Morelos, Graco Ramírez, así como los de los actuales diputados del sol azteca José Luis Morúa, del Distrito Federal, e Higinio Martínez, del estado de México, quienes aparecen con los números 27 y 44, respectivamente.
En el número 3 figura Balderas, junto a las iniciales ABM, las cuales coinciden con Alejandro Balderas, quien fue funcionario primero en la delegación Alvaro Obregón y luego en Tláhuac y apareció muerto en su casa. La versión fue que borracho se cayó de las escaleras y murió, pero no fue aclarado.
Se dijo que Balderas tenía información de Ahumada.
En mayo aparece el nombre de René Bejarano, entonces candidato a diputado local por el PRD, quien le solicitó pases para el estadio de Ciudad Universitaria.
Entre los regalos que Ahumada hizo en 2003 sobresalen un automóvil Neón para el entonces delegado de Alvaro Obregón, el panista Luis (Eduardo) Zuno (GPV22). Asimismo se hace referencia a la cotización de una camioneta para Ramón Sosamontes (GPV09), aunque no se mencionan montos; dos camionetas que se le prestan a la entonces candidata del PRD a la jefatura delegacional de Alvaro Obregón, Leticia Robles.
También se menciona la compra de botellas de vino de la marca Petruss, con un precio de 15 mil pesos cada una, y pagos a la joyería Peyrelongue.
Descarta el GDF que la procuraduría haya cometido errores procesales
Descarta el GDF que la procuraduría haya cometido errores procesales
JOSEFINA QUINTERO Y ANGEL BOLAÑOS
El jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo Ebrard Casaubon, señaló que la información contenida en la agenda de Carlos Ahumada Kurtz confirma algo que se conocía desde hace tiempo: que también políticos panistas recibieron dinero del empresario.
En tanto, Juan José García Ochoa, subsecretario del GDF, afirmó que se trata de una evidencia que serviría a la Procuraduría General de Justicia capitalina para continuar la investigación contra el dueño del grupo Quart, ante la decisión "equivocada" del juez que conoció del caso, Alberto Ruvalcaba Ramírez, quien dejó en libertad al empresario.
En breve entrevista, luego de encabezar un acto en el Zócalo, Ebrard comentó respecto de la información que publicó ayer este diario sobre políticos y funcionarios panistas y perredistas incluidos en una lista de personas que recibieron pagos bajo el concepto de gastos de promoción de venta: "bueno, eso ya se sabía; es algo que confirma lo que ya sabíamos, que se ha hecho público".
A su vez, García Ochoa descartó que se hayan cometido errores procesales que permitieran la libertad de Ahumada, y confió en que la procuraduría capitalina presentará pruebas que reforzarán la acusación contra el empresario por el delito de fraude genérico.
"Lo que sí nos sorprendió sobremanera fue cómo se aceleró el proceso judicial de su libertad; es decir, a la acumulación de una serie de casos, la salida repentina del juez, la integración de un nuevo impartidor de justicia que pese a los cientos de páginas del expediente en el transcurso de unos cuantos días se tomó la decisión (de dictar el auto de libertad) que nos parece sorprendente."
Tras participar en la segunda sesión del Consejo Asesor de Desarrollo Urbano y Vivienda, el subsecretario comentó que el gobierno de la ciudad va a observar "las actuaciones de Ahumada, y si de ahí se derivan delitos vamos a proceder".
Sobre las medidas de prevención para impedir que empresarios como Ahumada intervengan en obras públicas, manifestó que hay una supervisión exhaustiva por la Contraloría General de todos los procesos de contratación, licitaciones y adjudicaciones directas.
Como militante del sol azteca -al cual pertenecieron personajes que aparecen en los registros de la agenda-, indicó que el instituto político ha pugnado incluso en la Cámara de Diputados para que se limiten los recursos y se fiscalicen mejor las campañas, así como que los partidos estén sujetos a la Ley de Transparencia.
Precisiones de González Roaro
Aclaración de Romero Hicks
En relación con la nota periodística publicada ayer, firmada por Agustín Salgado y Gabriela Romero Sánchez, bajo el título "Aparece agenda con clientes de Carlos Ahumada", me permito hacer la siguiente aclaración:
La única comunicación que hubo entre Juan Carlos Romero Hicks, en su calidad de gobernador de Guanajuato, con el entonces empresario Carlos Ahumada, fue una llamada telefónica para tratar un asunto relacionado con los terrenos aledaños al Club de Futbol León, del cual Ahumada era dueño. A eso se reduce el asunto. Nunca existió un trato personal y directo entre ambos.
Agradezco de antemano la publicación de la presente y me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.
Miguel Angel García García
En relación con la nota publicada ayer en La Jornada en la que se menciona que recibí beneficios económicos de Carlos Ahumada Kurtz, me permito hacer las siguientes precisiones:
1. A invitación expresa de Carlos Salomón Cámara asistí a un encuentro de carácter social con quien en ese entonces era propietario del periódico El Independiente. La segunda ocasión que establecí un diálogo con Ahumada fue de manera fortuita y no volví a tener contacto de ninguna índole con él.
2. Por lo que rechazo las insinuaciones dolosas, de mala fe, que me involucran en hechos que vulneran mi honorabilidad y mi ética. Por lo que me reservo a ejercer las acciones jurídicas que considere pertinente.
Atentamente,
Diputado Benjamín González Roaro
viernes, 15 de junio de 2007
Jornada: PEMEX
El "déficit de caja" de la paraestatal creció 322.5% en cuatro meses, informa
Al gobierno federal, 3 de cada 4 pesos por ventas de Pemex: Banco de México
JUAN ANTONIO ZUÑIGA
Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa más importante del país, destinó al pago de impuestos, derechos y aprovechamientos más de 3 de cada 4 pesos de los ingresos que obtuvo por la venta de sus productos en los cuatro primeros meses del año, indican informes de la paraestatal, el Banco de México (BdM) y la Secretaría de Hacienda.
La carga tributaria de Pemex absorbió 75.3 por ciento de sus ventas, representó 31 por ciento del ingreso total del gobierno federal y fue equivalente a 50.2 por ciento de los recursos tributarios obtenidos por la hacienda pública entre enero y abril de 2007.
El peso fiscal impuesto por el Congreso de la Unión a la petrolera mexicana es de tal magnitud, que su déficit de caja se elevó de 7 mil 249.5 millones de pesos en los primeros cuatro meses de 2006, a 30 mil 627.1 millones en el mismo lapso de 2007, lo que significó un incremento anual de 322.5 por ciento en la insuficiencia de recursos líquidos para cubrir sus gastos.
Así, prácticamente sin recursos propios para financiar las actividades de exploración y producción de crudo, su eje central de actividades, la décima empresa petrolera del mundo transfirió por la vía impositiva 191 mil 507 millones de pesos al gobierno federal durante el periodo considerado.
En forma comparativa, la contribución fiscal de Pemex en los cuatro primeros meses del año, representó 93.2 por ciento de los 205 mil 461 millones de pesos recaudados en el mismo tiempo, a través de la aplicación del Impuesto Sobre la Renta, el principal gravamen de la estructura tributaria del país.
Según los informes oficiales, el ingreso total por ventas obtenido por la paraestatal petrolera fue de 254 mil 103.4 millones de pesos entre enero y abril del año en curso, de los cuales 68.9 por ciento provinieron del consumo de sus productos en el mercado interno y 31.1 por ciento restante de sus ventas externas, principalmente de petróleo crudo.
El pago de impuestos, derechos y aprovechamientos realizado por Pemex durante este año absorbió la totalidad de los 175 mil 15 millones de pesos obtenidos por la empresa a través de la realización de la venta interna de sus productos. Pero además requirió de 16 mil 492 millones de pesos más de los ingresos por exportaciones, para cumplir con la carga fiscal que le ha sido impuesta por diputados y senadores del Congreso de la Unión.
Bajo estas circunstancias, el deterioro de las finanzas de Pemex se expresa en un déficit primario que al término de abril reciente ascendía a 40 mil 579 millones de pesos, el más elevado de los últimos 7 años para un periodo similar, y el cual fue 144 por ciento superior al registrado en los primeros cuatro meses de 2006.
Durante el año en curso, los ingresos obtenidos por Pemex a través de la venta de sus productos y de la prestación de algunos servicios ascendieron a 277 mil 979.5 millones de pesos, 5.2 por ciento más en términos nominales a los alcanzados entre enero y abril de 2006.
Jornada: Oaxaca
Cinco ministros, por investigar; cuatro, en contra
Se agudiza la pugna en la Corte por el caso Oaxaca
Las consecuencias siguen presentes: Góngora
Aguirre critica uso del tribunal para que renuncien gobernadores
JESUS ARANDA
Integrantes de la APPO colocaron una barricada en Cinco Señores, Oaxaca, al conmemorar el fallido desalojo de la policía estatal del 14 de junio de 2006 Foto: Blanca Hernández
Integrantes de la APPO colocaron una barricada en Cinco Señores, Oaxaca, al conmemorar el fallido desalojo de la policía estatal del 14 de junio de 2006 Foto: Blanca Hernández
"Si bien Oaxaca no continúa en llamas, está ardiendo internamente; las consecuencias del conflicto siguen presentes" y la sociedad oaxaqueña está esperando justicia, sostuvo el ministro Genaro David Góngora Pimentel. "Hay heridas que no han cerrado y es un foco que en cualquier momento puede estallar", agregó.
Al fundamentar las razones por las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe ejercer su facultad de investigación para determinar si hubo violación grave a las garantías individuales en esa entidad, Góngora dijo a sus compañeros del pleno que en esa entidad "el trance no ha concluido y es necesaria nuestra intervención".
A su vez, Sergio Salvador Aguirre Anguiano no sólo se pronunció por que la Corte no ejerza la facultad prevista en el artículo 97 constitucional, sino que además sostuvo: "me parece oprobioso que se use a la Suprema Corte como la mano del gato para que renuncien gobernadores".
Al concluir ayer la sesión de la Corte y en espera de que se reanude la discusión el próximo lunes, se conoce la postura de nueve ministros, cinco en favor de la investigación y cuatro en contra, y falta que definan su postura el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Margarita Luna Ramos.
El proyecto de dictamen elaborado por Juan N. Silva Meza, en el que dio por sentado que se violaron gravemente las garantías individuales de los oaxaqueños en el periodo que va del 2 de junio de 2006 al primero de enero de este año, fue cuestionado por varios ministros, en el sentido de que si el documento afirmaba que hubo violaciones, entonces para qué se hacía la investigación.
También criticaron que se le diera entrada, como una de las razones fundamentales, por el hecho de que lo solicitó la Cámara de Diputados, a la cual el proyecto señala como la representación democrática del pueblo, ya que, comentaron los ministros, la facultad de investigación de la Corte es "discrecional".
Cada quien con su propio matiz, finalmente Góngora Pimentel, José Ramón Cossío y Fernando Franco se sumaron a la propuesta de Silva Meza. Trascendió que la ministra Olga Sánchez Cordero hará lo propio en la próxima sesión.
Quienes hablaron en contra de que la Corte intervenga fueron Aguirre Anguiano, Mariano Azuela, José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio Valls.
En su intervención, Góngora Pimentel sostuvo que una suspensión de facto de garantías, como ocurrió en Oaxaca, "requiere la intervención de la Suprema Corte". El Estado, dijo, no puede renunciar a proteger al hombre por disturbios sociales, ni aun en caso de emergencia, y señaló que en este caso la Corte "no puede ser omisa en actuar a favor del restablecimiento del orden constitucional a través de su investigación y, en su caso, de sus recomendaciones".
No podemos permitir que "el incendio de ciudades, procesiones fúnebres al compás de Dios nunca muere, causadas por autoridades, detenciones arbitrarias y tortura de prisioneros, se vuelvan ordinarias y normales en nuestro país; la anarquía y la Constitución que defendemos son antagónicas, por eso debemos investigar", enfatizó.
En su argumentación, el ministro cuestionó también las graves violaciones a los derechos humanos en los arrestos y en los traslados de los detenidos. "¿Qué tienen que hacer los presuntos delincuentes en las cárceles de Nayarit?, ¿qué pasó en los trayectos, se detuvo a los líderes del movimiento por motivos políticos?"
Recordó cuando el 4 de diciembre del año pasado los líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Flavio y Horacio Sosa Villavicencio, Ignacio García Maldonado y Marcelino Coaché, después de anunciar que al día siguiente sostendrían su primera reunión con el gobierno de Felipe Calderón, minutos después fueron detenidos y enviados al penal de máxima seguridad del Altiplano.
"Me acordé de lo que relata el historiador James Michener en su libro Caribe, cuando narra que Napoleón Bonaparte mandó a Haití, en 1802, a su cuñado, el general Le Clerc, para aplacar la revolución comandada por Toussaint L'Ouverture. Le Clerc recibió una carta de Napoleón con instrucciones muy detalladas, tenía que invitar al rebelde a negociar en un barco francés y darle todas las seguridades para que aceptara"; al subir al buque fue arrestado y enviado a Francia, donde murió en un calabozo.
"¿También se habrá hecho así el 4 de diciembre de 2006?", cuestionó.
En respuesta, Aguirre Anguiano justificó que "el estado de inseguridad y violencia" que prevaleció en el estado que gobierna Ulises Ruiz era atribuible "a grupos particulares y no a autoridades", y que por eso el reclamo social fue el restablecimiento del orden y la paz sociales, de manera que "la afectación a la forma de vida en esa entidad no fue ocasionada, como erráticamente afirma el proyecto y tiene por demostrado el uso ilimitado de la fuerza pública, sino motivado por esos grupos de particulares que disturbiaron el orden y la paz pública".
Al igual que Azuela, Aguirre dijo que tampoco tenía caso investigar, porque las recomendaciones de la Corte no son vinculantes, y que al no haber una reglamentación al procedimiento que debe seguir una comisión investigadora, se abría la posibilidad para que el máximo tribunal se colocara incluso arriba de la Constitución.
En el intenso escarceo, Góngora manifestó a sus compañeros que cuando la Corte investigó la matanza de Aguas Blancas, el pleno rechazó inicialmente una propuesta suya para ejercer la facultad prevista en el artículo 97 constitucional, pero cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo formalizó la petición, entonces sí, la Corte aceptó. Azuela trató de desvirtuar lo dicho por Góngora e incluso sostuvo que éste -en esa ocasión apoyado por Gudiño- no había hecho tal petición.
Durante el receso, Góngora se acercó a Azuela para refrescarle la memoria, y cuando se reanudó la sesión, el segundo reculó y aceptó su error.
El próximo jueves se reanuda la discusión del caso.
Jornada: ''favoritos'' de Ahumada
Plasmadas, ''entregas de dinero'' y regalos, favores varios, así como sus reunionesLista de ''favoritos'' de Ahumada, en agenda secretarial de 2003
Funcionarios, políticos, periodistas y árbitros, en sus páginas Rosario Robles, muy citada
AGUSTIN SALGADO, GABRIELA ROMERO SANCHEZ
Los escritos comprometedores
AGUSTIN SALGADO, GABRIELA ROMERO SANCHEZ
Los escritos comprometedores
La manera en que operaba Carlos Ahumada Kurtz quedó plasmada en la agenda que su secretaria le llevó durante 2003: ''entregas de dinero'' y regalos, favores varios, así como citas y reuniones que mantuvo con funcionarios, actores políticos de diferentes partidos, periodistas y personalidades del mundo futbolístico fueron registrados por su asistente en el documento referido, del cual La Jornada posee una copia.
Para registrar las ''entregas de dinero'' el dueño del grupo Quart elaboró un sistema basado en claves. Un listado de más de 50 personas, entre las que se encuentran los entonces jefes delegacionales, presidentes municipales, periodistas e integrantes de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), así como los nombres de la ex perredista Rosario Robles e Ignacio Morales Lechuga, arriba del cual aparece la denominación: gastos de promoción de venta (GPV).
Un número para cada persona
A cada persona le correspondía un número bajo el rubro de gasto. Por ejemplo, ''la clave'' de Rosario Robles era GPV08; la del hoy ex perredista Ramón Sosamontes, GPV09; del entonces jefe delegacional blanquiazul en Alvaro Obregón, Luis Eduardo Zuno, GPV22; la del que fue candidato del Partido de la Revolución Democrática a la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo, Agustín Barrios Gómez, GPV52, y la del ex presidente municipal de Chalco, Jaime Espejel (PRD) era GPV45.
En la agenda también aparecen los nombres del ex gobernador panista de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks; Manuel Bribiesca; el ex director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Benjamín González Roaro; los árbitros Edgardo Codesal y ''Ramos Rizo'' (presuntamente Felipe Ramos Rizo), y también de seis periodistas, además del ex dueño de una empresa televisiva. Estos últimos no están en la lista de GPV. Tampoco está el del presidente ejecutivo de Investigaciones Sociales Aplicadas (ISA), Ricardo de la Peña, sin embargo, de acuerdo con la agenda, durante un lapso de dos meses se le entregaron alrededor de 700 mil pesos.
Los ''regalos'', como un Neon y una camioneta que Carlos Ahumada presuntamente les obsequió a Luis Eduardo Zuno y Ramón Sosamontes, tampoco se encuentran bajo el rubro GPV.
Mariana Moguel es una de las personas que más aparecen en la agenda. La hija de Rosario Robles aparece como destinataria de ''regalos'' que iban desde flores o boletos para espectáculos, hasta dinero en efectivo. En el documento se incluyen los gastos corrientes de la familia Ahumada Gurza y erogaciones ''extras'', como pagos de predial, luz y teléfono del inmueble ubicado en la calle Reforma 9, colonia Tizapán, San Angel, que Carlos Ahumada le ''rentaba'' a Rosario Robles.
A GPV22 (Luis Eduardo Zuno), presuntamente le entregó más de 3 millones de pesos y 103 mil dólares en por lo menos ocho remesas, que comenzaron en mayo y finalizaron días antes de que el ex panista fuera aprehendido en el aeropuerto internacional de Toluca, cuando intentaba ingresar armas de fuego prohibidas a bordo de un avión del grupo Quart.
En tanto, el candidato perredista perdedor de la jefatura de Miguel Hidalgo, Agustín Barrios Gómez (GPV52), habría recibido cerca de 4 millones de pesos entre mayo y junio. Luego de que Barrios Gómez perdiera la contienda electoral, éste ya no aparece en la agenda.
Una cantidad similar fue asignada al jefe delegacional perredista de Tláhuac, Francisco Martínez Rojo (GPV20), en un lapso de ocho meses. De Leticia Robles (GPV41), se tiene registrada una sola entrega por más de 150 mil pesos, así como el préstamo de dos camionetas.
La ex jefa de Gobierno, Rosario Robles (GPV08), tiene cada mes entre 45 mil y 50 mil pesos, además del mantenimiento de la casa de Reforma 9 y algunos boletos de avión.
Mención especial merecen el ex presidente municipal de Chalco Jaime Espejel (GPV45) y Jesús Orozco (GPV48), cuyo nombre coincide con el del candidato del PRD al gobierno de Colima en 2003. Ambos habrían recibido, en junio de 2003, 75 mil dólares cada uno. Luego de las elecciones de dicho año, Espejel resultó victorioso, con lo cual se reportan nuevas las ''entregas'' por otro medio millón de pesos.
Al igual que Rosario Robles, Ramón Sosamontes (GPV09) contaba con una cantidad mensual fija de 85 mil pesos, que al parecer se le entregó hasta septiembre de 2003. Con respecto a los periodistas, únicamente uno está en la lista de ''Gastos de Promoción de Venta'', a quien se le tenían programadas 12 entregas de 100 mil pesos cada una y quien recibió siete de los pagos prometidos.
En la agenda, cuya copia tiene La Jornada, aparecen los nombres de otros periodistas a quienes Ahumada hizo pagos en efectivo, ''les agradeció las publicaciones'' y los felicitó ''por su trayectoria''.
jueves, 14 de junio de 2007
Jornada: Editorial
EditorialGreenspan, vocero de los privatizadores
Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, afirmó ayer, en el contexto de la Expomanagement 2007, que México debe modificar el artículo 27 de su Constitución Política, que consagra la potestad soberana de los combustibles fósiles por parte del Estado, y permitir así la apertura del sector petrolero a inversionistas foráneos. Ante la disminución de reservas de Cantarell, principal surtidor de crudo del país, el ex funcionario estadunidense puso en entredicho la capacidad de la paraestatal Petróleos Mexicanos para realizar tareas de investigación y explotación en el Golfo de México, lo cual, según él, provocaría una "crisis fiscal enorme" en el país.
Una eventual reforma al artículo 27 constitucional, como pretende la iniciativa de Ley de Yacimientos Transfronterizos, diseñada por la administración foxista y retomada por la actual, permitiría el dominio de la zona del Golfo de México -que, según se sabe, cuenta con un enorme potencial en yacimientos de hidrocarburos-- por parte de petroleras trasnacionales como Chevron-Texaco, Mobil, Shell, Halliburton, Exxon y Repsol.
La declaración de Greenspan se inscribe en la lógica de los intereses del capital financiero y las presiones que éste ejerce con el fin de desmantelar y privatizar Pemex. Estas presiones, que proceden tanto del extranjero como de la oligarquía que controla el poder público en el país, pretenden presentar a la paraestatal como una empresa económicamente inviable, depreciada y a punto del colapso, y con ello, convencer a la opinión pública nacional de la necesidad de transferir el control de Pemex a manos privadas; adicionalmente, ese discurso apunta a abaratar el organismo a fin de que pueda ser adquirido por empresarios privados a un precio muy por debajo de su verdadero valor.
Ante la nueva andanada privatizadora es necesario reiterar que la actual situación de Pemex no se debe, como lo quiere hacer ver el capital financiero, ahora por boca de Greenspan, a la incapacidad de la empresa para desempeñar sus funciones, sino a que es utilizada, a falta de una política fiscal justa y equitativa, como principal fuente de financiamiento del Estado. La difícil situación económica de Pemex no es consecuencia del precepto constitucional que pone en manos de la nación la explotación de las reservas petroleras, sino de la política impositiva depredadora y asfixiante que el gobierno federal ejerce sobre el organismo.
En suma, es urgente que Pemex sea colocada en un régimen de autonomía fiscal, a fin de que pueda disponer de los recursos necesarios para su modernización: vaya que los tendría, si no le quitaran por vía impositiva la mayor parte de sus ingresos brutos. La administración federal debe buscar recursos allí donde los obtienen los países modernos: en el cobro de impuestos justos y equitativos a las grandes empresas, a los capitales financieros y a los dueños de las grandes fortunas. La sociedad, por su parte, debe entender que no puede permitirse la venta parcial o total de Pemex, pues ello implicaría la pérdida de la más importante fuente de recursos económicos propios para el desarrollo del país.Editorial
Greenspan, vocero de los privatizadores
Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, afirmó ayer, en el contexto de la Expomanagement 2007, que México debe modificar el artículo 27 de su Constitución Política, que consagra la potestad soberana de los combustibles fósiles por parte del Estado, y permitir así la apertura del sector petrolero a inversionistas foráneos. Ante la disminución de reservas de Cantarell, principal surtidor de crudo del país, el ex funcionario estadunidense puso en entredicho la capacidad de la paraestatal Petróleos Mexicanos para realizar tareas de investigación y explotación en el Golfo de México, lo cual, según él, provocaría una "crisis fiscal enorme" en el país.
Una eventual reforma al artículo 27 constitucional, como pretende la iniciativa de Ley de Yacimientos Transfronterizos, diseñada por la administración foxista y retomada por la actual, permitiría el dominio de la zona del Golfo de México -que, según se sabe, cuenta con un enorme potencial en yacimientos de hidrocarburos-- por parte de petroleras trasnacionales como Chevron-Texaco, Mobil, Shell, Halliburton, Exxon y Repsol.
La declaración de Greenspan se inscribe en la lógica de los intereses del capital financiero y las presiones que éste ejerce con el fin de desmantelar y privatizar Pemex. Estas presiones, que proceden tanto del extranjero como de la oligarquía que controla el poder público en el país, pretenden presentar a la paraestatal como una empresa económicamente inviable, depreciada y a punto del colapso, y con ello, convencer a la opinión pública nacional de la necesidad de transferir el control de Pemex a manos privadas; adicionalmente, ese discurso apunta a abaratar el organismo a fin de que pueda ser adquirido por empresarios privados a un precio muy por debajo de su verdadero valor.
Ante la nueva andanada privatizadora es necesario reiterar que la actual situación de Pemex no se debe, como lo quiere hacer ver el capital financiero, ahora por boca de Greenspan, a la incapacidad de la empresa para desempeñar sus funciones, sino a que es utilizada, a falta de una política fiscal justa y equitativa, como principal fuente de financiamiento del Estado. La difícil situación económica de Pemex no es consecuencia del precepto constitucional que pone en manos de la nación la explotación de las reservas petroleras, sino de la política impositiva depredadora y asfixiante que el gobierno federal ejerce sobre el organismo.
En suma, es urgente que Pemex sea colocada en un régimen de autonomía fiscal, a fin de que pueda disponer de los recursos necesarios para su modernización: vaya que los tendría, si no le quitaran por vía impositiva la mayor parte de sus ingresos brutos. La administración federal debe buscar recursos allí donde los obtienen los países modernos: en el cobro de impuestos justos y equitativos a las grandes empresas, a los capitales financieros y a los dueños de las grandes fortunas. La sociedad, por su parte, debe entender que no puede permitirse la venta parcial o total de Pemex, pues ello implicaría la pérdida de la más importante fuente de recursos económicos propios para el desarrollo del país.
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